La aparición de videos con imágenes de torturas a presos puso una vez más en evidencia los malos tratos a los que son sometidos los detenidos
Por Raúl Arcomano
El artículo 18 de la Constitución Nacional señala que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.” Esta semana quedó claro que, como muchos otros artículos de la ley de leyes, éste tampoco se cumple. Se vio en los videos caseros de penitenciarios golpeando ferozmente a presos, en un penal de Mendoza. Y también en la unidad 48 de la localidad bonaerense de San Martín, donde la mitad de los internos denunció haber sido víctimas de torturas. En ambos casos, estaban encerrados en condiciones de hacinamiento, un lugar común de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La normalización y adecuación de los lugares de detención sigue siendo una deuda del sistema democrático.
El viernes, miembros de la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) comprobaron que la U48 tiene una sobrepoblación del 244 por ciento. La visita fue luego de que el periodista y director del Cels, Horacio Verbitsky, denunciara que tres detenidos de esa cárcel relataron en la Justicia que los penitenciarios los sacaban a robar por las noches, con sus propias armas. También dijeron que había un desarmadero en las instalaciones del penal y que se vendían drogas. La Subsecretaría de Política Criminal bonaerense ya dispuso la clausura del pabellón 12 y desplazó a las autoridades de la prisión.
En el recorrido los organismos hablaron con 50 detenidos. La mitad denunció malos tratos por parte del SPB. Las pruebas fueron sus cuerpos: tenían golpes con marcas de palos, patadas, ojos morados. El pabellón 12 se cerró por hacinamiento: había 55 personas en 16 celdas de cuatro metros cuadrados. Es decir: convivían cuatro, cinco y hasta seis detenidos por celda. Estaban encerrados todo el día, no se podían bañar y debían turnarse para dormir. Hasta les retaceaban el agua potable a los detenidos: “Esto es particularmente grave en este penal, ya que al estar construido sobre un predio del Ceamse el agua corriente no es apta para el consumo humano. Gran cantidad de detenidos presentaban salpullidos, ronchas e infecciones”, detalla el informe de la Comisión por la Memoria. El organismo anticipó que mañana formalizará la denuncia ante la Justicia.
Las torturas en el penal de San Felipe, en Mendoza, grabadas con teléfonos, recorrieron los medios del mundo. Las compararon con las que se vieron hace unos años en Abu Ghraib, la cárcel iraquí que se hizo famosa por las torturas que los marines yanquis les infringieron a sus prisioneros. En uno de los videos, por ejemplo, un preso pide fuego para encender un cigarrillo y los guardias le lanzan una llamarada por las rejas. Otro muestra a varios guardias corriendo con palos a presos que, desnudos, salían de las duchas. Las primeras imágenes fueron difundidas el mes pasado: tres penitenciarios golpean a un preso esposado y atado a una reja. Los videos fueron grabados con un teléfono por un carcelero, que ya fue detenido junto a otros siete compañeros. El material ya fue entregado a la Justicia por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek.
Desde esa ONG mendocina reclamaron que se apruebe un protocolo para prevenir la violencia en las cárceles. Pidieron un protocolo que, entre otras cuestiones, sistematice un mecanismo para auditar las cárceles. También solicitaron la creación figura del “procurador penitenciario”: una especie de defensor de los derechos humanos de los internos. “Es indudable que la dictadura creó un modelo penitenciario que fue adoptado por la policía de Mendoza. Así es como se explican las numerosas muertes a manos policiales que ha habido en los últimos años en la provincia”, dijo Pablo Salinas, abogado de Xumek.
Mendoza tiene un pésimo historial carcelario, poblado de denuncias de malos tratos y encierros indiscriminados. Hay que recordar que en esa provincia, hay chicos con perpetuas. Algo que está prohibido por los tratados internacionales a los que adhiere Argentina. Por ese motivo, el país comparte con los Estados Unidos un triste ranking: son los dos únicos distritos del continente con sentencias de por vida a chicos que cometieron delitos antes de los 18 años de edad. Mendoza ya fue sancionada en 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) debido al estado de emergencia en que se encontraba su sistema penitenciario. En diciembre último la provincia logró que se levantaran estas penas, después de varias supervisiones de la Cidh. Pero hay que ser justos con la provincia que gobierna Celso Jaque: las imágenes que se vieron podrían haber sucedido en cualquier cárcel.
Claudia Cesaroni es abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Señaló que las torturas que se vieron en el penal mendocino son habituales. “Pudo haber pasado en cualquier cárcel. Porque el abuso, las “bienvenidas” a los presos y otras formas de maltrato son una realidad cotidiana”, dice a Miradas al Sur. Y analiza: “Sólo se interviene cuando se ve un video por TV. Por supuesto que los golpes a internos son un hecho gravísimo, pero también es grave la falta de acciones de muchos organismos públicos, que deberían actuar antes de que las torturas sucedan.”
En Las cárceles de la miseria, el sociólogo francés Loic Wacquant escribió que los países del “segundo mundo” como Argentina, con un pasado autoritario y con desigualdades marcadas, el aparato de Justicia penal es evadido por medio de la arbitrariedad, la desigualdad y la ineptitud: “La policía no es un supresor sino un vector de violencia que opera en la base de la escala social, los tribunales actúan guiados por fuertes prejuicios de clase, y las cárceles funcionan a la manera de campos de concentración para los marginados.” Señala, en definitiva, el traspaso de muchas sociedades avanzadas de una gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y las prisiones.
Sobre el “castigo disciplinario” escribió extensamente otro francés, el filósofo Michel Foucault. En el libro Vigilar y castigar plantea un tema que puede ser perturbador: que la prisión no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo sobre el cuerpo mismo. Racionamiento de comida, privación sexual, celda. Y golpes. Foucault analiza: “La prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. La crítica que ha solido hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX (la prisión no es lo suficientemente punitiva: los presos pasan menos hambre, menos frío, se hallan menos privados en resumen que muchos pobres o incluso obreros) indica un postulado que jamás se ha suprimido francamente: es justo que un condenado sufra físicamente más que los otros hombres.”
Cualquier parecido con las cárceles del SPB no es mera coincidencia.
El viernes, miembros de la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) comprobaron que la U48 tiene una sobrepoblación del 244 por ciento. La visita fue luego de que el periodista y director del Cels, Horacio Verbitsky, denunciara que tres detenidos de esa cárcel relataron en la Justicia que los penitenciarios los sacaban a robar por las noches, con sus propias armas. También dijeron que había un desarmadero en las instalaciones del penal y que se vendían drogas. La Subsecretaría de Política Criminal bonaerense ya dispuso la clausura del pabellón 12 y desplazó a las autoridades de la prisión.
En el recorrido los organismos hablaron con 50 detenidos. La mitad denunció malos tratos por parte del SPB. Las pruebas fueron sus cuerpos: tenían golpes con marcas de palos, patadas, ojos morados. El pabellón 12 se cerró por hacinamiento: había 55 personas en 16 celdas de cuatro metros cuadrados. Es decir: convivían cuatro, cinco y hasta seis detenidos por celda. Estaban encerrados todo el día, no se podían bañar y debían turnarse para dormir. Hasta les retaceaban el agua potable a los detenidos: “Esto es particularmente grave en este penal, ya que al estar construido sobre un predio del Ceamse el agua corriente no es apta para el consumo humano. Gran cantidad de detenidos presentaban salpullidos, ronchas e infecciones”, detalla el informe de la Comisión por la Memoria. El organismo anticipó que mañana formalizará la denuncia ante la Justicia.
Las torturas en el penal de San Felipe, en Mendoza, grabadas con teléfonos, recorrieron los medios del mundo. Las compararon con las que se vieron hace unos años en Abu Ghraib, la cárcel iraquí que se hizo famosa por las torturas que los marines yanquis les infringieron a sus prisioneros. En uno de los videos, por ejemplo, un preso pide fuego para encender un cigarrillo y los guardias le lanzan una llamarada por las rejas. Otro muestra a varios guardias corriendo con palos a presos que, desnudos, salían de las duchas. Las primeras imágenes fueron difundidas el mes pasado: tres penitenciarios golpean a un preso esposado y atado a una reja. Los videos fueron grabados con un teléfono por un carcelero, que ya fue detenido junto a otros siete compañeros. El material ya fue entregado a la Justicia por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek.
Desde esa ONG mendocina reclamaron que se apruebe un protocolo para prevenir la violencia en las cárceles. Pidieron un protocolo que, entre otras cuestiones, sistematice un mecanismo para auditar las cárceles. También solicitaron la creación figura del “procurador penitenciario”: una especie de defensor de los derechos humanos de los internos. “Es indudable que la dictadura creó un modelo penitenciario que fue adoptado por la policía de Mendoza. Así es como se explican las numerosas muertes a manos policiales que ha habido en los últimos años en la provincia”, dijo Pablo Salinas, abogado de Xumek.
Mendoza tiene un pésimo historial carcelario, poblado de denuncias de malos tratos y encierros indiscriminados. Hay que recordar que en esa provincia, hay chicos con perpetuas. Algo que está prohibido por los tratados internacionales a los que adhiere Argentina. Por ese motivo, el país comparte con los Estados Unidos un triste ranking: son los dos únicos distritos del continente con sentencias de por vida a chicos que cometieron delitos antes de los 18 años de edad. Mendoza ya fue sancionada en 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) debido al estado de emergencia en que se encontraba su sistema penitenciario. En diciembre último la provincia logró que se levantaran estas penas, después de varias supervisiones de la Cidh. Pero hay que ser justos con la provincia que gobierna Celso Jaque: las imágenes que se vieron podrían haber sucedido en cualquier cárcel.
Claudia Cesaroni es abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Señaló que las torturas que se vieron en el penal mendocino son habituales. “Pudo haber pasado en cualquier cárcel. Porque el abuso, las “bienvenidas” a los presos y otras formas de maltrato son una realidad cotidiana”, dice a Miradas al Sur. Y analiza: “Sólo se interviene cuando se ve un video por TV. Por supuesto que los golpes a internos son un hecho gravísimo, pero también es grave la falta de acciones de muchos organismos públicos, que deberían actuar antes de que las torturas sucedan.”
En Las cárceles de la miseria, el sociólogo francés Loic Wacquant escribió que los países del “segundo mundo” como Argentina, con un pasado autoritario y con desigualdades marcadas, el aparato de Justicia penal es evadido por medio de la arbitrariedad, la desigualdad y la ineptitud: “La policía no es un supresor sino un vector de violencia que opera en la base de la escala social, los tribunales actúan guiados por fuertes prejuicios de clase, y las cárceles funcionan a la manera de campos de concentración para los marginados.” Señala, en definitiva, el traspaso de muchas sociedades avanzadas de una gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y las prisiones.
Sobre el “castigo disciplinario” escribió extensamente otro francés, el filósofo Michel Foucault. En el libro Vigilar y castigar plantea un tema que puede ser perturbador: que la prisión no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo sobre el cuerpo mismo. Racionamiento de comida, privación sexual, celda. Y golpes. Foucault analiza: “La prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. La crítica que ha solido hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX (la prisión no es lo suficientemente punitiva: los presos pasan menos hambre, menos frío, se hallan menos privados en resumen que muchos pobres o incluso obreros) indica un postulado que jamás se ha suprimido francamente: es justo que un condenado sufra físicamente más que los otros hombres.”
Cualquier parecido con las cárceles del SPB no es mera coincidencia.
Fuente: Miradas al Sur.
No hay comentarios:
Publicar un comentario