La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desclasificó los informes de su visita a la Argentina en 1979. Están a disposición del juez federal Sergio Torres. Dos integrantes de aquella misión aportan datos sobre el viaje.
Videla ametralló con la mirada a los seis integrantes de la comisión que tenía enfrente. Era la segunda vez que se encontraban en la Casa Rosada. La primera, fue al comienzo de la misión, a principios de septiembre de 1979. Esto ya era sobre el final, una reunión de cierre, cuando los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluían la visita de observación in loco a la dictadura argentina. Se llevaban testimonios sobre más de 6 mil casos de desaparecidos y presos políticos. “Señores, tengan mucho cuidado. Acá no va a haber ningún Nüremberg”, dijo Jorge Rafael Videla, con su bigotito attaché.
Este tipo de memorias aportarán las 65 cajas de información recientemente desclasificadas de la visita oficial que la Cidh realizó al país entre el 6 y el 20 de septiembre de aquel año. Parte de ese material fue copiado por la misión a Washington liderada por el juez federal Sergio Torres, que entiende en la megacausa de la Esma y cuyos reclamos hicieron revisar los criterios de confidencialidad del organismo interamericano.
El académico estadounidense Tom Farer era presidente de la comisión por entonces. El secretario ejecutivo era el abogado chileno Daniel Edmundo Vargas Carreño, que luego fue embajador en Argentina durante la presidencia de Patricio Aylwin. Ellos fueron dos de los miembros de la Cidh que arribaron a Buenos Aires luego de establecer que el régimen dictatorial estaba dando “respuestas rápidas pero insustanciales” a las demandas de información sobre gente desaparecida. Ambos hablaron con Miradas al Sur y recordaron la trama previa a la visita y los casos que fueron fundamentales para determinar una dura condena en su Informe de abril de 198o (http://www.cidh.oas.org/country rep/Argentina80sp/indice.htm). Algunas de las cosas que revelaron son las que por ahora están reservadas al personal del Juzgado Federal Nº12, a cargo de Torres, y a las partes intervinientes en el pleito.
Este tipo de memorias aportarán las 65 cajas de información recientemente desclasificadas de la visita oficial que la Cidh realizó al país entre el 6 y el 20 de septiembre de aquel año. Parte de ese material fue copiado por la misión a Washington liderada por el juez federal Sergio Torres, que entiende en la megacausa de la Esma y cuyos reclamos hicieron revisar los criterios de confidencialidad del organismo interamericano.
El académico estadounidense Tom Farer era presidente de la comisión por entonces. El secretario ejecutivo era el abogado chileno Daniel Edmundo Vargas Carreño, que luego fue embajador en Argentina durante la presidencia de Patricio Aylwin. Ellos fueron dos de los miembros de la Cidh que arribaron a Buenos Aires luego de establecer que el régimen dictatorial estaba dando “respuestas rápidas pero insustanciales” a las demandas de información sobre gente desaparecida. Ambos hablaron con Miradas al Sur y recordaron la trama previa a la visita y los casos que fueron fundamentales para determinar una dura condena en su Informe de abril de 198o (http://www.cidh.oas.org/country rep/Argentina80sp/indice.htm). Algunas de las cosas que revelaron son las que por ahora están reservadas al personal del Juzgado Federal Nº12, a cargo de Torres, y a las partes intervinientes en el pleito.
Rocambolesco. Ya en los albores de 1977, la Junta Militar argentina estaba preocupada. El 20 de enero había asumido en Estados Unidos el presidente demócrata James Earl Jimmy Carter Jr. La dictadura de Augusto Pinochet, del otro lado de Los Andes, había comenzado a ser asediada. En plena campaña electoral norteamericana, el Día de la Primavera de 1976, Orlando Letelier, el ex ministro de Relaciones Exteriores del presidente chileno derrocado Salvador Allende, había sido asesinado por servicios secretos de la Dina cerca de la sede central de la ONU, en Washington DC.
Los militares argentinos querían suavizar la relación cáustica que en el Norte comenzaban a tener con las dictaduras del Cono Sur. Dieron el primer paso. “Querían distinguirse de Chile, hacer que cooperaban, querían que fuéramos y apreciáramos el contexto”, recuerda Farer. De pronto, el secretario general de la OEA, el mendocino Alejandro Orfila, correligionario de la UCR, se convirtió en un aliado. “Empezó a hacer un trabajo disuasorio con los militares para que permitiera la visita de la Comisión –cuenta Vargas–. Para él era esencial, porque si se negaban, era muy difícil que Estados Unidos lo apoyara en su reelección. Me imagino que le dijo al gobierno argentino que no se preocuparan, que éramos buenos muchachos.” El cuadro de situación que se pintaron los verdeolivas argentinos fue provechoso. Subestimaron a la comisión. “Afortunadamente, algunos miembros de las Fuerzas Armadas no tuvieron una percepción ajustada de lo que podíamos hacer.”
Ya por entonces, la Cidh tenía información de personas que habían sido liberadas. Sabían de lugares de detención y torturas. Además, habían recibido un informe puntilloso de los activistas por los derechos humanos Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte McDonell, fundadores del Cels y cuyos hijos Mónica y Augusto –respectivamente– habían desaparecido en 1976.
Fuentes que dialogaban directamente con las autoridades argentinas colaboraban en secreto con los integrantes de la Cidh. A través de Tom Farer tuvo acceso a toda la información que provenía de las valijas diplomáticas de Costa Rica, un país sin ejército y virtualmente a salvo de coups d'Êtat pretorianos. Como en Estados Unidos, Costa Rica iba por su 39º presidente, en este caso Daniel Oduber Quirós, del Partido Liberación Nacional. El ministro de Educación Pública del país caribeño, el socialdemócrata Fernando Volio Jiménez, fue consistente en su aporte de datos reservados. Jiménez había sido uno de los integrantes junto a Farer de la visita de observación in loco (en el lugar) que la Cidh realizara en diciembre de 1977 en Panamá y en El Salvador durante el 9 y el 18 de enero de 1978.
Mientras tanto, el gobierno argentino contestaba con evasivas las demandas de la Cidh sobre información de casos de desapariciones. Las respuestas escritas de la dictadura cívico-militar tenían tres párrafos. El primero era para felicitar el “excelente” trabajo de la Comisión. El segundo era para notar "la gran tradición" en defensa de los derechos humanos de Argentina y cómo la Junta velaba por ellos. El tercero decía que les agradaba informarles que la persona sobre la que se consultaba no había sido detenida por las fuerzas públicas.
"Le dijimos al gobierno argentino que no tomaríamos esos breves informes como cooperación", cuenta Farer. En algunas cartas, la respuesta era cabalmente absurda. Tal fue el caso de Nelly Forti, la madre de Alfredo Waldo Forti, actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. La historia de su familia es conocida. El padre de Forti, médico tucumano, esperaba a su mujer Nélida Azucena Sosa y a sus cinco hijos en Venezuela. Cuando el vuelo 284 de Aerolíneas Argentinas con destino a Caracas comenzaba a carretear en Ezeiza a las 9 de la noche, fue súbitamente detenido. Un oficial uniformado de la Fuerza Aérea los hizo bajar. Ya en las escalerillas del avión estaban apostados cinco represores vestidos de civil y armados. Los subieron a sendos Falcon y estuvieron detenidos por seis días. Desde entonces, Nelly Forti está desaparecida.
"Los militares no desmintieron que estaban en el avión –cuenta Farer–, sino que dijeron que probablemente guerrilleros del ERP o Montoneros se hicieron pasar por ellos. Nosotros les contestamos que era una respuesta sorprendente, dada la seguridad militar que había en el aeropuerto. Teníamos también otros casos parecidos, con las mismas respuestas rocambolescas. Así que sabíamos que Argentina era un lugar donde debíamos hacer una observación in loco."
A fines de 1978, comunicaron al gobierno que habían decidido hacer un informe. La fecha para la comitiva se fijó para septiembre de 1979.
Los militares argentinos querían suavizar la relación cáustica que en el Norte comenzaban a tener con las dictaduras del Cono Sur. Dieron el primer paso. “Querían distinguirse de Chile, hacer que cooperaban, querían que fuéramos y apreciáramos el contexto”, recuerda Farer. De pronto, el secretario general de la OEA, el mendocino Alejandro Orfila, correligionario de la UCR, se convirtió en un aliado. “Empezó a hacer un trabajo disuasorio con los militares para que permitiera la visita de la Comisión –cuenta Vargas–. Para él era esencial, porque si se negaban, era muy difícil que Estados Unidos lo apoyara en su reelección. Me imagino que le dijo al gobierno argentino que no se preocuparan, que éramos buenos muchachos.” El cuadro de situación que se pintaron los verdeolivas argentinos fue provechoso. Subestimaron a la comisión. “Afortunadamente, algunos miembros de las Fuerzas Armadas no tuvieron una percepción ajustada de lo que podíamos hacer.”
Ya por entonces, la Cidh tenía información de personas que habían sido liberadas. Sabían de lugares de detención y torturas. Además, habían recibido un informe puntilloso de los activistas por los derechos humanos Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte McDonell, fundadores del Cels y cuyos hijos Mónica y Augusto –respectivamente– habían desaparecido en 1976.
Fuentes que dialogaban directamente con las autoridades argentinas colaboraban en secreto con los integrantes de la Cidh. A través de Tom Farer tuvo acceso a toda la información que provenía de las valijas diplomáticas de Costa Rica, un país sin ejército y virtualmente a salvo de coups d'Êtat pretorianos. Como en Estados Unidos, Costa Rica iba por su 39º presidente, en este caso Daniel Oduber Quirós, del Partido Liberación Nacional. El ministro de Educación Pública del país caribeño, el socialdemócrata Fernando Volio Jiménez, fue consistente en su aporte de datos reservados. Jiménez había sido uno de los integrantes junto a Farer de la visita de observación in loco (en el lugar) que la Cidh realizara en diciembre de 1977 en Panamá y en El Salvador durante el 9 y el 18 de enero de 1978.
Mientras tanto, el gobierno argentino contestaba con evasivas las demandas de la Cidh sobre información de casos de desapariciones. Las respuestas escritas de la dictadura cívico-militar tenían tres párrafos. El primero era para felicitar el “excelente” trabajo de la Comisión. El segundo era para notar "la gran tradición" en defensa de los derechos humanos de Argentina y cómo la Junta velaba por ellos. El tercero decía que les agradaba informarles que la persona sobre la que se consultaba no había sido detenida por las fuerzas públicas.
"Le dijimos al gobierno argentino que no tomaríamos esos breves informes como cooperación", cuenta Farer. En algunas cartas, la respuesta era cabalmente absurda. Tal fue el caso de Nelly Forti, la madre de Alfredo Waldo Forti, actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. La historia de su familia es conocida. El padre de Forti, médico tucumano, esperaba a su mujer Nélida Azucena Sosa y a sus cinco hijos en Venezuela. Cuando el vuelo 284 de Aerolíneas Argentinas con destino a Caracas comenzaba a carretear en Ezeiza a las 9 de la noche, fue súbitamente detenido. Un oficial uniformado de la Fuerza Aérea los hizo bajar. Ya en las escalerillas del avión estaban apostados cinco represores vestidos de civil y armados. Los subieron a sendos Falcon y estuvieron detenidos por seis días. Desde entonces, Nelly Forti está desaparecida.
"Los militares no desmintieron que estaban en el avión –cuenta Farer–, sino que dijeron que probablemente guerrilleros del ERP o Montoneros se hicieron pasar por ellos. Nosotros les contestamos que era una respuesta sorprendente, dada la seguridad militar que había en el aeropuerto. Teníamos también otros casos parecidos, con las mismas respuestas rocambolescas. Así que sabíamos que Argentina era un lugar donde debíamos hacer una observación in loco."
A fines de 1978, comunicaron al gobierno que habían decidido hacer un informe. La fecha para la comitiva se fijó para septiembre de 1979.
Ovejas descarriadas. La primera misión de la Cidh para evaluar gobiernos latinoamericanos en su propio territorio ocurrió en octubre de 1961, durante la primera presidencia de Joaquín Balaguer, un títere del ex dictador Rafael Trujillo. A comienzos de 1977, Farer participó de la séptima misión de ese tipo, que fue a la Panamá de Omar Torrijos. "Para el caso, hicimos un Reglamento que decía que la Comisión podría recabar información de cualquier forma, que el gobierno se comprometía a brindar la asistencia logística requerida por la Cidh y que haría un anuncio público en el que se comprometería a no tomar represalias contra aquellos que atestiguaran. Esas eran las reglas, y así quedaron fijadas para todo el sistema interamericano. No había nada que negociar con el gobierno argentino."
Una vez fijada la fecha, Vargas Carreño viajó dos veces a Buenos Aires. La primera, para hacer contacto con la Cancillería y determinar cuestiones procedimentales. Concertó que se hospedarían en el Plaza Hotel, aprovechando la gestión de la Junta Militar, que abogó por una tarifa de privilegio. También se determinó que usarían las oficinas de la OEA en Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, por orden del secretario general.
El segundo viaje de Vargas fue secreto. Estuvo cuatro días en el departamento de Emilio Mignone organizando la información. "Cuando asumí la secretaría, en 1977, trabajaban cinco abogados en la Cidh. Cada uno llevaba cinco países. De inmediato, puse a dos de ellos a trabajar exclusivamente sobre Argentina, (el colombiano) Guillermo Fernández de Soto y (el hondureño) Edgardo Paz Barnica.” Los tres hombres trabajaron arduamente en la preparación del viaje a aquella Argentina sellada con silencio y sangre. Cuando la Comisión vino, cada uno de los seis integrantes recibió alrededor de 600 páginas reservadas.
La Comisión Especial de la Cidh estuvo integrada por Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marco Gerardo Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo. Cuando antes de su partida estuvieron los seis frente al presidente de la Nación, enfatizaron la crueldad del régimen de detención de los presos políticos. Tom Farer había estado en La Plata, pero los otros habían visitado las cárceles de Villa Devoto, Resistencia, Rawson y Córdoba, entre otras. "Lo que sucede es que los guardias tienen diferentes formas de interpretar las órdenes", dijo Videla con un cinismo tan parco como aterrador, pensando que tendría siempre el as de espadas de la Historia. Que nunca jamás habría en Argentina algo parecido a los tribunales que juzgaron a los nazis en Nüremberg. Y así lo dijo, antes de despedirse. Pero en 2011, la noche en que cumplió 86 años, Jorge Rafael Videla durmió solo en su celda de Campo de Mayo. En su almohada guarda dos condenas a cadena perpetua. Los documentos desclasificados de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del ’79 podrían sumarle otra ovejita descarriada.
Una vez fijada la fecha, Vargas Carreño viajó dos veces a Buenos Aires. La primera, para hacer contacto con la Cancillería y determinar cuestiones procedimentales. Concertó que se hospedarían en el Plaza Hotel, aprovechando la gestión de la Junta Militar, que abogó por una tarifa de privilegio. También se determinó que usarían las oficinas de la OEA en Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, por orden del secretario general.
El segundo viaje de Vargas fue secreto. Estuvo cuatro días en el departamento de Emilio Mignone organizando la información. "Cuando asumí la secretaría, en 1977, trabajaban cinco abogados en la Cidh. Cada uno llevaba cinco países. De inmediato, puse a dos de ellos a trabajar exclusivamente sobre Argentina, (el colombiano) Guillermo Fernández de Soto y (el hondureño) Edgardo Paz Barnica.” Los tres hombres trabajaron arduamente en la preparación del viaje a aquella Argentina sellada con silencio y sangre. Cuando la Comisión vino, cada uno de los seis integrantes recibió alrededor de 600 páginas reservadas.
La Comisión Especial de la Cidh estuvo integrada por Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marco Gerardo Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo. Cuando antes de su partida estuvieron los seis frente al presidente de la Nación, enfatizaron la crueldad del régimen de detención de los presos políticos. Tom Farer había estado en La Plata, pero los otros habían visitado las cárceles de Villa Devoto, Resistencia, Rawson y Córdoba, entre otras. "Lo que sucede es que los guardias tienen diferentes formas de interpretar las órdenes", dijo Videla con un cinismo tan parco como aterrador, pensando que tendría siempre el as de espadas de la Historia. Que nunca jamás habría en Argentina algo parecido a los tribunales que juzgaron a los nazis en Nüremberg. Y así lo dijo, antes de despedirse. Pero en 2011, la noche en que cumplió 86 años, Jorge Rafael Videla durmió solo en su celda de Campo de Mayo. En su almohada guarda dos condenas a cadena perpetua. Los documentos desclasificados de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del ’79 podrían sumarle otra ovejita descarriada.
Fuente: Miradas al Sur
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