CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

La Secretaría de la Niñez bonaerense elabora con especialistas de Unicef un protocolo dirigido al personal policial, judicial, de salud y educación que intervienen en casos de violencia infantil. Apunta a prevenir tratos como el que sufrió A. D.

 

 

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La Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires comenzó a elaborar junto con Unicef Argentina un protocolo para abordar casos de maltrato infantil. La iniciativa apunta a formular una respuesta interdisciplinaria a la violencia, entendida en todas sus formas, que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes bonaerenses. Apunta a prevenir casos como el de A. D., un niño con problemas de adicciones que fue víctima de encierro y maltrato institucional. Por otra parte, referentes barriales de más de 600 centros de día y hogares convivenciales bonaerenses denuncian el “vaciamiento y precarización” de las políticas destinadas a la infancia y adolescencia por parte del gobierno.

El protocolo está destinado al personal policial, judicial y de las áreas de salud y educación que pueden intervenir en casos de violencia contra niños. Constará de una guía de recursos estatales y procedimientos a seguir cuando sea detectado un caso de vulneración de derechos. “Es para disminuir la cantidad de casos de violencia”, explicó a Página/12 el subsecretario de Niñez bonaerense, Sebastián Gastelú.

Según el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia (Reuna), durante el primer semestre de este año el Sistema de Promoción y Protección de Derechos realizó 15.895 intervenciones sobre 4432 casos. Todas por maltrato infantil. La mayoría fueron por violencia intrafamiliar. El 36 por ciento de esas denuncias provienen de la Justicia. El 11 por ciento de escuelas y otro tanto de centros de salud.

¿Qué hacer cuando se detecta un caso de violencia? ¿Qué actores deben intervenir? Si el niño tiene familia, ¿qué hacer con ella? Son sólo algunas de las preguntas que surgen para hacer frente a esta problemática. El sistema parece no estar preparado para atender estos casos.

La prueba fiel de esa situación es el caso de A. D., de 13 años. El niño, con problemas de adicción, escapó luego de un recorrido por varias instituciones. El pedido de intervención fue realizado por su madre para que lo ayuden. La respuesta no fue la que esperaba: fue aislado en una institución cerrada y luego internado en un hospital no especializado en su problema, de donde escapó.

Funcionarios y referentes especializados en niñez coinciden en que es necesario crear, desarrollar e implementar políticas que prevengan la vulneración de niños y adolescentes de manera que se promocione y proteja sus derechos. Así lo determina la ley provincial 13.298, desde 2005.

Para la creación del protocolo, el pasado 2 de agosto se realizó la primera reunión entre funcionarios de la secretaría y profesionales, técnicos y operadores del sistema, además de funcionarios del Poder Judicial, en Almirante Brown.

“La extensión territorial y la cantidad de habitantes de la provincia representan una complejidad” a la hora de determinar cómo se abriga a un niño, apuntó la abogada de Unicef especialista en protección de la niñez, Gimol Pinto. Para que el accionar sea más efectivo se dividió el territorio bonaerense en diez regiones y se crearon mesas locales en donde se realizarán encuentros hasta diciembre de este año para la elaboración del protocolo.

Esos espacios “servirán para que esto continúe mucho más allá de los funcionarios”, expecificó Pinto, dado que lo que “se quiere es facilitar la intervención de operadores (por los programas de protección), porque muchas veces no se interviene por prejuicio o por negligencia institucional”.

El rol de las organizaciones sociales es otro aspecto del mismo tema: brindan herramientas a chicos y chicas de barrios de la provincia “para que el día de mañana sus oportunidades sean las mismas que puede tener cualquier otro chico”. La explicación es de Estela Rojas, referente de Chicos del Sur, un centro de día que brinda apoyo escolar, comida y actividades recreativas para pibes y pibas de Villa Fiorito, quien advierte sobre la falta de políticas (ver aparte).

Para Liliana Grau –directora del servicio zonal de Lomas de Zamora, dependiente de la secretaría–, los hogares y centros de día “son tomados como meras herramientas”. Así, sostuvo, se “desestima” que sean “actores que toman decisiones frente a las problemáticas” de la niñez. Esas organizaciones reclaman un lugar en la elaboración del protocolo.

“Creemos que el Estado debe hacerse cargo, pero primero debemos reunirnos los funcionarios y, a través de las instituciones básicas con las herramientas necesarias, capacitar a los recursos humanos, con las organizaciones. Pero cuando el protocolo esté finalizado”, justificó Gastelú.

Marcela Val, referente de la Red de Hogares Bonaerense (RedBa), sostiene que esas instituciones deben ser tenidas en cuenta para la elaboración del protocolo, porque a ellas son las que les “explotan las situaciones de violencia en las manos”.

Para Rojas, la capacitación de los actores es un eje esencial: “Hay chicos que son institucionalizados y son golpeados. El chico no es un enemigo, es un sujeto político de derechos”. “Es necesario un protocolo”, coincidió Val. “Pero hace cinco años que debería estar. Los pibes vienen muy golpeados”, opinó su par del Hogar Don Bosco, Gustavo García. “Hay instituciones que no saben cómo actuar, entonces, hay que hacer algo en ese sentido”, concluyen, con la esperanza de ser convocados.

 

Informe: Carla Perelló

 

Fuente: Pagina /12

UNIVERSO TRANS

Una encuesta piloto del Indec sobre las dificultades cotidianas de las trans. La encuesta, realizada sobre 209 trans de La Matanza, es el primer paso de un trabajo a nivel nacional, considerado inédito en el mundo. El estudio revela la discriminación, la persecución policial y la dificultad laboral del grupo.

 

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Por Carlos Rodríguez

 

La discriminación, el permanente acoso policial y las dificultades para acceder a un trabajo digno –dado que un alto porcentaje debe dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir– son los principales problemas que enfrentan en forma cotidiana las travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans, según una “prueba piloto de la encuesta sobre población trans” que se hizo en el partido de La Matanza y a cuyos resultados tuvo acceso Página/12. El trabajo, paso previo a un estudio que se hará más adelante en todo el país, precisa que en materia de discriminación, los casos más frecuentes se han dado “en la vía pública”, de acuerdo con las respuestas dadas por el 84,7 por ciento de las encuestadas, y en el ámbito de la escuela (58,2 por ciento), en este caso de parte de sus propios compañeros de curso y en menor grado, aunque también significativo, de parte de la autoridad educativa. El 76,6 por ciento declaró también haber sufrido algún tipo de violencia verbal o física por parte de la policía. Al especificar cuál fue el agravio más frecuente por parte de los uniformados, el mayor porcentaje (54 por ciento) hizo referencia a un combo compuesto por hechos de “extorsión, amenazas, maltrato y humillación”.

La prueba piloto se realizó entre el 18 y el 29 de junio, como etapa de preparación de una Encuesta Nacional que se proyecta en el territorio nacional y que será encarada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). El equipo que trabajó en tres sedes del partido de La Matanza fue integrado por once encuestadoras de las organizaciones trans, capacitadas por el Indec. Las participantes pertenecen a las organizaciones Putos Peronistas, Amazonas del Oeste, Movimiento Integración Sexual Etnica y Religiosa (Miser) y Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Entre los organismos públicos, además del Indec, contaron con el soporte del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de La Matanza.

El trabajo de las organizaciones trans tuvo como objetivo optimizar las técnicas y estrategias diseñadas para que el Indec realice con posterioridad la investigación a nivel nacional. También se hizo una evaluación del cuestionario que se había preparado, se ajustaron las estrategias de comunicación y se hizo una evaluación de la convocatoria voluntaria de las personas trans. En la prueba piloto se apeló a una línea 0800 y a la convocatoria directa por parte de las encuestadoras para que las entrevistadas se acercaran a alguna de las tres sedes establecidas en el territorio. En la encuesta respondieron 209 personas residentes en el partido elegido.

Alba Rueda, una de las referentes trans que actuó como entrevistadora, elogió la iniciativa del Indec, a la que calificó de “experiencia maravillosa” (ver nota aparte). Las personas trans sufrieron a lo largo de la historia políticas de criminalización por parte del Estado, como la prohibición del travestismo establecida en los edictos policiales y la judicialización de su imagen corporal, dado que sólo con autorización judicial se podía acceder a los tratamientos de cambio de sexo. La visibilidad y reconocimiento de gays, lesbianas y trans comenzó a operarse a partir de 2005, con las encuestas sobre la Marcha del Orgullo, y obtuvo un significativo avance con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, el registro de las parejas del mismo sexo en el Censo 2010 y la Ley de Identidad de Género aprobada este año en el Congreso nacional, que garantiza el derecho a la identidad de las personas trans y restituye el derecho a la salud integral.

Aunque se puso el acento en los temas relacionados con la discriminación, la identidad, la educación, la seguridad social y el acceso a la Justicia, en la prueba piloto también se receptaron datos sobre condiciones generales de vida, migraciones, participación social y acerca del conocimiento de las leyes, normativas y resoluciones que protegen contra la discriminación. También se las consultó sobre si conocen cuáles son los organismos ante los cuales hacer denuncias sobre hechos de violencia.

El 71,8 por ciento de las entrevistadas vive acompañada por otras personas. El 42,1 por ciento tiene 36 años o más, el 38,8 de 26 a 35, el 18,7 por ciento de 18 a 25 años, y se registró un solo caso de una persona trans menor de 17 años. El 67 por ciento se identificó a sí misma como travesti, el 15,3 como hombre trans, el 7,2 como mujer trans, el 5,3 como transexual, el 3,8 como transgénero. Hubo dos casos que eligieron “otra” identidad y un caso en el cual la entrevistada dijo ser “intersex”.

El 97,6 por ciento de las encuestadas nació en la Argentina y se registraron sólo dos casos de cambio de sexo. El 47,8 por ciento de las encuestadas expresó socialmente su identidad de género entre los 13 y los 17 años, mientras que un 32,5 lo hizo antes de los 12 años. Un 15 por ciento pudo hacerlo recién entre los 18 y los 25 años, en tanto que un 3,8 por ciento pudo manifestarse entre los 26 y los 35.

En este punto se llega a uno de los temas principales: el de la discriminación. Un 49,8 por ciento reveló que la actitud discriminatoria se manifestó entre familiares o parientes; el 41,1 por ciento recibió el rechazo de parte de sus amigos; el 63,2 por ciento fue discriminado por sus vecinos y sólo el 17,2 por ciento por su pareja o ex pareja, mientras que el 84,7 por ciento admitió haber vivido experiencias de discriminación en la vía pública. En lo que respecta a la educación, el 92,8 por ciento de las entrevistadas dijo que asiste o asistió regularmente a establecimientos educativos. Eso dio lugar a indagar sobre cómo es recibida la identidad de las personas trans en el ámbito de la escuela.

En este punto, el 26,4 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de directoras/es de escuela y el mismo porcentaje recibió igual maltrato de maestras/os o profesoras/os. El 21,6 por ciento sintió el rechazo de parte del personal no docente, pero lo más significativo es que el 58,2 por ciento (121 casos en total) fue discriminado por sus propios compañeros de curso o de grado. Y lo más grave fue que el 44,5 por ciento (73 casos) declaró que tuvo que dejar la escuela con motivo de la discriminación vivida. El 47,6 por ciento pudo llegar al secundario, mientras que el 37 por ciento accedió sólo al ciclo primario, el 8,7 al EGB y el 4,8 por ciento al nivel superior no universitario o a la universidad.

Una de las encuestadas tiene nivel post-universitario. En las entrevistas se determinó que el 47,1 por ciento (98 casos) pudo completar el nivel de enseñanza al que llegó, mientras que el 52,9 (110 casos) no pudo hacerlo.

Uno de los capítulos más dramáticos son los hechos de discriminación por parte de la policía, situación por la que ha pasado el 76,6 por ciento (160 casos) de las entrevistadas. En ese marco se recibió información sobre 54 hechos (33,8 por ciento) de “extorsión, amenazas, maltrato y humillación”); 32 casos (20) de detenciones arbitrarias; 24 (15) de violencia verbal; 22 (13,8) de violencia física; otros 22 (13,8) de violación o abuso sexual, y cuatro hechos de tortura.

Al consultar sobre el conocimiento de sus derechos y de la existencia de leyes y normativas que protegen de la discriminación, el 62,2 por ciento (130 encuestadas) dijo que está al corriente y el 37,3 por ciento (78 casos) que las desconocía. El 60,8 por ciento dijo haber recibido información sobre la Ley de Identidad de Género, cuya reglamentación fue difundida el 1º de junio, poco antes del comienzo de la prueba piloto. En cambio, sólo el 34,4 por ciento respondió en forma positiva cuando se le preguntó si había recibido orientación jurídica sobre discriminación o hechos de violencia. De todos modos, el 68,9 por ciento dijo saber de la existencia de organizaciones que las protegen en materia de discriminación. En las entrevistas se registraron 110 casos (52,6 por ciento) de detenciones sin intervención de un juez, 63 hechos (30,1) con intervención judicial en el fuero contravencional y 31 detenciones (14,8) en el marco de una causa judicial.

En el bloque sobre Seguridad Social, la encuesta reveló que el 80,4 por ciento (168 casos) no cuenta con obra social ni prepaga, ni plan estatal. Apenas 26 de las entrevistadas (12,4 por ciento) recibe jubilación o pensión, y en 47 de los casos (22,5) son beneficiarios de dinero o mercancías por parte del Estado. En ese marco, el 50,2 por ciento (105 casos) sufrió algún tipo de discriminación por su identidad trans al hacer trámites o reclamos en alguna oficina pública. El 79,9 por ciento (167 casos) concurre al hospital público cuando tiene algún problema de salud. En cambio, apenas el 22,5 por ciento (47 casos) se asiste en establecimientos privados.

El 38,3 por ciento (80 casos) fue discriminado por parte de médicas/os, mientras que el 31,1 por ciento (65 hechos) soportó el rechazo de parte de enfermeras/os, y el 38,3 por ciento (80) por personal administrativo de hospitales o clínicas. A raíz de esa situación vivida, 37 pacientes (31,6 por ciento del total encuestado) tuvieron que abandonar algún tratamiento médico. Lo más grave fue que un 48,7 por ciento (57 de los casos) directamente tuvo que dejar de concurrir a un ámbito de salud determinado. El 25,8 de las encuestadas participa en actividades promovidas por organizaciones sociales y el 8,6 por ciento milita en algún partido político.

El 80,9 por ciento (169 casos) realiza actividades por las cuales recibe dinero. El porcentaje más alto, el 42,6 por ciento (72 casos), no tiene otro medio de vida que el de prostituirse. Si se suma a las que también fueron prostitutas y hoy lograron salir de ese círculo, las cifras llegarían al 73,2 por ciento (153 casos en total). De los que trabajan en otras actividades, el 29 por ciento (49 casos) es cuentapropista, el 17,8 (30 casos) trabaja en fábricas u oficinas, el 6,5 por ciento (11 casos) en tareas relacionadas con la religión y siete de las encuestadas declararon ser la patronal. El 72,2 por ciento está buscando otra fuente de ingresos pero, ante otra pregunta, el 82,1 por ciento reconoce que cualquier búsqueda laboral se ve dificultada cuando se tiene asumida la identidad de persona trans. El 43,5 por ciento hizo cursos de capacitación laboral y a la mitad de ellas le sirvió para conseguir trabajo.

El 79,4 por ciento vive en una casa, el 79,6 tiene pisos de cerámica, madera o alfombra en su vivienda, el 90,8 por ciento habita en casas de ladrillo u otros materiales similares, el 74,8 por ciento posee agua por cañería dentro de la vivienda, el 64,1 por ciento usa gas en garrafa y el 35 por ciento está conectado a la red de gas. El 66,5 habita en viviendas propiedad de su familia o propias, mientras que el 22,3 por ciento alquila y el 6,3 tiene una vivienda que les fue prestada. Sólo cuatro de las encuestadas dijo haber tenido acceso a algún plan de vivienda y apenas nueve obtuvieron un crédito bancario. El 12,7 por ciento (27 personas trans) tiene una tarjeta de crédito.

 

Fuente: Pagina/12

"HAY QUE MOSTRAR LA COMPLICIDAD CIVIL Y ECLESIASTICA"

Luis "Vitin" Baronetto, biografo del Obispo Enrique Angelelli. Estuvo preso durante la última dictadura y fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Ante el inicio del juicio por el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, inscribe esas muertes en la persecución general a la pastoral de Angelelli.

 

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Por Alejandra Dandan

 

Lo que sigue es la historia de los mártires de Chamical desde la mirada del biógrafo del obispo Enrique Angelelli. En la mesa de un bar, a metros de los Tribunales de La Rioja, Luis “Vitín” Baronetto le da al tema la dimensión que el juicio oral aún pelea: las muertes de Carlos Murias y Gabriel Longueville como parte de la persecución general a la pastoral popular del obispo. La apuesta por el uso colectivo de la tierra, el enfrentamiento con los terratenientes y lo que fue pasando en el resto del país con esos curas, son otros puntos en análisis. Baronetto estudió en el seminario mayor de Córdoba, estuvo preso entre 1976 y 1983, dirige la revista Tiempo Latinoamericano, fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y es uno de los impulsores como querellante del juicio por el asesinato de Angelelli, que se incorporó a la investigación paralela que llevó adelante la Iglesia. Vitín habla de todo eso, boina y bufanda mediante, y una compañera se acerca para decirle que baje la voz, convencida de que ese señor que está atrás, sentado en una silla, es uno de los espías riojanos que “todavía siguen estando”.

–¿De dónde venía Gabriel Longueville?

–Pertenecía a una organización francesa que nuclea a sacerdotes de cualquier diócesis, frailes o lo que sea, que quieren prestar servicio como misioneros en Africa, Asia o América latina. Angelelli había hecho un convenio con este instituto de misioneros franceses y tenía varios curas acá. Además de Longueville, había otro en Sañogasta que le dio la tierra a Wenceslao Pedernera (un laico del Movimiento Rural). Cuando fusilan a Wenceslao, el 25 de julio de 1976, después de los curas, para mí iban a buscar a ese cura francés.

–¿Por qué?

–Angelelli ya les había dicho que era mejor que se fueran porque veía venir la mano mal. Unos días antes, se fue Paco D’Alteroche, otro misionero francés que estaba en Chilecito. Se fue a Perú, donde lo hicieron obispo porque estaba en una zona donde nadie quería ir y de allá tuvo que rajarse porque entre los paramilitares y Sendero lo tenían acosado. Estos convenios eran por cuatro o cinco años, se podían renovar o no.

–¿Murias cómo llegó?

–Tiene otra historia. Era de la Congregación de los Conventuales, que no estaba en La Rioja, como sí estaban los Capuchinos, por ejemplo, de Antonio Puigjané, que tenían tres o cuatro parroquias desde el ’70 o ’71. Murias viene de un hogar que no es cristiano, es anticlerical. El padre fue legislador radical por el departamento Minas, en Córdoba, donde tenían campos, y el hijo le salió medio raro. Después de ir al liceo militar, de pronto entra en una vocación religiosa y termina con los Conventuales, a lo mejor pensando que llevaban una vida de encierro por el nombre, pero no era así. Los Franciscanos, los Capuchinos y los Conventuales son tres ramas de la congregación fundada por San Francisco de Asís. Murias estuvo trabajando mucho en Buenos Aires, a veces digo que su persecución pudo haber sido más por su actuación ahí que por lo hecho en La Rioja. En Buenos Aires estaba muy conectado con otros curas de las villas, entre los cuales el más conocido es Carlos Bustos, un capuchino de Córdoba que está desaparecido. Pero también había otros, algunos desaparecidos como Francisco Soares. Los curas de las villas eran distintos a los curas de las villas de hoy. Tenían una fuerte connotación política. No eran del Tercer Mundo, que casi había acabado en el ’74, pero era como la cola de eso. Eran los Cristianos por la Liberación, la estructura que Montoneros va a fomentar y algunos de estos curas la van a integrar. De Murias no tenemos información para asegurarlo, pero los que estaban con él como Carlitos Bustos estaban en Cristianos por la Liberación. Ahí también hubo otros desaparecidos o secuestrados, como Jorge Adur, que decían que era el capellán de los montoneros. Entonces, cuando a Murias le entra esta vocación religiosa ya tiene toda esta experiencia. Después se instaló en Suriyaco en La Rioja con los Hermanitos de Jesús.

–¿Quiénes eran?

–Allí estaba Arturo Paoli, uno de los seguidores de Charles de Foucauld, que primero se instala en los obrajes del chaco santafesino y después en La Rioja. Van a llegar curas y estudiantes a curas, entusiasmados con esta idea de opción por los pobres, haciéndose pobres. Allí estuvo por ejemplo el barrendero que secuestran en Buenos Aires, Mauricio Silva, que era salesiano y tenía otro hermano en Uruguay. Hay muchos desaparecidos. Entre ellos, un cura que estaba en Córdoba y militaba en el PRT, al que secuestraron y dicen que lo tiraron desde un avión en el viaje de Córdoba a Tucumán. Sin tener una opción política como congregación, la espiritualidad de ellos los llevaba a insertarse entre los pobres. A diferencia de los curas obreros que habían hecho una experiencia en Avellaneda con mucha fuerza, éstos no querían asumir roles de liderazgos gremiales pero sí alentar la organización, siendo uno más del montón. Igual ejercían una influencia fuerte en cualquier grupo por el nivel de preparación y convicción en cuanto a lo que había que hacer.

–¿Así llegaron a La Rioja?

–No son hechos aislados: no es que un cura de pronto se convenció e hizo tal opción. Fueron procesos más o menos colectivos, no iguales pero muy parecidos.

–¿Angelelli era una opción más en ese proceso?

–Con la diferencia, me parece, de que la opción es institucional, y fuerte. Es una diócesis. Las otras son órdenes religiosas, congregaciones, de un rango menor si vamos a hablar de jerarquías en la Iglesia. Angelelli es un obispo que hace la opción. No es el único; está Devoto en Goya, Brasca en Rafaela y De Nevares en el sur. Después del ’74, Hesayne y creo que después Novak. Hubo otros a medio camino. Pero acá es una opción institucional. Hay que buscarle la explicación a por qué tanta saña contra esta iglesia diocesana. Y, para mí, es porque Angelelli hace un buen trabajo en la construcción de una opción colectiva. No es él. Desde que llega, en 1968, los dos primeros años visita todos los pueblos en la estanciera que le regalaron los curas de Córdoba. En 1969 y 1970 se producen muchos encuentros pastorales. De curas; de curas y monjas; de curas, monjas y laicos; con gente que no es de la Iglesia como los directores del diario El Independiente, más bien de izquierda independiente, algunos marxistas. Discuten la realidad en base a documentos y líneas del Concilio Ecuménico, del Episcopado Latinoamericano de Medellín de 1968 y el documento de aplicación en Argentina de lo resuelto en Roma de mayo de 1969. Los curas masivamente se suman a ese proceso, salvo los más viejos que se van a ir rápido porque no lo comparten. Acá sólo queda Virgilio Ferreira, el viejito Ferreira, al que los terratenientes lo usan bien, como baluarte para diferenciar la Iglesia de Pío XII contra la Iglesia de Juan XXIII y Pablo VI. La Iglesia católica contra la Iglesia comunista. El hace un esfuerzo por colectivizar la opción, la llamaba “corresponsabilidad”; es una época en la que llegan muchos curas y monjas que estaban en conflicto con sus obispos, él los va aceptando pero les dice que primero hay que llenarse de mate la panza y poner el oído en el pueblo.

–¿Cuándo empieza la persecución?

–Mientras Angelelli consolida la “corresponsabilidad” en la opción por los pobres no hay demasiado problema. En 1971 y 1972 es cuando la acción tiene repercusión sociopolítica y empieza el conflicto fuerte. En marzo de 1972 apalearon al cura de Famatina, (el jesuita) Agüedo Pucheta a dos laicos, una patota del latifundio Huiracocha. En julio, se dan las primeras movilizaciones importantes de los campesinos de Anillaco y Codetral hacia La Rioja para instalar el tema de la expropiación a Azzalini. En agosto, la policía mete presos a dos curas de la capilla de La Ramadita, Antonio Gill y Enri Praolini. Los acusa de portar armas, uno era irlandés y lo vincularon con el IRA, y el otro había venido hacía dos días de Rosario. Porque uno era irlandés y el otro de apenas había llegado eran los más indicados para ser acusados de complicidad con la subversión; esa vez también detuvieron a un laico dirigente de la JP. En ese momento, Angelelli convocó a un acto llamando a un nuevo Tinkunaco, fuera de celebración tradicional y el gobierno lo prohíbe. El obispo hace una acción muy fuerte, quiere ir detenido con los curas y al final los liberan aunque les hacen un proceso medio trucho en el Camarón (la Cámara Federal Penal encargada de juzgar a los presos políticos). ¿Pero cuál era el objetivo de detenerlos si sabían que no estaban en ninguna organización armada? Era infundir miedo, decir que el obispo es marxista, no es católico, que su acción iba contra la identidad del pueblo y por eso Angelelli convoca al Tinkunaco para reafirmar la identidad riojana con contenido liberador.

–¿Cómo eran en ese momento las articulaciones políticas en la diócesis?

–A mediados del ’72 ya hay un desarrollo de la JP. Y es interesante ver los informes de la Comisión Provincial por la Memoria, porque muestra que los de la JP estaban trabajando vinculados con la pastoral diocesana. Por eso el obispo queda como la cabeza de la subversión en La Rioja, donde no había habido hechos de acciones armadas. A eso se sumaba el otro núcleo, que era el Independiente. Ahí estaba Plutarco Schaller, que era secretario general de la CGT de los Argentinos. Mientras tanto, en los Llanos (Chamical) hay un esfuerzo de organizar el sindicato minero en la Parroquia de Olta que estaba a cargo de los capuchinos. Al cura Eduardo Ruiz lo van a detener dos veces; la segunda, el 24 de marzo de 1976. Lo liberan cuando matan a los curas (Murias y Longueville), como para compensar. Angelelli va a reponerlo y celebra la misa ahí, el 28 de julio, 5 o 6 días antes de que lo maten. En esa parroquia tenía mucha fuerza la JTP, con el Negro Sosa que fue secretario general del sindicato de obreros mineros. También se organiza el sindicato minero en Famatina, pero lo interesante es ver quiénes participan: las organizaciones populares no son de la Iglesia; están alentadas, pero son de los trabajadores y en las reuniones están las monjas, los curas, los laicos y articulan con otros jóvenes, no todos participan de una organización política, más bien pareciera que no; hay maestros rurales y muchos terminaron presos. Se reúnen en jornadas de reflexión, lo que muestra un esfuerzo serio de organización popular. No iba Angelelli, estaba al tanto, pero ya andaban solos. Y por eso la represión va a alcanzar a todos estos sectores y esas acciones van a ser vinculadas con la pastoral diocesana.

La causa judicial

–¿Qué pasó con todo eso cuando matan a Angelelli?

–Hubo una gran dispersión. Muchas monjas se fueron. Anteriormente, Angelelli mismo había empezado a avisarles a los curas y en gran medida va a de- sarticularse todo.

–Cuando mataron a los curas, él ya creía que también iban a matarlo.

–Está en la causa y está la carta con los 37 puntos que denuncia en esa reunión con el Episcopado. Siempre digo que el Episcopado supo siempre todo, todo. Y después tomó la actitud que tomó y que quiso tomar.

–¿Le soltó la mano?

–Absolutamente, pero él lo dijo. Ofreció la renuncia. Dijo: si yo soy la causa de la persecución, yo me voy, que se ponga a cargo otro. Pero ni siquiera a eso tuvo respuesta. No se metieron ahí, ni para bien ni para mal. Esa es la actitud que tomó el Episcopado, lo mismo cuando le suprimieron las misas radiales la primera vez en ‘71: se pronunció todo el mundo en contra, menos ellos.

–¿Qué dice la Iglesia hacia adentro?

–Ahora hemos conocido un poco más porque vimos la investigación que la Iglesia incorporó al expediente judicial (ahora que es querellante en la causa). Al sepelio vinieron Pío Laghi y Primatesta, que tuvieron una entrevista protocolar con el coronel Pérez Bataglia, donde no dicen nada. Bataglia les informa del accidente. Cuando los curas les plantean sus dudas a los obispos, Primatesta les dice: “mejor es que nos quedemos con la versión del accidente para que podamos investigar nosotros”. Por supuesto no investigaron nada. Nosotros como querellantes ahora mandamos una carta al Episcopado informando de la causa, porque siempre dijeron que la Justicia no les dijo nada a pesar de que en el ’86, ya hubo una decisión. Todavía no nos contestaron pero la recibieron: les estamos pidiendo que se sumen a lo que exigimos, que es la pronta elevación a juicio. Y hacemos un reconocimiento por la actitud del obispo de La Rioja.

–¿Por qué cree que la Iglesia se presentó como querellante?

–Yo creo que el obispo decidió participar no tanto por iniciativa propia sino por el contexto, la ola general. Inicia un proceso de lavado. Pero con este gesto aportó el expediente paralelo, que era el que estuvo investigando la Iglesia.

–¿Se puede pensar una imputación para la iglesia?

–Hasta ahora hay 14 imputados, policías y militares de los cuales quedaron seis porque los otros están muertos. Todos son autores mediatos. Queremos que el juicio salga rápido porque se mueren en la impunidad, pero además porque hay que mostrar las complicidades civiles y eclesiales. Hay mucha documentación.

 

Fuente: Pagina/12

VIDAS PARALELAS

Horacio Verbitsky participó junto con expertos de doce países de Africa, América, Asia y Europa en la Conferencia Internacional sobre “Memoria, una perspectiva internacional y comparada”, que se realizó en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Lo que sigue es su informe sobre el lento pero intenso proceso de lucha por Memoria, Verdad y Justicia en el Brasil y su cotejo con lo sucedido en la Argentina.

 

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Por Horacio Verbitsky

 

En 1980, la Argentina tenía 28 millones de habitantes. La dictadura desapareció o asesinó en siete años a no menos de 15.000 personas, que podrían llegar al doble. El mismo año, Brasil tenía 119 millones de habitantes, entre quienes la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos estimó que la dictadura provocó en dos décadas 376 víctimas fatales, 136 de ellas de- saparecidas. El impacto proporcional fue así entre 170 y 340 veces menor, y diluido en un lapso casi tres veces más extenso. Además, el grueso de las desapariciones se produjeron en Araguaia, plena selva amazónica, entre estudiantes de clase media llegados desde San Pablo y otros lugares del país para instalar un foco guerrillero rural, lo cual redujo aún más el efecto social de sus asesinatos. Los militares brasileños pusieron a su economía en una senda hacia el desarrollo y una muy gradual inclusión social mientras sus camaradas argentinos destruyeron la avanzada industria preexistente, desgarraron el homogéneo tejido social y terminaron derrotados en una guerra con Gran Bretaña y los Estados Unidos. Utilicé este cotejo rudimentario como prólogo a mi exposición, para explicar el diferente recorrido postdictatorial de cada país y el enorme arraigo del movimiento en defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Ese fue el motor indispensable para salir del pantano del terror y la clandestinidad hacia la situación actual: ya han sido condenados 272 culpables por crímenes de lesa humanidad y fueron absueltos 20, en clara demostración de que rigen en plenitud las garantías del debido proceso, por las que nadie será castigado sin pruebas irrefutables en su contra.

Los usos de la amnistía

Creo que estuve a punto de obtener el efecto contrario, cuando pocos pero tenaces asistentes entendieron que minimizaba la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí, como si se tratara del campeonato sudamericano de mayor sufrimiento. Me explicaron entonces que además había 308.000 víctimas de la tortura y miles de campesinos e indígenas masacrados, cifras de las que no puedo dar fe pero que sirvieron para establecer que la proporción de las personas concernidas por esta problemática no será la misma que en la Argentina, pero su fervor es equivalente. La lógica de mi paralelo comenzó a verse mejor cuando la psicoanalista y actriz Cecilia Boal (viuda del creador del Teatro del Oprimido, Augusto Boal) llamó la atención sobre la escasa cantidad de estudiantes que asistían en el anfiteatro de la multitudinaria Universidad Católica a la conferencia organizada por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, la organización argentina Memoria Abierta y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Fue quedando claro que antes y después de las leyes y de las decisiones políticas, la clave reside en la extensión y la profundidad del reclamo y en la movilización social que lo respalda. Esa es la única verdad universal que se desprende de la experiencia argentina. Lo que parece imposible un día puede tornarse realidad en el futuro, siempre que la demanda social sea intensa y prolongada. En ese caso, las tácticas de cada etapa tienen importancia menor. Un ejemplo de ello fue la apertura de los juicios por la verdad, que Emilio Mignone solicitó en 1996 luego de la confesión del marino Adolfo Scilingo. El presidente fundador del CELS no se amilanó por la acusación de que renunciaba a la justicia para limitarse a reclamar la verdad, porque tenía plena conciencia de estar abriendo un camino cuando todos parecían ocluidos por las leyes y los decretos de impunidad. Mignone comprendió lo que el dictador Videla decía en privado en 1978 como parte de su diálogo promiscuo con la Conferencia Episcopal católica: de reconocer el asesinato de los desaparecidos deberían explicar “dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. Otra intervención significativa fue la de un profesor que inquirió por qué era tan bajo el número de procesados en la Argentina, lo cual se explica por el método clandestino de represión, que incluyó la impunidad de los perpetradores por medio de su anonimato, y por la renuencia de la mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos a exigir la responsabilidad objetiva por la mera ubicación de alguien en un organigrama.

Caravanas

El cierre de la conferencia, la mañana del viernes, coincidió con la 61ª Caravana de Amnistía, la forma itinerante de movilización en torno de los crímenes de la dictadura. La Comisión, presidida desde 2007 por el Secretario Federal de Justicia, Paulo Abrao, de 36 años, ha recorrido el país escuchando testimonios de las víctimas, en ceremonias catárticas que, como esto es Brasil, a veces incluyen canto y baile. Estos denominados juicios culminan con un diploma de amnistía y el pago de reparaciones económicas. Abrao trata de leer sentado las conclusiones de cada sesión, porque de pie sólo la cabeza de los muy altos llega a la altura de sus hombros. En esta sesión se juzgaron seis casos muy distintos que ilustran el amplio alcance de las caravanas: un profesor despedido en 1954 luego de anunciar un acto político; dos militantes presas, torturadas y condenadas a prisión; tres guerrilleros asesinados y uno detenido-desaparecido en el carnaval de 1974. Durante la sesión también se rindió homenaje a dos grandes figuras nacionales: Augusto Boal, que utilizó el arte como medio de organización política y social, y Luiz Carlos Prestes, ex capitán del Ejército y durante medio siglo líder del Partido Comunista, quien en la década de 1920 caminó 25.000 kilómetros al frente de una columna de 1500 rebeldes. A los argentinos, pero no sólo a los argentinos les confunde el uso de la palabra amnistía para estos ritos. Al músico gaúcho Raúl Ellwanger, quien durante el exilio estudió sociología en Chile y Buenos Aires y se convirtió en hincha incondicional del Globito de Parque Patricios, le suena a versión brasileña de la doctrina de los dos demonios. Abrao explica que se trata de una resignificación de la ley de amnistía de 1979, que permitió el regreso a Brasil de miles de exiliados pero al mismo tiempo eximió de persecución penal a militares y policías criminales. Según Abrao lo que faltó hasta 2007 fue el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y el pedido de perdón por parte del Estado, que es lo que procura el diploma de amnistiado que la Comisión entrega al concluir cada proceso individual, cuya duración se redujo de 120 a 45 días. El concepto de amnistía, dice, “dejó de enfocarse en el olvido para alinearse con los principios de reparación, verdad, memoria y justicia”. También se pusieron en práctica políticas de preservación de la memoria histórica y de educación para la democracia y los derechos humanos, lo que incluye el proyecto Marcas de la Memoria y el Memorial de la Amnistía Política, un centro de investigaciones y documentación, que se está construyendo en Belo Horizonte. “Había museos de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero no de la memoria”, explica Abrao. El Memorial incluirá lo que el presidente de la Comisión denomina “Espacios” para exaltar el derecho a resistir, las utopías, la revolución y las libertades democráticas, y repudiar el estado de excepción, la represión y los crímenes de lesa humanidad, todo “desde la visión de las víctimas”.

Eu me lembro

Otra resignificación de la amnistía propician quienes reclaman la apertura de procesos judiciales contra los autores de los crímenes dictatoriales. Los deudos de 22 víctimas de la represión en Araguaia iniciaron su peregrinaje judicial en cuanto concluyó la dictadura. Sólo pedían conocer el paradero de sus familiares, el hallazgo y devolución de sus cuerpos y la emisión de los respectivos certificados de defunción. Pero la Justicia consideró que la ley de amnistía tornaba innecesario un pronunciamiento que, además, declaró de satisfacción imposible por razones materiales. Recién en los últimos años la Comisión de Amnistía recogió el testimonio de los campesinos que fueron torturados sólo por haber estado en contacto con los guerrilleros, y que con un par de excepciones son los únicos sobrevivientes. Uno de ellos narró que los militares decapitaban los cadáveres. Su testimonio forma parte de Eu me lembro (o “Yo me acuerdo”, en remembranza tácita del Je me souviens, de Georges Perec), una película documental dirigida por Luis Fernando Lobo, exhibida en la Conferencia como parte del simultáneo Festival de Cine por la Verdad. Luego de innumerables idas y venidas por los distintos tribunales brasileños, los familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995, pocos meses después de la confesión de Scilingo en la Argentina. El 6 de marzo de 2001, el mismo día en que la Justicia argentina declaró nulas las leyes de impunidad en la causa Simón, la Comisión Interamericana consideró admisible la presentación por Araguaia. Ocho años después elevó el caso a la Corte Interamericana, alegando que el Estado tenía “responsabilidad en la detención arbitraria, tortura y de- saparición forzada de 70 personas”, que constituían “crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles”. El presidente Lula promulgó entonces un decreto elaborado por sus ministro Dilma Rousseff y Paulo Vanucchi, que creaba una Comisión Nacional de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos y localizar los restos de los detenidos-desaparecidos en Araguaia. El ministro de Defensa Nelson Jobim y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas amenazaron con sus renuncias y Lula aceptó ablandar el proyecto. La secuencia continuó en abril de 2010 (la fecha prevista para que comenzara a actuar la Comisión de la Verdad), cuando el Supremo Tribunal Federal Brasileño ratificó por 7 a 2 la vigencia de la ley de amnistía, en un claro mensaje a Dilma, la candidata de Lula a la sucesión presidencial. En noviembre de 2010, la Corte Interamericana falló en los mismos términos de la Comisión y declaró por unanimidad que la ley de amnistía es incompatible con la Convención Americana, carece de efectos jurídicos y no puede obstaculizar la investigación, ni la identificación y el castigo de los responsables. El Estado, responsable por la de- saparición forzada que viola los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, también ha faltado a las garantías judiciales al no investigar los hechos; a la libertad de pensamiento y de expresión al afectar el derecho a buscar y a recibir información, e incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia dispuso que el Estado iniciara ante la justicia ordinaria la investigación penal para esclarecer los hechos, castigar a los responsables, determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, identificar sus restos mortales y entregarlos a sus familiares.

Otro caso argentino

El Supremo Tribunal de Justicia no volvió a pronunciarse, pero dos de sus integrantes declararon en marzo de este año que no revisarían su propia sentencia. Sin embargo, en mayo de 2011 el mismo tribunal había concedido la extradición del ex mayor del Ejército argentino Norberto Raúl Trozzo, para que fuera juzgado por su participación en la masacre de Margarita Belén. Los jueces supremos de Brasil entendieron que los secuestros de las cuatro víctimas cuyos cuerpos no fueron hallados constituyen delitos continuados y permanentes, por lo que enviaron a Trozzo a la Argentina. Esto incentivó el reclamo de los familiares de las víctimas brasileñas, que invocan el principio de congruencia. Lo que vale para los argentinos, también se aplica a los brasileños, argumentan. Algo similar ocurrió en la Argentina, cuya Corte Suprema concedió la extradición de los asesinos nazis Franz Schwammberger y Erich Priebke y declaró imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad que cometieron, mientras regían las leyes de impunidad para sus homólogos argentinos. Pasado a retiro por la propia dictadura argentina en 1981, Trozzo apeló aquella decisión del ex dictador Leopoldo Galtieri y se atribuyó haber creado un Comando Azul y Blanco represivo como parte de “una cruzada”, que “me llevó a operar en otras regiones” como oficial de Inteligencia. En cumplimiento de su parte de la sentencia interamericana, el gobierno de Dilma Rousseff apuró la sanción de una Ley de Acceso a la Información. Así prohibió mantener en secreto cualquier información sobre violaciones de derechos humanos, volvió a reducir el plazo de reserva de documentos que Fernando Henrique Cardoso había llevado de 30 a 50 años bajo presión castrense, y dio libre acceso a todos los materiales reunidos en el Archivo Nacional. Al mismo tiempo creó una Comisión de la Verdad, que investigará todos los crímenes de la dictadura, aunque le atribuyó un alcance temporal excesivo para la duración de su mandato: en dos años deberá concluir la revisión de lo sucedido entre 1946 y 1988. Al poner en funciones a sus siete miembros independientes (entre ellos el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro, ex integrante de la Comisión Interamericana e investigador de la violencia policial), Rousseff se hizo acompañar por los cuatro ex presidentes que la precedieron: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Lula, como señal inequívoca de que estaba realizando una política de Estado. Dilma recordó que Collor hizo públicos miles de documentos militares, Fernando Henrique reconoció la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y Lula creó la Comisión de la Verdad. Estuvo al borde de las lágrimas cuando dijo que las nuevas generaciones y quienes perdieron a familiares y amigos merecen saber la verdad. Paulo Sergio vinculó la tarea de la Comisión con la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de práctica común en Brasil, que calificó como un legado terrible de la dictadura, a cuya erradicación contribuirán las investigaciones sobre el pasado que ahora se abren. El ministro Jobim intentó repetir con Dilma el juego que le había hecho a Lula, al recibir un documento de los militares con argumentos muy conocidos en la Argentina: la verdad reavivaría controversias del pasado, ya murieron muchos testigos y se perdieron los documentos y pruebas necesarios. Pero la presidente lo desembarcó sin contemplaciones del gobierno, pretextando unas declaraciones periodísticas inoportunas sobre dos colegas del gabinete. Aunque el gobierno envió al Tribunal Supremo un recurso oponiéndose a cualquier revisión de la ley de amnistía de 1979 ya se aproximan al centenar las causas abiertas por fiscales de distintos lugares del país para cumplir con el mandato internacional de investigar, identificar y castigar. El martes pasado los tres jueces de un tribunal civil de apelaciones de San Pablo confirmaron la decisión de primera instancia que identificó a un coronel de 80 años, conocido por el nombre de encubrimiento de Dr. Tibiriçá, como el responsable de las torturas aplicadas hace cuarenta años a varios miembros de una familia de militantes, que no reclamaron pena ni indemnización, sino sólo aquella verdad a la que tanto temía Videla. Y hace dos meses, el mismo torturador fue condenado a indemnizar con el equivalente de 50.000 dólares a la familia de un periodista muerto por la tortura en 1971, cuyo cadáver fue arrojado al paso de un camión para simular un suicidio. Paulo Abrao dijo que verdad y justicia son indisociables y complementarias y que el sistema democrático se ubica del lado de las víctimas y no de los represores. La aparición de fotos de la propia presidente con signos del castigo que padeció en su juventud, la identificación del militar que la torturó, muerto hace veinte años, y de imágenes de los cadáveres de periodistas y sacerdotes asesinados, cuyas muertes la dictadura quiso hacer pasar por suicidios, el hallazgo de archivos militares que las Fuerzas Armadas negaban conservar han causado conmoción y ratifican que también aquí la verdad y la memoria pueden ser caminos abiertos hacia la Justicia, siempre que la sociedad lo reclame con suficiente fuerza.

 

Fuente: Pagina/12

"HACE FALTA UNA NUEVA REFORMA"

En esta entrevista, el investigador Norberto Fernández Lamarra describe cómo inciden las desigualdades sociales en los sistemas universitarios de la región y propone “crear un espacio latinoamericano de educación superior para defendernos de los colonialismos”.

 

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“Si bien en la mayoría de los países latinoamericanos las políticas universitarias han tenido en los últimos años un carácter prioritario y las matrículas han crecido, las desigualdades sociales en las casas de estudio aún persisten y en algunos casos se han incrementado.” El presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, Norberto Fernández Lamarra, se basa en ese diagnóstico para plantear la necesidad de crear un espacio latinoamericano de educación superior y desarrollar “una nueva reforma universitaria” para antes de 2018, cuando se cumplirá un siglo de la histórica reforma surgida en Córdoba. Lamarra es vicepresidente del Consejo Mundial de Educación Comparada y director de Posgrados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

–¿Qué mirada tiene sobre los distintos modelos de educación superior a nivel regional?

–A pesar del crecimiento en la matrícula universitaria, América latina aún mantiene y en algunos casos ha incrementado una situación de injusticia, castigando a los sectores sociales más bajos. Tomemos el caso de Brasil. Allí la desigualdad se da en el acceso a la educación. Los chicos de bajos recursos no logran ingresar en la universidad pública, porque compiten en el examen vestibular con quienes vienen de enseñanzas medias de mejor calidad. Entonces terminan en universidades privadas baratas y de muy baja calidad. En México pasa algo similar, el problema también está en el acceso. Y los estudiantes de bajos recursos terminan en lo que llaman universidades “patito”, de baja calidad. Un caso más injusto todavía, inexplicable en democracia, es el de Chile, que ha mantenido el sistema elitista de la dictadura.

–¿Qué otros modelos latinoamericanos pueden ponerse en debate?

–Cuba y Venezuela. Con el sistema de municipalización de la educación, Cuba ha alcanzado el nivel de escolarización casi de Estados Unidos, alrededor del 65 por ciento de los chicos en edad universitaria están en la universidad y se gradúan. El problema es que no hay trabajo para todos, y muchos terminan en áreas que no se relacionan con lo que han estudiado. Por otro lado, el modelo de la universidad bolivariana ha ampliado notablemente el acceso a las universidades venezolanas, que eran bastante restrictivas. En los dos casos, el interrogante es la calidad. En la Argentina, el interrogante es la retención. Para Brasil, es ver si el sistema público puede recibir no sólo a los de clase media y alta sino también a los sectores más castigados. Para Chile, donde un joven se gradúa con una deuda equivalente a un departamento, el desafío es terminar con la herencia de la dictadura.

–¿Cuáles cree que son las virtudes y debilidades del sistema universitario argentino?

–Argentina es el único país en América latina que tiene en su área urbana una red tan significativa de universidades nacionales, además de tener por lo menos una universidad pública en cada provincia. Nuestra gran virtud es que recibimos a los sectores medios y bajos en la universidad, pero el mayor problema es que no los acompañamos adecuadamente para que avancen en los estudios y se gradúen. Hasta los últimos años estábamos acostumbrados a atender a poblaciones relativamente homogéneas e integradas, con una formación pareja, pero ahora llegan a la universidad chicos de sectores medios bajos, en su mayoría primera generación de estudiantes universitarios. Nuestra responsabilidad es lograr que estos sectores también puedan graduarse, todo un desafío de política universitaria.

–¿Cómo enfrentar ese desafío?

–En primer lugar, debemos pensar que con la universidad estamos formando para 2030, debemos pensar en el largo plazo. Las universidades deben ayudar a mejorar la escuela secundaria. Esto es prioritario. El país necesita buenos graduados del nivel medio, sigan o no en la universidad. La deserción en la enseñanza media se debe a factores sociales y económicos, pero también a cierto desinterés. Exagero con lo que digo, pero materia más, materia menos tenemos el mismo colegio que en 1862 creó el presidente Mitre para formar a las elites dirigentes. Luego se incorporaron los sectores medios, sobre todo con el radicalismo, y luego, con el peronismo, los sectores más bajos. Llegamos a los últimos cuarenta años, con dictaduras, políticas neoliberales y errores de la democracia que nos dejaron importantes sectores marginados. Para estos sectores hay que diseñar una escuela que los atrape para que puedan terminarla, ahora que es obligatoria.

–¿Cuáles deberían ser los pasos siguientes?

–Hay que pensar a qué universidad van a entrar, ¿a una que los expulse en el primer o segundo año? Hay que recibirlos en una universidad que les ayude a dar el paso hacia modalidades del conocimiento que lamentablemente no recibieron. Otro punto es repensar el modelo universitario. En muchos casos estamos usando el modelo histórico de la UBA, de Córdoba, y debemos pensar un modelo más inclusivo. Hay que repensar los planes de estudios, tenemos todavía una universidad basada en la estructura de las disciplinas. Es decir, empezamos por los fundamentos, por lo teórico. Y para quienes tienen debilidades en su formación, empezar por lo teórico no es lo más fácil ni lo más atractivo. Lo teórico puede incorporarse gradualmente para complejizar lo inicial. Hay que repensar la duración de las carreras, hoy tenemos carreras de cinco o seis años con una duración promedio de graduación de ocho o nueve años. Podemos discutir títulos previos al grado. Todos estos temas son muy complejos de llevar a la práctica, pero hay que a debatirlos. Los universitarios no estamos acostumbrados a debatir sino a defender nuestros compartimentos.

–Volviendo a una mirada regional, ¿en qué situación está el debate universitario en los países latinoamericanos?

–En América latina ha avanzado mucho el mercado sobre la universidad, pero todavía tenemos reflejos de la Reforma de 1918. El gran compromiso que tenemos los académicos latinoamericanos para antes de que se cumpla el siglo de la reforma es tener la propuesta de una nueva reforma que tome los principios básicos de los estudiantes de Córdoba, pero con propuestas de un nuevo mundo. Para eso tenemos que crear un espacio latinoamericano de educación superior, para poder defendernos de los embates de los colonialismos. Tenemos que unirnos, no para rechazar al resto del mundo, sino para aceptarlo desde nuestro propio pensamiento. Necesitamos nuestro propio proyecto.

 

Entrevista: Agustín Saavedra.

 

Fuente: Pagina/12

CADENA DE MUERTES

Por Alejandra Dandan

 

El juicio todavía no empieza. En la calle, entre quienes todavía no saben que el comienzo se postergó hasta la tarde, está el cura Gonzalo Llorente, parte de las comunidades eclesiales de base que cuando tenía 19 años y todavía no era sacerdote dejó la militancia en la JUP de Buenos Aires para venirse a formar parte de la primera experiencia de uso y tenencia colectiva de la tierra, impulsada en Vichigasta por el obispo Enrique Angelelli. Por esa experiencia se exilió primero en la capital de La Rioja y después en Buenos Aires, cuando fusilaron a uno de sus compañeros, el laico Wenceslao Pedernera, cinco días después de que arrojaran los cadáveres de los dos curas Carlos Murias y Gabriel Longueville en un espiral –como alguna vez lo llamó el obispo– que terminó quince días más tarde con la ejecución de Angelelli. La pelea por la lectura en sucesión de estos casos es uno de los ejes de este juicio. Aquí, el hombre que luego volvió a Buenos Aires a ordenarse de cura y ahora es sacerdote de Chepes vuelve despacio, desde la ventana de un bar, a esa historia que siguió a comienzos de agosto de este año con un encuentro con su obispo en la región de los llanos.

“Creo que en La Rioja se han acallado las voces de nuestro pueblo con distintos manejos, y esto del inicio del juicio oral y público es como una puerta que se abre. Es como que nos quedamos callados frente a tanta impunidad, como resignados. Sí nos falta como Iglesia no predicar la resignación, y la presencia acá como curas es alentar. Este juicio alienta nuevas esperanzas, por eso uno está acá, porque no queremos que se frustre, y no queremos más la resignación ni la impunidad. Empezaremos con los curitas, con Wenceslao y el pelado (Angelelli). La sociedad civil nos ha dado muchas lecciones a la sociedad religiosa, a la que se nos ha metido esto del perdón y del olvido y esto que muchas veces la Iglesia es cómplice en su silencio o actitudes y eso es como que también nos ha ido metiendo esa falsa conciencia, porque estoy seguro de que Dios no quiere esto, menos cuando el otro no hace ningún gesto de culpa o arrepentimiento.”

–¿En quién está pensando?

–En Videla, en Menéndez, en Estrella (comodoro Luis Fernando acusado en el juicio), en Vera (ex comisario Domingo Benito también acusado), en los que mataron a Wenceslao frente a la familia con saña y con odio y nosotros nos hemos quedado callados, uno siente culpabilidad en los silencios.

–¿Estuvo con Wenceslao?

–Compartí bastante. Estuvimos trabajando juntos en un campo, en la lucha por la tierra donde uno está en la zona rural porque se siente inclinado vocacionalmente por estos sectores de nuestra gente, porque lleva la tierra en el corazón. Con Wences estuvimos juntos un año y medio en la lucha con monseñor Angelelli en la zona de Vichigasta, un campo que se llamaba La Buena Estrella. Ahí trabajamos con Carlos y Rafael y Wences del movimiento rural, con Coca, su esposa, y sus hijos. Eso empezó después del fracaso político que hubo frente a las traiciones de Carlos Menem en la primera gobernación y de los sectores justicialistas y radicales, que en ese momento no quisieron expropiar el latifundio a Salinas, que estaba en otro lugar.

–¿En qué año fue? ¿Qué pasó?

–Fue para el año ’72, ’73. Monseñor llegó a La Rioja en el ’68 y una de las realidades que descubrió con su oído atento era que la situación del hombre rural era de las más postergadas: todos en negro, a la gente que era empleada le pagaban miserias o solamente vivían porque los dejaban estar en el campo, no le pagaban sueldos, les dejaban tener sus gallinitas y algunas cabritas. Todo eso reclamó la conciencia de monseñor y de la Iglesia. Quiso dar respuesta a esa realidad y vinieron los del movimiento rural diocesano, que era como la juventud obrera católica, pero en la zona rural, preocupados por el sentido de justicia, por las estructuras de pecado que padecía el hombre de campo. En ese momento había un latifundio improductivo e hizo una propuesta de cooperativa. Cosa que fue muy rechazada y creo que la muerte se puede leer con muchos argumentos desde el conflicto con la tierra. El conflicto más virulento que tuvo con los empresarios y la oligarquía de La Rioja era por el tema de la tenencia de la tierra, por un sistema de manejo de la tierra muy injusto y muy atropellador.

–¿Qué pasó con la propuesta de la cooperativa?

–Su idea era expropiar ese latifundio que lo habían tomado los dueños de una forma muy injusta, despojando a la gente, y buscaba formar una cooperativa de trabajo que beneficiaría a unas setenta familias. La propuesta estaba apoyada por el trabajo de las hermanitas que estaban allí y la gente del movimiento rural. Carlos Menem en campaña primero dijo que sí, pero cuando asumió, en la Legislatura se desató una lucha por la expropiación y allí los legisladores se opusieron a entregarla a la cooperativa. Querían hacer parcelamientos individuales. Y el obispo lo sintió como una traición muy dura.

–¿Qué dijo?

–Angelelli lo expresó en misas radiales (que hacía todos los domingos hasta que se lo prohibieron después del golpe). Al final no se hizo nada. Nunca se expropió, pero fue un golpe duro porque él tenía mucho aprecio al trabajo de la gente por el campo, pero a la vez porque veía que eso podía tener efecto multiplicador sobre el uso y tenencia de la tierra.

–¿Ahí empezó la persecución?

–Todavía no. A partir de una donación de las Hermanas de la Asunción en Palermo, se compraron unas tierras. Ahí me vine yo de Buenos Aires a La Rioja para sumarme a esa experiencia con Wensceslao y Carlos y Rafael. Armamos una cooperativa, integramos la economía, había un trabajo sobre 340 hectáreas con riego. Ya a fines del ’75 estaban todas las amenazas de la Triple A. Angelelli nos dice: “Changos, yo les voy a pedir que salgan de aquí porque no les voy a poder garantizar la seguridad, y ahí fue cuando Wensceslao se fue a Sañogasta con su familia, que estaba cerquita del primer lugar. En ese momento, la amiga de un cura francés le compró una tierra para que puedan vivir. Nosotros nos vinimos aquí a la capital de La Rioja. Y el 25 de julio de 1976 lo mataron, lo acribillaron frente a la familia violentamente.

–¿Hacía cuánto que se habían ido?

–Nos fuimos a fines del ’75, o sea que fue medio año después. Yo me vine a La Rioja, cuando lo mataron a él me volví a Buenos Aires. Yo estaba solo, tenía 19 años cuando llegué en el ’73, tenía una militancia política en unos barrios, pero también en la juventud universitaria peronista, después entré al seminario en el ‘78.

La pastoral de los mártires

–Acá –dice Gonzalo– el que lideraba el proyecto de construcción de vida y popular era monseñor Angelelli, creo que era el que aglutinaba todas las fuerzas diríamos revolucionarias de ese tiempo, de transformación de la sociedad, de un modelo más social, socialista. Me parece que estaba bien identificado en la construcción del reino, pero un reino de vida para todos, donde todos tengamos lugar. A partir de esta militancia, yo descubrí un rostro del pobre, de la situación de opresión y por eso me vine. Dejé el peronismo para involucrarme en una militancia más desde la Iglesia, que tenía muchas afinidades con el proyecto peronista, con algunos laicos y muchos otros compartíamos la mirada del proyecto. El que conducía los sueños y la construcción de las organizaciones barriales, de trabajos comunitarios, de un modelo distinto del uso de la tierra y la tenencia a partir de esas orientaciones de Medellín y San Miguel era Angelelli. La gente que vivió esa Iglesia era de Dios, y uno está convencido de que son mártires: si los mataron era para acallar una Iglesia, para acallar una voz, por eso es una memoria que nos interpela, nos compromete y seríamos muy incoherentes si no rescatamos ese compromiso y esa lucha que llegó hasta derramar la sangre.

–Hubo un acto el último 18 de julio. El obispo no dijo mártires, sino supuestos mártires, como si aún a la Iglesia le costara reconocer.

–Eso es. La estructura de la Iglesia es una estructura pesada que la vamos haciendo caminar, y uno tiene esperanzas de hacerlo. Este dictamen del juez de declarar a la muerte de Angelelli como premeditada, que no fue un accidente sino un asesinato, ayudó. El Episcopado recién ahora dice que fue así. El 5 de agosto pasado celebramos una misa en los llanos con el obispo de acá. En esa zona seguimos alentando ese espíritu de la pastoral quizá porque nos ha tocado más de cerca el martirio. Pero vino el obispo a compartir la eucaristía. Leyó la carta del Episcopado, donde expresa y hace suyo el dictamen de la Justicia civil que hasta ahora había silenciado. Una cosa que nos duele profundamente es que todavía no se ha podido iniciar la causa de beatificación porque no estaba el dictamen, ahora ya está, depende de nosotros.

–¿Qué harían ellos si siguieran acá?

–Carlos era joven y tenía muchas expresiones interesantes. Los 18 de julio se hace una peregrinación juvenil, y se va haciendo memoria, rescatando lo que ellos vivieron y tratando de que a ellos se los interpele hoy. Los imagino en la lucha de hoy, que es el tema del campesinado. Angelelli alentaba la organización popular, aunque hagan el grupo de la remolacha, decía. Ahora muchos campos se están vendiendo. Como se corrió la frontera agrícola, valen más para la crianza de ganado, y los que llegan ya no tienen relación con los vecinos que entonces se quedan sin campo para hacer andar a sus cabras. Porque vivir en el campo en nuestra zona es muy difícil. Tenemos 300 milímetros de agua en el año y siempre la plegaria de nuestro pueblo es la lluvia. Ahora, en agosto empezamos, seguimos en septiembre y octubre: todas las misas para que nos llueva. Si no llueve tienen que traer agua del pueblo o vender los animales y en este tiempo estamos con sequía grande. No es fácil. Y el sentido de la vida es cuando vos tenés desafíos y sueños, que se hacen de la construcción y de la escucha y no de esperar que el otro se resigne a darme algo o llevarme el agua.

 

Fuente: Pagina/12

DOS MUERTES COMO MENSAJE A ANGELELLI

Cristina Murias, hermana de uno de los curas asesinados en la Rioja. Empieza el juicio por el homicidio de Carlos Murias y Gabriel Longueville, los dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Angelelli, quien investigó sus muertes y también fue asesinado.

 

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Por Alejandra Dandan

 

“Para mí lo que pretendieron cuando matan a Carlitos y a Gabriel es darle un mensaje al obispo: un mensaje para que se calle la boca, porque cuando hace la misa de cuerpo presente Angelelli dice: ‘Me pegaron donde más me dolía’”, dice Cristina Murias, la hermana de Carlos, uno de los dos curas mártires de Chamical. “Angelelli hizo la misa. Lloraba a moco tendido, no se preocupaba. ¡Cómo lloraba desde el púlpito! Y decía: ‘¡Donde más me dolía! Porque a Carlitos yo lo conocía desde los 12 años y yo lo ordené!’. Por eso yo creo que empiezan por Carlitos, y aparte porque los tenían a mano.”

Treinta y seis años después empieza el juicio por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, parte de la pastoral del obispo Enrique Angelelli, en una parroquia de Chamical. Los secuestraron el 18 de julio de 1976, los tuvieron en la Base de la Fuerza Aérea del pueblo y arrojaron los cuerpos muertos dos días después con los ojos vendados y marcas brutales de tortura. Angelelli, que había ordenado a Carlos en Buenos Aires, celebró la misa de cuerpo presente. Cinco días más tarde fusilaron a un laico y quince después ejecutaron al obispo en el falso accidente de ruta que la Iglesia siempre ocultó junto con una carpeta con las investigaciones de los crímenes. El juicio empieza en una trampera llena de pedidos y contrapedidos de los dos acusados para que se detenga. Pero finalmente estamos aquí. La persecución a la pastoral y el trabajo de los curas por las tierras con el movimiento campesino será eje del juicio.

–¿Carlos había recibido amenazas?

–El 24 de marzo lo que empezó fueron las detenciones. Dos curas fueron detenidos, pero lo que hacían eran detenerlos en la ruta cuando iban de un lado a otro, les hacían parar el auto. Los tenían cuatro o cinco horas interrogándolos y los dejaban ir. También con las monjas. Después los citaban a la Base. A Carlitos lo citaron en junio, lo sé por él. Lo acompañó otro cura. Le dijeron: “¡Qué cristianismo es el de ustedes! ¡Eso no es cristianismo!”. Entre marzo y junio hubo muchas citaciones. Después vino Augusto Pereyra, lo citan, no va y caen a buscarlo a la casa de una feligresa. Y tiene que ir. Decían que Chamical era un nido de guerrilleros. Ahora yo creo que Carlitos lo presentía.

–¿Por qué?

–Lo vimos en junio (en Córdoba) cuando murió papá. Le dijimos que se cuidara. “No creo que se animen con un obispo”, nos dijo. Cuando vuelve a Chamical, aparece De Tomasso (alguien cuyo nombre está en la causa, ligado a otra escena en la que un comodoro de apellido Bario aparece a comienzos de los ’70 como dueño de una extensión de 68 mil hectáreas en el oeste de Chamical. Carlos, Gabriel y Angelelli trabajaban con los campesinos ahí para intentar alguna organización contra los que querían embaucarlos. Aquel De Tomasso reapareció en Córdoba mientras se llevaban adelante esos trabajos). Un día nos dijo: “¡Díganle a su cuñado que se calle la boca!”. Esa noche fuimos al teléfono de mi mamá. Llamamos a Carlitos y nos dijo: “No vuelvan a llamar a la parroquia, ni me hablen desde lo de mami. No importa, nosotros ya sabemos”. ¡Cómo no iban a saber, si la Base estaba enfrente de la parroquia! O sea, no había que decirles a los militares qué hacían ellos.

–Un día antes del secuestro Carlos dio una misa.

–Cuentan las feligresas que va a dar misa en la parroquia de Santa Bárbara. Y cuando termina la misa dice: “Recen por este cura que está amenazada la vida”. Cuando (uno de los dos acusados del juicio, el ex comisario Domingo Benito) Vera las cita a declarar, le cambian lo que dicen. Vera siempre manejó la causa, desde el primer momento.

–¿Cómo vive este momento?

–Con una terrible ansiedad, con mucha angustia porque en esta provincia somos minoría y esperando que al final salga la verdad. Durante todos estos años he tratado de aportar todo. Pero estoy esperando, esperando que al final el bien triunfe sobre el mal.

–¿La angustia es por lo que usted llama blindaje político de los acusados?

–Yo veo que Vera, oriundo de Chamical y del que todo el mundo sabe que estuvo ahí, porque lo vieron, porque dejó de ir a la Iglesia, nunca estuvo preso en estos 36 años. Tiene parientes en la cámara de Chamical; su abogado los tiene en el superior tribunal, y así. Yo veo que tiene mucho respaldo político. Y la angustia es porque ya en una oportunidad la Justicia provincial hizo un juicio con sólo dos imputados (dos ex convictos); ningún juez encontró conexiones locales, fueron absueltos y terminamos prácticamente con nosotros imputados. Ahora me da miedo de que pase lo mismo, pero me alientan los abogados, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y el fiscal de Córdoba.

Cristina acaba de llegar de Córdoba con su hermana. Revuelve unas carpetas y desde adentro de una bolsa saca dos fotos chiquitas en blanco y negro. El cura Carlos bautiza a uno de sus hijos. Era enero de 1976. En la foto Carlos la abrazó: “A mí me dijeron que ese abrazo me iba a acompañar toda la vida –dice–, así, acá, me lo imagino en el juicio”.

 

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