Se destacan los fallos por la Masacre de Trelew y por el Circuito Camps. Las últimas condenas fueron esta semana en Entre Ríos, Corrientes y San Nicolás. Hay 378 encarcelados por delitos de lesa humanidad.
Veinticuatro juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura tuvieron sentencias durante 2012. Entre ellos se destaca el proceso por el que la Justicia reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés, además de registrarse la primera condena a un funcionario civil por su participación en distintos crímenes. El año finaliza con 134 condenados, el número más alto desde el inicio del juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, elevando la cifra total a 378 condenas.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado señaló en su informe anual que el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en 2012 “ha alcanzado su punto de máxima expansión”. “Nunca fue tan alto el número de condenados, juicios en curso o por realizarse y personas procesadas”, señala el informe de la unidad a cargo del fiscal Jorge Auat, y coordinada por Pablo Parenti. Durante 2012 finalizaron 24 juicios con 134 condenados –de ellos, 111 no registraban condenas anteriores–, 17 absueltos y un total de 1.013 procesados. 422 personas fueron llevadas al banquillo de los acusados desde el inicio de los juicios: 378 fueron condenadas y 44 absueltas. De ese total, sólo 55 cuentan con condenas firmes. Y de los 13 juicios que se encuentran en curso en el país, se juzga a 232 imputados en relación con los casos de más de 1800 víctimas.
Durante 2012, y al cumplirse 35 años del inicio de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar la identidad de los hijos de sus hijos, que ya son 108, fueron juzgados los apropiadores de los nietos recuperados Francisco Madariaga, Victoria Donda, Catalina de Sanctis Ovando y Sebastián Casado Tasca. En este marco, otro logro de 2012 fue la creación, en el ámbito de la Procuración General, de la unidad especial para la investigación de apropiación de niños durante la dictadura, un largo reclamo de Abuelas.
Tampoco es menor el avance en la decisión de investigar la complicidad civil de la dictadura. En ese sentido, avanzaron investigaciones sobre el dueño del Ingenio Ledesma de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, por “ayudar” en la desaparición de personas, así como también sobre los ex directivos de la automotriz Ford de la planta de General Pacheco, además de la primera condena a un funcionario en la causa Circuito Camps.
El 26 de marzo, en Rosario, fue condenado a prisión perpetua al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados contra presos políticos.
En la Capital Federal, el 8 de junio fueron condenados los represores Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por delitos de privación ilegitima de la libertad con aplicación de tormentos cometidos en el circuito “ABO”, integrado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco, Olimpo.
En Capital Federal, el 5 de julio, la Justicia reconoció la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés a mujeres secuestradas durante la dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista, al dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros represores.
En Bahía Blanca, el 12 de septiembre, fueron condenados a prisión perpetua 14 de las 17 personas imputadas por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.
El 15 de octubre, en Comodoro Rivadavia, fueron condenados a prisión perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como “coautores responsables del homicidio con alevosía” de 16 presos políticos y tres tentativas, en el juicio por la Masacre de Trelew. Los jueces declararon en la sentencia condenatoria, con voto unánime, que fue un “crimen de lesa humanidad” el fusilamiento de 19 presos políticos perpetrado en la base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
En La Rioja, el 7 de diciembre, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común los represores Luciano Benjamín Menéndez, quien suma una nueva condena; Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, curas que trabajaban con el también asesinado ex obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.
En el tramo final del año la Justicia dictó sentencias en importantes causas. Por ejemplo, la relacionada al Circuito Camps, luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó prisión perpetua a 16 represores, entre ellos a Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y al ex director de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos en seis centros clandestinos de detención. Smart se convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El 21 de diciembre, el ex agente de inteligencia militar Héctor Vergez fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del responsable del inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y el entonces funcionario del Ministerio de Economía Julio Casariego de Bell.
Para cerrar el año, esta semana se produjeron las últimas tres condenas. El Tribunal Federal Oral de Paraná condenó a prisión perpetua a los ex jefes de los regimientos del Ejército de Concordia, Naldo Dasso, y de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, por la megacausa Harguindeguy. También se condenó a 15 años de prisión a los policías federales Julio Rodríguez y 10 años a Francisco Crescenso. Y se absolvió a otros tres imputados que se investigaban por crímenes de lesa humanidad en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
También el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común a los ex coroneles retirados Fernando Manuel Saint Amant y Antonio Federico Bossie –jefe y número dos del Área Militar 2012 con asiento en San Nicolás– y aplicó la misma pena al entonces jefe de la Policía Federal de esa ciudad, Jorge Muñoz, por la causa conocida como la masacre de Juan B. Justo. Por último, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 16 años de prisión al ex coronel Raúl Portillo por la desaparición del estudiante secundario Héctor Pata Acosta dos días antes del golpe militar de 1976, en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres.
En 2013, diez juicios orales por delitos continuarán en las provincias de Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba y en la Capital Federal, en tanto ya tiene fecha de inicio el proceso en el que se juzgará a 18 imputados en la causa “Plan Cóndor”.
Fuente: Miradas al Sur.
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