Proyecto de ley. Organizaciones campesinas y de pueblos originarios de todo el país consensuaron una iniciativa para declarar la emergencia territorial por cinco años, una norma clave para preservar a los productores familiares.
Por Gabriel Bencivengo
Necesitamos una norma de alcance nacional que funcione como escudo. Muchas de las mesas de diálogo que proponen las autoridades provinciales se revelan como estrategias para contener el conflicto y no desembocan en un freno a la expulsión de las comunidades campesinas y de los agricultores familiares”, asegura Avelino Valdés, delegado de la Regional NOA del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf). La iniciativa, que será presentado durante la segunda quincena de abril, la impulsan el Fonaf, el Movimiento Nacional Campesino, el Frente Nacional Campesino, la Mesa de Organización Bonaerense y el Movimiento Campesino de Liberación.
“Tenemos el respaldo de diversos referentes de bloques legislativos, como el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y del Partido Solidario”, señala Miriam Bruno, secretaria de la Federación de Organizaciones agrupadas en el Fonaf.
Se calcula que son unas treinta mil las familias afectadas en todo el país por los desalojos originados en órdenes judiciales y en resoluciones administrativas, cuando no, directamente, en el ahogo que provoca el avance de la soja, el desmonte indiscriminado y la apropiación que los grandes productores hacen de un recurso básico como el agua, y la escasa infraestructura instalada en las zonas rurales.
Con el objetivo de frenar las apropiaciones, el proyecto, además de suspender por cinco años los desalojos, establece la concreción de “un relevamiento situacional para constatar la posesión y el uso efectivo de las tierras” ocupadas por campesinos y agricultores familiares. La propuesta señala que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, la autoridad de aplicación de la norma.
“Tenemos el respaldo de diversos referentes de bloques legislativos, como el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y del Partido Solidario”, señala Miriam Bruno, secretaria de la Federación de Organizaciones agrupadas en el Fonaf.
Se calcula que son unas treinta mil las familias afectadas en todo el país por los desalojos originados en órdenes judiciales y en resoluciones administrativas, cuando no, directamente, en el ahogo que provoca el avance de la soja, el desmonte indiscriminado y la apropiación que los grandes productores hacen de un recurso básico como el agua, y la escasa infraestructura instalada en las zonas rurales.
Con el objetivo de frenar las apropiaciones, el proyecto, además de suspender por cinco años los desalojos, establece la concreción de “un relevamiento situacional para constatar la posesión y el uso efectivo de las tierras” ocupadas por campesinos y agricultores familiares. La propuesta señala que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, la autoridad de aplicación de la norma.
Los amigos del juez.“Hay toda una organización con raíces en el poder político, económico y judicial dedicada a la apropiación de la tierra. Es usual que, como por arte de magia, aparezcan supuestos propietarios para reclamar enormes extensiones que son trabajadas por generaciones de campesinos”, señala Bruno.
Quienes conocen la problemática explican que la técnica preferida por los apropiadores discurre por la criminalización de los ocupantes, estrategia que se complemente con formas más sutiles, como la presentación de documentación de dudoso origen y que, muchas veces, resulta apócrifa.
“En lugar de investigar la legitimidad del reclamante, se investiga a los ocupantes originarios. Vivimos los desalojos como situaciones violentas, con heridos y detenidos. En muchas ocasiones, son los mismos policías provinciales que actúan por orden judicial en los desalojos los que integran las patotas que responden a los terratenientes”, explica Valdés.
“A veces, la estrategia consiste en hacerle firmar a los ocupantes legítimos un derecho de pastoreo, que luego utilizan como antecedente para quedarse con la tierra”, agrega Valle Rodríguez, delegada de la Regional Centro del Fonaf.
Quienes conocen la problemática explican que la técnica preferida por los apropiadores discurre por la criminalización de los ocupantes, estrategia que se complemente con formas más sutiles, como la presentación de documentación de dudoso origen y que, muchas veces, resulta apócrifa.
“En lugar de investigar la legitimidad del reclamante, se investiga a los ocupantes originarios. Vivimos los desalojos como situaciones violentas, con heridos y detenidos. En muchas ocasiones, son los mismos policías provinciales que actúan por orden judicial en los desalojos los que integran las patotas que responden a los terratenientes”, explica Valdés.
“A veces, la estrategia consiste en hacerle firmar a los ocupantes legítimos un derecho de pastoreo, que luego utilizan como antecedente para quedarse con la tierra”, agrega Valle Rodríguez, delegada de la Regional Centro del Fonaf.
Los disfrazados.“Hay más santiagueños en el conurbano bonaerense que en Santiago del Estero”, señala Valdés. Su frase resume el éxodo poblacional provocado por el avance de la frontera agrícola motorizada por el modelo hegemónico de producción.
En los hechos, el campesinado está en peor situación que los pueblos originarios. “Ni siquiera tenemos una ley que nos contemple como sujetos económicos y sociales, algo que sí existe, al menos desde lo normativo, en el caso de los pueblos originarios”, completa Rodríguez. Ambos coinciden en que la solución sólo llegará con organizaciones fuertes.
“Los de la Mesa de Enlace, cuando dicen que nos representan, son unos disfrazados. Estamos decididos a dar la pelea política para ocupar espacios. Nuestro objetivo es constituirnos en la quinta organización del campo”, dice Valdés.
La consolidación del autoconsumo, el acceso a mercados regionales, la posibilidad de conseguir créditos y la necesidad de adecuar los controles sanitarios a la realidad del sector son algunos de los temas que integran la agenda de la Fonaf.
Antes, sin embargo, las organizaciones campesinas y los pueblos originarios irán por la suspensión de los desalojos. “Se trata de una prioridad. Treinta mil familias dependen de esta ley. Es esencial que se apruebe”, concluye Bruno.
En los hechos, el campesinado está en peor situación que los pueblos originarios. “Ni siquiera tenemos una ley que nos contemple como sujetos económicos y sociales, algo que sí existe, al menos desde lo normativo, en el caso de los pueblos originarios”, completa Rodríguez. Ambos coinciden en que la solución sólo llegará con organizaciones fuertes.
“Los de la Mesa de Enlace, cuando dicen que nos representan, son unos disfrazados. Estamos decididos a dar la pelea política para ocupar espacios. Nuestro objetivo es constituirnos en la quinta organización del campo”, dice Valdés.
La consolidación del autoconsumo, el acceso a mercados regionales, la posibilidad de conseguir créditos y la necesidad de adecuar los controles sanitarios a la realidad del sector son algunos de los temas que integran la agenda de la Fonaf.
Antes, sin embargo, las organizaciones campesinas y los pueblos originarios irán por la suspensión de los desalojos. “Se trata de una prioridad. Treinta mil familias dependen de esta ley. Es esencial que se apruebe”, concluye Bruno.
Fuente: Miradas al Sur
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