Un informe del Ministerio Público Tutelar denuncia que cientos de chicos en situación de pobreza permanecen internados porque la Ciudad relega las estrategias de integración familiar. El gobierno dice que “no están privados de su libertad”.
Por Eduardo Videla
Centenares de chicos en situación de pobreza están internados en instituciones dependientes del gobierno porteño “como consecuencia de las políticas que privilegian la institucionalización de niños y adolescentes por sobre las estrategias de fortalecimiento o integración familiar”, advirtió en un informe el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Justicia porteña. Según la titular de ese organismo, Laura Musa, esos chicos se encuentran “privados de su libertad y alejados de sus familias en pseudo hogares en los que la Ciudad gasta mucho más que si ayudara a las familias a la contención de los niños”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño sostienen que “ningún niño, niña y adolescente está institucionalizado por pobreza” en la Ciudad y desestimó que se encuentren “privados de su libertad”. “En los hogares lo que hacemos es resguardarlos y protegerlos hasta que se reviertan las condiciones que dieron origen al ingreso”, dijo la subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña. “Ninguno de los chicos internados pertenece a la clase media”, replican desde el Ministerio Tutelar
De acuerdo con el informe del MPT, al 31 de diciembre de 2010 se encontraban alojados en albergues 1212 niños, niñas y adolescentes en 91 instituciones, de las cuales sólo cuatro son estatales. A esa cifra hay que agregar a 81 adolescentes internados en comunidades terapéuticas por casos de adicciones. Las otras 87 instituciones son ONG conveniadas con el Gobierno de la Ciudad. El 51 por ciento del total de los efectores se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
El trabajo, presentado la semana pasada en la Legislatura porteña, revela que la mayor cantidad de internaciones fueron ordenadas por el cuestionado Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: 620 chicos, el 51 por ciento del total.
El Consejo puede ordenar internaciones como “medida de protección especial”, en los casos de chicos perdidos o en situación de calle o vulnerabilidad social, que requieren una atención transitoria hasta que logre reencontrarse con su familia. En estos casos, el Ministerio Tutelar actúa en el control y monitoreo de la internación. O puede hacerlo como “medida excepcional”, lo que implica poner al niño bajo la jurisdicción de la Justicia Nacional de Familia porque, a criterio de las autoridades porteñas, no hay posibilidades de solución inmediata de su situación. El 67 por ciento de las internaciones ordenadas por el Consejo corresponde a medidas excepcionales, mientras que las de protección especial son solo el 24 por ciento, de acuerdo con los datos del informe.
“Si es una medida excepcional, no se puede convertir en la política predominante. Esto responde a una estrategia para sacarlos de la órbita de la Asesoría Tutelar y, contradiciendo el discurso de autonomía, los pone bajo jurisdicción nacional, lo cual prolonga en el tiempo la internación, porque los juzgados de Familia acumulan los casos de adopciones, tenencias de niños, entre otros”, afirmó la titular del Ministerio Público Tutelar.
“Se trata de una estrategia del Consejo, porque carecen de una política pública adecuada para fortalecer la convivencia del niño en conflicto con su familia”, agregó.
Esa carencia, según el informe del MPT, queda de manifiesto en el presupuesto de la Dirección General de Niñez y Adolescencia –el organismo encargado de contratar a los centros de internación y de financiar los programas asistenciales– que destina “apenas un 10 por ciento al programa de Fortalecimiento de Vínculos, orientado al desarrollo de estrategias de egreso, de fortalecimiento familiar”, entre otras medidas para evitar la institucionalización.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social replicaron, mediante un comunicado, que los menores internados no son 1200 sino 853. Desde el MPT aclaran que una parte de los internados pertenecen al área del Ministerio de Salud (pacientes psiquiátricos y discapacitados).
Desde el Ministerio Tutelar sostienen que el Estado debe privilegiar “la ayuda a la familia, con subsidios o créditos, para que puedan sostener a los niños, y el nombramiento de operadores que puedan trabajar en la asistencia a las familias”.
Musa puso como ejemplo la intervención del Ministerio Tutelar en el caso de un hombre al que le habían internado sus cinco hijos, de 3 a 12 años, en distintos hogares, porque no podía mantenerlos económicamente. “Se había ido la mujer de la casa y el hombre no podía hacer frente al alquiler de la casa donde vivía con sus hijos. Cuando él fue a pedir ayuda, el Consejo no tuvo mejor idea que internar a los chicos –relató la titular del MPT–. El hombre tenía que hacer un periplo los fines de semana para pasar a buscar a sus hijos por los institutos, para reunirlos donde vivía. En este caso trabajó todo el equipo del Ministerio Tutelar. Presentamos un amparo y logramos que el hombre recibiera un subsidio de 700 pesos, para ayudarle a pagar el alquiler, se le otorgó un crédito para vivienda y se le asignó un operador para que se ocupe de los chicos hasta que él regrese del trabajo. Todo a un costo menor, porque el Estado pagaba 7800 pesos mensuales por la internación de los chicos.”
Por Eduardo Videla
Centenares de chicos en situación de pobreza están internados en instituciones dependientes del gobierno porteño “como consecuencia de las políticas que privilegian la institucionalización de niños y adolescentes por sobre las estrategias de fortalecimiento o integración familiar”, advirtió en un informe el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Justicia porteña. Según la titular de ese organismo, Laura Musa, esos chicos se encuentran “privados de su libertad y alejados de sus familias en pseudo hogares en los que la Ciudad gasta mucho más que si ayudara a las familias a la contención de los niños”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño sostienen que “ningún niño, niña y adolescente está institucionalizado por pobreza” en la Ciudad y desestimó que se encuentren “privados de su libertad”. “En los hogares lo que hacemos es resguardarlos y protegerlos hasta que se reviertan las condiciones que dieron origen al ingreso”, dijo la subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña. “Ninguno de los chicos internados pertenece a la clase media”, replican desde el Ministerio Tutelar
De acuerdo con el informe del MPT, al 31 de diciembre de 2010 se encontraban alojados en albergues 1212 niños, niñas y adolescentes en 91 instituciones, de las cuales sólo cuatro son estatales. A esa cifra hay que agregar a 81 adolescentes internados en comunidades terapéuticas por casos de adicciones. Las otras 87 instituciones son ONG conveniadas con el Gobierno de la Ciudad. El 51 por ciento del total de los efectores se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
El trabajo, presentado la semana pasada en la Legislatura porteña, revela que la mayor cantidad de internaciones fueron ordenadas por el cuestionado Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: 620 chicos, el 51 por ciento del total.
El Consejo puede ordenar internaciones como “medida de protección especial”, en los casos de chicos perdidos o en situación de calle o vulnerabilidad social, que requieren una atención transitoria hasta que logre reencontrarse con su familia. En estos casos, el Ministerio Tutelar actúa en el control y monitoreo de la internación. O puede hacerlo como “medida excepcional”, lo que implica poner al niño bajo la jurisdicción de la Justicia Nacional de Familia porque, a criterio de las autoridades porteñas, no hay posibilidades de solución inmediata de su situación. El 67 por ciento de las internaciones ordenadas por el Consejo corresponde a medidas excepcionales, mientras que las de protección especial son solo el 24 por ciento, de acuerdo con los datos del informe.
“Si es una medida excepcional, no se puede convertir en la política predominante. Esto responde a una estrategia para sacarlos de la órbita de la Asesoría Tutelar y, contradiciendo el discurso de autonomía, los pone bajo jurisdicción nacional, lo cual prolonga en el tiempo la internación, porque los juzgados de Familia acumulan los casos de adopciones, tenencias de niños, entre otros”, afirmó la titular del Ministerio Público Tutelar.
“Se trata de una estrategia del Consejo, porque carecen de una política pública adecuada para fortalecer la convivencia del niño en conflicto con su familia”, agregó.
Esa carencia, según el informe del MPT, queda de manifiesto en el presupuesto de la Dirección General de Niñez y Adolescencia –el organismo encargado de contratar a los centros de internación y de financiar los programas asistenciales– que destina “apenas un 10 por ciento al programa de Fortalecimiento de Vínculos, orientado al desarrollo de estrategias de egreso, de fortalecimiento familiar”, entre otras medidas para evitar la institucionalización.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social replicaron, mediante un comunicado, que los menores internados no son 1200 sino 853. Desde el MPT aclaran que una parte de los internados pertenecen al área del Ministerio de Salud (pacientes psiquiátricos y discapacitados).
Desde el Ministerio Tutelar sostienen que el Estado debe privilegiar “la ayuda a la familia, con subsidios o créditos, para que puedan sostener a los niños, y el nombramiento de operadores que puedan trabajar en la asistencia a las familias”.
Musa puso como ejemplo la intervención del Ministerio Tutelar en el caso de un hombre al que le habían internado sus cinco hijos, de 3 a 12 años, en distintos hogares, porque no podía mantenerlos económicamente. “Se había ido la mujer de la casa y el hombre no podía hacer frente al alquiler de la casa donde vivía con sus hijos. Cuando él fue a pedir ayuda, el Consejo no tuvo mejor idea que internar a los chicos –relató la titular del MPT–. El hombre tenía que hacer un periplo los fines de semana para pasar a buscar a sus hijos por los institutos, para reunirlos donde vivía. En este caso trabajó todo el equipo del Ministerio Tutelar. Presentamos un amparo y logramos que el hombre recibiera un subsidio de 700 pesos, para ayudarle a pagar el alquiler, se le otorgó un crédito para vivienda y se le asignó un operador para que se ocupe de los chicos hasta que él regrese del trabajo. Todo a un costo menor, porque el Estado pagaba 7800 pesos mensuales por la internación de los chicos.”
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