La lucha de Avelino Bazán y los trabajadores de El Aguilar, reprimidos en 1973 y secuestrados el 24 de marzo del '76. Cuatro meses antes de que Pedro Blaquier aportara logística de su Ingenio en operaciones de la dictadura, la minera dispuso camionetas para secuestrar a 30 delegados gremiales de su planta. Una investigación que se publicará antes de fin de año podría identificar a los responsables de la pata empresaria.
Por Daniel Enzetti.
El 24 de marzo de 1976, 29 obreros de la mina El Aguilar, ubicada en el corazón de la Puna de Atacama, fueron secuestrados en un operativo conjunto de la Gendarmería Nacional y la policía jujeña. Las fuerzas de seguridad aportaron represores, y la empresa sus camionetas, que sirvieron para arrastrar a los trabajadores, encadenados, al destacamento de La Quiaca y al penal de Villa Gorriti. Al igual que el de Gorriti, donde también fue llevado Luis Aredez ese mismo día, el grupo de La Quiaca soportó torturas y simulacros de asesinato. Y escuchó una pregunta insistente de los genocidas, similar a aquella que intentaba saber el paradero del general Raúl Tanco, antes de que la Revolución Libertadora fusilara a un grupo de militantes en los basurales de José León Suárez en 1956: “¿Dónde está Bazán?”
Bazán era Avelino Bazán. Ayudante tipógrafo en la adolescencia, y minero a partir de sus 18 años en el socavón que El Aguilar explota desde 1929 en medio de aquel desierto de temperaturas bajo cero.
En el momento de producirse el golpe de Estado hacía once años que ya no estaba en la mina, de la que se fue en 1965. Pero siguió del lado de sus compañeros, advirtiendo sobre los salarios de hambre, el hacinamiento y las muertes por silicosis. Sobre todo cuando fue diputado provincial por el justicialismo en Jujuy, y desde la Dirección de Trabajo de la Provincia. En esa época, noviembre de 1973, los 1500 trabajadores de la empresa se levantaron en El Aguilarazo, una revuelta de menos de una semana en protesta por la quita de horas extras ordenada por la derecha peronista ya en manos de Isabel Martínez. Bazán trató de parar la rebelión y evitar que la Gendarmería tirara a matar, pero no pudo. Y denunció la represión. Quedó marcado. Finalmente la dictadura lo encontró a los pocos días de aquel operativo conjunto en la mina. Estuvo en Gorriti y posteriormente en la Unidad 9 de La Plata, de donde lo liberaron hasta volverlo a secuestrar definitivamente en 1978.
En la actualidad, Avelino es el único trabajador de El Aguilar que permanece desaparecido. Su causa es una de las cinco que la justicia federal tramita en Jujuy, junto con otras relacionadas al Ingenio Ledesma. Y es el primer caso, anterior al de Pedro Blaquier, que demuestra la participación civil empresaria en el aparato criminal impuesto a partir de 1976.
Dos gotas de agua. El Aguilar y Ledesma son casi un calco. Las dos empresas explotan a sus trabajadores desde hace un siglo, pagan salarios de hambre, mantienen a sus obreros en las peores condiciones de trabajo, contaminan el ambiente, mantuvieron una estrecha relación con los gobiernos de turno, multiplicaron sus ganancias durante la última dictadura militar, y no dudaron en aportar su logística en secuestros masivos de representantes gremiales que molestaban. Hay una diferencia, y tal vez esa sea la razón fundamental por la cual la justicia no haya podido aún encausar una denuncia debidamente documentada contra la minera. Ledesma es Blaquier, su ex esposa Nelly Arrieta, el histórico administrador Alberto Lemos y una banda de colaboradores con nombre y apellido. En El Aguilar, la identificación no es tan fácil. En alguna oportunidad, la firma con carácter de subsidiaria perteneció al grupo Morgan –como alguna vez informó la revista El Descamisado a mediados de los '70–, la National Lead y el Monopolio Mundial del Plomo. Actualmente, las directivas sobre una representación de delegados argentinos las bajaría el pool suizo Lencord. Según una denuncia por contaminación presentada contra la empresa, a la que accedió Tiempo Argentino, los que figuran como directores titulares son Francisco Javier Herrero Gilsanz, Roberto Salvador Cacciola, Martín Wilfredo Dedeu, Christopher Eskdale y José Luis Musso, mientras que la sindicatura aparece ocupada por Arturo Pfister Puch.
“Es difícil identificar a los responsables de la empresa –dice a este diario Delia Maisel, autora de un libro dedicado a Bazán a punto de publicarse (ver pág. 14)–, porque todavía predomina el miedo. Logré muchísimos testimonios para la investigación, pero los trabajadores que vivieron aquellos días con Avelino no aparecen con sus verdaderos nombres. Eso da una idea del cerco de impunidad que hay alrededor del tema.”
En 1958, Bazán fue elegido por sus compañeros secretario general del gremio, y lo primero que hizo fue reclamar por leyes sobre asignaciones familiares y recomposición salarial aprobadas en el gobierno de Arturo Frondizi. Los dueños le dijeron que las normas “estaban sujetas a la libre interpretación de los empleadores”, y que por supuesto, ellos interpretaban que no era necesario tocar los sueldos.
El Aguilar pagaba miserias, y cuando algún obrero se moría, directamente lo remplazaban por otro. Por lo general, el personal era traído de los pueblos originarios asentados en territorio argentino, o desde Bolivia. El contacto permanente con la dinamita, y el clima frío y húmedo a miles de metros de profundidad, enfermaba y generaba afecciones respiratorias y problemas auditivos insalvables. Pero no modificaba en nada la riqueza por la extracción de plata, plomo y zinc, que crecía exponencialmente gracias a guiños impositivos de distintos gobiernos.
Durante años, la firma recibió denuncias por irregularidades en el pago del canon correspondiente al lugar que ocupa su campamento permanente en Jujuy, y el extraño cálculo que hace para abonar porcentajes de regalías, determinados no por una auditoría provincial –como debería ser–, sino en base a declaraciones juradas emitidas por la misma empresa. Que dice lo que quiere, y pretende que le crean.
La marcha del '64. “Para ser buen dirigente gremial hay que ser un buen trabajador”, decía Bazán. Que según sus compañeros, era las dos cosas. A fines de los '50, por primera vez en casi medio siglo, el personal de la mina pudo discutir sus haberes en paritarias. Y logró distintas reivindicaciones. Pero sin embargo, el régimen laboral no bajó de un promedio diario de 16 horas, que derivó en varias jornadas de protesta, y en 1964 en una gran huelga de 33 días, con marcha a lo largo de la Puna programada hasta San Salvador.
Los obreros intervinieron el campamento, organizaron jornadas de guardia ayudados por sus propias mujeres, y paralizaron la planta en forma completa. Como pudieron, denunciaron las diferencias en la organización interna. Que por ejemplo marcaba contrastes enormes entre el predio que ocupaban los que se hundían al interior de la montaña por las galerías, por un lado, y los directivos, arqueólogos y geólogos, por otro. De una parte de un enorme alambrado, los primeros no contaban con ningún tipo de servicio. Del otro había proveeduría, tiendas de campaña, ropa de abrigo y lugares de descanso.
El sector que ocupaba la minera no era –ni lo es ahora– propiedad privada, sino zona de explotación dada por la provincia de Jujuy en concesión. Aunque como siempre pasó con el Ingenio Ledesma en Libertador y Calilegua –ciudades convertidas en apéndices de la azucarera–, desde la década del '20 la Gendarmería Nacional custodia el patrimonio del grupo como si fuera público. Un ejemplo es Tres Cruces, punto de visita turística al que en la actualidad nadie puede acceder sin una orden de los responsables de la mina, y vigilado celosamente por los gendarmes a partir de aquella marcha de los años '70.
El primer vuelo de la muerte. Bazán había nacido en marzo de 1930 en La Quiaca, y a los ocho años ya se dio cuenta de lo que significaría la patronal de la empresa en su vida. Su hermana mayor, empleada de limpieza en la casa del administrador, fue echada sin explicaciones, y él y toda su familia cargada en un camión con plomo y zinc, y tirada en Tres Cruces sin comida ni ropa. Fue ayudante de tipografía en el estudio de un polaco radicado en Jujuy, y después de visitar a otro hermano que trabajaba en el socavón, ingresó a la minera cuando cumplió la mayoría de edad.
Con el peronismo proscripto en plena Revolución Libertadora, Avelino participó en asambleas, organizó discusiones sobre salarios, y reclamó normas de seguridad para los compañeros que se sumergían en la montaña. El grupo decidió nombrarlo en 1958 secretario general del Sindicato Obrero Mina Aguilar (SOMA), desde donde colaboró para la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). En la Asociación fue secretario de Organización primero, y de Prensa y Propaganda después.
En 1966 asumió como diputado provincial, impulsó la creación de la Universidad de Jujuy, y más tarde ocupó la Dirección de Trabajo. Hasta que la derecha de Isabel lo marcó, y la Triple A intentó asesinarlo.
Después de aquella redada masiva en la mina el 24 de marzo de 1976, Bazán fue detenido por el capitán Juan Carlos Jones Tamayo el 29, llevado a Gorriti cuatro meses, y trasladado a la U9 de La Plata hasta julio de 1978. El 25 de octubre de ese año un comando militar lo secuestró a metros de un cine de la calle Patricias Argentinas, en pleno centro de San Salvador, y desde ese momento permanece desaparecido.
“Trabajé en la CONADEP y recuerdo denuncias presentadas –explica Maisel–, pero prácticamente no hay datos sobre su desaparición definitiva. Ojalá que la audiencia que se desarrolla en Jujuy en estos días ayude en ese sentido. Lo importante, como pasa con Blaquier y Ledesma, es ahondar sobre la complicidad civil y empresaria en los tiempos del terrorismo de Estado. El hecho de que la causa de Avelino se denomine 'Bazán y mina El Aguilar' es un avance enorme en ese sentido.”
Cuando los genocidas se cansaron de tenerlo en Gorriti, y decidieron torturarlo en un lugar más seguro, pensaron que la Unidad platense era la ideal. Pusieron a disposición un avión Hércules, y durante el viaje lo molieron a patadas. Avelino llegó desfigurado.
Hoy, sus compañeros dicen que ese fue el primer vuelo de la muerte. «
“patria, justicia y dignidad”
Mientras estuvo detenido en el penal de Villa Gorriti, Bazán escribió dos libros, después editados por su familia en ejemplares hoy imposibles de conseguir: El por qué de mi lucha. 30 años en la vida gremial del pueblo aguilareño, y Voces del socavón.
Por medio de la investigadora Delia Maisel, Tiempo Argentino accedió a esos originales.
Algunos párrafos:
"Era inconcebible pensar cómo un hombre que empezaba por levantarse de la cama a las siete de la mañana, entrar al trabajo a las 8, salir a almorzar a las 12, volver a las 13 y regresar a su hogar a las 24 horas, todos los días inclusive los domingos y feriados, podía tener esperanzas de gozar de una vejez."
"¡Siquiera de una vejez! Así, cientos de obreros están condenados a los altares del gran Molok del plomo como los elegidos al holocausto y satisfacer su sed de dominio y poder."
"El viernes 8 de mayo de 1964 mil obreros en un largo sacrificio por sus derechos. A las cero horas, 400 obreros de El Molino (planta de industrialización de los minerales), a los que se uniría otra columna de 600 obreros que trabajaban en la Vetamina (socavón en las profundidades de la tierra), iniciamos la marcha que nos conduciría a Humahuaca como primera etapa. Optamos por hacerlo atravesando las montañas en línea recta, lo que nos acortaba el trayecto… Los obreros entonaban una marcha improvisada por ellos: ¡Adelante los mineros! / Los mineros de Aguilar / Por la patria y la justicia / Y por nuestra dignidad."
"Así terminaba una huelga a la que habíamos sido impulsados por la insensibilidad y arbitrariedad patronal, 33 días en que todo el pueblo de El Aguilar participó, sufrió y se sacrificó. La ley hecha por y para los patrones cobraba de esta manera nuevas víctimas, y dejaba en evidencia una vez más el enorme poderío de una empresa que se movía y pesaba tanto en las esferas del gobierno nacional como en la prensa, que había deformado lo hechos. Los trabajadores habían perdido los salarios (de los 33 días que serían descontados)."
Huelga.
33 días Bazán acompañó la huelga de más de un mes que realizaron los trabajadores de El Aguilar.
Fuente: Tiempo Argentino.
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