Aunque algunos medios se resisten a dejar de percibir las jugosas ganancias del negocio. En sintonía con el resto del mundo, en la Argentina volvió a instalarse el debate sobre estos avisos y su complicidad con proxenetas. En 2010 ya hubo 540 detenidos por tráfico de personas.
En plena campaña electoral y cuando lo apremiaban rumores de ilícitas complicidades referidas al barrio porteño de Constitución encarnados por su competidor de entonces, Fernando Pino Solanas, el hoy jefe de Gobierno, Mauricio Macri, amenizaba el intervalo de una nota periodística, con una broma jocosa: “Estamos dando trabajo, Pino. Hay que darle trabajo a Constitución. Yo puse una tintorería, un prostíbulo; una tintorería, un prostíbulo…”.
El infeliz comentario del líder del PRO, registrado por una cámara que debía estar apagada, ilustra el defasaje moral, justamente, de quienes deberían velar por el bien común. Es impensable la sensación que debe haberle dado esa imagen a algún padre de una víctima de la trata.
A principios de este mes, tres proyectos de ley en la Legislatura renovaron una discusión que lleva un buen tiempo, aquí y en buena parte del planeta. Con la intención de sumar una batalla contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) presentó una iniciativa que apunta a limitar los avisos clasificados de contactos sexuales en la prensa escrita. Naddeo propone castigar la publicación de este tipo de anuncios que “en la mayoría de los casos promocionan lugares donde hay víctimas de trata”, aplicando multas a los diarios o quitándoles publicidad oficial.
También Raquel Herrero y Carolina Stanley, legisladoras del PRO, hicieron lo propio con un proyecto que busca reforzar los requisitos para publicar avisos que, expresa o implícitamente, ofrecen servicios sexuales. Copia del DNI, una boleta de servicio o impuesto a su nombre, que debe coincidir con el domicilio publicitado. Las legisladoras consideran que la responsabilidad de las empresas periodísticas es central ante “víctimas de violencia (…) mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de prostitución”. Y sostienen que los mensajes publicados que promueven el comercio sexual son la marca de estilo de las redes mafiosas de trata de personas, por lo que sostienen que “los medios de comunicación realizan un aporte sustancial fomentando y promocionando este tipo de actividades”, contribuyendo con “la explotación sexual de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia de género, la desvalorización de las mujeres en el más fragante atentado a los derechos humanos”.
También la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano y la cordobesa Silvia Rivero (Concertación Plural) se sumaron al reclamo de que ninguna administración (nacional, provincial o municipal) financie –con pauta publicitaria– a diarios que ofrecen mujeres, varones y travestis a cambio de dinero.
El Inadi había presentado a fines del año pasado un informe a la Procuración General de la Nación, solicitándole que investigue las publicaciones para determinar si encubren trata de mujeres, explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la figura de violencia mediática.
Aunque este tipo de aviso está instalado en la prensa argentina, sobre todo en el Rubro 59 del diario Clarín, que monopoliza desde hace años la promoción de la prostitución, la discusión no es autóctona. Muchos países ya han decidido abordar el problema. El Senado mexicano, por ejemplo, el mes pasado exhortó al presidente Felipe Calderón para que la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) investiguen las redes de prostitución, pornografía y trata de personas, publicitadas a través de los clasificados.
En España, la pelea incluyó hasta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que este género de clasificados “debe eliminarse”. Además de que allí ya se ha decidido quitarles la pauta publicitaria oficial a los medios que los mantengan.
Aquí, dos matutinos y un semanario decidieron dejar de publicar los anuncios sexuales, La Arena, de La Pampa, La Mañana Neuquén y el semanario El Tiempo, de Pergamino, según el sitio Diario sobre Diarios (DsD). La Asociación de Diarios del Interior (Adira) y la de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) agrupan a unos 200 medios gráficos y sólo el 2,5% levantó los clasificados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le puso nombre a uno de los aspectos que complejizan este mal. “ Clarín saca notas de la trata pero gana un millón por mes con el Rubro 59”, dijo. Y el costado económico es uno de los elementos que dificultan la resolución del problema. Porque no sólo influye a los grupos mafiosos organizados, que defienden su inmenso negocio, y a sus secuaces estatales, sino que también es un factor determinante en las reclusiones de sus víctimas.
El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) de igual modo condenó a las empresas periodísticas que publican los avisos, señalando la conducta contradictoria de que “en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas”. Este Foro solicitó revisar los “criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”.
A fines de septiembre, la relatora de Naciones Unidas, Joy Ngozi Ezeilo, dio un diagnóstico preliminar sobre la trata en Argentina. Reconoció los avances, pero subrayó que aún falta mucho, sobre todo, en torno a la corrupción de las fuerzas del orden y la escasa protección a las víctimas. La nigeriana adelantó parte del informe cuya versión final se presentará en junio de 2011 en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, relatando que Argentina “se ha convertido en un país de destino y en menor medida de origen y tránsito” para las víctimas.
Según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2008 se logró rescatar a unas 654 mujeres (149, niñas de 12 a 18 años). Hasta mediados del 2010 se detuvieron a 543 sujetos dedicados al tráfico de personas, aunque sólo se dispusieron cinco condenas firmes, pero ninguna a un tratante.
• Población vulnerable, las presas preferidas
La ONG Esclavitud Cero, Abordaje Integral de la Trata de Personas, describe que mujeres y niños/as son los más afectados por la trata en el mundo, constituyendo más del 80% de las víctimas. En Argentina, las víctimas de la explotación sexual, en general, son mujeres de entre 12 y 35 años, de muy bajo nivel educativo, grupos familiares vulnerables (necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo), con la mayoría de sus miembros desempleados o con ingresos extremadamente bajos.
Datos del 2006 de organizaciones que asisten a víctimas, indican que un 60 % de casos de trata corresponden a explotación sexual y un 40%, a explotación laboral. Además de los casos de niños/as para mendicidad y venta callejera. Ezeilo remarcó la poca capacidad para combatir la trata de personas, a lo que se suma la corrupción de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad, directamente involucrados en combatir este delito.
En plena campaña electoral y cuando lo apremiaban rumores de ilícitas complicidades referidas al barrio porteño de Constitución encarnados por su competidor de entonces, Fernando Pino Solanas, el hoy jefe de Gobierno, Mauricio Macri, amenizaba el intervalo de una nota periodística, con una broma jocosa: “Estamos dando trabajo, Pino. Hay que darle trabajo a Constitución. Yo puse una tintorería, un prostíbulo; una tintorería, un prostíbulo…”.
El infeliz comentario del líder del PRO, registrado por una cámara que debía estar apagada, ilustra el defasaje moral, justamente, de quienes deberían velar por el bien común. Es impensable la sensación que debe haberle dado esa imagen a algún padre de una víctima de la trata.
A principios de este mes, tres proyectos de ley en la Legislatura renovaron una discusión que lleva un buen tiempo, aquí y en buena parte del planeta. Con la intención de sumar una batalla contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) presentó una iniciativa que apunta a limitar los avisos clasificados de contactos sexuales en la prensa escrita. Naddeo propone castigar la publicación de este tipo de anuncios que “en la mayoría de los casos promocionan lugares donde hay víctimas de trata”, aplicando multas a los diarios o quitándoles publicidad oficial.
También Raquel Herrero y Carolina Stanley, legisladoras del PRO, hicieron lo propio con un proyecto que busca reforzar los requisitos para publicar avisos que, expresa o implícitamente, ofrecen servicios sexuales. Copia del DNI, una boleta de servicio o impuesto a su nombre, que debe coincidir con el domicilio publicitado. Las legisladoras consideran que la responsabilidad de las empresas periodísticas es central ante “víctimas de violencia (…) mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de prostitución”. Y sostienen que los mensajes publicados que promueven el comercio sexual son la marca de estilo de las redes mafiosas de trata de personas, por lo que sostienen que “los medios de comunicación realizan un aporte sustancial fomentando y promocionando este tipo de actividades”, contribuyendo con “la explotación sexual de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia de género, la desvalorización de las mujeres en el más fragante atentado a los derechos humanos”.
También la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano y la cordobesa Silvia Rivero (Concertación Plural) se sumaron al reclamo de que ninguna administración (nacional, provincial o municipal) financie –con pauta publicitaria– a diarios que ofrecen mujeres, varones y travestis a cambio de dinero.
El Inadi había presentado a fines del año pasado un informe a la Procuración General de la Nación, solicitándole que investigue las publicaciones para determinar si encubren trata de mujeres, explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la figura de violencia mediática.
Aunque este tipo de aviso está instalado en la prensa argentina, sobre todo en el Rubro 59 del diario Clarín, que monopoliza desde hace años la promoción de la prostitución, la discusión no es autóctona. Muchos países ya han decidido abordar el problema. El Senado mexicano, por ejemplo, el mes pasado exhortó al presidente Felipe Calderón para que la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) investiguen las redes de prostitución, pornografía y trata de personas, publicitadas a través de los clasificados.
En España, la pelea incluyó hasta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que este género de clasificados “debe eliminarse”. Además de que allí ya se ha decidido quitarles la pauta publicitaria oficial a los medios que los mantengan.
Aquí, dos matutinos y un semanario decidieron dejar de publicar los anuncios sexuales, La Arena, de La Pampa, La Mañana Neuquén y el semanario El Tiempo, de Pergamino, según el sitio Diario sobre Diarios (DsD). La Asociación de Diarios del Interior (Adira) y la de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) agrupan a unos 200 medios gráficos y sólo el 2,5% levantó los clasificados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le puso nombre a uno de los aspectos que complejizan este mal. “ Clarín saca notas de la trata pero gana un millón por mes con el Rubro 59”, dijo. Y el costado económico es uno de los elementos que dificultan la resolución del problema. Porque no sólo influye a los grupos mafiosos organizados, que defienden su inmenso negocio, y a sus secuaces estatales, sino que también es un factor determinante en las reclusiones de sus víctimas.
El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) de igual modo condenó a las empresas periodísticas que publican los avisos, señalando la conducta contradictoria de que “en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas”. Este Foro solicitó revisar los “criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”.
A fines de septiembre, la relatora de Naciones Unidas, Joy Ngozi Ezeilo, dio un diagnóstico preliminar sobre la trata en Argentina. Reconoció los avances, pero subrayó que aún falta mucho, sobre todo, en torno a la corrupción de las fuerzas del orden y la escasa protección a las víctimas. La nigeriana adelantó parte del informe cuya versión final se presentará en junio de 2011 en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, relatando que Argentina “se ha convertido en un país de destino y en menor medida de origen y tránsito” para las víctimas.
Según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2008 se logró rescatar a unas 654 mujeres (149, niñas de 12 a 18 años). Hasta mediados del 2010 se detuvieron a 543 sujetos dedicados al tráfico de personas, aunque sólo se dispusieron cinco condenas firmes, pero ninguna a un tratante.
• Población vulnerable, las presas preferidas
La ONG Esclavitud Cero, Abordaje Integral de la Trata de Personas, describe que mujeres y niños/as son los más afectados por la trata en el mundo, constituyendo más del 80% de las víctimas. En Argentina, las víctimas de la explotación sexual, en general, son mujeres de entre 12 y 35 años, de muy bajo nivel educativo, grupos familiares vulnerables (necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo), con la mayoría de sus miembros desempleados o con ingresos extremadamente bajos.
Datos del 2006 de organizaciones que asisten a víctimas, indican que un 60 % de casos de trata corresponden a explotación sexual y un 40%, a explotación laboral. Además de los casos de niños/as para mendicidad y venta callejera. Ezeilo remarcó la poca capacidad para combatir la trata de personas, a lo que se suma la corrupción de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad, directamente involucrados en combatir este delito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario