CASTIGO

Hay una lógica que se repite de manera invariable a través de los años en estas latitudes del sur. La cultura del castigo y la represión como toda solución para remediar cualquier problema. Además, si hay jóvenes en el medio, esa cultura de la represión, encuentra el más alto consenso y el más profundo de los ensañamientos.En estos días aparecieron proyectos que proponen castigar a los pibes con la prisión de sus padres. El titular del diario anuncia: “Piden arrestar a padres de pibes alcoholizados”.El tema se viene discutiendo en varias provincias, y el que tomó la delantera con la propuesta de apresar a los padres de los adolescentes que se emborrachen es el intendente de la localidad bonaerense de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien enviará un proyecto al Concejo Deliberante en los próximos días. El plan se denomina Servicio Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia en Actividades de Esparcimiento Nocturno, y en uno de sus puntos más polémicos propone impartir castigos como las tareas comunitarias, el pago de multas y hasta el arresto para los padres de menores que sean encontrados “ebrios o intoxicados con narcóticos”.Ya desde el nombre el plan tiene un tufillo extraño.Hablar de “Protección a la niñez y la adolescencia...” y al mismo tiempo, proponer meter en cana a los padres, en principio parece contradictorio.¡Castigo para los menores! y por si no alcanzara, por si no fuera suficiente... ¡Castigo para los padres de esos menores!...Esa parece ser la consigna, la fórmula mágica elucubrada por las mentes brillantes que postulan leyes más severas para terminar con todos los males...Si los pibes se emborrachan ¡Castigo!, si se drogan ¡Castigo!... Como alguna vez se los castigó por pensar, por pelear por el boleto estudiantil o, simplemente, por tener el pelo largo.Nada de preguntarse por qué se emborrachan o por qué se drogan... No les importa, o tal vez teman encontrar el reflejo de sus rostros en la respuesta.¡Castigo! ¡Arresto para esos padres que no se ocupan de sus hijos! Y así este barrio del mundo será un paraíso envidiado por toda la civilización.Un lugar solo habitado por gente sana, normal, predecible...Ese es el discurso que se baja a la sociedad, y lo peor es que una buena parte de esa sociedad termina comprándolo y lo repite incansablemente en el almacén, en el kiosco, en la tienda, en el bar... La solución que impondrá el castigo se multiplica en los llamados de los oyentes a los medios, en las cartas de lectores, en los correos electrónicos... Hasta que todos lo aprendamos y lo repetimos de memoria, como a las tablas de multiplicar.Si abandonaran la demagogia y revisaran los números del desamparo, quizás podrían cruzarse con las razones de la borrachera, con las razones de la droga... Quizás descubrirían que seis de cada diez jóvenes son pobres en la Argentina. Se enterarían que la deserción escolar aumentó en la misma proporción que lo hizo la pobreza. Que dos de cada tres jóvenes no llegan a terminar la secundaria o tienen capacidades mínimas de lectura.Que cada vez se hace más compleja la inserción de nuestros pibes al mundo laboral...Quizás sería tiempo de usar las neuronas en generar proyectos que ataquen las causas y no los efectos del problema.Los impulsores de la ley alegan que pretenden terminar con lo que llaman “la previa”, “donde los pibes consumen alcohol en bares o maxiquioscos desde horas antes de su concurrencia a los boliches... Tendrían que entender que la verdadera “previa”, la que les jode la vida a nuestros jóvenes, sucede mucho antes de la entrada al boliche; sucede cuando les arrebatan el futuro, sucede cuando los dejan sin sueños, sucede cuando los hunden en el vacío y el desencanto.

LA POLÍTICA SOCIAL COMO ESPECTÁCULO

Dos vistazos sobre los medios y su capacidad de incidir en la construcción de perspectivas sobre la política y la sociedad. Nicolás Rivas Licenciado en Trabajo Social de la UBA, explica cómo desde la comunicación se edifica también una mirada sobre los problemas sociales.

Después de sincerar la influencia de los medios de comunicación en nuestra vida cotidiana, se presenta el desafío de adentrarse en esa forma, en los modos en que esta influencia va configurando abstracciones que adquieren sentido cuando los hechos son nombrados, son armados con palabras, con imágenes. La imposibilidad de estimar el grado o los grados porcentuales de lo que “está afuera” (esa influencia analizada en extremo que hasta nos lleva a pensarla en perspectiva analógica) desnuda a desgano nuestro reconocimiento –pequeño atentado a la celebrada y ansiada autonomía del sujeto– de que ese afuera probablemente no existe: ese afuera ya está adentro y forma parte del “imaginario colectivo”; del modo que tenemos de interpretar a la sociedad. Lo que cambiará será nuestra ubicación (individual y colectiva) en las distintas y heterogéneas clasificaciones que a diario cuadriculan las instituciones –con sus lenguajes, sus marcas, sus proyectos– como parte constitutiva y constituyente de nuestra comunidad.

Los que trabajamos en el campo de las “políticas sociales” –cuando podemos corrernos de la lupa medidora de la influencia y logramos adentramos en la constitución de ese imaginario colectivo– reflexionamos acerca del modo en que determinadas situaciones se convierten en “problemas sociales” y logran instalarse como demandas institucionales. (En este campo de las políticas sociales se incluyen tanto las llamadas prestaciones universales –salud, educación, seguridad social, etcétera– como al abanico de programas que tienen como objetivo la asistencia a poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y/o desempleo transitorio o jóvenes que no estudian ni trabajan, etcétera.) Pero no todas las consecuencias de la denominada “cuestión social” se convierten en “problemas sociales” y logran instalarse como demandas de la sociedad –o de un sector– a las instituciones: las relaciones de fuerza, el umbral de tolerancia social, la predisposición de las burocracias y la legitimidad del reclamo –entre otras– formarán parte de ese entramado.

El discurso de los medios de comunicación también contribuye a moldear la construcción de esos problemas sociales. Estas operaciones distorsionan la presencia de derechos sociales negados apelando a sensibles sustitutos que borran la desigual distribución del ingreso cristalizando la inequidad social. En la mayoría de las situaciones se asocian a otras manifestaciones que, formando parte de ese (nuestro) imaginario colectivo, toman distancia y acorralan a la pobreza para ubicarla próxima, naturalmente, al delito, la pena y el castigo. A veces son presentados con caras –palabras, imágenes, sonidos– cercanas al efecto provocador de lástima (chicos pobres y con mocos, basura al lado de la casa, alguien llorando y, en lo posible, música con sentido). En otros casos toma la forma de caos de vecinos indignados que, por lo general, culmina con el clásico “volvemos a estudios” y continúa con una editorial que reclama pena y sanción. Lástima por un lado y castigo por otro. Del derecho negado ni noticia.

De esta manera, la adicción se convierte en un hecho de inseguridad (porque los que delinquen son adictos), la juventud es violenta (porque son jóvenes sin valores ni proyectos), los desocupados que protestan son un problema de tránsito que ya forma parte de los informes de la radio, de la tele (¡y hasta de los gps!), los que necesitan programas sociales de empleo son parte del clientelismo político (que siempre tiene la costumbre cíclica y con regularidad menstrual de aparecer semanas antes de las elecciones) y los que resisten el desalojo de una vivienda –porque no tienen casa propia y lo que reclaman es tener acceso a una propiedad...– son sólo sujetos que violan –usurpando– el derecho a la propiedad privada (y pública ahora también en la ciudad de Buenos Aires).

Uno de los saldos que ya forman parte de estas contemporáneas discusiones en torno de los medios de comunicación es el camino iniciado –y que estamos transitando– que nos lleva a dejar de representarlos como artefactos para interpretarlos como empresas que, entre otras cosas, comercializan audiencias en busca de rentabilidad. Cuando en el preproyecto de ley de Servicios Audiovisuales se habla de inclusión de nuevos sujetos (cooperativas de servicios públicos, universidades, fundaciones, el Estado en sus tres niveles, sindicatos), las tan mentadas “nueva voces”, no se está diciendo que –de aprobarse este proyecto– habrá más personas hablando en un escenario ya construido por los mismos que hoy poseen la posibilidad de decidir quién habla y quién no. Lo que se está diciendo es que habrá nuevas perspectivas, nuevos abordajes, nuevos constructores de agenda; nuevas maneras de representar la realidad.

No se trata de que sigan siendo los mismos los que les den –casi de modo filantrópico, caritativo o por pose progresista– la voz a quienes no tienen voz para convertirse en voceros de los excluidos, sino de que sean esos silenciados los que tengan la posibilidad de elegir cómo hablar y mostrar y decir.

LOS PEREJILES

El 70 por ciento de las causas sobre drogas son por tenencia. En porcentaje abrumador, son varones jóvenes de clase media, sin antecedentes y que no cometían otro delito al ser detenidos.

De las causas por infracción a la Ley de Estupefacientes registradas en la ciudad de Buenos Aires, en menos del uno por ciento de los casos se condenó a alguien; en menos del cinco por ciento de los casos la imputación era por tráfico de drogas, ya que la inmensa mayoría era “tenencia”. Así lo señala una investigación –presentada en el último Congreso Nacional de Sociología Jurídica–, que procesó los (escasos) datos existentes al respecto. El perfil probable del imputado por drogas puede sorprender: joven, de clase media, con estudios secundarios o superiores, con trabajo estable. Los datos no avalan la vinculación entre delito y uso de drogas: el 94 por ciento de los imputados no tenía antecedentes penales y sólo el 11 por ciento había sido detenido en ocasión de otro delito. En rigor, en la mayoría de los casos la captura obedeció “a que la policía sale a cazar consumidores para ‘hacer estadística’”, según graficó uno de los autores del estudio. Este investigador puso en duda que el reciente fallo de la Corte Suprema revierta la situación, ya que “las prácticas policiales no siguen los ritmos de las decisiones judiciales y, además, muchos jueces federales podrán seguir sosteniendo otra línea de jurisprudencia”.

El estudio –“Análisis de la aplicación de la ley 23.737 en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires”– fue realizado por Alejandro Corda (docente en la Facultad de Derecho de la UBA) y Pablo Frisch (investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), en el marco de la Asociación Civil Intercambios; se presentó en el IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica.
En dos relevamientos, que totalizan 671 causas en juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires, “los datos se repetían”. En la ciudad de Buenos Aires, el 95 por ciento de las causas había sido iniciadas por la Policía Federal Argentina: “Un 90 por ciento por comisarías, y el cinco por ciento por divisiones especiales”, es decir, no como fruto de investigaciones judiciales. Según explica Alejandro Corda, “la policía, en la medida en que necesita ‘hacer estadística’, sale a cazar consumidores en lugares donde tiene control territorial: los policías saben en qué plazas están los pibes que se juntan a fumar porro; así se genera la ficción de una ‘lucha contra el narcotráfico’”.
Corda –que además es secretario en un juzgado federal– observó que “por más que el detenido sea sobreseído, tuvo que pasar la noche en la comisaría, le quedó registrado el antecedente y los policías de su barrio ya saben que tuvo una entrada por droga”.

Cuando las causas llegaron a los juzgados –continúa la investigación–, “el 70,1 de las imputaciones se consideró tenencia de estupefacientes para consumo personal, el 23,9 por ciento se tipificó como tenencia simple y un 4,7 por ciento como tráfico de estupefacientes”. En cuanto al estado de las causas, “el 40,6 por ciento se habían sobreseído, el 26,9 por ciento habían sido desestimadas o archivadas, 24,9 por ciento continuaban en trámite; tres por ciento se había suspendido por ‘medida de seguridad curativa’ (tratamientos compulsivos); 0,2 por ciento, suspendidas por ‘medida de seguridad educativa’ y 0,2 por ciento por ‘probation’. Sólo el 0,7 por ciento de los casos terminó en condena.

Según uno de los relevamientos, el 94,02 por ciento de los imputados no tenía antecedentes penales, y el 97,8 por ciento no había estado nunca en la cárcel.
Más de dos tercios de los detenidos tenía menos de 30 años. El 35,7 por ciento tenía entre 21 y 30 años; el 30,7 por ciento, entre 18 y 20; el 13,5 por ciento, entre 11 y 17; el 12 por ciento, entre 31 y 40; el 3,5 por ciento, entre 41 y 50; el 2,2 por ciento, 51 años o más, y para el 2,5 por ciento no constaba la edad.

En cuanto al nivel habitacional, el 30,7 por ciento vivían en departamento y el 22,7 por ciento en casa; sólo el 6,2 por ciento de los detenidos vivían en “villas urbanas o suburbanas” y apenas el 0,5 por ciento en “casas tomadas o abandonadas”; 3,2 por ciento en hoteles o pensiones; 1,5 por ciento en inquilinatos; 1,2 por ciento en “barrios obreros”. El resto, no constaba tipo de vivienda.
Sólo el 8,5 por ciento eran “de-socupados”. El 39,9 por ciento tenía “trabajo permanente”; el 11,7 por ciento, “trabajo temporario”; el 14,7 por ciento eran “estudiantes”; el 1,1 por ciento, “amas de casa”; el 0,2 por ciento, “jubilados”, y el resto no constaba.

El 92,8 por ciento de los apresados eran varones. El 73,3 por ciento eran solteros; 15,4 por ciento, “casados o concubinos”; 2 por ciento, divorciados. El 88 por ciento eran argentinos; el 5,7 por ciento “extranjeros de países limítrofes”; el 2 por ciento, “de países no limítrofes”.
En cuanto al grado de instrucción, siete de cada 10 detenidos tenían nivel secundario completo o incompleto: el 36 por ciento, “secundario incompleto”; el 26 por ciento, “primario completo”; el 17 por ciento, “secundario completo”; 4 por ciento “terciario o universitario completo”; 4 por ciento, “terciario o universitario completo”; 2 por ciento, primario incompleto o “sin estudios”.

El 88 por ciento había sido detenido en la vía pública: los barrios con más cantidad de detenciones fueron Balvanera, Belgrano, Almagro, Flores y Palermo. El 85 por ciento “no había sido detenido en ocasión de la comisión de otro delito”; 11 por ciento “había sido detenido en ocasión de otro delito”; el resto “no constaba”. Sólo el 3 por ciento “tenía armas al momento de la detención”. Respecto de lo incautado, “el 87 por ciento era marihuana o cocaína de menos de cinco gramos; el 5,4 por ciento, entre 5 y 10 gramos; 7,6 por ciento, más de 10 gramos”.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires –siempre según datos parciales, los únicos disponibles– “la mayoría de las detenciones se produjeron durante los meses de vacaciones y en general en plazas o playas”; al mismo tiempo, la mayoría de los imputados “se domicilia en zonas marginales, en barrios de características humildes o en zonas de villas miseria o asentamientos periféricos”; también “la mayoría tiene entre 20 y 30 años, concentrándose entre los 20 y los 23”. Y “las justificaciones utilizadas por las fueras de seguridad para la detención se encuentran cargadas de arbitrariedades”.

En el territorio bonaerense, la investigación destaca el cambio producido desde que, a fines de 2005, se traspasó la persecución de delitos de tenencia y pequeño tráfico a la provincia de Buenos Aires, quitándola del ámbito federal y dando participación a la Policía Bonaerense: se produjo “un aluvión de causas de consumidores con pocas cantidades de sustancias prohibidas”.

–¿Se modificará esta situación a partir del reciente fallo de la Corte Suprema? –

–No creo que las prácticas policiales cambien mucho, porque están arraigadas en otras cuestiones y no siguen los ritmos de las decisiones judiciales. Uno siempre tiene la esperanza de que las fuerzas de seguridad se hagan más democráticas y respondan a los fiscales y los jueces, pero falta coordinación entre los criterios policiales y los de la Justicia –contestó Corda.

“Dentro del Poder Judicial, es posible que el fallo de la Corte incida más, pero muchos jueces federales, especialmente en el interior del país, seguirán sosteniendo otra línea jurisprudencial –estimó Corda–. Está en manos del juez decidir si la conducta del imputado ‘afectó a terceras personas’ e imponer una pena o un tratamiento compulsivo. La decisión puede apelarse y terminará primando el criterio de la Corte, pero mientras tanto la causa seguirá abierta, con los problemas que eso puede traerle al imputado, por ejemplo para conseguir trabajo.”

A LA INTEMPERIE Y CON POCAS RESPUESTAS

El crecimiento ayudó a revertir el desempleo y la pobreza, pero las condiciones habitacionales siguen siendo dramáticas. Mutuberria propone revisar los programas oficiales y Groisman pone el foco en la efectividad del mercado de trabajo como mecanismo de integración social.

SEGREGACIÓN Y AISLAMIENTO

Por Fernando Groisman

Investigador del Conicet y Universidad de California, San Diego.

Tres episodios recientes llaman a reflexionar acerca de los efectos adversos que ocasiona la concentración territorial de la pobreza para el logro de mayores niveles de integración social. El primero de ellos ocurrió el pasado mes de abril, cuando la municipalidad de San Isidro intentó levantar un muro sobre una de las calles que separa a ese partido con el de San Fernando. Se argumentó que de esa forma iba a aumentar la seguridad de los habitantes de esa comuna. Debido fundamentalmente a la reacción de los habitantes de San Fernando, la iniciativa fue abortada. Al siguiente mes, en el partido de Lanús, un grupo de personas que había ocupado un predio y reclamaba una solución habitacional fue atacado a balazos por un vecino de un barrio contiguo. A consecuencia de ello, un joven de 16 años fue muerto y otras cuatro personas resultaron heridas. El tercer hecho corresponde al incendio (presuntamente intencional) acaecido en el mes de junio en el asentamiento denominado La Fábrica, ubicado en el bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. Producto del estrago se estima que más de 150 familias perdieron sus viviendas.

Los factores que han incidido para llegar a los niveles actuales de fragmentación espacial son en gran medida los mismos que han conducido a los incrementos de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Entre éstos ocupan un lugar destacado los que se originan en un funcionamiento deficitario del mercado de trabajo. En Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, ante la ausencia de sistemas de protección social generalizados, la inserción laboral de las personas es una pieza crucial para comprender las oscilaciones en el bienestar de la población más vulnerable. En efecto, los hogares pertenecientes a los estratos sociales bajos obtienen mayoritariamente sus ingresos monetarios de la actividad económica de sus miembros. De tal forma que el aumento del desempleo y la precariedad ocupacional van a derivar en pérdidas de ingresos que afectan el nivel de vida de estos hogares. Entre otros perjuicios, aumentarán las dificultades para afrontar los pagos relacionados con la vivienda, obligando a las familias más vulnerables a la reubicación espacial. Por otra parte, en contextos recesivos el cierre de empresas reduce las oportunidades laborales locales, ocasionando procesos de empobrecimiento territorial en el área de influencia de esas firmas. Finalmente, la intensificación de la concentración de las elites y capas medias acomodadas en urbanizaciones cerradas completa el cuadro de elevada fragmentación espacial.

Esta secuencia de acontecimientos fue la que experimentó Argentina durante la década del noventa; sin embargo, en los últimos años el crecimiento económico en Argentina fue manifiesto y tanto el desempleo cuanto la pobreza se redujeron marcadamente. Aun así, los episodios arriba señalados prueban que las desigualdades espaciales están lejos de haberse erradicado. Ello obliga a revisar la efectividad del mercado de trabajo como mecanismo de integración social en las fases de recuperación de la economía.

En primer término debe enfatizarse el rol crucial de una sostenida demanda de empleo de trabajadores de baja calificación. Además, es decisivo que la generación de estos puestos de trabajo cumpla con ciertos estándares de calidad, básicamente que se encuentren registrados en la seguridad social. Estos empleos, que gozan de mejores remuneraciones y elevada estabilidad, brindan mayor previsibilidad y certidumbre sobre los ingresos futuros que recibirá el hogar y, por lo tanto, facilitan el acceso a la vivienda en vecindarios menos segregados. En Argentina el déficit en este aspecto es relevante: más de un tercio de los trabajadores asalariados se de-sempeña en un puesto precario. Sin embargo, y en segundo término, conviene destacar que el propio entorno urbano en el que residen los hogares segregados impone, en numerosas ocasiones, restricciones a los trabajadores de estas áreas para acceder al empleo. Por ejemplo, la discriminación que sufren los residentes de estos vecindarios por parte de algunas firmas (y de los hogares en el caso del servicio doméstico), la menor demanda de empleo en las zonas empobrecidas por los procesos ya señalados, el fuerte déficit en el transporte público y los problemas que la seguridad acarrea para la circulación en determinadas franjas horarias, entre otros, limitan una participación plena en el mercado laboral.

En suma, la segregación residencial, que en Argentina es de naturaleza eminentemente socioeconómica, ha reforzado el aislamiento social y ha acentuado la severidad de las fronteras sociales. La reciente recuperación económica de Argentina pone de manifiesto que un mayor aprovechamiento social de los beneficios del crecimiento económico implica actuar sobre estos factores. Ello redundaría en el mejoramiento de la equidad y elevaría los niveles de integración social.

REVISAR LOS PROGRAMAS

Por Valeria Mutuberría Lazarini

Economista-Magister en Economía Social. Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

En los últimos años, el crecimiento del Producto Bruto Interno ha mostrado tendencias alentadoras, acompañado de un crecimiento en diversos sectores, entre ellos el de construcción y servicios inmobiliarios. A partir de esta situación pretendemos plantear algunos puntos para reflexionar sobre las condiciones habitacionales actuales. Un análisis general de la situación permite señalar que el crecimiento económico aún no tiene efectos en el mejoramiento de las condiciones urbanas de la población, refiriendo al acceso, gestión y calidad de la vivienda, el suelo y los servicios públicos urbanos, que afectan a la sociedad en su conjunto.

Un tema importante y recurrente es el aumento considerable del precio de los alquileres por diversos aspectos –revalorización de las propiedades, escaso acceso a recursos para la compra de vivienda, entre otros– y que generan un importante impacto en el ingreso de los hogares. Asimismo, un alto porcentaje de los ingresos del hogar va destinado a cubrir necesidades alimentarias y al consumo de servicios públicos urbanos, por este motivo, a medida que la situación del hogar se precariza, mayor es el impacto en el presupuesto.

Por otro lado, en las últimas décadas la población en las villas y asentamientos precarios se ha incrementado notoriamente, al igual que su densificación, y la ampliación de la cobertura de servicios no tuvo impactos positivos en cuanto a la calidad. Estos aspectos impactan en la salud, la educación y las capacidades de trabajo de las personas.

Se añade la situación de estigmatización y segregación que sufren quienes viven en las villas, asentamientos y barrios humildes. En abril, el intendente de San Isidro construyó un “muro” en los límites con el municipio de San Fernando, con la finalidad de separar los barrios humildes y frenar la entrada de “delincuentes” al barrio de La Horqueta, bajo el discurso de la “inseguridad”. También ha sido noticia pública la existencia y acción de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha ejercido con total violencia los desalojos en la ciudad de Buenos Aires de aquellas familias y personas que viven en casas tomadas, en situación de calle y cartoneros, sin dar respuesta con planes de reubicación y de protección para esta población.

No debemos dejar de mencionar la situación de acceso a los servicios públicos, que luego del proceso de privatización, la provisión aún muestra ser ineficaz e ineficiente. A partir de estas condiciones, el acceso se restringe a los “clientes” con capacidad de pago para costear obras de infraestructura y consumo, generando desigualdades en la condiciones de vida de la población.

Es importante mencionar las respuestas que ha dado el gobierno nacional en materia de políticas habitacionales, que cuentan como principal objetivo a poblaciones de bajos recursos y en emergencia habitacional. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ssduv) se desarrollan distintos programas, como son: Plan Federal de Vivienda, Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), Plan de Emergencia Habitacional (conocido como “Techo y Trabajo”), entre otros.

Para alcanzar la mayor cantidad de población que vive en condiciones de precariedad, se deberían revisar los mecanismos administrativos y de redistribución de los programas habitacionales. Asimismo, la generación de estrategias de participación en el diseño de programas habitacionales contribuiría a una mejor respuesta de atención a las necesidades de la población implicada. En las últimas semanas el lanzamiento de créditos para viviendas otorgados por el Banco Hipotecario con fondos de la Anses generó expectativas entre aquellas personas que carecen de los recursos para acceder a la vivienda. Pese a ello, sólo acceden a este crédito sectores de ingresos medios de la población que cumplen con los requisitos de precalificación.

Otras formas de resolución son las experiencias asociativas cuyo objetivo es la resolución colectiva de las necesidades habitacionales. No les ha sido fácil su de-sarrollo, dado que cuentan con escasos o nulos recursos por parte del Estado y no existe normativa acorde que las regule. Un aspecto importante a reflexionar es el grado de mercantilización de las condiciones habitacionales: la vivienda y el suelo se compran y venden en el mercado a un precio determinado por la oferta y demanda, con el componente que en los últimos años se ha tornado una mercancía de especulación financiera; los servicios públicos urbanos están en su mayoría privatizados, y sólo acceden los “clientes” que pueden pagar la instalación y el consumo. La mercantilización a ultranza de las condiciones habitacionales tiene serios impactos en la calidad de vida, limitando el ejercicio del derecho a la salud, educación, desarrollo de capacidades de trabajo, entre otros.

UN GRUPO DE SACERDOTES SE PRONUNCIA CONTRA EL CELIBATO

¿Debe mantenerse vigente el celibato obligatorio si se desea servir a Dios? El clima de discusión se abrió cuando salió a la luz un hecho inquietante: el presidente paraguayo Fernando Lugo –obispo que fue dispensado de la tarea eclesiástica para asumir el cargo de primer mandatario– reconoció a un niño de dos años como su propio hijo. Dos mujeres más afirman que fueron embarazadas por él cuando todavía ejercía el sacerdocio. La sospecha acerca del incumplimiento de una regla que muchos consideran obsoleta se puso sobre el tapete.

Son tiempos de deliberación y debate en el interior de la Iglesia Católica. Tiempos en los que surgen dudas y se hacen evidentes los esfuerzos para brindar respuestas, tiempos en los que toda reunión en la que se encuentran sacerdotes, monjas y laicos gira alrededor de una pregunta: ¿debe mantenerse vigente el celibato obligatorio si se desea servir a Dios? El clima de discusión se abrió cuando salió a la luz un hecho inquietante: el presidente paraguayo Fernando Lugo –obispo que fue dispensado de la tarea eclesiástica para asumir el cargo de primer mandatario– reconoció a un niño de dos años como su propio hijo. Dos mujeres más afirman que fueron embarazadas por él cuando todavía ejercía el sacerdocio. La sospecha acerca del incumplimiento de una regla que muchos consideran obsoleta se puso sobre el tapete. Y la necesidad de permitir un ejercicio natural de la sexualidad en el clero volvió a ser discutida. Son temas que siempre regresan. Pero por primera vez un grupo de sacerdotes argentinos decidió expresar de manera abierta el reclamo para que el celibato sea una opción y no un mandato, para que los curas que así lo deseen puedan casarse, formar familias y tener hijos, y que esto no sea un impedimento para ejercer su vocación. Son los religiosos que decidieron poner la cara, sus nombres y sus apellidos para abrir un debate que involucra a una porción mayoritaria de la sociedad y que pueblan con sus testimonios esta nota.

“¿Qué mejor prueba de que estamos a favor del celibato optativo que un cura embarazado?”, bromea Eduardo de la Serna mientras acaricia sonriente la panza de Luis Farinello, que no se amilana y sugiere el uso del photoshop para disimularla y provoca la risa de sus colegas en la fe. Cinco sacerdotes de los tantos que promueven la aprobación del celibato voluntario se reunieron con Veintitrés para expresar un punto de vista que levanta polémica. “Jesús no mencionó al celibato y de hecho entre sus doce apóstoles había solteros y casados. Pedro, sobre quien se erigió la Iglesia, tenía esposa –afirma Farinello–. El celibato es un don, un carisma, nadie puede estar en contra de una consagración tan formidable. Pero creo que debería ser optativo para los sacerdotes que quieran formar familia.”

De la Serna coincide: “Sostengo esta posición porque creo que el celibato es una cosa muy buena. Es un signo, pero si no significa algo, pierde su función. Y para que signifique, no debe ser impuesto. El problema radica en que, para la Iglesia, el sexo sigue siendo casi una mala palabra”. Para Daniel Echeverría “la sexualidad es una realidad en la que se ejerce control y dominio. La Iglesia no está exenta de estas formas de manipulación. El celibato obligatorio puede ser instrumento de control de las personas”.

La seriedad con la que estos presbíteros dan cuenta de sus posiciones es la contracara del boom mediático que inició el caso Lugo. La tendencia al cuestionamiento al celibato que se incuba tanto en el clero como entre la feligresía católica ocupó los escaparates de la prensa del corazón, los programas de chimentos y la burla fácil, aunque efectiva. “Lugo tiene corazón, pero no usó el condón”, repite el estribillo de un hit cumbiero y ya aparecieron remeras con leyendas como “No soy hijo de Lugo” o “Hijos míos! Lugo”. Pero la cuestión es mucho más dramática. A lo largo del tiempo el problema del ejercicio de la sexualidad decidió el destino de muchas personas y también el de su Iglesia.

“Cuando un cura se enamora se produce un vacío muy grande –dice Farinello–. Yo me enamoré a los treinta años y sé que no es fácil cumplir con esa fidelidad que impone la Iglesia. Conozco el caso de un cura que, para alejarse del amor que sentía por una mujer, empezó a tomar, movido por una angustia muy grande. Y continúa haciéndolo.” La experiencia del amor, una de las formas en que se manifiesta el sentido de la humanidad, es una posibilidad que pocas personas no atraviesan jamás. “Todos hemos pasado por situaciones de enamoramiento, es normal –acota Aníbal Filippini–. Y esa situación se percibe como una privación tal como mucha gente que vive en la calle y que no tiene acceso a un montón de cosas.” “Cuando sucede algo así, te planteás con lágrimas en los ojos cuál es la decisión que vas a tomar al respecto”, agrega Ignacio Blanco. “Todos alguna vez estuvimos enamorados y es muy difícil de llevar. El celibato es un sacrificio muy grande”, sostiene Rodolfo Taboada. “A todos nos pasó, yo pude resolverlo hablando sobre esto con otros compañeros. Nunca fui más allá del enamoramiento”, cuenta Félix Gibbs.

Las consecuencias de elegir el amor son drásticas y terminantes: la Iglesia exige a aquellos presbíteros que deciden establecer una relación de manera abierta e, incluso, contrayendo matrimonio, que deban abandonar los hábitos y, por ende, el ejercicio del sacerdocio. “El que deja el ministerio es considerado un traidor y porta una deuda de sangre”, señala José Mariani.

En la encíclica Sacerdotalis Caelibatus, escrita en junio de 1967 por el papa Pablo VI, se afirma: “Pensamos que la vigente ley del sagrado celibato debe estar unida al ministerio eclesiástico y sostener al ministro en su elección exclusiva, perenne y total del único y sumo amor de Cristo y de la dedicación al culto de Dios y al servicio de la Iglesia”. En 2006, el papa Joseph Ratzinger realizó sus primeras excomuniones y los castigados fueron el ex obispo de Zambia Emmanuel Milingo, que defendía la posibilidad de ejercer el sacerdocio a pesar de haberse casado, y cuatro curas casados estadounidenses a los que el africano consagró obispos. Más tarde, Benedicto XVI reunió a la Curia romana para discutir el tema y reafirmó la vigencia de la medida. Además, prohibió que el tema se siguiera discutiendo en el seno del clero. Son normas que la Iglesia argentina defiende y hace propias en la figura de su máxima autoridad, el cardenal Jorge Bergoglio.

A pesar de ello, Víctor Acha afirma que “hay muchos curas que llevan una tolerancia callada con este problema. Existen hombres que forman parte de la jerarquía de la Iglesia que incluso tienen hijos. Se oponen al celibato voluntario por razones ideológicas que no condicen con su accionar”. Sin embargo, incluso en las altas esferas del Vaticano existen voces disidentes. El cardenal Carlo Martini (que fue el más votado en la última elección papal pero que declinó el puesto por razones de salud) aboga por el celibato voluntario.

“Creo que Ratzinger es honesto en sus posiciones filosóficas y ese es el problema ya que, como buen platónico, considera que el cuerpo y sus emanaciones son inferiores”, opina De la Serna. “Benedicto XVI es un conservador, un hombre mayor que tiene una visión nostálgica de lo que fue la fe en Europa”, agrega Farinello. “No hay apertura a los cambios, se contestan preguntas nuevas con respuestas viejas”, se queja Ángel Caputo. “El Papa que decida cambiar esta regla quedará marcado. No es una decisión fácil de tomar”, reconoce Jorge Aloi. “La Iglesia vive desfasada y provoca así una lentitud en todo lo que se refiere a los cambios. Así no se puede avanzar”, asevera Miguel Berotarán. “En 1971 Pablo VI no aceptó que la cuestión se votara, porque la mayoría estaba a favor del celibato optativo. Hoy vivimos una época de retroceso”, dice De la Serna.

A la hora de buscar las causas del sostenimiento del celibato obligatorio, muchos sacerdotes creen encontrarlas en las razones económicas. “¿Cómo podrían sostener las comunidades cristianas a sacerdotes con esposa e hijos? ¿Cuál debería ser el salario familiar en esos casos?”, se pregunta Daniel Echeverría. Para Germán Pravia “son muy pocas las diócesis que tienen un sistema de manutención. El Estado paga los sueldos de los obispos y da una remesa a los seminarios, ¿cómo se podría dar curso a un nuevo sistema que contemple a las familias de los sacerdotes?”.

En el clero local el problema es antiguo y se podría afirmar que los precursores de la controversia son argentinos. Monseñor Jerónimo Podestá fue el primer obispo en el mundo que reconoció haber estado enamorado. Durante los sesenta fue una de las cabezas del ala progresista de la Iglesia y a su diócesis de Avellaneda comenzaron a llegar curas obreros y futuros dirigentes del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. En 1966 conoció a Clelia Luro, madre de seis hijas fruto de su matrimonio con un sobrino del hacendado Robustiano Patrón Costas. Pronto, se incorporó al obispado como secretaria y se volvieron inseparables.

En 1967 –el mismo año en que Pablo VI promulgó su encíclica sobre el asunto– decidieron vivir juntos como pareja y, cuando el caso salió a la luz, intentó explicarle personalmente la situación al papa Pablo VI, pero no lo logró, ya que el Pontífice no aceptó recibir también a Clelia. Podestá fue suspendido en el ejercicio sacerdotal y debió renunciar a la diócesis. En 1974, amenazado por la Triple A, marchó al exilio junto a su pareja. Fue el presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados y sus Esposas hasta su muerte en el año 2000.

En la actualidad, Clelia es la presidenta vitalicia de la asociación que a nivel mundial representa a 150 mil sacerdotes que decidieron unirse en matrimonio. El total de sacerdotes a escala global asciende a 400 mil. “La falta de sacerdotes es una cuestión práctica. El celibato voluntario podría servir para paliar esta situación”, especula Lucio Carvalho Rodríguez.

En los últimos días, dos nuevos casos conmovieron a la opinión pública argentina. El 5 de abril el cordobés Víctor Hugo Casas anunció a sus fieles que renunciaría a los hábitos para formar familia. Y la semana pasada se conoció el caso del mendocino Alberto Ortega, quien decidió abandonar el sacerdocio cuando supo que su novia estaba embarazada. Siete años atrás había tenido otro hijo con la misma mujer.

En 2005, una carta enviada a la Conferencia Episcopal fue firmada por 91 miembros del Encuentro Nacional de Curas en la Opción por los Pobres. En uno de sus puntos, el texto llama la atención sobre la necesidad de reformar la Iglesia y avanzar en la “revisión de los modos de vida que separan a los presbíteros del pueblo, incluyendo trabajo, vestimenta y celibato obligatorio”. Varios de los firmantes opinaron sobre el tema para esta nota. “La Iglesia tiene miedo de enfrentar esta cuestión y se defiende con una posición dogmática”, afirma Pablo Agüero. “Para la gente del barrio, es una boludez. Que se mantenga el celibato es una cuestión económica. Cómo vas a contradecir a un Papa. Hay que defender la corporación, por más que se esté en desacuerdo. La gente que está en Roma muy abierta no es”, dispara José Luis “Cubi” Calcagno.

Si bien el caso Lugo desató la polémica, los ribetes políticos que se producen debido a su rol presidencial podrían oscurecer la apertura de una discusión necesaria. “Los exacerbados reproches a Lugo por su situación provienen desde la derecha, cuando forma parte de esa esperanza de cambio en el continente junto a Evo”, señala Ignacio Blanco. El obispo emérito de Posadas Joaquín Piña se solidarizó con el presidente paraguayo: “Hay que aceptar que somos humanos y que podemos fallar al celibato, que no es un mandato divino, sino una determinación de la Iglesia. Es una campaña de enemigos políticos que aprovecharon la situación e intentan perjudicarlo”.

Basado en estudios y encuestas que realizó en el seno de la comunidad católica, el sociólogo católico Pedro Gorondi asegura que “la mayor parte de la feligresía y el clero está a favor del celibato voluntario”. Sin embargo, a pesar de la masividad de este reclamo, ninguno de los consultados auguró cambios cercanos en el tiempo. “La Iglesia del poder no escucha la voz del pueblo, está lejos de lo que sucede abajo”, se lamenta Farinello. De cualquier manera, todos coinciden en que es un cambio que deberá realizarse en algún momento. “Cuando un hombre se casa, se libera y empieza a ser él mismo –destaca Clelia Luro, la viuda de Podestá, en diálogo con Veintitrés–. Pero para la Iglesia es difícil conducir a hombres libres, ella prefiere personas

sumisas. Pero en los próximos años el celibato voluntario se impondrá por decantación.”

ATAQUES SIN LÍMITES DE EDAD

Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque. Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.

Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.

Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.

Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.

Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.

Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.

El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.

GERARDO POBLETE, SACERDOTE MÁRTIR DE CHILE

La historia escondida del crimen del Padre Gerardo Poblete. La muerte por torturas del salesiano, ocurrida el 21 de octubre de 1973, se ocultó todos estos años bajo el manto de una traición de varios sacerdotes de la congregación al octavo mandamiento. Los restos del padre Poblete serán exhumados mañana, para que por fin la verdad sea oficial. Hay pecados que matan.Ese domingo 21 de octubre de 1973, el padre Maximiano Ortúzar Cariola -director de la comunidad salesiana en Iquique- alcanzó a escuchar en la comisaría el susurro del sacerdote Gerardo Poblete Fernández, de la misma congregación: "Me están golpeando", dijo.El salesiano estaba esposado y revolcado. Eran cerca de las siete de la tarde. En la ciudad permanecía el general Sergio Arellano con su Caravana de la Muerte. Lo acompañaba el general Carlos Forestier, jefe de zona en Estado de Sitio y comandante de la VI División del Ejército, con asiento en Iquique. El general Augusto Pinochet había dejado esa ciudad la tarde del día anterior en dirección a Antofagasta. Allí lo enfrentó el general Joaquín Lagos para protestarle por los 56 crímenes que, horas antes, habían cometido Arellano y su comitiva en Copiapó, Antofagasta y Calama, como "oficial delegado" del propio Pinochet.Cien kilómetros al norte, en el campo de prisioneros de Pisagua -bajo el mando superior de Forestier-, ya habían sido asesinados 11 prisioneros en falsos consejos de guerra y fugas inventadas. Ese mismo domingo 21 de octubre, Arellano y su gente habían viajado con Forestier a Pisagua en el helicóptero de la Caravana. A 40 días del golpe militar, el terror estaba instalado en Chile.Ese mismo domingo, una hora después, el padre Poblete murió destrozado internamente por las torturas.

Un reguero de sangre en un pasillo de la comisaría fue el último rastro que dejó. Ortúzar vio su sangre en el piso. Apareció el mayor de Carabineros Enzo Meniconi y le informó al superior salesiano de Iquique que Poblete había muerto. Ortúzar subió a la enfermería y lo vio tendido.

"Le vi el pecho y el abdomen totalmente amoratados", relató Ortúzar en la carta que el 19 de noviembre de 1989 le dirigió sobre el caso al provincial de los salesianos de Chile, Ricardo Ezzati.

La Propuesta.

Entonces Ortúzar, "queriendo salvar la honorabilidad de los carabineros jefes, que me parecían inocentes", propuso a los oficiales de policía decir que el padre Poblete había muerto accidentalmente de un ataque al corazón, lo que obviamente fue aceptado.Luego Ortúzar se comunicó al regimiento Carampangue con el comandante Martínez, encargado ahora de la "educación" en la provincia, y le preguntó qué debía informar sobre la muerte a los alumnos del Colegio Salesiano, a la familia del sacerdote y a sus superiores de la congregación en Santiago. El comandante habló antes con Carabineros y respondió a Ortúzar: "Diga que se murió de un ataque el corazón no más". Así fue informado a todos por éste al día siguiente.El miedo que sintió el padre Ortúzar fue superior al octavo mandamiento ("no mentirás ni levantarás falsos testimonios") y venció su voto sacerdotal. Dice que por eso propuso esa mentira. "Sentí miedo de todo lo que estaba pasando, porque si me dicen ‘me están golpeando', como me dijo el padre Poblete, pensé que querrían golpearnos a todos. No sabía qué estaba pasando", fue su respuesta tranquila cuando lo visitamos en su casa de retiro en una dependencia salesiana de Lo Cañas, en La Florida."Ese primer momento fue de angustia total para mi y no sabía qué decir. Encontraba que había habido brutalidad de los subalternos y merecían todo el castigo, pero internamente, no ante la opinión pública. La situación estaba muy tensa y ya las Brigada Ramona Parra se habían querido tomar el colegio. Me pareció que se iba a utilizar de muy mala forma y que no solamente se querría hacer justicia, sino tomar venganza y hacer un movimiento... no sé ...temía algo más grave", agregó.

Echarle Tierra.

Pese a la versión de Ortúzar, al miércoles siguiente el general Forestier dictó el bando "aclaratorio" Nº5, publicado en la prensa de Iquique el jueves 24 de octubre, en que comunicó que Poblete murió por lesiones "al resbalar en la pisadera, cayendo pesadamente al pavimento" desde el furgón que ese domingo lo trasladaba esposado desde el Colegio Salesiano a la comisaría. Esa fue la versión oficial.Junto al sacerdote, quien era profesor de filosofía titulado en la Universidad Católica, ese día fue detenido el joven seminarista Ricardo Salgado Torres, igualmente torturado en la comisaría pero sobreviviente. Era otro testigo de la brutal muerte de su amigo, el padre Poblete.Salgado permaneció 15 días en la cárcel de Iquique, acusado de ser un peligroso marxista, al igual que Poblete. Salgado contó a La Nación Domingo que unos meses después, cuando el verano de 1974 expiraba, Ortúzar se paró una tarde enfrente suyo mientras caminaba por la costanera junto al salesiano Giavonne Cavaggione, y le dijo "te tengo buenas noticias, vengo de la casa del fiscal militar (Mario Acuña Riquelme) y llegamos a un acuerdo, se cierra el caso en contra tuya, pero hay que echarle tierra a la muerte del padre Poblete"."No fui capaz de darle un puñete, pero le eché un par de garabatos", contó el ex seminarista rememorando ese encuentro, diálogo que el padre Ortúzar negó.Salgado afirma que poco tiempo después, el Colegio Salesiano de Iquique sirvió de punto para espiar a los habitantes, admitiéndose en él la "visita" de militares vestidos de civil que husmeaban las casas vecinas."En 1974, Ortúzar y Aliaga (Ulises, sacerdote subdirector de la comunidad salesiana de Iquique) autorizaron para que usaran el colegio como mirador para vigilar a personas que les parecían sospechosas. Había agentes militares del Ejército de civil dentro del colegio que pasaban adentro días enteros. Yo me cruzaba con ellos", acusa Salgado. "Eso es falso", replicó el padre Ortúzar cuando le consultamos.El seminarista Salgado estaba acongojado con el crimen de su amigo, pero más le atormentaba el alma lo que estaba descubriendo entre sus superiores de la orden salesiana.

Comisión Pinochet.

El director Ortúzar informó de la muerte a sus superiores a Santiago: "Llamé a Santiago, si no me equivoco me atendió el padre Tomás González, vicario inspectorial. Le dije exactamente lo que me dijo el comandante Martínez. En esos momentos no me atreví a dar una información distinta a la que me ordenó el comandante", relató Ortúzar en la referida carta a Ricardo Ezzati, tal como lo confirmó a nuestro diario. "No podía decir otra cosa", dijo.No obstante, el vicario González supo pronto la verdad y viajó a Iquique. Semanas después y por gestiones de la congregación en Santiago, el 8 de diciembre de 1973 llegaba a Iquique una "comisión investigadora" del caso Poblete, enviada por Pinochet a nombre de la Junta Militar. La integraban el coronel Nehemías Vega Hernández y el capitán Jorge Acuña Ahumada.En tanto, si bien el informe de la autopsia al cuerpo -practicada por Pedro Pulgar Melgarejo, forense del Servicio Médico Legal de Iquique- se acercó a la verdad, al informar que la causa de la muerte de Poblete fue por "anemia aguda generalizada debido a hemorragias agudas por desgarros pulmonares originados por fracturas costales torácicas, y hemorragia aguda del hemisferio cerebral izquierdo con inundación sanguínea", se sumó a las filas del ocultamiento al agregar que esas lesiones fueron causadas "como consecuencia de accidente casual al caerse pesadamente al pavimento desde el furgón Nº693".Estaba claro. La verdad sobre la muerte del padre Poblete no se sabría, de ninguna manera. La excusa de su detención y la de Salgado fue que miraban con prismáticos desde lo alto del colegio hacia el regimiento Granaderos, y que en su dormitorio se encontraron libros de marxismo y "objetos contundentes".

Obispo Agradecido.

El obispo de Iquique, el diocesano José del Carmen Valle (hoy fallecido), ya estaba enterado de la verdadera causa de la muerte del padre Poblete cuando la comisión investigadora llegó a Iquique.A pesar de su versión distorsionada, el padre Ortúzar dice que ya le había contado al obispo Valle lo que realmente le sucedió al salesiano. Lo hizo "muy enojado" -según él-, por el bando del general Forestier "que habló muy mal del padre Poblete". Por ello, cuando el 17 de diciembre de 1973 Valle le dirigió una carta a los dos enviados de Pinochet a Iquique, ya sabía todo.Sin embargo les escribió: "Distinguidos señores, al informarme ustedes sobre la comisión que les encomendara la Honorable Junta de Gobierno, no puedo más que comprobar una vez más la rectitud y buena voluntad de nuestra autoridad nacional en conducir los asuntos de la vida ciudadana, y mantener las mejores relaciones con la Iglesia. Prueba de ello es la diligencia y seriedad con que se ha acogido y con que se quiere dar plena satisfacción a la solicitud de la Conferencia Episcopal, sobre el lamentable suceso de la muerte del padre Gerardo Poblete".Valle fue más allá: "Aprovecho esta oportunidad para reiterar la disposición del clero y de su obispo de esta diócesis de Iquique, para colaborar en el bien común de Chile en armonía con sus legítimos representantes (…) Por fin, ruego a ustedes presentar respetuoso saludo y sincero agradecimiento a la Honorable Junta de Gobierno, cuyo veredicto (pareciéndome interpretar también así a toda la Conferencia Episcopal) espero con tranquilidad y confianza. Atte. y SS. José del Valle Gallardo, obispo de Iquique".

Informe de Vega-Acuña

No obstante el tenor sumiso de la carta, el bofetón que recibieron el obispo Valle, la Congregación Salesiana y la Conferencia Episcopal, fue el mismo que siempre sintieron sobre sí los familiares de las víctimas en los años duros de la dictadura.El informe de los oficiales enviados por Pinochet estableció que "la Comisión constató con especial satisfacción el celo investigador y acuciosidad en las investigaciones" de las autoridades militares y de Carabineros.Agregó que "de los antecedentes acumulados, no resulta legalmente probado que haya existido apremios ilegítimos o maltrato de obra de Carabineros a los dos detenidos".

Respecto del padre Poblete y del seminarista Salgado, el texto afirmó que "ambos eran de ideas izquierdistas y simpatizaban con el régimen de la Unidad Popular". Además, mantuvo como causa de muerte "oficial" del sacerdote "las lesiones por accidente casual al caer pesadamente al pavimento desde el furgón".O sea, el informe ni siquiera asumió la mentira del padre Ortúzar del ataque al corazón, que igual salvaba al régimen frente a la Iglesia, sino que se mantuvo fiel a la versión que el general Forestier dio en su bando, con la complicidad del médico legista.Claro que el informe aportó un dato desconocido que hoy resultaría interesante indagar, mencionando "el criptograma Nº 572/6423 del 6 noviembre 1973, que informa del acuerdo de la HJG sobre el procedimiento a seguir en caso de detención de sacerdotes".A pesar de lo ocurrido con la verdad sobre la muerte del padre Poblete, a fines de 1973 las distintas iglesias habían creado el Comité pro Paz, que sería la antesala de la Vicaría de la Solidaridad de la iglesia Católica, que comenzó a operar en 1976. En ella se realizó una importante tarea de apoyo a los familiares de las víctimas, y luego en la búsqueda de justicia en los tribunales. El salesiano cardenal Raúl Silva Henríquez sería su principal creador.Pero el juicio por el crimen del padre Poblete no aparecía, a pesar de las evidencias. Cuando preguntamos al padre Ortúzar por qué durante 28 años la congregación salesiana nunca abrió un juicio para que se investigara la muerte del sacerdote, respondió: "Usted sabe que en ese tiempo no se podía hacer nada". Al recordarle lo que estaba haciendo la Vicaría de la Solidaridad, dijo: "Pero es que él no estaba detenido ni desaparecido. Era un caso en que había muerto y su cuerpo fue entregado. ¿Qué más podía hacerse?"

Sentimientos

El cuerpo del padre Poblete fue entregado en Iquique a las pocas horas de su muerte y luego de una misa en su colegio salesiano, fue trasladado a Santiago. Después de una misa en la parroquia de la Villa Macul, donde aún vive su familia, fue sepultado en el mausoleo salesiano del Cementerio Católico.La madre del sacerdote, Julia Fernández -hoy de 84 años-, preguntó al padre Ortúzar por qué el cuerpo de su hijo estaba de costado y su cara de perfil, lo mismo que vio su hermano Alfredo. "Como si hubiesen querido ocultar algo", comentó su hermana Edmee cuando conversamos con la familia."Yo le dije (a la mamá) que durante la misa nosotros lo vimos con la cara de frente, y que en la nariz se podía observar una herida o golpe en el hueso nasal", dijo el padre Ortúzar en la carta a su superior Ezzati.En la casa de la familia Poblete-Fernández la pena sigue instalada, pero sobre todo es fuerte el sentimiento de abandono que dicen sentir respecto de la congregación salesiana. "El era uno de sus hermanos", dice Edmee. Aunque con su memoria afectada por el tiempo y la edad, Julia, su madre, todavía recuerda que habló con el cardenal Raúl Silva para que se hiciera justicia en el crimen de su hijo. "Pero nunca pasó nada", dice.

Carta del Cardenal

Edmee Poblete muestra una carta que con fecha 13 de noviembre de 2000 recibió del cardenal Francisco Javier Errázuriz. Ella le había escrito para pedirle que la Iglesia hiciera algo por su hermano. "Al menos que él dijera algo en una misa, que la Iglesia reconociera públicamente su muerte", dijo.En su respuesta, el cardenal le escribió: "Yo estuve fuera del país entre los años 71 y 96, por lo que desconozco muchos hechos dolorosos. Todos reconocen que después del golpe militar se produjeron actos arbitrarios imposibles de justificar (...) En un viaje a Chile escuché que lo habían apresado solamente por estar mirando los alrededores con anteojos de larga vista, y que efectivamente había encontrado la muerte al caer del vehículo que lo transportaba preso". El cardenal le dijo que oraba por la familia."Los policías fueron sólo la causa material. Más culpables que los mismos verdugos son los que ocultaron la verdad con mentiras, los que presionaron con amenazas", dijo el salesiano obispo de Punta Arenas, Tomás González, en uno de sus testimonios publicados sobre la muerte del padre Poblete. El obispo fue su confesor y director espiritual.Todo lo vivido en aquellos años, llevó en 1976 al seminarista Ricardo Salgado a abandonar la congregación y su opción para ordenarse sacerdote. "Con todo lo que vi se me produjo una fractura en la institucionalidad de la Iglesia, más que en la fe", dijo.

Epílogo Judicial

En enero de 2001, el superior provincial de la Congregación Salesiana, sacerdote Bernardo Bastres Florence, interpuso una querella por "crímenes de guerra, lesiones y secuestro agravado con homicidio" en la persona del padre Poblete. La querella fue patrocinada por el abogado del Fasic Nelson Caucoto. La Nación Domingo intentó varias veces comunicarse con el padre Bastres, pero en la congregación se informó que se encontraba fuera de Chile.En octubre de 2002, Edmee Poblete se hizo parte de esa querella, dirigida en contra del general Carlos Forestier -hoy en retiro-, del entonces prefecto dde Carabineros Rubén Romero y de varios oficiales de policía que ese día estaban presentes en la Primera Comisaría de Iquique.

La familia Poblete-Fernández está representada por el abogado Fernando Astudillo Becerra.En los últimos días, el ministro instructor Daniel Calvo Flores sometió a proceso -como autores de homicidio calificado en la persona del padre Poblete- a los miembros de Carabineros, coronel (R) Gustavo San Martín Ravanal y a los suboficiales (R) Blas Barraza Quintero y Froilán Moncada Sáez. En calidad de encubridor del mismo delito procesó al coronel (R) Enzo Meniconi Lorca.

Todos permanecen bajo arresto.A las 9 horas de mañana, los restos del padre Gerardo Poblete serán exhumados desde el mausoleo salesiano por orden del ministro Calvo. La diligencia tiene por objeto realizar peritajes médico legales a sus restos óseos, con el fin de certificar judicialmente su verdadera causa de muerte.