EL CURA PROTEGIDO

El Arzobispado de Tucumán pagó 115 mil pesos de fianza para que un sacerdote vinculado con la represión enfrentara su procesamiento en libertad. Delación, complicidades y condena social. El escandaloso caso Mijalchyk.

POR POR JORGE REPISO

Sabía perfectamente de qué forma se movían estas organizaciones, ya que tuve oportunidad de conversar con personas que las componían. Todo eso hizo que el Poder Ejecutivo Nacional transformara a la provincia de Tucumán en una zona de operaciones para poder luchar con posibilidades de éxito contra las fuerzas irregulares que mantenían en vilo a la población”, aseguró con toda convicción el joven sacerdote. Fueron dos oraciones que pronunció ante la Justicia en diciembre de 1986, y de las que no podrá retractarse. José Eloy Mijalchyk supo oficiar misas en una humilde capilla al pie de los cerros. Pero cuando colgaba la sotana, lo hacía para participar del infierno mismo. Su caso es el de tantos religiosos que colaboraron con la represión de la dictadura bajo un paraguas institucional del que goza hasta estos días. Pero todo llega, ya que su participación enmarcada en una causa por desaparición de personas fue recientemente elevada a juicio oral. Hoy se encuentra procesado y en libertad bajo fianza, fuera de la vista de todos, pagada en parte por el Arzobispado de Tucumán.

Mijalchyk, conocido por la gente como el “Padre Pepe”, se hizo cargo de la capilla San José Obrero del El Colmenar en la comunidad de Las Talitas. El presbítero llegó a ese lugar y nunca se alejó, y en mayo de 1982 solicitó la capellanía del Regimiento de Infantería 19. Pero debemos dar unos pasos atrás en el tiempo para explicar su participación como colaborador e informante de las fuerzas represivas que se habían asentado en la provincia un año antes del golpe de 1976. El “Padre Pepe” actuaba en dos frentes: desde su iglesia y en el mismo centro clandestino de detención.

Documentos incuestionables aportados a la causa lo ubican dando pistas sobre sospechosos de lo que él consideraba actividad subversiva. “Ruta 205, frente a una escuela, vive un tal Villarreal, este hace contacto con un tal Riojano, este vive detrás de una estafeta de Granja Modelo. Según ciertos testigos, se siente cavar todas las noches”. Otro ejemplo escrito a máquina: “Benito Villarreal. Pelo negro, sin trabajo conocido, posible enlace del ERP”. Y otro, acompañado de un croquis hecho de puño y letra: “Hay un tipo barbudo que todas las noches duerme en la Capilla de Granja Modelo. Viste ropa verde”.

Dentro de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga funcionó uno de los centros clandestinos de detención más importantes de Tucumán. La guarnición operaba bajo la órbita de mando del dictador Antonio Domingo Bussi y por su interior, según la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad, pasaron un millar de detenidos que, provenientes de otros centros ilegales, fueron ejecutados. Mijalchyk tenía pase libre para acceder a las oscuras instalaciones, donde ingresaba con ropa de civil. Al sacerdote ya se lo consideraba capellán de ese antro donde transcurrían inenarrables sesiones de tortura.

Testimonios aportados por testigos comprometen a un cura que tuvo estómago y aplomo para presenciar y ser cómplice de semejante cuadro. Aseguran que charlaba con los detenidos con el fin de sacarles información y que varios de esos condenados le pidieron una ayuda que nunca llegó. Lo mismo les ocurrió a los familiares de detenidos que acudían en su auxilio fuera de los muros, en la parroquia.

El “Padre Pepe” fue indagado a fines de 2010 e inmediatamente procesado por ser “autor material por el delito de asociación ilícita agravada y partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de María Angélica Mazzamuto de Romero, Félix Viterbo Corbalán, Antonio Raúl Romero y Raúl Romero”. Mijalchyk tiene el privilegio de compartir causa con antiguos camaradas: el fallecido ex gobernador Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz, un policía que dirigía el servicio de información provincial. Los represores, a su vez, forman parte de una lista de veinte oficiales y suboficiales de distintas fuerzas que trabajaban en común, más un civil escribano, Juan Carlos Jesús Benedicto, hoy prófugo de la Justicia.

Luego del procesamiento, la Iglesia se tomó un mes para ampararlo, y lo hizo en metálico. Mijalchyk tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a defensa en libertad, por lo que la Justicia dictó una caución de 150 mil pesos y la vaquita se completó en pocos días. El cura contaba con una camioneta Ford Ranger valuada en 35 mil pesos, pero faltaban los 115 mil pesos restantes que fueron aportados por el Arzobispado de Tucumán. El depósito se hizo en efectivo en una caja del Banco Nación.

“Lo dije en su momento. Es increíble que la institución convalide hechos y debería dar explicaciones. En cambio, decide pagar una fianza por uno de sus integrantes acusado de delitos de lesa humanidad”, dice Rodolfo Yanzón, conocido abogado de derechos humanos. Cuando se conoció la noticia, militantes tucumanos se manifestaron y pidieron respuestas, pero el arzobispado no dio la cara.

“Ya en los años ’80 se hablaba del ‘Padre Pepe’ como colaborador de los militares, era vox pópuli. En 1985 se sabía que en ese cuartel existían fosas comunes”, explica Julia Vitar, abogada querellante por la desaparición de cinco integrantes de la familia Rondoletto. “Esas fosas comenzaron a cavarse en 2009 y se encontraron fragmentos pequeños, proyectiles y partes quemadas con el posterior hallazgo de 15 cadáveres. Esta es una causa donde se investiga la desaparición y el asesinato de más de 100 personas. El arsenal Azcuénaga fue un centro clandestino representativo de cómo funcionaba la represión conjunta, ya que actuaban la policía, el Ejército y la Gendarmería”.

Para procesar a Mijalchyk, la Justicia se valió de elementos fundamentales: tres testigos que lo vieron en el campo de concentración y documentación que otro testigo, de nombre Juan Carlos Clemente, sustrajo en 1977 del Servicio de Información Confidencial de la policía. Esas páginas contienen la información provista por el cura a los servicios, además de una lista que marcaba el destino muchas veces final de los desaparecidos.

“Es un invento de los zurdos, porque hace rato que me quieren agarrar”, bramó alguna vez el “Padre Pepe”. Sus superiores, mientras tanto, pusieron a buen resguardo el dinero de la fianza para que no pierda valor. Mediante una nota, el defensor oficial Marcelo Corbella solicitó a la Justicia que el monto se deposite en un plazo fijo con renovación automática cada 30 días.

Mijalchyk también está resguardado, por lo menos hasta que deba hacerle frente al tribunal. La Iglesia, que no excomulgó a un personaje tan nefasto como Christian von Wernich, tampoco lo hará con Pepe, a quien el papa Benedicto XVI le concedió el título de Prelado de Honor.

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Quién fue Edgardo Storni

Fue el hombre fuerte de la Iglesia santafesina durante 18 años. Poderoso e influyente en todo sentido, hasta el punto de provocar miedo. Ese temor un día fue quebrado cuando un testimonio se coló en la prensa y le cambió la suerte a Edgardo Storni. Un seminarista contó que fue objeto de abuso sexual por parte del arzobispo, y los hechos fueron publicados en el libro Nuestra Santa Madre, de la periodista Olga Wornat.

Estalló el escándalo y, pronto, 47 víctimas denunciaron el mismo delito contra Storni. En medio del affaire, el acusado movió influencias y llegó al Vaticano, donde fue ratificado por el papa Juan Pablo II. Pronto renunció a su cargo y en la oscuridad y el retiro esperó el parecer de la Justicia. La jueza María Amalia Mascheroni lo condenó a ocho años de prisión por abuso sexual agravado varios años después, pero en aquel momento el religioso zafó de ir a la cárcel a causa de su edad. En 2011, la Cámara Penal de la provincia de Santa Fe anuló aquel fallo. Storni murió en su residencia cordobesa de La Falda el pasado 20 de febrero. 

“En esta ceremonia vamos a rezar por un hijo de Dios que ha muerto y que ha sido obispo de nuestra Iglesia”, lo despidió el obispo José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, durante una misa en honor a Storni el mismo día de su fallecimiento. Arancedo lo conoció muy bien, y fue su sucesor cuando el acusado de abuso cayó en desgracia.

Fuente: Revista Veintitrés.