Represión en Tucumán contra la comunidad Indio Colalao. Los diaguitas acusan a Jorge Prat Gay, padre del ex presidente del Banco Central, de haber concretado “negociados” con su territorio. Los antecedentes.
Por Tomás Eliaschev
En el norte de Tucumán, en la frontera con Salta, se vive un enfrentamiento entre poderosos terratenientes y la comunidad diaguita Indio Colalao. El miércoles 4 de julio pasado, trescientos efectivos de la policía provincial, con motos, perros, caballos y balas de goma, desalojaron a medio centenar de indígenas que defendían lo que consideran su territorio ancestral. Los integrantes de la comunidad denuncian haber sido despojados de sus tierras por dos empresarios sojeros, Fredy Osvaldo Moreno Núñez Vela y Jorge Eduardo Posse, quienes –aseguran– habrían adquirido turbiamente las 19.800 hectáreas en disputa, ubicadas en el departamento de Trancas. Quien se las vendió, en lo que se presume sería una maniobra fraudulenta, es Jorge Raúl Prat Gay, padre de Alfonso, ex presidente del Banco Central y diputado de la Coalición Cívica.
“Desde siempre hemos vivido en armonía con la naturaleza, mis abuelos nacieron acá”, dijo Cyntia Ovejero, miembro de la comunidad desalojada. En conversación telefónica con Veintitrés, la vocera señaló que “acá, los Prat Gay son como los Blaquier de Tucumán”, en referencia al empresario azucarero acusado de crímenes de lesa humanidad.
“Jorge Prat Gay hizo un acuerdo con el Banco Central, en 2003. Encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural, con el que se había endeudado poniendo como garantía nuestro territorio, que adquirió sin que nosotros supiéramos en la década del ’70. Y terminó entregándolo en forma de pago, lo que fue convalidado por el Banco Central justo cuando su hijo era el presidente de la institución. Usó nuestro territorio para sus negociados. Moreno Núñez Vela y Posse adquirieron así lo que nos pertenece desde siempre”, relató Ovejero.
El detalle es que los diaguitas se enteraron de esta situación recién en 2010, cuando fueron denunciados por “usurpación”. Su delito: vivir donde siempre lo habían hecho. “Nunca tuvimos necesidad de papeles, el Estado nunca estuvo aquí. Vivimos en armonía con la naturaleza, no hay pavimento ni agua potable, nunca nos enteramos que hacían negocios con nuestras tierras”, argumentó Ovejero, y detalló que hay lápidas de 1903 en el cementerio local y que en 1906 se fundó una escuela, actualmente cerrada.
Desde que fueron acusados de usurpadores, todo se complicó para los integrantes de la comunidad. Ante los permanentes hostigamientos, iniciaron una asamblea permanente en el único camino para entrar al territorio en cuestión. Y los peores presagios se cumplieron la semana pasada. “Dijeron que iban a entrar un patrullero para hacer un avistamiento, pero finalmente nos desalojaron a los tiros, tuvimos que escapar por el monte”, contó la vocera. El desalojo fue ordenado por el juez Francisco Pisa, quien tiene el antecedente de haber sobreseído al hijo del ministro de Economía tucumano, acusado de matar a una persona en un accidente automovilístico mientras corría una picada.
“Los terratenientes tienen el apoyo del poder político y judicial local”, se quejó amargamente la referente indígena, quien agregó que después del desalojo siguieron recibiendo amenazas: “Nuestra cacica, María Lilia Delgado, recibió llamados telefónicos en tono de amedrentamiento, tenemos miedo de que la detengan. Por eso, en el marco de los festejos del 9 de Julio en la capital provincial, nos hicimos presentes para hacer visible nuestro reclamo”.
Fuente: Revista Veintitres.
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