lunes, 27 de mayo de 2013

EL DEBATE MAS INCOMODO

Polémica sobre penalizar a los clientes de prostitución. ¿Cuál es la mejor forma de combatir la trata? Casi todo el arco político y las ONG apoyan la idea de castigar con prisión a los que pagan por sexo. Pero las meretrices se oponen y algunos especialistas afirman que sólo multiplicaría la cadena de corrupción. La legalización como alternativa.
 
Por Deborah Maniowicz
 
Marisol trabaja de once de la noche a seis de la mañana. Es flaca, demasiado flaca, y no supera los 21 años. Sólo la cubre una sugerente bata de seda rosa y la brisa de abril permite entrever la ardiente lencería que lleva debajo. Se mueve provocativa sobre diez centímetros de taco aguja, guiña el ojo y se menea sensual cada vez que pasa un auto por la esquina del Bajo Flores que la tiene cada noche como única protagonista. Sergio, al mando de su auto, detiene el vehículo y la invita a subir. Tras dos minutos de regateo, Marisol accede, pero antes de que Sergio logre avanzar, un oficial lo detiene: “Pagar por sexo está penalizado, me va a tener que acompañar. Tiene derecho a guardar silencio”. La escena no es real pero podría ocurrir en cuestión de meses, cuando el Congreso haga lugar al debate más incómodo: ¿hay que condenar al usuario de prostitución?
“Sin clientes no hay trata”, afirma la clásica consigna de concientización que se difunde hace años por tevé y medios gráficos, pero que poco efecto surtió hasta ahora. Con ese espíritu ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que buscan condenar al cliente para combatir la explotación sexual. Y aunque los proyectos todavía se encuentran en comisión, ya agitan el debate. Uno es el del senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria, y propone incorporar al Código Penal que “quien utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata de personas, será penado con prisión de uno a tres años”, pudiéndose ver agravada la pena si el autor es familiar de la víctima, “funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”, si media el engaño o la amenaza, o si la víctima es menor de 18 años.

El otro fue presentado por la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa y, a diferencia del de Fernández, condena con penas de prisión “de seis meses a tres años al que ofreciere o entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero o provecho económico o cualquier tipo de beneficio por el uso sexual de una persona”, y lo mismo es aplicable si el pago es realizado por una tercera persona. Esta iniciativa es acompañada por un amplio arco político que incluye legisladores del FPV, la UCR, el GEN y Unidad Popular entre otros partidos.
Fabiana Tuñez, directora ejecutiva de la ONG La Casa del Encuentro, apoya la penalización del cliente por considerar que “tiene un fin disuasivo sobre lo que significa la prostitución en general y respecto de las víctimas de trata en particular. A su vez responde a un cambio en el paradigma cultural actual, con el fin de desnaturalizar el uso del cuerpo de la mujer como un objeto de consumo”.

En la misma sintonía habla Andrea Romero, directora general de la Fundación María de los Ángeles (creada por Susana Trimarco), que apoya la iniciativa de Rodríguez por considerar que es imposible diferenciar al cliente de trata del que no lo es: “Sería imposible condenar solamente al cliente de trata porque estas víctimas son muy difíciles de visibilizar: ni siquiera ellas se reconocen como tales. Responsabilizar al cliente no es el único frente de lucha contra la trata, pero ayuda”.

Para Mabel Bianco, directora ejecutiva de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, “penalizar al usuario es poco útil, porque lo que se necesita es ubicar a los traficantes y su cadena de cómplices, fuerzas de seguridad y políticos, y los clientes no nos llevan a ellos. A la posibilidad de corrupción se agrega que estamos actuando en el final de una cadena en la cual ese usuario no es el objetivo. Por ejemplo, en la trata los clientes son los perejiles y lo que interesa es localizar al proxeneta y penalizarlo”.

Las principales detractoras del proyecto de Rodríguez son las integrantes de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que se manifestaron el 10 de abril frente al Congreso para rechazar la iniciativa y se reunieron con Fernández para debatir su proyecto. Georgina Orellano, secretaria adjunta, está convencida de que penalizar al cliente es sinónimo de penalizar a las trabajadoras sexuales, “a aquellas mujeres que elegimos por decisión propia realizar esta actividad. Están equivocando al enemigo y están jugando mucho con la moral y la ideología que tiene cada uno. En el caso del proyecto de Aníbal la situación es otra porque como organización nosotras también combatimos la trata pero en la práctica es muy difícil diferenciar al cliente de trata y de prostitución no forzada”.

Otro punto focal en torno a la penalización del cliente está ligado a la corrupción policial y judicial, moneda corriente en el mundo de los burdeles, los cabarets y las whiskerías. A juzgar por las noticias, donde se hecha luz diariamente sobre las coimas a inspectores, uniformados y jueces, de aplicarse sanciones a los usuarios podrían aumentar las coimas a las autoridades para eludir penas. Gustavo Vera, titular de La Alameda, explica que “la gran cantidad de prostíbulos abiertos donde se ejerce la explotación sexual muestra que hay una sofisticada red de encubrimiento y un Estado cómplice. En este contexto, donde no hay una política clara para perseguir la prostitución por cuenta ajena, la penalización del cliente sólo llevaría a un aumento de la corrupción policial”.

Lorena Martins, que denunció a su padre Raúl por trata de personas, coimas a policías e inspectores y el manejo de al menos siete prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y otros más en la ciudad mexicana de Cancún, considera que “la corrupción policial y judicial ya existe. Ningún policía o juez honesto va a pasar a ser corrupto sólo por la sanción de esta ley. Es cierto que los que están dentro del circuito de corrupción tendrán un motivo más para cobrar o hacer caja. Hay que tener en cuenta que el hecho de penar algo siempre lleva consigo la posibilidad de que se intente corromper o se corrompa a alguien para librarse de la pena, pero bajo ningún punto de vista esto debe afectar la sanción de nuevas leyes. Si no, no se podría legislar absolutamente nada. La corrupción se combate desde otro lado”.

Eva Giberti es contundente: “Lo que sucede cuando ingresa la Gendarmería o la Policía Federal en esos sitios es que se le colocan las esposas al rufián o proxeneta, los clientes hacen cuerpo a tierra y luego se van a su casa. Ahí es el momento para detenerlos. No hay que hacer inteligencia previa”.

Hay quienes dicen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo y que no hay que condenarla sino regularla. Otros, en cambio, afirman que ninguna mujer nace para puta y que es un error considerar al trabajo sexual como una profesión. La historia de vida de las chicas –mujeres, adolescentes y hasta niñas– que practican el oficio muestra que la mayoría proviene de familias de bajos recursos, con una gran vulnerabilidad y sin posibilidad de elegir otro camino.

En algunos países, como en Uruguay, la prostitución es legal. La actividad es regulada por la ley 17.515, las trabajadoras están inscriptas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y poseen carné sanitario. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública es el órgano encargado de que se cumplan las disposiciones sanitarias y de preservar la salud de las trabajadoras. La oferta de trabajo sexual sólo puede ejercerse en zonas determinadas y en “prostíbulos, whiskerías, bares de camareras o similares que hayan obtenido la habilitación correspondiente”.

En la Argentina la prostitución no es ilegal pero tampoco está regulada. Está en una situación “alegal”: no se pagan impuestos bajo esa rúbrica, no existen contratos de trabajo para la actividad y las mujeres que la ejercen están expuestas a una fuerte inseguridad jurídica. Por eso las autoridades de AMMAR apuntan a legalizar el trabajo, para que se reduzcan las consecuencias indeseables, y trabajan junto al senador Osvaldo López (Nuevo Encuentro) en la producción del texto legal. “Al existir un vacío legal quedamos en la clandestinidad. Una ley que nos reconozca ayudaría a combatir la trata porque pondría blanco sobre negro quiénes ejercen la prostitución por cuenta propia y quiénes están siendo explotadas. Las trabajadoras de la calle queremos tener un carnet que diga nuestra condición. Procuramos sacarle el poder a la policía y dárselo al Ministerio de Trabajo”, concluye Orellano. Bianco también considera que el camino de la legalización, opuesto a condenar al cliente, podría “eliminar el plus de los negocios prohibidos que es un agravante y que genera toda la cadena de corrupción”.

En la vereda de enfrente está la postura de Romero –considera “inconcebible que el Estado piense en la prostitución como un trabajo con sindicato; nadie puede desearle a su hija que de grande sea prostituta”– y la de Tuñez, que agrega que “la prostitución no es trabajo, es esclavitud y explotación. Para que podamos hablar de elección tendrían que garantizarse igualdad de oportunidades para todas, ya que el 90 por ciento de las mujeres llegan a prostituirse como mecanismo de sobrevivencia”.

El debate está instalado. Ahora la decisión está en manos del Congreso. 
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Proyectos y argumentos

¿Qué proponen los proyectos?

El del senador Aníbal Fernández (FPV) castiga con penas de entre 1 y 3 años de prisión a los clientes que consuman prostitución de personas víctimas de trata. El de la diputada Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria y Participativa) impone penas de entre 6 meses y 3 años a quien pague “por el uso sexual de una persona”.
Los que están a favor de penalizar al usuario afirman que “sin clientes no hay trata” y, por lo tanto, hay que responsabilizar al consumidor para erradicar la explotación sexual.

Los que están en contra aseguran que la medida sólo va a potenciar la corrupción policial y judicial y que en el marco actual no es viable. La Asociación de Mujeres Meretrices (AMMAR) se opone a la reforma por verse afectada directamente su fuente de trabajo.
 
Fuente: Revista Veintitrés.

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