Colegios y padres que pretenden censurar la memoria. Amonestaciones a una alumna por hablar de los desaparecidos y amenazas a una docente por dictar clases sobre Rodolfo Walsh y Cristian Alarcón. Los nostálgicos del orden militar pretenden acallar voces que ya aprendieron a gritar.
Por Lucas Cremades.
La resistencia y la mentalidad retrógrada de muchas instituciones dependientes de la Iglesia Católica argentina al momento de tratar o referirse a temas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y lo ocurrido durante la última dictadura militar, suelen ponerse de manifiesto en distintas regiones del país durante distintos momentos del año. En la última semana salieron a luz dos casos de intolerancia hacia el revisionismo histórico.
El primero ocurrió en el Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, de la ciudad de San Juan y dependiente de la Universidad Católica cuyana. El viernes 23 de marzo, Micaela Lisola, de 16 años, al comprobar que en el colegio privado al que asiste no se había hecho una sola mención a la Semana de la Memoria, le pidió permiso a la directora del establecimiento para hacer uso de la palabra y pronunciarse sobre la conmemoración del 24 de marzo. La directora se negó, ya que “no estaba chequeado lo que iba a decir”. Sin embargo, le propuso lo que consideró una idea mejor: hablar sobre la marcha antiabortista del Día del Niño por Nacer. Micaela aceptó. Tomó el micrófono y les contó a los alumnos presentes lo que había pasado con los 30 mil desaparecidos, haciendo hincapié en que entre las víctimas del terrorismo de Estado había muchos chicos de su misma edad, que luchaban por sus derechos, una de las razones por las que ellos debían tener memoria. Luego recordó una frase de un nieto recuperado: “Sin memoria no hay identidad, sin identidad no hay Patria, y sin Patria hay colonia”. La directora le arrebató el micrófono, frente a los atónitos 600 alumnos. “¿Por qué? Si tenemos derecho a expresarnos”, replicó Micaela, sin amedrentarse por la actitud de la docente.
En la dirección, le pidieron que se retractara debido a que “tenía que informarse bien sobre lo que había pasado”. Micaela no compartió ni aceptó el criterio y recibió 24 amonestaciones por “desobedecer”. No conformes con ese castigo, las autoridades del colegio católico –que trataron de ocultar el tema hasta ahora y no se expidieron públicamente– decidieron dedicar la semana a “reflexionar sobre las faltas de respeto”.
La mamá de la alumna no quiso hacer la denuncia formal, pero la delegación provincial del Inadi, a cargo de Luis Domínguez, se entrevistó con la ministra de Educación provincial luego de que el colegio se negara a revisar la sanción disciplinaria. “La madre quería hacer algo pacífico y durante estos dos meses siempre confió en que los directivos iban a dar marcha atrás –señalaron desde el Inadi–. Quiere que le quiten las amonestaciones por ser arbitrarias y porque su hija no hizo nada malo. Hubo mediaciones y una serie de trámites con las autoridades de la escuela para solucionar el conflicto, pero no dieron resultados. En la institución argumentan que la chica habría cometido una falta de disciplina, pero tomando las dos versiones, no hubo falta de respeto alguna. Lo que la chica hizo fue hablar del Día de la Memoria, tal como se hace en la mayoría de las escuelas. Lo que sucede es que los colegios que dependen de la Iglesia Católica se resisten a conmemorarlo”.
Por su parte, la mamá de Micaela, Belén Icazatti, se mostró orgullosa de su hija: “Las autoridades me dieron la misma versión y no quieren retractarse. Micaela está con un pie adentro y uno afuera del colegio”, sostuvo y quedó a la espera de una reunión conciliatoria con los directivos de la escuela.
Esta no es la primera vez que la Universidad Católica de Cuyo se ve envuelta en casos de censura. Hace dos años, una alumna que estaba por recibirse en la carrera de psicología fue retratada por un diario local durante una marcha a favor del matrimonio igualitario. Al día siguiente, Antonella Ríboli –que terminaría siendo la abanderada de dicha carrera– recibió una serie de “recomendaciones” de la universidad, por lo que recurrió al Inadi. En esa oportunidad y contrario a lo ocurrido con Micaela, el organismo logró una mediación inmediata entre la universidad y la alumna.
Muy lejos de San Juan, en la localidad bonaerense de Junín, se registró otro caso de censura, pero a partir de las amenazas de un padre contra la profesora de Literatura de la Escuela Media Nº 7. En ese curso, de acuerdo con el programa de clases y dentro del diseño curricular establecido por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, iban a estudiar los textos del escritor desaparecido durante la última dictadura Rodolfo Walsh, y la novela Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, del periodista Cristian Alarcón.
Horas después de dar la clase, la profesora –cuya identidad no fue revelada– fue citada por la directora del colegio, quien tras hablar con los padres organizó una reunión conjunta. Debido a la discusión generada durante el encuentro, los padres fueron levantando el tono y amenazaron a la docente, quien se vio obligada a realizar una denuncia penal. “Te vamos a amenazar acá y en cualquier lado”, “vamos a volver”, habrían sido los términos utilizados por el agresor, que además habría reivindicado la lucha de los uniformados contra los “subversivos” de la década del setenta.
Ecos del pasado que, cada tanto, pretenden instalarse en una realidad democrática con el fin ilusorio de acallar voces que aprendieron a expresarse, y si es necesario, a gritar.
Fuente: Revista Veintitres.
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