Entrevista: María Carman, antropóloga social de la UBA y Conicet. La investigadora analiza el abuso de argumentos ambientales para legitimar desalojos. Su último libro sirvió como fundamento del fallo que frenó el atropello contra la villa Rodrigo Bueno.
Por Francisco Yofre.
Qué ocurre cuando la defensa de los espacios verdes contribuye a edificar un imaginario donde el derecho ambiental se impone al derecho a una vivienda digna? ¿Cómo se construye la operación simbólica de “deshumanizar” a los habitantes de una villa señalando que su sola presencia es un factor contaminante para la naturaleza? ¿Quién define qué es y cómo se debe utilizar la naturaleza? Estas son algunas de las preguntas que dispara el último libro de María Carman, antropóloga social de la UBA e investigadora del Conicet, Las trampas de la naturaleza. Allí se detalla un
extenso trabajo de campo realizado en la Aldea Gay –desalojada de Ciudad Universitaria en 2006– y en la villa Rodrigo Bueno, ubicada en la Costanera Sur de la ciudad. En ambos casos, aunque con diverso resultado, la autora plantea que se usó el cuidado de la biodiversidad como argumento para desalojar incluso en desmedro de los derechos que los habitantes pudieran invocar.
Lejos de ser una discusión de biblioteca, el debate tiene efectos concretos. El 22 de marzo pasado, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori ordenó frenar el desalojo de la Rodrigo Bueno. Su sentencia se basó en trabajos de sociólogos, arquitectos y antropólogos, y también en Las trampas de la naturaleza, el texto de Carman editado por el FCE y Clacso. No es para menos. La ideas del comienzo son lo suficientemente potente como para hacerlo: “La cultura o el patrimonio, pueden servir como argumentos –incontestables, casi extorsivos– para el ejercicio de una violencia civilizada sobre sectores considerados indeseables en la ciudad (…). Algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan como una máscara de la segregación sociourbana”.
–¿Por qué?
–Porque hay un proceso de ambientalización de la sociedad. Estar fuera del lenguaje ambiental es estar fuera de lo que está en juego en este momento. Se plantea una idea de naturaleza única, superior. Lo que trato de explicar es que en realidad hay distintas concepciones en pugna de la naturaleza. Pero, valga la redundancia, se naturaliza nuestra relación con la naturaleza como si fuera la única posible. Lo que antes era un problema social ahora es socio-ambiental. Hay una lógica de equivalencia en las demandas como si fueran iguales. Así, “Aves Argentinas” va tomando temas de planificación urbana y asociaciones patrimonialistas como “Basta de demoler” incorporan banderas de lo ambiental que no formaban parte de sus preocupaciones. Hay una apelación a lo ambiental, al riesgo de perder la biodiversidad pero no hay una real preocupación en incluir política y económicamente a esos sectores marginales que supuestamente serían los grandes depredadores del medio ambiente. En algún punto es similar al multiculturalismo que muchas veces se declama. Se habla del mosaico cultural de los peruanos y los bolivianos en la Argentina y son exaltados por los gobiernos. Pero, después, se recorta de la comunidad boliviana y peruana su condición de ocupante ilegal. No se los incluye como sujetos políticos con efectos propios. Respecto a la biodiversidad, muchas veces se construye la naturaleza como un instrumento para apaciguar conflictos que son sociales, que exceden lo ambiental y se deshumaniza a las personas.
–Respecto a la Rodrigo Bueno, ¿cómo se “deshumanizó”?
–En 2005, hubo un desalojo que no llegó a completarse. En los fundamentos de esa decisión y en las declaraciones de Jorge Telerman, jefe de Gobierno en ese momento, aparece esta cuestión de enfrentar pobres contra naturaleza, de atribuirles comportamientos antiecológicos. Se los acusaba de comer los coipos –animales similares a pequeños castores– de la zona y bagres contaminados. No se les reconocía ningún atributo cultural salvo el de alimentarse de especies enfermas. Es una manera de expropiarles la humanidad para ejercer violencia sobre ellos. Claramente, la idea para justificar esa operatoria fue el argumento ambiental, cuando en realidad hay intereses inmobiliarios en juego. Lo ambiental se construye como un argumento sin réplica posible y obtiene un automático consenso. Se prioriza el medioambiente y se lo contrapone con la vida de quienes viven allí. Durante las audiencias públicas convocadas por la jueza en la causa de la Rodrigo Bueno, hubo una escena muy gráfica: la directora de la Reserva desplegó un mapa Google para demostrar que los habitantes de la villa ocupaban el borde sur de la reserva. Inmediatamente, la jueza plegó el mapa y dijo: “Yo también tengo el corazón verde, soy militante ecologista pero acá no estamos discutiendo un problema ambiental, estamos discutiendo el derecho a la vivienda”. Es interesantísimo este giro que se da a partir de la mirada de la jueza, que también expresa el asesor tutelar de menores porteño Gustavo Moreno, la comisión de vivienda de la Legislatura y otros actores que empiezan a darle esa mirada a la cuestión a partir de reconstruir la historia de la villa y su presencia allí desde antes de la existencia de la reserva.
Qué ocurre cuando la defensa de los espacios verdes contribuye a edificar un imaginario donde el derecho ambiental se impone al derecho a una vivienda digna? ¿Cómo se construye la operación simbólica de “deshumanizar” a los habitantes de una villa señalando que su sola presencia es un factor contaminante para la naturaleza? ¿Quién define qué es y cómo se debe utilizar la naturaleza? Estas son algunas de las preguntas que dispara el último libro de María Carman, antropóloga social de la UBA e investigadora del Conicet, Las trampas de la naturaleza. Allí se detalla un
extenso trabajo de campo realizado en la Aldea Gay –desalojada de Ciudad Universitaria en 2006– y en la villa Rodrigo Bueno, ubicada en la Costanera Sur de la ciudad. En ambos casos, aunque con diverso resultado, la autora plantea que se usó el cuidado de la biodiversidad como argumento para desalojar incluso en desmedro de los derechos que los habitantes pudieran invocar.
Lejos de ser una discusión de biblioteca, el debate tiene efectos concretos. El 22 de marzo pasado, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori ordenó frenar el desalojo de la Rodrigo Bueno. Su sentencia se basó en trabajos de sociólogos, arquitectos y antropólogos, y también en Las trampas de la naturaleza, el texto de Carman editado por el FCE y Clacso. No es para menos. La ideas del comienzo son lo suficientemente potente como para hacerlo: “La cultura o el patrimonio, pueden servir como argumentos –incontestables, casi extorsivos– para el ejercicio de una violencia civilizada sobre sectores considerados indeseables en la ciudad (…). Algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan como una máscara de la segregación sociourbana”.
–¿Por qué?
–Porque hay un proceso de ambientalización de la sociedad. Estar fuera del lenguaje ambiental es estar fuera de lo que está en juego en este momento. Se plantea una idea de naturaleza única, superior. Lo que trato de explicar es que en realidad hay distintas concepciones en pugna de la naturaleza. Pero, valga la redundancia, se naturaliza nuestra relación con la naturaleza como si fuera la única posible. Lo que antes era un problema social ahora es socio-ambiental. Hay una lógica de equivalencia en las demandas como si fueran iguales. Así, “Aves Argentinas” va tomando temas de planificación urbana y asociaciones patrimonialistas como “Basta de demoler” incorporan banderas de lo ambiental que no formaban parte de sus preocupaciones. Hay una apelación a lo ambiental, al riesgo de perder la biodiversidad pero no hay una real preocupación en incluir política y económicamente a esos sectores marginales que supuestamente serían los grandes depredadores del medio ambiente. En algún punto es similar al multiculturalismo que muchas veces se declama. Se habla del mosaico cultural de los peruanos y los bolivianos en la Argentina y son exaltados por los gobiernos. Pero, después, se recorta de la comunidad boliviana y peruana su condición de ocupante ilegal. No se los incluye como sujetos políticos con efectos propios. Respecto a la biodiversidad, muchas veces se construye la naturaleza como un instrumento para apaciguar conflictos que son sociales, que exceden lo ambiental y se deshumaniza a las personas.
–Respecto a la Rodrigo Bueno, ¿cómo se “deshumanizó”?
–En 2005, hubo un desalojo que no llegó a completarse. En los fundamentos de esa decisión y en las declaraciones de Jorge Telerman, jefe de Gobierno en ese momento, aparece esta cuestión de enfrentar pobres contra naturaleza, de atribuirles comportamientos antiecológicos. Se los acusaba de comer los coipos –animales similares a pequeños castores– de la zona y bagres contaminados. No se les reconocía ningún atributo cultural salvo el de alimentarse de especies enfermas. Es una manera de expropiarles la humanidad para ejercer violencia sobre ellos. Claramente, la idea para justificar esa operatoria fue el argumento ambiental, cuando en realidad hay intereses inmobiliarios en juego. Lo ambiental se construye como un argumento sin réplica posible y obtiene un automático consenso. Se prioriza el medioambiente y se lo contrapone con la vida de quienes viven allí. Durante las audiencias públicas convocadas por la jueza en la causa de la Rodrigo Bueno, hubo una escena muy gráfica: la directora de la Reserva desplegó un mapa Google para demostrar que los habitantes de la villa ocupaban el borde sur de la reserva. Inmediatamente, la jueza plegó el mapa y dijo: “Yo también tengo el corazón verde, soy militante ecologista pero acá no estamos discutiendo un problema ambiental, estamos discutiendo el derecho a la vivienda”. Es interesantísimo este giro que se da a partir de la mirada de la jueza, que también expresa el asesor tutelar de menores porteño Gustavo Moreno, la comisión de vivienda de la Legislatura y otros actores que empiezan a darle esa mirada a la cuestión a partir de reconstruir la historia de la villa y su presencia allí desde antes de la existencia de la reserva.
Fundamentos. La sentencia que aceptó el recurso de amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) tiene varios argumentos. Uno de ellos es que en 2000 el Estado les proveyó materiales a los vecinos para que construyeran sus casas. Y que mal podría ahora el mismo gobierno expulsarlos porque iría en contra de su acción. Es lo que en Derecho se denomina “la teoría de los actos propios”. Al mismo tiempo, en el fallo se valora que fueron los vecinos quienes llegaron al lugar antes que la reserva ecológica. Para sustentar esto, el fallo también se basa en el trabajo de campo de Carman: “Las tierras en las que se asentaron los primeros pobladores fueron ganadas al río como parte de un proyecto impulsado en 1978 por la dictadura militar, para construir un centro administrativo de la Ciudad. Para tal fin se construyeron terraplenes perimetrales con escombros provenientes del trazado de las nuevas autopistas urbanas. En 1984 se abandonó el proyecto y en 1986 se declaró al lugar como Reserva Ecológica”. La resolución judicial agrega: “Las expertas sitúan el origen del barrio en 1980 a partir de dos asentamientos que se unificaron: uno en tierras de la actual reserva ecológica, cuando ésta no había sido constituida como tal, y el otro, en la cercanía de los galpones que tenía la Prefectura cerca de Avenida España”.
–¿El fallo es un cambio de dinámica acerca de estos temas?
–No soy muy optimista. Si bien existe un grupo de jueces con una notable sensibilidad social como Elena Liberatori, Roberto Gallardo o el asesor de menores Gustavo Moreno, creo que el de la villa Rodrigo Bueno fue un caso puntual. El tema es que los argumentos ambientales, según en qué contexto son utilizados pueden servir para construir distintas cartas de ciudadanía de los sectores. La Aldea Gay fue un caso claro de cómo se usó la idea de vecinos que contaminan el medio ambiente.
Triunfo ambiental. La Aldea Gay surgió cuando un grupo de cartoneros gays se instaló en la parte posterior del Pabellón IV de Ciudad Universitaria. Fueron desalojados en 2006 para avanzar con el Parque Natural y el Parque de la Memoria. Los habitantes quedaron atomizados en villas y hoteles de la Ciudad y el GBA. En su libro, Carman considera que el desalojo constituyó una “victoria ambiental” ya que no se tuvo en cuenta su carácter social.
Y se larga: “El tema es que cuando los echan, se desarman todas sus redes educativas y laborales. Los cartoneros tenían circuitos consolidados de repartición de los residuos que ellos habían armado con muchísimo trabajo. Además se reedita aquella lógica de ‘merecer la ciudad’ característica de la dictadura militar, en la que se concibe que sólo merecen vivir en la ciudad capital las clases acomodadas. Pero la gente necesita vivir en los centros urbanos para procurarse una serie de redes. El caso de la Aldea Gay era clarísimo. Muchos interrumpieron sus tratamientos de HIV y murieron después del desalojo. Otros perdieron todo el circuito de recolección de residuos ricos, que no son los mismos residuos que vos podés cartonear en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Lo único que se logra es sumir a esa gente en una mayor pobreza. Se agrava la exclusión de esos sectores que además después inician el operativo retorno hacia la Ciudad, ya que por lo general terminan volviendo. En el caso de la Aldea Gay se decía que cazaban animales y depredaban la vegetación. Se construyó la idea de que sus comportamientos no eran culturales sino básicamente antiecológicos. Pero, en realidad, esto esconde otros argumentos. Se quiere expulsar a esos sectores lo más rápido posible de los barrios cotizados. ¿A quién le importa que los habitantes de la última villa pegada al Riachuelo se alimenten de algún bagre que flote por ahí? No le importa a nadie. Se presenta su comportamiento como atrevido, en el sentido que están usurpando tierras no imaginadas para albergarlos, tierras muy cotizadas que uno imagina para los sectores acomodados. En el caso de la Aldea Gay claramente el desalojo es presentado como una victoria ambiental”.
María Carman hace un silencio. Cavila durante un segundo. “Pero debo hacer una aclaración. A mí me pasa ahora que voy a ciertos lugares donde me encuentro con vecinos y me dicen: ‘Ah, ¿vos estás en contra del ambientalismo?’ Y se construye una cosa antitética que no es el punto para nada. Me gustaría que esto quede claro”, señala mientras mira al grabador preocupada para que su idea quede registrada.
–Y está difícil. Es fácil polarizar.
–A ver, para aclarar. Yo lo que hago es poner en debate la idea de “naturaleza”. Yo analizo las distintas concepciones de la naturaleza y, entre ellas, cómo se construyen legitimaciones a partir de una única idea de naturaleza que parece imperar. Es interesante ver que los habitantes de la villa también tienen una concepción de la naturaleza y una relación con ella que es distinta a la de otros sectores. En la Aldea Gay, la gente armó su vida en torno al río. Lavaban la ropa, construyeron viviendas en sus inmediaciones. Es interesante ver que cuando se le atribuían comportamientos antiecológicos, ellos mismos acudían a la naturaleza para legitimar su presencia allí. Ellos decían: ‘El Gobierno de la Ciudad es el que está talando los árboles y arruinando el bosquecito. Nosotros (por los habitantes de la Aldea Gay) somos los que verdaderamente cuidamos la naturaleza’.
La antropóloga comenzó su investigación cuando leyó una editorial del diario La Nación en el año 2004. Allí se consignaba: “La urbanización de la villa Rodrigo Bueno cortaría la libre circulación de especies entre el canal y el resto de la Reserva, afectando el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales (…) Son pocos los que saben que en una de las áreas de mayor biodiversidad, como lo es el borde del canal y el ceibal allí asentado, más de mil quinientas personas se apiñan desde hace años junto a un canal contaminado”.
–No parece descabellado desalojar para cuidar la salud de la gente que vive allí. A pocos metros de la zona hay un cementerio de autos de la Policía Federal.
–Puede ser, pero el punto es que la Reserva jamás hizo nada para mover un auto. Si se logró quitar parte de los coches fue por las propias denuncias de los vecinos o de Gustavo Moreno, el asesor tutelar. Muchas organizaciones ambientalistas concretamente no hicieron nada respecto al cementerio de autos justamente para desalentar la presencia humana. Desde el poder local cercaban el barrio, no les dejaban ingresar materiales, los amedrentaban con que los iban a reprimir como ocurrió en el Padelai. Pero, además, no seamos hipócritas: el lugar donde estaba asentada la gente era justamente un espacio residual, lleno de yuyos, autos contaminados, incluso hay una perrera de Prefectura. Desde que Irsa empezó a interesarse por estas tierras se puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo. No se reconoce que la mayoría de la gente que vive allí trabaja como empleada doméstica en casas del Barrio Norte o en la construcción de nuevas torres en Puerto Madero. No se reconoce que son sus habitantes los que contribuyen al pulso diario de la Ciudad. Yo lo que noto es que en el sentido común de la clase media urbana prevalece esta idea de que hay humanos con mayor y con menor grado de cultura, como si fuera una escalera donde uno va subiendo. Entonces, tenemos los sectores civilizados y los sectores que jamás van a alcanzar cierto grado de civilización, en tanto son considerados salvajes o bárbaros cuyo único capital cultural o simbólico es alimentarse de especies protegidas. Eso es lo que “justifica” ejercer una violencia sobre ellos, una violencia que sería inadmisible ejercer en sectores medios de la población.
–Entonces, ¿qué habría que hacer en la villa Rodrigo Bueno?
–Urbanizar. Es una cuestión de decisión política e inversión. De hecho, estuvo el grupo de arquitectos liderado por Jaime Sorín, haciendo un estudio urbanístico, incorporado a la causa. Claramente, dijeron que el barrio es urbanizable y ello no significa un daño al medio ambiente. Por supuesto, habrá que sacar el cementerio de autos, hacer un estudio de suelo y tomar una serie de medidas.
–¿Pero todo eso no repercute en la biodiversidad?
–No. Repercute más tener torres altísimas que proyectan un cono de sombra sobre la Reserva, algo que afecta a varios animales. Hay proyectos urbanísticos ya consolidados o en danza que afectarían muchísimo más la biodiversidad. Si se urbaniza, podrían convivir perfectamente con el resto de la Ciudad; mucho más afecta el caos de tránsito que provoca Puerto Madero.
Nuevas preguntas. Entonces, según lo que plantea Carman quizás sí puedan convivir naturaleza y urbanización y la gente tenga su vivienda. Por la negativa, cabría preguntarse: ¿Acaso no hay otro lugar en el mundo donde la gente viva a metros de reservas ecológicas sin que signifique atentar contra la naturaleza? ¿Qué habría que hacer con los pueblos originarios que viven en zonas riquísimas en flora y fauna? ¿Desalojarlos? ¿O es distinto porque allí no hay contaminación y en la Ciudad sí? ¿Cuál sería la vara para discriminar, sin connotación negativa, en estos casos? Sólo son más preguntas que disparan las trampas de la naturaleza.
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