LA SANTAFESINA S.A.

Por Franco Mizrahi y Tomás Eliaschev

La maldita policía de Santa Fe. Tiene la mayor tasa de homicidios del país. Uno de cada tres efectivos posee denuncias de corrupción. Su relación con el crimen organizado y con el boom de “ajustes de cuenta” que asola a la provincia.

La provincia de Santa Fe vive inmersa en una contradicción que, en lugar de ceder, aumenta a un ritmo alarmante. A la sombra de la prosperidad que arroja el pujante negocio sojero, el flagelo de la violencia represiva estatal asciende hasta convertir a la policía santafesina en una de las más sanguinarias del país. De acuerdo con las estadísticas de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), las fuerzas de seguridad santafesinas protagonizaron 447 homicidios entre 1996 y noviembre de 2011. El número espanta tanto como la proporción a la que se expande esa cifra: casi 30 muertes por año a mano del aparato represivo santafesino, es decir, casi 2,5 homicidios por mes a lo largo de 15 años. Se trata del índice más alto del país –junto al de Tierra del Fuego– si se considera el nivel de muertes en relación con la cantidad de habitantes de la provincia, según el relevamiento de Correpi. Más del 60,5 por ciento (270 homicidios) de estos casos estuvo en manos de la policía santafesina, que volvió a la tapa de los diarios en los primeros días del 2012 cuando se difundió su complicidad en el asesinato de tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán, en el barrio Moreno, en Rosario. Un caso que sirve de botón de muestra para desandar las diversas acciones que tuvieron a la policía provincial como protagonista y por las cuales se la pasó a conocer hace años como “La Santafesina S.A”.El triple crimen de Moreno volvió a colocar a la policía provincial en el centro de las críticas. La Santafesina trató de hacer pasar los homicidios de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ocurridos en la primera noche del año, como un enfrentamiento entre bandas. Pero lejos de eso, los tres jóvenes nada tenían que ver con el hampa y fueron víctimas de la organización criminal liderada por Sergio “El Quemado” Rodríguez, vinculado a la barra brava de Newell’s. De acuerdo con el diputado Eduardo Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, “hay declaraciones de testigos que evidencian relaciones cercanas entre esa banda y agentes de la fuerza policial”. Esto explicaría que los agentes de la comisaría 15ª que acudieron al lugar informasen que la balacera fue producto de un “ajuste de cuentas”. Y por qué un policía omitió registrar a Maximiliano Rodríguez, hijo de “El Quemado”, cuando ingresó herido al hospital, en la madrugada del crimen.“En los barrios en donde nos organizamos podemos ver diariamente que hay un entramado de redes delictivas en el que la policía provincial está totalmente involucrada. Cuentan con complicidad de la Justicia y de sectores políticos”, dijo a Veintitrés Pedro Salinas, del Frente Popular Darío Santillán.La masacre de Moreno no fue más que un nuevo caso en la paleta de aberraciones que acumula en su historia la policía provincial. Otro caso paradigmático fue el de Sandra Cabrera, en 2004. Cabrera era dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y apareció con un tiro en la nuca en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Según la comisión investigadora que se creó para esclarecer el caso, fue asesinada por denunciar la complicidad policial en la trata de personas y en el cobro de coimas a las trabajadoras sexuales. El crimen sigue impune.Un hecho reciente fue el asesinato de Luis Darío Rodríguez, a fines del año pasado. El Chueco, de 26 años, recibió un disparo policial en la nuca, cerca de su casa. La policía dijo que el joven intentó asaltar a dos uniformados. En el barrio por lo menos 15 relatos de testigos contradijeron la versión y denunciaron el gatillo fácil de la policía. “El Chueco tenía problemas mentales –afirmó un vecino– e iba corriendo a todos lados. Cuando pasó corriendo delante de los policías sonaron un montón de disparos. Son unos mentirosos, no me importa lo que me pase, quiero salir de testigo porque lo mataron como a perro sólo por pasar corriendo”, agregó el testigo. Junto a este problema de la policía, o producto del accionar ilegal de la fuerza, en la ciudad de Rosario se produjo un fuerte aumento de homicidios el año pasado. De 119 asesinatos en 2010 se pasó a una alarmante cifra de 170 homicidios en el 2011. Según el gobierno provincial, 74 asesinatos fueron provocados por “ajustes de cuentas”. Para Toniolli, “la figura que ponen en los partes policiales instala la idea de que se trata de delincuentes que se matan entre ellos. En el caso de Moreno esta versión se desmoronó porque se trataba de militantes sociales pero es una práctica habitual”, agregó a Veintitrés.Consultado por la situación, el ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner dijo en una entrevista periodística: “Hay una reforma policial en marcha, va a llevar tiempo”. Y luego se sinceró: “La principal preocupación es el narcotráfico, que es un problema nacional pero que influye en la provincia. Los controles existentes no alcanzan para detener este flagelo”. Por este motivo, el gobernador Antonio Bonfatti anunció más presencia policial.Ante el historial de la Santafesina, la mayor intervención preocupa a los organismos de derechos humanos. “La Santafesina es la que más pibes mata en el país, si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes por provincia”, aseguró a esta revista Alicia Bernal, de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario. Y la mención no es casual. El blanco por excelencia de las fuerzas de seguridad provincial, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por Correpi, son los jóvenes: casi el 87 por ciento de las víctimas tienen menos de 35 años.Según María del Carmen Verdú, de la Correpi, “abundan los casos en el interior, muchas veces a manos de los Pumas, la delegación rural de la policía provincial. Cuando los Pumas no andan cuatrereando ellos mismos, o a través de la mano de obra esclava reclutada al mismo estilo que la Bonaerense para el delito urbano, se dedican a matar a los ‘cuentapropistas’ que no les pagan peaje”.La fuerza policial actual, que cuenta con unos 18 mil uniformados, aproximadamente, cambió su cúpula en diciembre pasado. Por decisión de Bonfatti, el comisario Hugo Tognoli asumió como jefe de la policía provincial en lugar de Osvaldo Toledo, quien pasó a retiro. Tognoli ingresó a la fuerza a fines de la última dictadura militar, en 1982; en 1998 pasó a la Dirección Judiciales y una década después, por decisión de Binner, se transformó en el encargado de atacar el narcotráfico en la provincia. Así, quien estaba a cargo del área de drogas en el mismo período en que los barrios más humildes de Rosario fueron escenario de disputas entre bandas narcos, ascendió a la cima de la fuerza policial.Tognoli tendrá una tarea compleja. Según afirmó en 2010 el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Héctor Superti, “una tercera parte de la fuerza policial es investigada por algún delito”. Según el funcionario, “hay 8.500 causas judiciales que involucran a más de 6.500 policías, sobre un plantel de 17 mil hombres”. Uno de los policías que integran esa lista es Néstor Arizmendi, el flamante jefe de la Unidad Regional II de Rosario, quien fuera acusado por enriquecimiento ilícito. Según dijo el ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti, a Veintitrés tres semanas atrás, “la acusación por enriquecimiento existe pero no hay pruebas en su contra”. Arizmendi asumió en reemplazo de Cristian Sola, que fue ascendido a subjefe provincial. Esta decisión fue tomada por el gobierno provincial pese a que cuando Sola estuvo al frente de la policía de Rosario se dio un fuerte incremento de los homicidios.Las raíces profundas de las acciones de La Santafesina S.A. pueden extenderse hasta la última dictadura, donde la fuerza provincial tuvo un rol protagónico. El Servicio de Informaciones Policía de Santa Fe fue un centro clandestino de detención que funcionó en Rosario entre 1976 y 1979 y estuvo conducido por el jefe de policía, Agustín Feced. Tal fue la participación de este jefe policial que su apellido le puso nombre a una megacausa por delitos de lesa humanidad.A partir de ese expediente se pudo determinar que muchos de los policías de la Unidad Regional II de Rosario conformaron el grupo de tareas que operó en el Comando del II Cuerpo del Ejército. A pesar de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las que fueron protagonistas, muchos de aquellos agentes lograron reciclarse. Tal como confirmó la APDH de Rosario a esta revista, “para los años 1997/2000 muchos de estos policías de la Santafesina se encontraban en actividad, e incluso en altos cargos, beneficiados por las leyes de impunidad”. A modo de repaso basta nombrar solo algunos:- José Rubén Lo Fiego, alias El Ciego-Menguele. En 1976 era oficial principal y uno de los responsables del CCD Servicio de Informaciones. Fue subjefe de la División de Operaciones de la Unidad Regional II (UR II) y comisario principal a cargo de seguridad en eventos deportivos hasta diciembre de 1997.- Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias Rommel-Fino Libra. En 1976 era miembro de la patota de Feced: fue el segundo en cantidad de imputaciones por crímenes de lesa humanidad. Fue jefe de Investigaciones de la Policía en la URII hasta 1998. No fue exonerado.- José Storani. Estuvo a cargo de la jefatura de Comando Radioeléctrico, cuerpo que se dedicó al patrullaje de las calles. Durante el terrorismo de estado se caracterizó por llevar en los autos a secuestrados para que “marcaran” a militantes. En 1987, Storani figuró entre 22 oficiales y suboficiales denunciados por víctimas de la dictadura. Reconvertido, se transformó en jefe de la Policía de Rosario y comandó la represión de diciembre de 2001 que derivó en la muerte de ocho personas. Carlos Reutemann gobernaba la provincia y Binner era el intendente de esa ciudad. Recién en marzo de 2002 fue pasado a retiro.Entre los muertos de aquel diciembre trágico sobresalió Claudio “Pocho” Leprati, militante social asesinado de un balazo cuando, desde una de las escuelas del Barrio Las Flores, pedía a gritos que dejaran de tirar porque allí había niños, como recuerda la canción “El ángel de la bicicleta”, de León Gieco.Pasaron los años y cambiaron los nombres, pero las malas costumbres siguen enquistadas en lo más íntimo de la fuerza. Por algo, todavía la llaman La Santafesina S.A.