Por Eleonora Gosman
Cada día mueren diez personas en San Pablo. Son víctimas del choque sangriento entre las mafias y la Policía Militar.
Cada día que pasa, las estadísticas de muertes violentas crecen. Lo que indica la nula eficacia de las escasas acciones oficiales del gobierno paulista. Con los homicidios que se produjeron ayer, la tasa diaria de asesinatos en San Pablo asciende a 10. Ese desmesurado incremento ocurre a horas de un pronunciamiento del gobernador Geraldo Alckmin, para quien la escalada criminal de octubre y comienzos de noviembre empezaba a disminuir. En la madrugada de ayer, 8 víctimas de la violencia homicida se sumaban a las 15 muertes reportadas la noche anterior.
El jueves, con el desafortunado método de bajar el tono al desastre cuando los hechos dicen lo contrario, Alckmin afirmó que la onda asesina “está en un ritmo bien menor, en proceso de caída”. Abundó con otros conceptos que un día después se revelarían equivocados. Dijo que muchos de los crímenes informados no estaban vinculados con las bandas del narcotráfico. Pero estadísticas que trascendieron, desde los organismos de seguridad, indican lo opuesto.
La situación es lo suficientemente crítica como para alarmar a la Iglesia católica. Desde el arzobispado paulistano, el cardenal Odilio Scherer convocó para hoy a una protesta contra la parálisis oficial.
La manifestación fue citada en la Plaza da Sé, en el centro de la ciudad, donde se eleva la catedral. En tiempos de la dictadura, ése era el lugar para las protestas contra la represión. Algunas diócesis bajaron instrucciones de no abrir las iglesias después de las 18 en las zonas conflictivas, especialmente en el sur y en el este. Estos y otros datos indican un grado de exacerbación del conflicto que cada vez se parece más a aquellos días de fin de mayo de 2006, cuando el mafioso Primer Comando de la Capital sitió, literalmente, la ciudad.
Volvieron, por ejemplo, el incendio de ómnibus en las zonas más periféricas. Ayer hubo otro caso en la Zona Este: un comando delictivo abordó un vehículo de línea, obligó a descender al conductor y al cobrador y, luego de robar la recaudación, lo incendiaron. Desde que se inició la guerra entre los narcos y sectores de la Policía Militar, 42 unidades de transporte público desaparecieron bajo las llamas . Estas operaciones, junto con los rumores de “toques de queda” decretados por los traficantes, tienen como objetivo atemorizar y paralizar a la población.
De acuerdo con las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público en San Pablo, la oleada de asesinatos arrancó en mayo pasado. La causa fueron las “ejecuciones sumarias” practicadas por la Policía Militar en su ofensiva contra la mafia. El primer caso ocurrió en mayo, cuando líderes del PCC se encontraban reunidos en una casa de la zona este paulistana. Allí planificaban la fuga de la cárcel de uno de sus compañeros, cuando agentes de la Rota (policía especializada en el combate al delito organizado) invadió el lugar y liquidó a cinco de los 6 sospechosos. Los soldados de la PM ejecutaron fríamente al sexto delincuente, cuando ya lo habían detenido. Ese hecho fue filmado con celular y trascendió a la prensa.
En septiembre hubo una segunda masacre: la PM liquidó a mansalva a nueve traficantes que se encontraban en el municipio del Gran San Pablo, conocido como Vargem Grande Paulista. El grupo se encontraba reunido para un “tribunal” de juicio a alguno de los suyos; en ritos que suelen terminar en el ajusticiamiento del sospechoso. Esa acción policial fue tan sangrienta que alcanzó una enorme difusión periodística, y obligó al gobernador Alckmin a dar la cara. Lo que dijo fue objeto de críticas generalizadas: “Quien no reaccionó, está vivo”, sostuvo ante los periodistas. Convalidaba así la práctica de la “ejecución” sin juicio.
Cuando se observan los números de homicidios ocurridos desde mayo hasta ahora en la metrópolis paulista, se puede ver la correlación entre estos hechos y el aumento de ataques y asesinatos entre policías y traficantes. De los 108 homicidios registrados en mayo, San Pablo saltó a 144 en septiembre, es decir, un aumento de 33%.
Según la Auditoría de la Policía Militar, un organismo que vigila la letalidad de las acciones policiales, existe una relación contundente entre la onda de violencia y la actitud policial en las distintas operaciones. Concluye que a partir de los hechos de mayo y de septiembre pasados, hubo un desquite planificado por el PCC .
En entrevista con el site brasileño G1, Luiz Gonzaga Dantas, auditor de la PM, confirmó la existencia de órdenes concretas de la cúpula de la organización delictiva para el asesinato de policías, como forma de venganza. El funcionario sostuvo que las acciones policiales deben tener un límite “y ese límite es la propia ley”.
Fuente: Clarin
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