METALLICA EN RIVER; Y SE HIZO JUSTICIA PARA TODOS

Ante 60 mil personas, la banda regresó a la Argentina y tocó el primero de sus tres conciertos prometidos.

Y finalmente llegó el día. Metallica regresó a River y superó las expectativas de ese público ansioso que quiso volver a verlos después de la decepcionante cancelación de su show en 2003. Sold out, más de 60 mil personas vivieron esta parada del tramo latinoamericano del World Magnetic Tour que, en realidad, significó mucho más que la mera presentación de su último disco, Death Magnetic. Casi treinta años después de su fundación, los cuatro jinetes del thrash metal hicieron honor a su nombre y saciaron la sed heavy de los headbangers argentos. Aquí, un recorrido de diez paradas a través del show.

1- La explosión inicial: River era todo ansiedad. Después de más de diez años de espera y un amague en el medio, la nueva salida de Metallica al escenario del estadio de Nuñez estuvo cargada de muchos significados pero atravesada por la sensación de revancha. El imbatible comienzo con la dupla de Ride the Lightning "Creeping Death" más "For Whom the Bell Tolls", voló más de 60 mil pelucas.

2- La cara de la bestia: James Hetfield es una suerte de monstruo que se come absolutamente todo lo que encuentra en su camino, sin piedad. El tipo, ya lo sabíamos, es un guerrero vikingo: gigantesco, imponente y un verdadero guitar hero. Un gran frontman que sabe moverse, conquistar (véase punto 8) y, sobre todo, adecuar sus cuerdas vocales que siguen en forma a pesar de sus tres décadas de uso.

3- Master of Puppets: que Lars Ulrich es a un tiempo titiritero y columna vertebral queda muy claro en las presentaciones en vivo. Desde su Tama, el danés dirigió esas cabalgatas eternas, uptempo, base necesaria para lograr esa interpenetración de los cuatro instrumentos en un sonido superior (el final de "That Was Just Your Life" tradujo esta idea a un acto, cuando todos terminaron tocando alrededor del batero). Por otro lado, sus aires de frontman-que-no-fue se notan pero son bien canalizados: en "Harvester of Sorrow", por ejemplo, terminó haciendo su habitual arengue, parado sobre la banqueta.

4- La bestia de cuatro cabezas (o de una más tres, que siempre dan cuatro: leáse apartado). La condensación de cuatro virtuosos del metal da como resultado ese sonido único, compacto, imbatible, denso. Robert Trujillo es un ser misterioso y pelilargo que deambula poseído por el escenario mientras hace milagros con su bajo de cinco cuerdas y agrega gravedad a las letras con sus coros deathmetaleros. Kirk Hammett, por su lado, es el verdadero guitar hero del combo: con sus solos la rompió en "Master of Puppets" y con esa intro de "Nothing Else Matters" y fue el único miembro de la banda presentado por Hetfield y aplaudido por todos.

5- El final de la línea: la presentación de Death Magnetic no se tradujo mucho en la lista de temas que recorrió toda la discografía saltando, como ya lo venían haciendo, el período Load-Reload-St.Anger. "That Was Just Your Life", "The End of The Line", "Cyanide" y "All Nightmare Long" fueron los únicos del último trabajo. Pero, claro, se complementaron con clásicos como "Master of Puppets", "Sad But True" y "

6- "One": el pilar de .And Justice For All representó el momento más esperado de la noche. Todo River coreó "Hold my breath as I wish for death" después de que varias explosiones y fuegos artificiales anunciaran la llegada de uno de los himnos metaleros y anti guerra por excelencia.

7- "Enter Sandman": antes de los bises, el gran hit crossover, el que conocen hasta los no seguidores del grupo. Impresionaba ver a todo el campo de juego saltar como si la masa fuera sólo una persona que ocupaba el Monumental de arco a arco. Inolvidables la intro guitarrera de Hetfield mostrando su púa a la cámara para así aparecer en la pantalla, haciendo cuernitos con su mano izquierda, y las tremendas explosiones pirotécnicas.

8- James, el sensible. Cada vez que se dirigió al público, Hetfield demostró su humanidad en cada palabra. "Nuestra misión es hacerlos sentir mejor" o "Queremos curar su corazón"-haciendo referencia al concierto fallido de 2003- o "Estamos muy contentos de estar en Buenos Aires esta noche; estamos haciendo historia", fueron algunas de sus intervenciones. Aunque, claro, su verdadera naturaleza triunfó por momentos: "¿Quieren infierno?", preguntó, "¡Metallica les da infierno!".

9- Directo al crematorium. Aunque la puesta no se correspondió con los visto en otros puntos del World Magnetic Tour (no hubo ataúdes, por ejemplo), los efectos completaron la rudimentaria puesta en escena. A los juegos de luces se les sumaron los fuegos artificiales, las explosiones y las llamaradas que adornaron varios tramos del setlist. Nos conformamos con poco.

10- El futuro. "Últimamente estamos algo nostálgicos", confesó Hetfield en la conferencia de prensa, haciendo referencia a cómo el hecho de haber entrado en el Rock and Roll Hall of Fame durante el año pasado, los hizo pensar en el paso del tiempo y en la situación actual de lo que fue la escena metalera de los ochenta. Por eso, justificó la gira europea que llevarán a cabo en junio de este año junto a Megadeth (sí, y bromeó haciéndose el desentendido cuando le preguntaron por Dave Mustaine), Slayer y Anthrax. Y, yendo al futuro más cercano, Hammett comentó cómo les atraía la idea de tocar en lugares chicos, cerrados. Veremos cómo será la experiencia en el Orfeo de Córdoba. Diferente, sin dudas, pero igual de demoledora.

Por Yamila Trautman

Lista de temas de Metallica en River

Creeping Death
For Whom The Bell Tolls
Wherever I May Roam
Harvester Of Sorrow
Fade To Black
That Was Just Your Life
The End Of The Line
Sad But True
Cyanide

All Nightmare Long
One
Master Of Puppets
Blackened
Nothing Else Matters
Enter Sandman
Last Caress
Whiplash
Seek & Destroy

CHACO, ENTRE INDIGENCIA Y DESNUTRICIÓN

Resistencia es la capital provincial más pobre de la Argentina. A menos de treinta cuadras de la Casa de Gobierno, un cordón de asentamientos abraza el casco urbano como si fuera una herradura. En ese conglomerado de chapas de cartón, plástico y madera sobreviven hacinadas en condiciones de extrema pobreza uno de cada tres habitantes de la ciudad con mayor cantidad de indigentes del país. Resistencia es sólo la puerta de ingreso a un territorio que tiene la mitad de su población bajo la línea de pobreza. “Desnutridos, mal nutridos y anémicos, así se encuentran unos 15 mil chaqueñitos menores de 14 años”, aseguró Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios “Nelson Mandela”, una institución dedicada a la investigación y el trabajo de campo con los sectores más desprotegidos. Desde diciembre de 2007, la provincia es dirigida por Jorge Capitanich, uno de los pocos gobernadores kirchneristas que zafó del papelón electoral del 28 de junio, cuando obtuvo más del 48% de los votos.Capitanich imitó las peores mañas de sus referentes políticos. Por eso, como una fatídica réplica del INDEC de Moreno, el fantasma de la adulteración de cifras se cierne sobre el departamento estadístico chaqueño. Mientras oficialmente se admite un 35,4% de pobreza y un 9,4% de indigencia, un relevamiento realizado por el Instituto para el Desarrollo de las Economías Regionales (IDESA) sostiene que el porcentaje de pobres asciende al 49,7% y el de indigentes, al 17,2 por ciento. Los mismos números del Ministerio de Salud de Chaco admiten que el porcentaje de niños desnutridos en 2008 fue más alto que el de 2004, 2005, 2006 y 2007.

Si se analiza la tabla del Plan Materno Infantil provincial, se observa que el año pasado, de los 19.496 bebés menores de un año bajo control médico, el 6,2% tenía algún tipo de desnutrición. En números absolutos, 1.040 con grado uno, el más leve; 154 con grado dos, y 24 en el estadio más grave. De los 20.233 chicos de un año bajo supervisión médica, el 19,6% presentó algún déficit nutricional, es decir, 3.956 niños, el triple de los valores del grupo anterior para el mismo año. Similar es el panorama de los chaqueños de entre dos y cinco años: el 17,5% está en condiciones de malnutrición. “Las tasas anuales de desnutrición infantil en Chaco son de las más altas de la Argentina”, sostuvo Núñez.

SECTORES MÁS AFECTADOS.

La avenida Soberanía divide las dos realidades que coexisten en la capital chaqueña. De un lado, la trama urbana donde viven unas 250 mil personas. Del otro, unas 25 mil familias que se desparraman a lo largo de un corredor de 24 kilómetros de asentamientos que rodea la ciudad de Resistencia. La Rubita es el primero de estos conglomerados informales erigidos en terrenos que alguna vez pertenecieron al Ejército. “Hace 34 años que vivo acá y siempre hubo la misma pobreza”, recordó Eulogio Quintana, que acaba de cumplir 67. La desnutrición de primer grado que sufre no hace otra cosa que agravar la patología que lo aqueja desde hace más de una década: padece leishmaniasis cutánea, una enfermedad infecciosa que transmiten los perros y que le provocó la pérdida de tejidos cartilaginosos en la cara y lesiones muy severas en la piernas. “Como no recibimos ninguna ayuda, me veo obligado a seguir cirujeando con el carrito para poder comer”, relató el anciano. Unas 15 cuadras al norte se encuentra el comedor 1º de Mayo. Unas 300 familias se alimentan gracias al trabajo solidario que desarrolla un conjunto de personas liderado por Gladys Muñoz, una enfermera del Hospital Perrando que se conmueve cuando ve un chico desnutrido. “Soy madre de seis hijos y tengo 14 nietos, no puedo soportar la injusticia de que estas familias no puedan darles de comer a sus hijos”, afirmó a Crítica de la Argentina. A pesar del enorme esfuerzo que realizan, no pueden satisfacer la demanda de los hambrientos, que cada día son más. “Durante dos meses nos obligaron a cerrar por la emergencia sanitaria de la gripe, no sé cómo se las habrá arreglado esta pobre gente”, cuenta Muñoz mientras hunde un cucharón en la olla donde cocina guiso de arroz y menudos de pollo. Los chicos y sus madres desfilan con recipientes de todos los tamaños a la espera de la única comida del día. “La mayor parte de estas familias fueron expulsadas del campo como consecuencia de que no existen fuentes de trabajo y se hacinan en las periferias de las grandes ciudades como Resistencia, Sáenz Peña o Villa Ángela”, explica Núñez.

SE CAE EL PROMEDIO.

Los nacidos en Chaco tienen una expectativa de vida de 69 años, seis menos que el promedio nacional. Los últimos indicadores oficiales a nivel nacional colocan la mortalidad infantil chaqueña por encima de los 21,2 cada mil nacidos vivos.“La situación socioeconómica es muy grave, todo lo que podamos hacer nosotros no alcanza para resolver el drama de la desnutrición”, dijo la doctora Griselda Spezzati, pediatra que dirige el Centro de Salud de la Villa Don Alberto. “Recibimos muchos pacientes con desnutrición de primer grado, que es la que está originada por la mala alimentación. Estos chiquitos están más expuestos a parasitosis, insuficiencias renales o enfermedades respiratorias como la broquiolitis o la neumonía”, detalló la profesional. “Tuvimos problemas con el suministro de leche en polvo debido a deficiencias organizativas a nivel central, además de los problemas que originó la emergencia sanitaria provocada tanto por el dengue como por la gripe A”, agregó. Spezzati detalló que “la dieta diaria que consumen los chiquitos es insuficiente y se compone fundamentalmente de hidratos de carbono, lo que genera problemas de malnutrición por tratarse de un exceso de hidratos de carbono y una falta de vitaminas y proteínas”.

SERGIO BERTÉN, SEMINARISTA BELGA MÁRTIR DE GUATEMALA

Religioso belga, y compañeros, mártires de la solidaridad con los campesinos de Guatemala. Religioso belga de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, de 29 años. Después de obtener su diploma de Trabajador Social, decide ser misionero en Guatemala, adonde llega en 1975. Secuestrado y desaparecido con otros campesinos, Sergio trabaja en la Costa Sur, animando las comunidades del Puerto San José, Santa Lucía Cotzumalguapa y Tiquisate.

Su opción por los pobres es clara desde su llegada. En medio de la realidad de miseria e injusticia en que viven los campesinos, descubre más nítidamente en cada uno de ellos el rostro sufriente de Cristo. La Palabra de Dios en la Biblia se le hace transparente, iluminadora y de ella saca fuerzas para seguir cada día más radicalmente los pasos de Jesús. Comparte la vida de los pobres, dialoga y crece con ellos en concientización. Ve la necesidad de la organización y de acciones concretas que promuevan un cambio más profundo. Pospone sus estudios teológicos para acompañar a su pueblo adoptivo. Es consciente del peligro de muerte que corre a causa de su compromiso, en momentos en que la sola condición de cristiano es sinónimo de subversión.

Quiere compartir la suerte de los pobres hasta sus últimas consecuencias. Para protegerse y salvar a sus compañeros de la congregación religiosa y a los campesinos más comprometidos, Sergio decide vivir clandestinamente. Esconderse y seguir trabajando. Hasta que es secuestrado con otros jóvenes en una calle de la ciudad de Guatemala. Sergio, muchacho joven, extranjero, se hace pobre, campesino, guatemalteco, mártir de la justicia y la solidaridad.

MAR DEL PLATA CON MAR DE FONDO

Los 94 prostíbulos ya habían sido denunciados ante la Justicia en repetidas ocasiones, pero las causas no habían avanzado. Un fiscal investiga la protección policial. Una familia que controlaba un prostíbulo fue detenida, pero el local sigue abierto.

Por Carlos Rodríguez
Desde Mar del Plata

Mientras avanza la investigación judicial sobre la red de casi un centenar de prostíbulos marplatenses denunciada por La Alameda, la causa, publicada por Página/12, destapó la olla: no fue ésta la primera vez que la Justicia en Mar del Plata tomaba contacto con una presentación semejante. Los 94 prostíbulos que integran la red ya habían sido denunciados ante los tribunales federales de esta ciudad, pero sus causas se cocían a fuego lento sin que avanzaran o directamente derivaban al archivo. La denuncia desenmascaró el negocio policial y sus protecciones necesarias para el funcionamiento de semejante red, con prostíbulos que abren sus puertas a escasos metros del centro, o de otros que siguen funcionando pese a que sus dueños se encuentran detenidos por orden judicial. Por si faltara algo, se disparó una polémica judicial, entre fiscales que pretenden la clausura de los locales denunciados y jueces que sostienen que “no se puede hacer nada porque en Mar del Plata ser proxeneta no es delito”. Según estimaciones, el negocio que sigue funcionando a la luz del día bordea el millón y medio de dólares al mes.

El material aportado ahora, que incluye filmaciones con cámara oculta con el testimonio de mujeres que son víctimas de explotación sexual, aporta pruebas testimoniales de importancia que darán lugar a la adopción de medidas judiciales en los próximos días. Se cree que el negocio de la prostitución mueve, en Mar del Plata, cerca de 5,5 millones de pesos por mes en temporada alta (ver nota aparte). En un solo diario local se publican en un mes unos 12 mil avisos promocionando “privados” donde se estima que trabajan cerca de cuatro mil mujeres.

Esto supone, para los proxenetas que lucran con la actividad, una inversión de seis mil pesos diarios. “Si pueden gastar 180 mil pesos por mes sólo en publicidad, es fácil deducir que es millonario el monto de las ganancias de una actividad que no paga impuestos, más allá de las coimas a funcionarios policiales”, comentó a Página/12 una fuente cercana a la investigación.

En una causa que fue elevada a juicio oral por las actividades clandestinas descubiertas en un “privado” de Alvarado 301, donde hay varios civiles procesados, el fiscal Andrés Guillermo Perés pidió que se forme una causa por separado para investigar la actuación policial. Se dejó sentado en el pedido de elevación a juicio que de las escuchas telefónicas y de los informes aportados “se desprende la posible comisión de delitos de acción pública, en la que podrían estar involucrados funcionarios policiales, tanto provinciales como federales, quienes exigirían sumas de dinero o ‘servicios’ sexuales gratuitos” para hacer la vista gorda. Por eso, el fiscal consideró que “corresponde obtener copias certificadas de las piezas procesales” reunidas en el expediente a los fines de abrir causas específicas para indagar sobre la corrupción policial.

En una de las causas que ya estaban avanzadas, próximas al juicio oral, como ya informó Página/12, uno de los imputados, con prisión preventiva, es el policía René Obdulio Villagra, junto con su esposa, Liliana Rosa Medina. Los dos están detenidos. Los integrantes del matrimonio son considerados los dueños del prostíbulo ubicado en Berutti 3574, mientras que Marcela Lucero está libre aunque imputada como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas traídas al país desde Paraguay. La pareja está acusada de “haber facilitado y promovido el ingreso y permanencia ilegal de las mujeres” en la Argentina “con el fin de someterlas al ejercicio de la prostitución, para su beneficio y con habitualidad”.

En el auto de procesamiento, el juez federal Rodolfo Antonio Pradas sostuvo que Villagra y su esposa eran quienes tenían “un sentido de autoridad respecto de las víctimas”. En el local de la calle Berutti se secuestraron “un cuaderno con tapa azul con puntos blancos, uno de tapa color rojo marca América y otro de tapa verde con espiral con anotaciones de nombres, días, horas, cantidad de servicios que prestaban cada una de las señoritas, el valor de los mismos, como así también cuatro cajas de preservativos marca Exotic completas y una de ellas posee, adherido a su tapa –con cinta de embalaje– un candado marca Macao con una llave, la cantidad de preservativos marca Exotic, tres prótesis peneanas de látex y prendas de ropa interior que se hallaban distribuidos en distintas habitaciones del domicilio allanado”.

El juez consideró probado que el matrimonio es responsable del reclutamiento de mujeres “mediante abuso de su situación de vulnerabilidad y con la finalidad de someterlas al ejercicio de la prostitución y de aprovecharse del comercio sexual”, tal como se desprende de los datos aportados por las víctimas, además de la prueba documental reunida. Una mujer llamada Gloria, que está como imputada en otra causa por el funcionamiento de un prostíbulo en la calle Alvarado 301, había trabajado antes en el local de la calle Berutti 3574, del que decidió irse junto con una amiga por el maltrato que recibían.

“En el lugar no las dejaban salir ni llamar por teléfono, ni dormir, porque cuando se acostaban las levantaban y las mandaban a sacarse fotos en contra de su voluntad y las mandaban a Internet”, relató la amiga de Gloria. Sobre el policía Villagra, la mujer declaró que “se enojaba con él porque las trataba mal, no las dejaba salir al centro, no retiraba las fotos de Internet que la dicente no quería que salieran porque su familia no sabía el trabajo que ella hacía” en la Argentina. En las fotos que publicaban en la web les ponían nombres de fantasía. “La dicente aparecía con el nombre ‘Rubí’ y después, cuando los clientes venían y pedían por ella, aparecía otra chica que no era la dicente.”

A todas las chicas “las tenían encerradas, dormían en un dormitorio con una cama cucheta para todas” y por esa razón “se turnaban para dormir y el baño era compartido por los clientes y por las chicas”. Las chicas tenían que pagar diez pesos por día para dormir y muchas aceptaban eso porque “no podrían pagar un alquiler en otro lugar”. Las testigos aseguraron que luego de la detención de Villagra y su esposa, el prostíbulo siguió abierto. Las que se pusieron al frente fueron las hijas de Liliana Rosa Medina, a las que identifican como Romina y Angie. En el allanamiento realizado en la calle Berutti se comprobó que era Medina la que retenía los documentos de todas las chicas extranjeras. La mujer admitió en ese momento que era “la encargada del lugar”. En su testimonio, algunas de las víctimas, a pesar de todo, dijeron que les parecía “injusta” la detención que sufre Medina.

El repaso de las principales causas por prostitución en Mar del Plata arroja como resultado que, por lo general, se trata de un negocio “familiar”, no porque la actividad que desarrollen esté dirigida a la familia sino porque los responsables pertenecen a un mismo clan. Tal el caso del policía René Obdulio Villagra y su mujer, Liliana Rosa Medina. Una vez que ambos son detenidos, las encargadas del comercio sexual pasaron a ser las hijas de Medina, Romina y Angie, pero no son la excepción, sino más bien la regla.

En La Casita Azul, que sigue funcionando como si nada en 20 de Septiembre 57, los que están detenidos, con prisión domiciliaria, son Graciela Carabajal y su hijo Cristian Nazar. En la misma investigación están prófugos Eduardo Muelas, quien sería el concubino de Carabajal, y su hermano Marcelo Luciano Muelas, mencionado como uno de los encargados de “vigilar” a las chicas para que cumplieran al pie de la letra los mandatos de su cuñada Carabajal. Por último, en el caso del prostíbulo de Alvarado 301, los detenidos son Raúl Andrés, un no vidente, y Gloria Raquel, su compañera en la explotación de un comercio ilegal y en la vida.

TRAS LA PISTA DE LOS CONSPIRADORES

El nuevo fiscal de la causa resolvió investigar a un grupo de ex policías y militares vinculados con carapintadas y represores, detectado hace dos años. La querella de Justicia Ya! considera que, por su capacidad operativa, esa banda pudo haber secuestrado a Julio López.

Por Adriana Meyer

Se habían juntado a principios de 2006 para planear un golpe de Estado. Eran ex policías y ex militares vinculados con partidos marginales y carapintadas, y un año más tarde fueron denunciados en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Hubo allanamientos, que coincidieron con el primer año de ausencia del testigo clave del caso Etchecolatz, pero la Justicia nunca analizó esa información ni citó a dar explicaciones a los presuntos conspiradores. Dos años más tarde, el nuevo fiscal del caso López decidió que el hecho debía ser investigado en otra causa. Las autoridades nacionales en materia de seguridad están al tanto de esta iniciativa. Por su parte, la querella de Justicia Ya! sigue considerando que, por su nivel operativo y sus vínculos con la represión de la dictadura, esta banda podría haber sido la responsable de secuestrar a López. Algunos de sus miembros tienen relación con asiduos visitantes al pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.

Como con el caso AMIA, también con López hubo golpes de efecto en cada aniversario. El del primer año fue la revelación de la llamada pista Chicano, por Oscar Raúl Chicano, un ex secretario del represor Miguel Etchecolatz que fue detectado en una serie de fotos de actos y reuniones políticas donde había participado López. A pocos meses de su desaparición, las fotos llegaron al juzgado federal de Arnaldo Corazza, pero los compañeros del testigo y los querellantes no sabían quién era ese hombre mayor, de pelo ralo, aunque sospecharon que podía haberse infiltrado para realizar la inteligencia previa al secuestro.

A fines de agosto de 2007, un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense lo identificó como Chicano. Su fuente fue un testigo de identidad reservada que, además, relató la realización de un encuentro de ex militares y ex policías, del que participó Chicano, en el que planeaban un golpe de Estado y hablaban, con bronca y preocupación, del avance de los juicios de lesa humanidad. Tres semanas más tarde, el juez allanó las casas de cuatro ex policías y dos ex militares y encontró panfletos carapintadas, armas, símbolos nazis y elementos relacionados con López.

De esa reunión política, realizada en febrero de 2006, participaron doce personas lideradas por el “teniente coronel Palavezatti”, que dijo tener “grupos de combate en todo el país para dar un golpe de Estado”. El testigo afirmó que en ese encuentro se habló del avance de los “juicios de lesa humanidad”. Luego de su declaración, le exhibieron las fotos y el testigo reconoció a Chicano.

Los enviados del juez Corazza allanaron su casa y las de los demás participantes de esa reunión: el anfitrión Eduardo Sáenz Saralegui, Anselmo Palavezatti y Aldo Conter, entre otros. Encontraron folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR) con la leyenda “Boletín informativo Mohamed Alí Seineldín en Libertad, lista 51”, cargadores vacíos para revólver 9 milímetros, variedad de cartuchos, una pistola Browning 9 milímetros, una cartilla de adiestramiento de conducción de grupos y hojas de afiliación al PPR, elementos de computación, celulares, volantes sobre la recompensa por López, un informe titulado “Serían delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la subversión en los ’70”, una cartilla del Partido Revolucionario Etico, otra pistola calibre 22, materiales químicos, un cuadro con un águila y una esvástica y una pistola del Ejército. También había una copia de la sentencia del juicio al genocida Etchecolatz, en el que López fue uno de los testigos principales. Entre los planes delirantes de esta banda figuraba la idea de “utilizar a los beneficiarios de los Planes Trabajar para cultivar el campo”, tras el golpe que les permitiría acceder el poder. En aquel momento, los investigadores dijeron que se trataba de grupos con códigos, lealtades y dinero, lo cual les daba el grado de autonomía de una “sociedad anónima”. Y afirmaron que el hallazgo debía dar origen a una nueva causa, lo que nunca ocurrió hasta ahora.

A fines del año pasado, el fiscal federal Marcelo Molina quedó a cargo del caso López, revisó todo el expediente y decidió impulsar las medidas de prueba que le pidieron los abogados querellantes Aníbal Hnatiuk y Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! Los letrados solicitaron un nuevo interrogatorio al testigo de identidad reservada que originó la pista Chicano. El testigo fue citado, ratificó todo lo que había dicho y avaló la hipótesis de los querellantes respecto de la capacidad operativa que ostentaban estos ex policías y ex militares. De hecho, ésta podría ser la sospechada banda mixta que hizo desaparecer por segunda vez a López: contaba con miembros de Inteligencia del Ejército y ex coroneles –posibles futuros imputados por delitos de lesa humanidad–, manejaban dinero, son de La Plata y conocen bien a la Policía Bonaerense, tenían un presunto infiltrado en el entorno de López y relaciones con los represores alojados en Marcos Paz.

En un pasaje de su declaración, el testigo dijo que se habían vanagloriado de que podían derribar un helicóptero. A la mente de los que lo escuchaban vino de inmediato el reciente incidente con la aeronave presidencial. “Para nosotros esto nunca fue una pavada, pero recién ahora vemos que lo tomaron en serio. Aunque la toma del poder suene descabellada sí podrían haber secuestrado al testigo. Y si no hay relación con López cabe igual ver qué hubo detrás, no eran dos cabos delirando aburridos en una guardia nocturna, tenían armas y un plan de gobierno, el Estado debe estar alertado de estos grupos”, dijo el abogado Hnatiuk.

La nueva causa recayó en el juzgado de Corazza, quien ya la delegó al fiscal Molina. Recién cuando se ponga en marcha serán revisadas las computadoras secuestradas a la banda. La Policía Bonaerense había hecho una selección de archivos “interesantes”, pero la Justicia no los abrió porque “era complejo hacerlo”. Como pasaron más de dos años sin que nadie ordenara los peritajes del material secuestrado, la situación de los dueños de las viviendas allanadas estaba indefinida. Ahora los presuntos conspiradores, que ni siquiera fueron interrogados como testigos, podrían ser indagados por atentar contra el orden constitucional, entre otros delitos. Uno de ellos, el ex miembro de Inteligencia del Ejército Palavezzatti, está imputado en causas por delitos de lesa humanidad. Otro mantiene relación con visitantes frecuentes del llamado “pabellón de lesa humanidad” de Marcos Paz, que aloja a condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, según surge de los cruces telefónicos de la causa.

PIRATAS DEL CARIBE

Integrantes de la ONG Refugio para Niños Nueva Vida, con sede en Idaho, intentaban pasar la frontera entre Haití y Santo Domingo, en un ómnibus con 33 chicos de entre 7 meses y 14 años, sin documentos. Fueron detenidos. El gobierno los acusa de tráfico de niños.


La chiquita, dicen que de un año, se aferra a los dedos de su protector, un chiquito de cuatro años. Los dos, a su vez, son rodeados por chicos que, desde su perspectiva, son infinitamente más grandes que ellos: tienen entre 5 y 7 años. Hay alguno de 12, y hasta de 14. La benjamina suponen que tiene unos 7 meses, aunque nadie lo sabe porque no hay registro documental que lo acredite. Todos, desde la beba de 7 meses, hasta el más adulto, de apenas 14, forman parte de un grupo de 33 chicos que eran transportados en un ómnibus por diez o nueve estadounidenses que no lograron cumplir su cometido, esto es, salir de Haití a través de la frontera con Santo Domingo, sin los documentos que acrediten la identidad de los niños ni el permiso que los habilitara a realizar semejante viaje a la utopía del Disneyworld. Los nueve (o diez, hay diferencias entre la información de la embajada estadounidense y el gobierno haitiano) alegaron pertenecer a una organización católica humanitaria, la New Life Children’s Refuge, de Idaho, y aseguraron que nada más lejos del tráfico de niños que ellos. “Debe ser un lamentable error administrativo”, sopló a la NBC un allegado a los nada-más-lejos. Del lado del gobierno haitiano, la historia no parece quedar reducida a un error burocrático: “No es adopción, es un robo, es totalmente ilegal”, afirmó Yves Cristalin, ministro de Asuntos Sociales de Haití.

“La policía de la frontera vio un bus con muchos niños y le llamó la atención –fue la descripción que hizo a la prensa la ministra de Cultura y Comunicaciones, Marie-Laurence Jocelyn Lassegue–. Cuando les pedimos los documentos por estos menores no tenían ningún tipo de documento. Carecían de cualquier papel legal para sacarlos del país.” La detención se produjo en la frontera, el viernes por la noche, cuando el ómnibus intentaba cruzar a República Dominicana.

Los niños fueron enviados a Croix des Bouquets, a la ONG SOS Village, donde se concentran la mayor parte de los esfuerzos legales por impedir el secuestro de niños para ser vendidos bajo el manto de la adopción. Los estadounidenses, a la central de policía de Puerto Príncipe, tal como informó su director general, Mario Andresol, junto con dos presuntos cómplices haitianos. “Esto es un robo, no es una adopción –aseguró indignado el ministro Cristalin–. Para dejar Haití un niño necesita de una autorización del Instituto de Bienestar Social, que se ocupa de los casos de adopción.” Según Cristalin, dos pastores, uno en Haití y otro en Atlanta, Estados Unidos, están igualmente implicados en el caso.

Los estadounidenses fueron presentados como miembros de una organización caritativa denominada New Life Children’s Refuge (Refugio para Niños Nueva Vida), con base en el estado de Idaho.

“No tenemos estrictamente nada que ver con el tráfico de niños. Es exactamente contra lo que intentamos luchar –se defendió o intentó defenderse Laura Silsby, anunciada como cabeza visible del grupo, ante un periodista del Idaho Press-Tribune–. Vista la situación caótica en la que el gobierno (haitiano) se encuentra en este momento, queríamos hacer simplemente lo que nos parecía justo”, sostuvo.

Algunos de los integrantes, entre los que había un adolescente de 18 y cuna del Norte, se mostraban más que crispados de angustia mientras que otros aseguraban que en este pasaje de sus vidas abrevarían en sus Biblias, que los acompañaban incluso dentro de la central de policía.

Entre tanto, a kilómetros de allí, en el campamento de SOS Village, el miedo y la angustia pasaban por otro lado. Los chicos rescatados de las family games todavía no habían logrado superar el stress del terremoto y ya estaban intentando aprender a soportar las bofetadas de la separación familiar. Y no es que todas, o algunas, hubieran sufrido irremisiblemente su pérdida. “La mayoría de estos niños tiene familia. Algunos de los más grandes dijeron que sus padres están vivos, y algunos dieron una dirección y número de teléfono”, aseguró Patricia Vargas, directora regional de SOS Village, que el sábado atendió el pedido del Instituto Haitiano de Bienestar Social para que acogiera a este grupo de niños re-rescatados.

“Teníamos bases para sospechar que esto estaba pasando en Haití tras el terremoto –dijo a la agencia AFP Georg Willeit, encargado de mostrar el centro y un cancerbero para evitar que nadie tuviera contacto con los niños como para evitar mayores exposiciones–. Varios de ellos estaban muy asustados anoche.” Luego abrió la puerta de una de las cabañas del centro, decorada como un hogar, donde dormía en un sofá “la bebé”, como la nombraron tres niñas de 12 y 14 años, que se encargaban de mantener todo el entorno en silencio para que “la bebé” pudiera dormitar. La chiquita, la benjamina del grupo de 33 niños, había llegado a SOS Village el sábado con problemas de desnutrición y deshidratación, por lo que tuvo que pasar la noche en el hospital.

“Tiene problemas para comer, no sabe hacerlo, y tuvo deshidratación –explicó Willeit sobre “la bebé” cuya edad nadie pudo determinar–, pero debe ser de unos siete meses”, dijo, como quien estima a ojo de conocedor la edad de un animalito encontrado en la calle.

También resultaba impactante lo que relataban otros voluntarios (los había chilenos, dominicanos, costarricences): que pasado el terremoto, muchos padres se habían acercado a la sede de SOS Village preguntando por el destino de sus hijos y mostrando desesperadamente sus fotos. “¿Lo vio?”, preguntan y esperan a que les digan que no, con la esperanza de que les digan que sí, que los han visto en tal o cual lugar. Quizás, en alguno de estos 33 casos pueda ocurrir esa especie de milagro.

Entre los detenidos figuran miembros de la Iglesia Baptista de Central Valley, en Meridian, y de la Iglesia del Este, en Twin Falls, todos integrantes de la New Life. Su razonamiento: “Teníamos permiso de un presbítero de Santo Domingo”.

LOS CONDENADOS DE LA TIERRA

Diversas actividades económicas vienen impactando en los territorios indígenas poniendo en jaque su dinámica productiva e incluso forzando su expulsión.Propuestas para intentar ponerle freno a ese proceso.

Producción: Tomás Lukin

El desalojo como estrategia

Por Luis Horacio Santucho *

Martín Güemes, héroe de la Revolución de Mayo en nuestra región, dijo en referencia a la justicia que “hay que remover los obstáculos de tan alta empresa y proporcionar todos los recursos para realizarla”. Ingresando en el año del Bicentenario del proceso de formación del Estado nacional, aún sigue pendiente no solamente afianzar la Justicia, conforme dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, sino también su realización en la realidad concreta de los seres humanos. Pasó el tiempo y los gloriosos infernales volvieron a sus tierras a buscar el reparo de la virtud más bella, pero pronto descubrieron que el poder colonial había modificado solamente su denominación.

La Forestal y su efecto expansivo fue la continuidad de un proceso de apropiación de la tierra pública convertida en latifundio y explotación del hachero herido de muerte junto al quebracho. Cuando se fue el obraje, solamente quedaron los campesinos e indígenas que comenzaron a ejecutar el mandato de las voces del lejano tiempo, el sistema productivo mixto que les permitió recuperar el ecosistema dañado por la voracidad del sistema capitalista internacional. Esta realidad de vida es el ejercicio pleno de la soberanía alimentaria, un derecho fundamental de incidencia colectiva porque es la continuidad histórica del ayllu de los primeros autóctonos.

A partir del menemismo la soja ha avanzado sobre el derecho a la tierra de los pueblos campesinos e indígenas de la región. Las topadoras dirigidas por los pools de siembra actúan del mismo modo que un ejército de ocupación contra la naturaleza del Gran Chaco Americano materializando masivos delitos de estrago rural, que no pueden concretarse en condena porque los jueces federales o provinciales se niegan a dirigir la imputación hacia los responsables del irreparable daño ambiental.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) explicó ante la CIDH, patrocinados por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, cómo se desarrolla la modalidad de la estrategia del desalojo: “Los particulares que se consideran ‘dueños’ (titulares de dominio) presentan denuncia penal en las comisarías de la zona o en los juzgados de instrucción de las ciudades acusando a los campesinos por los delitos de usurpación, hurto de productos forestales, daños, entre otros. Obligados a concurrir a las comisarías o juzgados, los pobladores que deben declarar como testigos o imputados suelen ser inducidos a pronunciarse en contra de sus derechos posesorios. Estas ‘declaraciones’ son utilizadas posteriormente en la jurisdicción civil donde las empresas presentan acciones de reivindicación precedidas de diligencias preliminares, desalojos, conclusión del comodato verbal, entre otras, contando siempre con la función complaciente y activa de la estructura del Poder Judicial y de la Policía.”

Los pueblos originarios y campesinos vienen reclamando a través de sus representantes legales que se declare causa federal las relaciones jurídicas indígenas y la tipificación de delitos de lesa humanidad a los hechos descriptos anteriormente porque configuran desalojos forzosos. Un caso emblemático es la familia Quiñones, antiguos poseedores en el Lote 41, Los Juríes, en el sudeste santiagueño. Fueron desalojados mediante una tremenda estafa de jueces, abogados, escribanos y empresarios norteamericanos confabulados con miembros de la Federación Agraria. La estafa ya fue comprobada porque apareció protocolizada la escritura original, que no fue la misma que se presentó en el juicio y ahora parte de los acusados tienen auto de procesamiento, pero el tiempo pasa y los Quiñones siguen desterrados de su propia tierra.

La impunidad de la corporación sojera tiene su explicación en la existencia de un poder judicial que rinde culto a las escrituras públicas anotadas en los registros catastrales e inmobiliarios de las provincias, sin tener en cuenta la preexistencia fáctica y jurídica de los pueblos originarios y campesinos. Si a ello se agrega una mirada racista, al estilo de la ex jueza Parrilli, donde se percibe el acervo de formaciones psíquicas heredadas de los arcontes del terrorismo de Estado, el panorama de nuestros compañeros campesinos y hermanos indígenas es gravemente desalentador en los estrados judiciales.

El actual juez de nuestro máximo tribunal de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en tiempos de su gestión en el Inadi, dijo que una de las características estructurales del discurso racista es una suerte de falso humanitarismo, y que las hipócritas invocaciones a la tutela o piedad de los inferiores dejan el camino expedito para los “visionarios políticos” y sus sicarios. Si la Justicia no se llena de tierra, la humanidad será un desierto.

* Frente Nacional Campesino-Santiago del Estero.

Expulsión y reafirmación

Por Sebastián Valverde *

Para los pueblos indígenas, la tierra no representa solamente el ámbito en el cual residen y del cual obtienen lo necesario para su subsistencia. Por el contrario, es el espacio en el que ha transcurrido la vida colectiva del grupo, de allí que el concepto de “territorio” resulte el más adecuado. Esta reivindicación es, pues, de gran significación en tanto agrupa a un conjunto englobador de otras: los recursos naturales, el autogobierno, el desarrollo de las identidades y la existencia del grupo mismo.

Desde hace décadas, una diversidad de actividades económicas (agrícola, ganadera, forestal, minera, petrolera, gasífera, hidroeléctrica, turística, como así también la privatización y extranjerización de tierras, el surgimiento de emprendimientos inmobiliarios, etc.) vienen impactando en los territorios indígenas poniendo en jaque la dinámica productiva de estos pequeños productores. Tal es el caso de la expansión de la frontera agraria y el proceso de concentración económica de las distintas estructuras rurales, responsables en gran medida de los flujos migratorios que se han registrado en las últimas décadas en dirección a las ciudades (donde reside la gran mayoría de la población indígena).

Junto a estas transformaciones, a partir de la reafirmación democrática se ha avanzado en el reconocimiento jurídico hacia los pueblos originarios, tal como ha sucedido en otros países de la región. La Constitución Nacional de 1994, con la sanción del artículo 75 inciso 17, ha incorporado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Por su parte, la Ley Nº 24.071 ha ratificado el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del año 1989, considerado un referente a nivel internacional para las políticas públicas. Las constituciones provinciales y algunos municipios también han adecuado sus normativas. Este avance en las legislaciones es en gran medida consecuencia de una revitalización de las identidades indígenas, con la consiguiente recuperación de lenguas, saberes ancestrales, territorios tradicionales, etcétera.

En los hechos, sin embargo, la implementación de estas políticas ha sido escasa, lo que explica la precariedad jurídica de la posesión de los territorios en que se asientan actualmente las poblaciones indígenas –ya sea en calidad de “fiscaleros”, o bien con “permisos precarios de ocupación” o como ocupantes “de hecho”–. Asimismo, son lentos los avances en la “regularización dominial”, y más aún en el reconocimiento de la “propiedad comunitaria”.

Esta paradójica combinación de una estructura económica cada vez más expulsiva, la creciente conformación de los pueblos indígenas como sujetos sociales y legislaciones con escaso nivel de efectivización, constituyen factores centrales para explicar los conflictos territoriales que se vienen registrando a lo largo de todo el país. También es necesario considerar las tendencias en las fuentes de ingreso de estos pobladores, que plantean nuevas vinculaciones con los ámbitos territoriales a partir de la complementariedad entre las ciudades y áreas rurales, entre trabajos asalariados y rurales, y residencias estacionales en ambos ámbitos.

Un importante avance se ha efectuado a partir de la promulgación, en 2006, de la Ley Nacional Nº 26.160 la cual establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, y la suspensión de los desalojos hasta tanto se efectúen los estudios correspondientes. Esta ley, instrumentada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), implica un relevamiento sociocultural, jurídico y catastral de los territorios indígenas, cuyo resultado será asegurar el reconocimiento y la titulación dominial correspondiente. Se trata de una herramienta legal importante, que permitiría saldar la deuda pendiente en materia de aplicación de las legislaciones vigentes. En algunas provincias, la aplicación de esta normativa, especialmente la conformación del ente mixto que llevaría a cabo el relevamiento, ha generado grandes debates y litigios entre las partes involucradas –organizaciones indígenas, entes nacionales y provinciales, los institutos indígenas (nacional y provinciales) y las universidades nacionales–.

Tanto las graves condiciones de pobreza que aquejan a la población indígena (que supera ampliamente a las de la población no indígena), como así también los conflictos territoriales que vienen protagonizando con el Estado y con sectores privados –y que en los últimos meses se han agudizado alarmantemente en algunas regiones– evidencian la necesidad de efectivizar las legislaciones y garantizar su pronta aplicación.

* Antropólogo Social, Investigador del Conicet-docente de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.