Una investigación a fondo sobre el papel que jugaron los civiles chilenos en la conspiración que a lo largo de más de tres años culminó con el golpe militar de septiembre de 1973. Los empresarios no vacilaron en producir el caos y respaldar las atrocidades salvajes que se prolongaron diecisiete años. Muchos de ellos se enriquecieron y hasta hoy eluden responsabilidades y vergüenzas.
Por Roberto Ortiz.
No parece haberse explorado a fondo el papel que jugaron los civiles en la conspiración que a lo largo de más de tres años culminó con el golpe militar de septiembre de 1973, cuando se abrió la puerta a una dictadura que cambió profundamente a Chile. Los “generales civiles” no trepidaron en producir el caos y, luego, respaldar sin mayores escrúpulos las atrocidades salvajes que se prolongaron diecisiete años. Muchos de ellos se enriquecieron y hasta hoy eluden responsabilidades y vergüenzas. Se las ingeniaron para empujar a los militares y para ejecutar la política que más convenía a los intereses de la oligarquía.
A la cabeza de la conspiración estuvo Agustín Edwards Eastman, ya entonces director propietario de la cadena El Mercurio y cabeza de un grupo económico. Edwards sufrió una verdadera conmoción por el triunfo de Salvador Allende y la derrota del candidato derechista, Jorge Alessandri. Había creído en las encuestas y en las opiniones de Edward Korry, embajador de Estados Unidos. Las peores pesadillas parecían materializarse. El Mercurio había planteado que la decisión del pueblo se daba entre democracia y comunismo. Había triunfado el comunismo. Y eso era lo que temía Edwards. Dos años antes, cuando el general Roberto Viaux se había acuartelado en el Regimiento Tacna tratando de derribar al presidente Eduardo Frei Montalva, el dueño deEl Mercurio –según se dice– conspiró en las sombras. Y para asegurarse, había viajado a Estados Unidos.
A la cabeza de la conspiración estuvo Agustín Edwards Eastman, ya entonces director propietario de la cadena El Mercurio y cabeza de un grupo económico. Edwards sufrió una verdadera conmoción por el triunfo de Salvador Allende y la derrota del candidato derechista, Jorge Alessandri. Había creído en las encuestas y en las opiniones de Edward Korry, embajador de Estados Unidos. Las peores pesadillas parecían materializarse. El Mercurio había planteado que la decisión del pueblo se daba entre democracia y comunismo. Había triunfado el comunismo. Y eso era lo que temía Edwards. Dos años antes, cuando el general Roberto Viaux se había acuartelado en el Regimiento Tacna tratando de derribar al presidente Eduardo Frei Montalva, el dueño deEl Mercurio –según se dice– conspiró en las sombras. Y para asegurarse, había viajado a Estados Unidos.
Conspiradores y golpistas. En septiembre de 1970, el propietario de El Mercurio –que había vivido en Estados Unidos– decidió viajar a Washington. Lo invitaba su amigo, el principal ejecutivo de Pepsi Cola, cercano al presidente Richard Nixon. Su objetivo era hablar con el presidente de Estados Unidos. Y lo consiguió. La entrevista fue breve pero específica. Edwards pidió a Nixon que interviniera para que Allende no pudiera ser presidente de la República, haciendo que el Congreso chileno, que debía decidir entre las dos primeras mayorías relativas, o sea, entre Allende y Alessandri, eligiera al segundo. Nixon estuvo de acuerdo. Y no era para menos, porque prácticamente desde el mismo 4 de septiembre –como lo reveló el Informe Church–, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, estaban diseñando con la CIA medidas de urgencia, con fondos ilimitados para cerrar el paso a Allende por cualquier medio. Incluyendo, implícitamente, el asesinato.
Edwards, entretanto, decidió quedarse en Estados Unidos, trabajando en una subsidiaria de Pepsi Cola. Sólo volvió a Chile en 1975. Dejó en todo caso a dos pesos pesados a cargo del negocio periodístico: Arturo Fontaine Aldunate, un ideólogo de la derecha, y como director a René Silva Espejo, experimentado redactor político con relaciones con oficiales del ejército y la Fuerza Aerea. El Mercurio libró una lucha sin cuartel contra el gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular. Sin cuartel y sin escrúpulos. Desde junio de 1973 llamó abiertamente al golpe de Estado.
La desestabilización inicial se centraba en la presión sobre la Democracia Cristiana para que votara a favor de Alessandri en el Congreso Pleno; el candidato derechista renunciaría enseguida a la Presidencia de la República y debería llamarse a nuevas elecciones en las que la DC y la derecha unidas podrían reelegir a Eduardo Frei. Al mismo tiempo, se desencadenó una ofensiva terrorista para amedrentar a la población. Simultáneamente y en el mayor secreto, con la colaboración de agentes norteamericanos se planeaba el secuestro del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en una operación que contaba con el apoyo de los máximos jefes de las FF.AA. y Carabineros. El secuestro sería la provocación necesaria que obligaría a los militares a intervenir.
Las conversaciones políticas fracasaron cuando la DC negoció con la Unidad Popular un Estatuto de Garantías para votar a favor de Allende en el Congreso. A los pocos días, el general Schneider fue herido de muerte en el atentado realizado por la ultraderecha, lo que provocó una reacción corporativa en el ejército que cerró filas junto al general Carlos Prats, y fue necesario cambiar de estrategia por una que sería de largo plazo. Era necesario esperar que la economía sometida a tensiones internas y externas impulsadas por Estados Unidos actuara. La presión sobre la Democracia Cristiana debería acentuarse para que se aliara con la derecha. Sería necesario un movimiento de masas que incluyera a sectores medios y bajos, y una creciente agitación que llevara en definitiva a las Fuerzas Armadas, y especialmente al ejército, a dar un golpe de Estado. Pasados los primeros sesenta días, la tranquilidad empezó a imponerse. Pero no entre los grandes empresarios que preparaban las espadas.
Eugenio Heiremans, importante dirigente empresarial, propuso al ingeniero Orlando Sáez que jugara un papel de primera línea. Necesitamos, le dijo, dirigentes jóvenes, menos conocidos, que sean capaces de articular un movimiento gremial muy amplio que abarque a todos desde los empresarios grandes a los chicos y también a los comerciantes y transportistas. Eso para empezar. Orlando Saéz comenzó a moverse. Salió al extranjero. En la Argentina, México, Perú y Brasil se reunió con empresarios amigos, no sólo chilenos, para que financiaran la oposición antiallendista. En octubre de 1974, en el New York Times, un periodista norteamericano, Jonathan Kendall, reveló que dirigentes de la Sofofa habían contado que desde México, Perú y Venezuela se habían enviado 200 mil dólares a Chile para sostener la huelga de los camioneros. Kendall precisó que los dirigentes empresariales chilenos “no dijeron cuánto dinero recibieron de la CIA”. También los empresarios agrícolas fueron implacables. Se distinguió Benjamín Matte, dirigente de Patria y Libertad, movimiento sedicioso que empezó a preparar acciones armadas y sabotajes. Patria y Libertad fue dirigida por el abogado y profesor de derecho civil, Pablo Rodríguez Grez. Tuvo grupos de choque y saboteadores, vinculaciones secretas con grupos subversivos de las Fuerzas Armadas y participó en el “tanquetazo” del 28 de junio de 1973, antesala del golpe del 11 de septiembre. Después del golpe, muchos de sus militantes se incorporaron a los organismos represivos.
Edwards, entretanto, decidió quedarse en Estados Unidos, trabajando en una subsidiaria de Pepsi Cola. Sólo volvió a Chile en 1975. Dejó en todo caso a dos pesos pesados a cargo del negocio periodístico: Arturo Fontaine Aldunate, un ideólogo de la derecha, y como director a René Silva Espejo, experimentado redactor político con relaciones con oficiales del ejército y la Fuerza Aerea. El Mercurio libró una lucha sin cuartel contra el gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular. Sin cuartel y sin escrúpulos. Desde junio de 1973 llamó abiertamente al golpe de Estado.
La desestabilización inicial se centraba en la presión sobre la Democracia Cristiana para que votara a favor de Alessandri en el Congreso Pleno; el candidato derechista renunciaría enseguida a la Presidencia de la República y debería llamarse a nuevas elecciones en las que la DC y la derecha unidas podrían reelegir a Eduardo Frei. Al mismo tiempo, se desencadenó una ofensiva terrorista para amedrentar a la población. Simultáneamente y en el mayor secreto, con la colaboración de agentes norteamericanos se planeaba el secuestro del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en una operación que contaba con el apoyo de los máximos jefes de las FF.AA. y Carabineros. El secuestro sería la provocación necesaria que obligaría a los militares a intervenir.
Las conversaciones políticas fracasaron cuando la DC negoció con la Unidad Popular un Estatuto de Garantías para votar a favor de Allende en el Congreso. A los pocos días, el general Schneider fue herido de muerte en el atentado realizado por la ultraderecha, lo que provocó una reacción corporativa en el ejército que cerró filas junto al general Carlos Prats, y fue necesario cambiar de estrategia por una que sería de largo plazo. Era necesario esperar que la economía sometida a tensiones internas y externas impulsadas por Estados Unidos actuara. La presión sobre la Democracia Cristiana debería acentuarse para que se aliara con la derecha. Sería necesario un movimiento de masas que incluyera a sectores medios y bajos, y una creciente agitación que llevara en definitiva a las Fuerzas Armadas, y especialmente al ejército, a dar un golpe de Estado. Pasados los primeros sesenta días, la tranquilidad empezó a imponerse. Pero no entre los grandes empresarios que preparaban las espadas.
Eugenio Heiremans, importante dirigente empresarial, propuso al ingeniero Orlando Sáez que jugara un papel de primera línea. Necesitamos, le dijo, dirigentes jóvenes, menos conocidos, que sean capaces de articular un movimiento gremial muy amplio que abarque a todos desde los empresarios grandes a los chicos y también a los comerciantes y transportistas. Eso para empezar. Orlando Saéz comenzó a moverse. Salió al extranjero. En la Argentina, México, Perú y Brasil se reunió con empresarios amigos, no sólo chilenos, para que financiaran la oposición antiallendista. En octubre de 1974, en el New York Times, un periodista norteamericano, Jonathan Kendall, reveló que dirigentes de la Sofofa habían contado que desde México, Perú y Venezuela se habían enviado 200 mil dólares a Chile para sostener la huelga de los camioneros. Kendall precisó que los dirigentes empresariales chilenos “no dijeron cuánto dinero recibieron de la CIA”. También los empresarios agrícolas fueron implacables. Se distinguió Benjamín Matte, dirigente de Patria y Libertad, movimiento sedicioso que empezó a preparar acciones armadas y sabotajes. Patria y Libertad fue dirigida por el abogado y profesor de derecho civil, Pablo Rodríguez Grez. Tuvo grupos de choque y saboteadores, vinculaciones secretas con grupos subversivos de las Fuerzas Armadas y participó en el “tanquetazo” del 28 de junio de 1973, antesala del golpe del 11 de septiembre. Después del golpe, muchos de sus militantes se incorporaron a los organismos represivos.
Jaime Guzmán, el ideólogo. El sociólogo francés Alain Touraine, que estaba entonces en Chile, y vio a Jaime Guzmán en televisión, poco antes del golpe dejó un retrato exacto en su libro Vida y muerte de Chile popular: “Me impresiona ver y escuchar a un tal Guzmán, periodista que es además profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica: jamás había visto un hombre así en este país. Me ha asustado: en los períodos de tensión extrema se ven salir las cabezas más horribles. La suya está habitada por una pasión fría armada de una lógica falsa: es un inquisidor, su palidez es la de los jóvenes fascistas de antes de la guerra. Cada una de sus palabras lanza una maniobra sinuosa. No sé si forma parte de un grupo extremista clandestino. En todo caso, merece ser uno de sus jefes, pues pertenece al mundo del fanatismo fascista”.
Renato Cristi, académico, experto en el pensamiento de Jaime Guzmán, señaló: “Me parece que Guzmán es el autor intelectual del pronunciamiento militar. A Pinochet no se le habría ocurrido jamás destruir la Constitución, precisamente el golpe fue dado para protegerla”. Guzmán sentía, como escribió a su madre, que con Pinochet “Chile había reencontrado su verdadero destino”.
En la discusión constitucional, Guzmán propuso e hizo aprobar las normas para la vigencia de una democracia protegida.
Jaime Guzmán fue un político hábil y con clara visión de futuro para sus intereses. Tuvo notables condiciones de liderazgo. El “gremialismo” –origen de la UDI– por inspiración suya, prestó especial atención a estudiantes, jóvenes, mujeres y pobladores.
Renato Cristi, académico, experto en el pensamiento de Jaime Guzmán, señaló: “Me parece que Guzmán es el autor intelectual del pronunciamiento militar. A Pinochet no se le habría ocurrido jamás destruir la Constitución, precisamente el golpe fue dado para protegerla”. Guzmán sentía, como escribió a su madre, que con Pinochet “Chile había reencontrado su verdadero destino”.
En la discusión constitucional, Guzmán propuso e hizo aprobar las normas para la vigencia de una democracia protegida.
Jaime Guzmán fue un político hábil y con clara visión de futuro para sus intereses. Tuvo notables condiciones de liderazgo. El “gremialismo” –origen de la UDI– por inspiración suya, prestó especial atención a estudiantes, jóvenes, mujeres y pobladores.
Colonia dignidad. Hay antecedentes serios, todavía sujetos a investigación judicial, de que la Colonia Dignidad, cerca de Parral, dirigida por Paul Schaeffer, condenado por pedofilia que murió preso, fue un centro de torturas, de eliminación de presos políticos y ocultamiento de restos de prisioneros. Está demostrado que antes del golpe, Schaeffer y sus secuaces colaboraron con Patria y Libertad y con oficiales navales y militares que preparaban acciones de sabotaje. Cerradamente anticomunista, Dignidad saludó como triunfo propio el golpe militar. El hallazgo de arsenales, de automóviles pertenecientes a detenidos políticos cuyo paradero no se conoce aún, la desaparición del físico norteamericano Boris Weisfeiler y los testimonios de ex presos políticos torturados en el que fuera un enclave de colonos alemanes sometidos a la voluntad y a la corrupción de sus líderes, hace verosímiles las denuncias que se investigan.
El Modelo económico. El mismo 11 de septiembre de 1973 el Alto Mando de la Armada recibió un voluminoso estudio económico que había encargado a un grupo de economistas de derecha. Indicaba las medidas indispensables para empezar la construcción de una economía al servicio de los triunfadores que eran las clases acomodadas. Había sido preparado básicamente por economistas de la Universidad Católica que desde hacía casi diez años mantenían un convenio con la Universidad de Chicago, donde imperaba el pensamiento neoliberal de Milton Friedman. Año a año viajaban a esa universidad norteamericana alumnos becados que volvían pertrechados de instrumentos teóricos para establecer un capitalismo desregulado, con una drástica disminución de las funciones del Estado y cero aranceles, abierto al mundo y basado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Obviamente, el documento consideraba eliminar por completo la obra de la Unidad Popular. El trabajo hecho a petición de la Armada, que preparaba el golpe, fue llamado “El ladrillo” por su extensión y espesor y sus autores, conocidos luego como Chicago boys, aunque no todos provenían de esa universidad.
Respaldados por la Armada (a través de Roberto Kelly) pronto asumieron funciones de gobierno. Las medidas económicas que impulsaron fueron drásticas. Tan brutales, según sus críticos, que solamente pudieron imponerse por la feroz represión de la Dina, el Comando Conjunto y los servicios de inteligencia y seguridad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, como lo denunció en Washington el exiliado ex ministro Orlando Letelier pocos días antes de ser asesinado por agentes de la dictadura.
Respaldados por la Armada (a través de Roberto Kelly) pronto asumieron funciones de gobierno. Las medidas económicas que impulsaron fueron drásticas. Tan brutales, según sus críticos, que solamente pudieron imponerse por la feroz represión de la Dina, el Comando Conjunto y los servicios de inteligencia y seguridad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, como lo denunció en Washington el exiliado ex ministro Orlando Letelier pocos días antes de ser asesinado por agentes de la dictadura.
Fuente: Miradas al Sur
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