Se calcula que hay cerca de 10 millones de animales en el país. Perros y gatos mueren por falta de atención adecuada. Un proyecto de hospital veterinario público duerme en la Legislatura porteña.
En marzo próximo, una iniciativa popular que lleva recolectadas cerca de 100 mil firmas en todo el país será presentada en el Congreso de la Nación para promover un proyecto de ley que cree un Hospital Público Veterinario. La iniciativa, que duerme en la Legislatura porteña desde el 13 de mayo del año pasado, cuando fue presentada, prevé declarar a la Argentina como país no eutanásico y apuntalar una campaña nacional sobre gatos y perros, “brindando esterilizaciones quirúrgicas gratuitas como única forma ética y eficiente para el control del crecimiento poblacional de la fauna urbana callejera y domiciliaria”.
El alma máter de la propuesta legislativa es Marcela Fernández, vecina porteña y coordinadora de la campaña pública. Marcela comenzó a consultar a especialistas y a desarrollar el proyecto luego de que su gata falleciera en 2009, tras padecer una enfermedad renal cuyo tratamiento fue en extremo costoso. La Ciudad de Buenos Aires podría haber contado con la salvaguarda para su animal. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, Jorge Telerman, creó un hospital veterinario público en California al 1.800. Luego de que sus insumos fueran saqueados, según varias fuentes animalistas, el macrismo convirtió el predio en la sede de la Comisaría 30ª de la Policía Metropolitana.
El oficialismo porteño también contó entonces con el apoyo corporativo del Consejo Profesional Veterinario de Capital Federal, que reprochó la iniciativa alegando que la Ciudad contaba para los mismos fines con el Instituto Pasteur y el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. “Considerando que se ha producido un gasto al erario de la ciudadanía porteña, para atender los animales de compañía –publicó ese Consejo entonces– que dicho sea de paso son responsabilidad de su tenedor y no del Estado (incluyendo a todos los vecinos de la Ciudad), creemos que corresponde tener un criterio sanitario y no político para dicha construcción.”
El proyecto presentado el año pasado sin embargo fue apuntalado por un amplio espectro político. Brindaron su apoyo Adrián Camps (Proyecto Sur), el peronista Claudio Palmeyro y Daniel Amoroso (Unión Federal). Finalmente, el legislador que presentó el proyecto el 13 de mayo de 2011, fiel a las paradojas del gobierno porteño, fue Avelino Tamargo, que finalizó su mandato en diciembre pasado.
“Estamos agradecidos con el ex diputado del PRO, pero lo cierto es que ahora el proyecto quedó encajonado”, dijo a Miradas al Sur la gestora de la idea. En su derrotero, Fernández acumuló aliados y enemigos. Por un lado, llegaron hasta amenazarla de muerte por teléfono. Por el otro, Ciro Pertusi, líder del grupo musical Jauría, ex cantante de Ataque 77, deja a los activistas juntar firmas para el proyecto en sus recitales.
No hay en la actualidad datos fehacientes de población animal canina y felina. En general, la razón es de un animal cada cuatro personas. De modo que en Argentina habría más de 10 millones de animales. Una perra y sus descendientes pueden tener hasta 5.430 cachorros en siete años; una gata y sus descendientes pueden reproducir hasta 509.100 crías en el mismo periodo. Vale decir que la eutanasia sería una política errática; lo que moderaría la superpoblación poblacional serían las campañas de esterilización masiva. El proyecto propone que durante el primer año se esterilice el 10% de la población animal en la Argentina.
El alma máter de la propuesta legislativa es Marcela Fernández, vecina porteña y coordinadora de la campaña pública. Marcela comenzó a consultar a especialistas y a desarrollar el proyecto luego de que su gata falleciera en 2009, tras padecer una enfermedad renal cuyo tratamiento fue en extremo costoso. La Ciudad de Buenos Aires podría haber contado con la salvaguarda para su animal. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, Jorge Telerman, creó un hospital veterinario público en California al 1.800. Luego de que sus insumos fueran saqueados, según varias fuentes animalistas, el macrismo convirtió el predio en la sede de la Comisaría 30ª de la Policía Metropolitana.
El oficialismo porteño también contó entonces con el apoyo corporativo del Consejo Profesional Veterinario de Capital Federal, que reprochó la iniciativa alegando que la Ciudad contaba para los mismos fines con el Instituto Pasteur y el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. “Considerando que se ha producido un gasto al erario de la ciudadanía porteña, para atender los animales de compañía –publicó ese Consejo entonces– que dicho sea de paso son responsabilidad de su tenedor y no del Estado (incluyendo a todos los vecinos de la Ciudad), creemos que corresponde tener un criterio sanitario y no político para dicha construcción.”
El proyecto presentado el año pasado sin embargo fue apuntalado por un amplio espectro político. Brindaron su apoyo Adrián Camps (Proyecto Sur), el peronista Claudio Palmeyro y Daniel Amoroso (Unión Federal). Finalmente, el legislador que presentó el proyecto el 13 de mayo de 2011, fiel a las paradojas del gobierno porteño, fue Avelino Tamargo, que finalizó su mandato en diciembre pasado.
“Estamos agradecidos con el ex diputado del PRO, pero lo cierto es que ahora el proyecto quedó encajonado”, dijo a Miradas al Sur la gestora de la idea. En su derrotero, Fernández acumuló aliados y enemigos. Por un lado, llegaron hasta amenazarla de muerte por teléfono. Por el otro, Ciro Pertusi, líder del grupo musical Jauría, ex cantante de Ataque 77, deja a los activistas juntar firmas para el proyecto en sus recitales.
No hay en la actualidad datos fehacientes de población animal canina y felina. En general, la razón es de un animal cada cuatro personas. De modo que en Argentina habría más de 10 millones de animales. Una perra y sus descendientes pueden tener hasta 5.430 cachorros en siete años; una gata y sus descendientes pueden reproducir hasta 509.100 crías en el mismo periodo. Vale decir que la eutanasia sería una política errática; lo que moderaría la superpoblación poblacional serían las campañas de esterilización masiva. El proyecto propone que durante el primer año se esterilice el 10% de la población animal en la Argentina.
El debate por la eutanasia animal. La iniciativa se enmarca en el debate sobre la eutanasia animal, el control de la población canina y felina y la tenencia responsable de las mascotas. La mecha se prendió el 24 de noviembre de 2010, en una reunión organizada por el Senasa, la Sociedad Mundial para la protección Animal (Wspa, en inglés) y la Organización Mundial de Salud Animal (OIE). Entre las conclusiones, había dos párrafos sensibles. “Aquellos perros de vida libre retirados de la vía pública… agresivos, peligrosos, animales no adecuados para su adopción y aquellos que sufrirían psíquicamente al ser encerrados por largo tiempo, etc., se les practicará la eutanasia, en forma efectiva y humanitaria.” Luego afirmaba que proclamar un municipio como zona no eutanásica significaba contrariar el Código Penal Argentino.
“Estas dos afirmaciones son, cuanto menos, un anacronismo flagrante”, escribió en su blog el por entonces jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. “En el 2011, cuando estamos abogando por la igualdad y por la justicia, ¿les vamos a enseñar a nuestros hijos que declarar que una comunidad que rechaza la eutanasia como método de control poblacional en seres vivos –perros o gatos, parte de nuestra fauna urbana y parte fundamental de nuestros afectos– es atentar contra la salud pública?”, agregó el funcionario.
En julio del año pasado, Fernández junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los ministros de Salud y Desarrollo Social, Juan Manzur y Alicia Kirchner, firmaron el Decreto 1.088, estableciendo un “Programa de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”. En la presentación en Casa Rosada, Fernández sostuvo que el Estado buscaba promover “la esterilización quirúrgica, temprana, sistemática, sostenida, abarcativa y gratuita”, para controlar la superpoblación. Apuntó también se buscaba principalmente reducir la transmisión de enfermedades zoonóticas, especialmente la leishmaniasis, que afecta fuertemente en el norte del país.
Los militantes animalistas criticaron el decreto porque entendían que la letra era difusa y podía habilitar a prácticas eutanásicas. “En cuanto a la forma legal –manifestaron desde la ONG Defensa Vegana–, la problemática es amplia y consideramos que no es el medio adecuado un decreto, sino una ley sancionada por el Congreso que declare a la Argentina, país no eutanásico con respecto a los animales sin hogar y establezca la obligatoriedad, por parte del Estado, de proveer a los planes de esterilizaciones, masivas, sistemáticas, gratuitas, extendidas, tempranas; conjuntamente con la desparasitación y la vacunación antirrábica.”
En el mes de agosto del 2010, hubo una marcha nacional existosa que frenó la eutanasia de perros en Neuquén. En el país, hay provincias que han legislado sobre la opndición no autanásica de su territorio, como Mendoza y Buenos Aires. Ciudades como Rosario y Puerto Madryn adoptaron posturas similares.
“Estas dos afirmaciones son, cuanto menos, un anacronismo flagrante”, escribió en su blog el por entonces jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. “En el 2011, cuando estamos abogando por la igualdad y por la justicia, ¿les vamos a enseñar a nuestros hijos que declarar que una comunidad que rechaza la eutanasia como método de control poblacional en seres vivos –perros o gatos, parte de nuestra fauna urbana y parte fundamental de nuestros afectos– es atentar contra la salud pública?”, agregó el funcionario.
En julio del año pasado, Fernández junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los ministros de Salud y Desarrollo Social, Juan Manzur y Alicia Kirchner, firmaron el Decreto 1.088, estableciendo un “Programa de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”. En la presentación en Casa Rosada, Fernández sostuvo que el Estado buscaba promover “la esterilización quirúrgica, temprana, sistemática, sostenida, abarcativa y gratuita”, para controlar la superpoblación. Apuntó también se buscaba principalmente reducir la transmisión de enfermedades zoonóticas, especialmente la leishmaniasis, que afecta fuertemente en el norte del país.
Los militantes animalistas criticaron el decreto porque entendían que la letra era difusa y podía habilitar a prácticas eutanásicas. “En cuanto a la forma legal –manifestaron desde la ONG Defensa Vegana–, la problemática es amplia y consideramos que no es el medio adecuado un decreto, sino una ley sancionada por el Congreso que declare a la Argentina, país no eutanásico con respecto a los animales sin hogar y establezca la obligatoriedad, por parte del Estado, de proveer a los planes de esterilizaciones, masivas, sistemáticas, gratuitas, extendidas, tempranas; conjuntamente con la desparasitación y la vacunación antirrábica.”
En el mes de agosto del 2010, hubo una marcha nacional existosa que frenó la eutanasia de perros en Neuquén. En el país, hay provincias que han legislado sobre la opndición no autanásica de su territorio, como Mendoza y Buenos Aires. Ciudades como Rosario y Puerto Madryn adoptaron posturas similares.
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