LA AMENAZA GOLPISTA

El golpe institucional en Paraguay disparó el alerta en la región. Cómo operan las fuerzas destituyentes. El regreso de una enfermedad que se creía erradicada.

 

Por Adrián Murano

 

 

Cuando una enfermedad fue epidemia, es prudente estar atento a los rebrotes. Los golpes de Estado asolaron América latina por más de un siglo, retrasando el proceso de confluencia política, cultural y social que tenía predestinado. El virus tuvo múltiples cepas pero idénticos síntomas: atrofia productiva, anemia política y debilidad institucional, entre los más frecuentes. El mal, que se consideraba erradicado después de una larga y dolorosa sangría, resurgió con impulso inesperado. Su víctima más reciente fue Fernando Lugo, despojado hace una semana de la presidencia del Paraguay. Pero la región cometería un error fatal si decide tratarlo como un caso aislado.

El golpismo del siglo XXI es más sofisticado que las rústicas asonadas cívico-militares del pasado. Ya no se trata de ingresar al despacho a punta de pistola, exigir la renuncia del presidente y transformar la Casa de Gobierno en un cuartel. Devaluadas por sus viejas tropelías, las fuerzas armadas pueden integrar el complejo dispositivo político, económico y social de una avanzada destituyente, pero ya no liderarlo. Es más: su presencia ni siquiera es indispensable para alimentar la inestabilidad a los tiros. Ese rol fue ocupado por un sector menos ambicioso, pero igual de perturbador: las fuerzas de seguridad.

“Hoy los golpes de Estado los dan las policías, no los dan los ejércitos”, evaluó, tiempo atrás, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Por esos días, un extenso y violento motín policial había puesto en jaque la vida y la presidencia del ecuatoriano Rafael Correa. Pero el magistrado no sólo se refería a Ecuador: “Nuestra propia experiencia nos enseña que el último empujón a (Fernando) De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a (Eduardo) Duhalde se lo dio la policía. Las fuerzas de seguridad manejan ámbitos de recaudación autónoma que los políticos han consentido a cambio de gobernabilidad. Con los gobernantes conservadores esto iba al ámbito de la recaudación por prostitución y juego y hoy han entrado todas las formas de lo que se llama criminalidad organizada, servicios ilícitos del mercado”. Para Zaffaroni, la protección de esos intereses puede llevar a las fuerzas policiales a convertirse en el brazo armado de un plan desestabilizador: “No hace falta que toda la fuerza participe, basta con que sólo un sector lo haga para generar las condiciones. (Porque) No son golpes de Estado tradicionales, son golpes de Estado desestabilizadores. Entre una coalición de medios masivos de gran difusión, un sector policial disconforme y algún segmento político interesado en desestabilizar, se puede dar un golpe de Estado. Tranquilamente. Hay antecedentes. En América latina hace ya quince años que lo voltearon a Nilo Batista en Río de Janeiro: lo volteó una organización de esta naturaleza, con combinación de la Red Globo. ¿Por qué? Porque no había querido eximir a la Red Globo de algunos impuestos estatales”. Medios voraces y policías serviciales: un cóctel letal.

Una inusitada y violentísima represión a un grupo de campesinos en el departamento de Caguatý dejó una veintena de muertos y la excusa servida para expulsar al presidente del Paraguay en un bochornoso juicio sumario. Casi en simultáneo, en Bolivia, Evo Morales afrontaba una rebelión de uniformados que, a caballo de un reclamo salarial, se acuarteló, provocando una estampida de violencia delictiva en varios puntos del país. Esta semana, la presidenta argentina Cristina Fernández ordenó que ninguna fuerza federal fuera destinada a disolver conflictos sociales que ocurran en ámbitos que deben ser custodiados por la policía local. La medida fue anunciada tras la muerte de una decena de gendarmes en un accidente de tránsito. Los efectivos eran trasladados luego de cumplir tareas en el yacimiento chubutense de Cerro Dragón, donde un grupo de trabajadores referenciado en una escisión radical de la UOCRA había protagonizado una exaltada toma de la planta. La mandataria expuso sus temores durante el anuncio: “Sabemos lo que buscan. No son trabajadores, son grupos violentos que pretenden generar hechos de violencia. Si querían un muerto, ya los tienen”, dijo, en referencia a los gendarmes fallecidos. En sus palabras sobrevolaba la teoría Zaffaroni.

En cualquiera de sus formatos, un golpe de Estado es imposible sin cierta base de sustentación social. Claro que, como ocurre con la eventual participación policial, no es necesario que toda la sociedad adhiera a la fragua destituyente. Aún más: ni siquiera es indispensable que sea la mayoría. Basta con que una porción influyente de la opinión pública adhiera a la necesidad de un golpe para que el golpe se produzca.

Los responsables de sembrar esa necesidad son los medios de comunicación. En especial, las corporaciones periodísticas que encubren sus intereses particulares, políticos o sectoriales manipulando la información. En Paraguay, por caso, los medios tradicionales abonaron el terreno para un supuesto juicio con información falaz sobre la participación de Lugo en la represión de campesinos, y luego saludó la asunción del vicepresidente golpista al que le adjudicó cualidades de “salvador de la patria”. No es un dato casual que, entre los propietarios de esos medios, se mezclaran representantes de partidos políticos opositores y empresarios reactivos a las políticas del mandatario depuesto.

El principal grupo de medios en la Argentina es Clarín. En el pasado, su periódico estandarte respaldó el terrorismo de Estado a cambio de prebendas que cimentaron la construcción de un multimedios feroz. Tanto, que luego de la recuperación democrática la dirigencia política adoptó un lema: “Nadie resiste cuatro tapas negativas de Clarín”.

Acuciado por su debilidad de origen, Néstor Kirchner tendió lazos con el multimedios. Estaban frescos, todavía, los aportes que Clarín había hecho para proteger el interinato de Eduardo Duhalde, que en compensación patrocinó leyes a medida que salvaron al Grupo de la ruina. Heredero de capital político ajeno, el entonces ignoto Kirchner administró su relación con el Grupo hasta que adquirió la fortaleza suficiente para confrontar con sus exigencias, que se extendían por áreas diversas como la telefonía y el negocio agropecuario. Ese fue, finalmente, el rubro de la discordia: en 2008, Clarín desplegó todos sus medios para respaldar el desafío campero por la 125, mascarón de proa del primer intento destituyente de la era K.

Aquella experiencia alumbró la Ley de Medios que hoy amenaza el oligopolio del Grupo Clarín. De no mediar nuevas postergaciones judiciales, el imperio mediático tiene fecha de vencimiento: 7 de diciembre, día en el que debería aplicarse la cláusula de desinversión. Desesperado por retener el poder, el multimedios conducido por Héctor Magnetto violó su histórica costumbre de operar en las sombras para convertirse en el vértice del armado opositor. Pero el calendario electoral no acompaña sus urgencias.

En su nuevo rol, el grupo acumuló hechos insólitos: estilizó a un enemigo histórico como Hugo Moyano, protege a eventuales candidatos opositores afines como Mauricio Macri y Daniel Scioli y se sirve de su formidable aparato periodístico para inocular desaliento en medio de una histórica crisis global.

La posibilidad de generar expectativas económicas negativas es el principal aporte que los medios pueden aportar a las conjuras golpistas. Pero en la Argentina, donde el Gobierno intenta capear el temporal alimentando la demanda agregada, esa potestad se vuelve crucial: los sectores medios, conservadores por naturaleza, se retraen hasta la inanición cuando perciben que algo malo está por venir. Por eso el Estado decidió estimular el consumo entre los sectores postergados, con menos capacidad de ahorro, es cierto, pero también menos permeables al desánimo que chorrea en los diarios del establishment y los canales de tevé.

En la articulación golpista que eyectó a Lugo confluyeron, por supuesto, los sectores concentrados de la economía, ahora devenidos en empresarios sojeros. No es casual que la disputa por la explotación de la tierra gravitara en otros intentos destituyentes como en Bolivia, Brasil –los “fazendados” jaquearon a Lula y amenazan a Dilma Rousseff– y la Argentina: la conjunción de la vieja oligarquía terrateniente poseedora de las hectáreas con el capital financiero que las explota amalgamó sectores que, a pesar de viejos desencuentros, siempre coincidieron en la estrategia de condicionar a los gobiernos surgidos de la voluntad popular.

Lo que ocurrió en Paraguay no fue un aviso. Las fuerzas que resisten la consolidación de la nueva América latina pretenden una victoria lacerante. La región no puede darse el lujo de una derrota.

Opinión

la apariencia institucional

Por Atilio Borón

Director del PLED (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales)

En los golpismos del siglo XXI se prescinde hasta cierto punto de la participación militar. Si bien no se excluye, siempre necesita un mecanismo formal que transforme el golpe militar en una “ordenada sucesión constitucional”. Esto pasó en Honduras y ahora en Paraguay: en ambos casos el procedimiento constitucional tiene vicios de forma y fondo que son inocultables, pero dan una apariencia de legalidad y dejan de lado –o por lo menos ocultan– que se interrumpe la ordenada sucesión que establece la Constitución. Esto tiene que ver con el enorme desprestigio que cayó sobre los Estados Unidos como mentor activo y promotor de los golpes militares en la década del ’70. Hoy Estados Unidos adopta el poder blando y trata que los golpes procedan a través de estos mecanismos pseudo-institucionales. En el Pentágono, el principal escenario de la guerra antisubversiva hoy son los medios. Ellos dicen que ahí se libra la gran batalla para hacer prevalecer sus propios intereses. Hoy en día la manipulación de los medios es más efectiva que la fuerza militar. En ese marco, un golpe militar a la antigua genera enorme rechazo; en cambio, un golpe del nuevo tipo que tiene una apariencia de legalidad suscita menos réplicas y pretextos de parte de la población. Y, por supuesto, compromete menos a los Estados Unidos.

Por otra parte, lo que sí se mantiene igual es la actitud golpista de los grupos concentrados económicos. Son una constante en cualquier proyecto antidemocrático.

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Opinión

Golpismo siglo XXI, ¿viejo vino en nuevos odres?

Por Mariano Aguas

Politólogo, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Palermo

La vertiginosa destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay a través de un juicio político express reinstaló la discusión sobre el problema de la estabilidad política y la viabilidad de procesos de reforma en las democracias de América latina.

Más allá de una década favorable en términos económicos y del avance democrático en los países de la región, esta sigue ostentando características preocupantes en cuanto a distribución del ingreso y a las formas de construcción de consensos políticos amplios que resienten tanto la calidad institucional como la posibilidad de acuerdos duraderos entre las elites políticas, económicas y culturales.

En este sentido, el caso paraguayo, la asonada hondureña y hasta el confuso episodio en Ecuador nos hablan de nuevas formas de manipulación institucional que bajo visos de legalidad vacían de legitimidad sus instituciones.

¿Estamos entonces frente a nuevas formas de viejas prácticas golpistas? Los procesos que estamos analizando presentan tanto características de “viejos parecidos de familia” como caras nuevas. Durante el siglo XX nos acostumbramos a vivir golpes cívico-militares que por derecha o por izquierda amputaban la voluntad popular de nuestras sociedades. En términos generales esos golpes expresaban profundas grietas en la sociedad (elites y masas) sobre formas de legitimidad política y ampliación de la ciudadanía.

Hoy en día vemos que si bien el tema de la legitimidad democrática es casi indiscutido, persisten profundos desacuerdos a la hora de negociar costos entre actores económicos y políticos para poder avanzar en procesos inclusivos.

Manipulación institucional, asonadas policiales o puebladas furibundas son nuevos modos de expresar la incapacidad de ciertas elites de alcanzar tanto acuerdos duraderos como una genuina representación de sectores de la sociedad que poco a poco se hunden en una peligrosa anomia política.

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Motín policial contra Evo Morales

Golpismos bolivianos

Por Alfredo Grieco y Bavio (desde La Paz)

Hasta comienzos del siglo XXI, Bolivia era un país sudamericano y mediterráneo que parecía sumar más gobernantes y golpes de Estado que años de vida independiente. Todo cambió con la elección de su primer presidente indígena, Juan Evo Morales Ayma, en 2005, con el 54% de los votos. El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) fue reelecto en 2009, después de dotarse Bolivia de su nueva Constitución Política del Estado (CPE), que dejó atrás la República y fundó el actual Estado Plurinacional.

Al frente de un movimiento social, el líder cocalero consiguió entrar en el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo en la Ciudad de La Paz. Evo Morales puso fin así a la “democracia pactada”, el sistema de alternancia de los partidos tradicionales en el gobierno que había imperado en Bolivia desde el fin de la dictadura en 1982. Por cierto, un gobierno con agenda igualitaria que fuera a la vez en contra de las oligarquías locales, de los terratenientes, de los inveterados racismos, de los regionalismos secesionistas, y de la influencia dominante de la embajada de Estados Unidos con su política de erradicación de la coca debía encontrar adversarios que reaccionarían, separados o coaligados, cada vez que viesen atacados sus intereses.

En 2008, la guerra civil pudo verse pasar de cerca en Bolivia. El próspero y blanco Oriente boliviano, una medialuna de departamentos que tienen su centro en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más rica y poblada del país, inició unilateralmente un proceso de autonomización y desconocimiento de la autoridad central de la altiplánica La Paz. Todo pareció llegar a su fin con una masacre de campesinos en el departamento amazónico de Pando, por órdenes del prefecto local, Leopoldo Fernández, hoy en la cárcel. A diferencia de lo que ocurrió en Paraguay con la masacre de Curuguaty del pasado viernes 15, la denuncia de los autores de las muertes fue el comienzo de la erosión de la legitimidad de los regionalistas, y en vez de servir de excusa para provocar la caída de Evo, fortaleció su autoridad.

En los últimos siete días, y en un año en el que no faltaron movilizaciones contra Evo, una protesta cobró una importancia capital. No fue para menos: los que protestaban tenían las armas en la mano. Eran los policías de rangos bajos. En el caso de los últimos escalafones, su salario puede ser de 1.200 bolivianos (unos 175 dólares). El motín policial se inició el pasado jueves en La Paz con la toma de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), cuartel que está a pasos de la Plaza Murillo, corazón del poder paceño, donde están el Palacio Quemado (de gobierno), la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, y la Catedral. Paradójicamente, es la unidad que se encarga de reprimir movilizaciones y protestas.

Rápidamente, los policías de los otros ocho departamentos se fueron sumando al de La Paz. No hubo diferencias regionales aquí entre Oriente y Occidente. Movilizados, los policías tomaron la Plaza Murillo, quemaron archivos en La Paz y en Oruro, hicieron vigilias armadas para buscar un acuerdo con el Ministerio de Gobierno. El presidente Evo Morales estaba en Río de Janeiro, para hablar contra las facilidades de la economía verde en la Cumbre Río+20, antes de marchar a Mendoza para la cumbre de Mercosur y Unasur, a tratar el tema de Paraguay. El gobierno del MAS denunció las esperanzas de golpismo que la derecha había abrigado detrás de la protesta armada de los policías; planes de asesinar al ministro de Gobierno Carlos Romero fueron expuestos a una ciudadanía que pasó una semana sin policía en las calles.

Al menos provisoriamente, el motín concluyó el miércoles con la firma de un acuerdo. Los policías recibirán un aumento al sueldo básico de 100 bolivianos (13 dólares) y un bono adicional de 200 bolivianos (26 dólares). También se derogó la Ley 101 del severísimo Régimen Disciplinario, que contemplaba como pena la expulsión de la fuerza aun por cometer faltas menores. Los líderes del motín policial pidieron a los 37.000 policías de los nueve departamentos de Bolivia suspender la protesta y reiniciar su trabajo cotidiano.

En conferencia de prensa, el vicepresidente Álvaro García Linera destacó la paciencia y la humildad como métodos para hallar solución al conflicto policial y el no uso de la coerción. Aunque el Estado en última instancia podía usar a las fuerzas armadas para mantener la unidad del país, admitió. Esta posibilidad última era la que más temía el país. Los policías manifiestan una advertida, señalada animadversión al Ejército, que cobra altos sueldos, goza de privilegios, y es, acaso consecuentemente, de una extrema fidelidad al proceso de cambio impulsado por Morales.

García Linera fustigó a los medios de comunicación por incitar y comparar este hecho con los sucesos del octubre negro del 2003, que desencadenaron la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. El vicepresidente señaló las diferencias con estos días de junio: “Lo que sucedió es que hubo una policía sindical con armas que podía deliberar con tendencia golpista, prueba de ello fue la toma de instituciones, ataque a los medios de comunicación, tal es el caso de radio Bolivia en Oruro, y aun la paralización de las cuentas bancarias, entre otros actos”, explicó.

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Oscuros personajes detrás del eslogan Macri 2015

Otro paso a la derecha

Por Tali Goldman

tgoldman@veintitres.com

Se sabe: Mauricio Macri está en campaña y después de dos mandatos comandando la ciudad de Buenos Aires, el líder del Pro aspira con dar el salto a nivel nacional en 2015.

Así fue como a mediados de mayo el “Peronismo Pro” que lideran el vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, y el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, inauguraron la “Corriente Nacional Propuesta Peronista”, en un acto en el que hicieron público el eslogan “Mauricio Macri 2015”.

Se torna indispensable, para comprender cómo estará focalizada la campaña, reconocer quiénes pergeñan y construyen la ideología macrista, algo que el propio Macri se jacta de no tener.

En el tercer encuentro de la Corriente Nacional, que se llevó a cabo hace dos semanas en la ciudad de Rosario, el principal orador fue el apologista de la dictadura Vicente Massot. Conocido por su declarada posición a favor del procesismo, el director del polémico diario La Nueva Provincia y ex viceministro de Defensa de Carlos Menem parece ser el nuevo gurú de la troupe amarilla. Otros de sus ex compañeros durante el gobierno de los ’90 también pululan cerca del jefe de gobierno. Miguel Ángel Toma –ex jefe de la SIDE– lo está asesorando en cuestiones de inteligencia junto a Carlos Grosso, ex intendente de Buenos Aires, quien participa de una suerte de “mesa chica” junto a Macri.

Así, indirectamente, una de las primeras acciones que dieron inicio a la campaña de cara al 2015 fueron los “cacerolazos”. Pese a que mucho se insistió en que fue una manifestación autoconvocada, lo cierto es que detrás de las inocentes invitaciones a cacerolear contra el dólar y la inseguridad estaban personas vinculadas a la Fundación Pensar: el think tank por excelencia cuyo presidente honorario es nada menos que el propio Mauricio Macri. Entre los miembros del consejo directivo de la ONG se encuentran Pablo Walter, un ex senador tucumano vinculado al fallecido represor Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad, y Julián Obiglio, diputado nacional y nexo principal de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que dirige el ex presidente español de ultraderecha José María Aznar. Por caso, Obiglio fue quien viajó a España apenas se reestatizó el 51 por ciento de YPF para explicar por qué el Pro votó en contra y fogoneó entre sus amigos europeos la idea de que el gobierno nunca pagaría a Repsol. En Buenos Aires se había realizado en el hotel Sheraton un congreso que reunió a ambas organizaciones, además de la Fundación Libertad, gran aliada de la embajada de Estados Unidos. En esa oportunidad también disertaron Vicente Massot (foto, centro) de intelectuales de la derecha como Mario Vargas Llosa, Marcos Aguinis y políticos como Eduardo Duhalde y Francisco de Narváez, así como también el ex embajador argentino en Estados Unidos durante la década del ’90, Diego Guelar.

Pero las relaciones entre Macri y personajes vinculados con el golpismo y la derecha no terminan ahí. Por caso, el alcalde porteño había distinguido al actual presidente destituyente de Paraguay, Federico Franco, como huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no sólo eso. Uno de los asesores de Franco es nada menos que Jaime Durán Barba (foto, arriba), mano derecha de Macri, quien también le recomendó al paraguayo sacarse los bigotes.

Mauricio Macri siempre omite hablar de su propia ideología. No porque no la tenga, sino porque sencillamente eso no está dentro de los manuales del Pro. Sin embargo, detrás de él, quienes protagonizan su armado político de cara al 2015 no tienen inconveniente en salir del closet y declararse derechistas.

 

Fuente: Revista Veintitres