El juez Andrés Gallardo, dijo que hay una “avanzada” del gobierno porteño contra los “empobrecidos y marginados”.
Por Werner Pertot
El 17 de octubre no fue un día macrista. En esa fecha asumió como defensor general adjunto Andrés Gallardo, quien se tomó licencia como juez contencioso administrativo. El magistrado al que la gestión PRO más atacó en estos cuatro años será ahora una de las caras visibles de los defensores públicos porteños, en el área penal, contravencional y de faltas. El defensor general Mario Kestelboim le ofreció el cargo a Gallardo luego de que lo dejara Alejandro Slokar, que asumió como camarista de Casación Penal. En diálogo con Página/12, Gallardo detalló que su tarea será contrarrestar una “avanzada que criminaliza la protesta social y la pobreza”. Una avanzada PRO.
–¿Por qué decidió aceptar el cargo?
–Esto marca la continuidad de una línea que vengo sosteniendo en el juzgado desde hace más de diez años, vinculada con los sectores empobrecidos y marginados de la sociedad. La propuesta de Kestelboim como defensor general es que mi trabajo se dirija a ejercer la defensa en términos jurídicos de ciertos sectores que vienen siendo sometidos a una avanzada política que los estigmatiza y criminaliza en sus expresiones de protesta social, o incluso de mera subsistencia, como es el caso de los artesanos, los vendedores ambulantes, los limpiavidrios, los cuidacoches. Estas actividades no son sino la expresión de formas de pobreza y la solución evidentemente no es la persecución penal.
–¿Quiénes ejercen esta avanzada?
–Hay dos expresiones muy claras: la política, que tiene su versión tanto en las expresiones del jefe de Gobierno y del jefe de Gabinete, que regularmente salen a expresar esta tendencia criminalizante de la protesta y de la pobreza. Por otro lado, la versión del sector oficialista en la Legislatura. Y, dentro del Poder Judicial, la expresión más clara es la actividad de la Fiscalía General.
–¿El fiscal general Germán Garavano también impulsó esa política de criminalización de la protesta?
–La fiscalía debe velar por la vigencia del orden jurídico. Pero no se compone únicamente del derecho a la propiedad y la preservación del espacio público. También tiene que ver con los derechos sociales y, la verdad, yo en los últimos años no veo ninguna actividad de la fiscalía dirigida a esto. Hace hincapié en las usurpaciones, en la venta ambulante y éstas parecen ser las únicas preocupaciones que tienen. La idea que me transmite en la designación el defensor general es que salgamos a disputar en discurso y en términos judiciales esta política.
–Hubo un informe crítico de la Defensoría sobre la política de la fiscalía con los desalojos...
–Desde el fuero Contencioso tenemos una experiencia sobre ocupaciones en la ciudad de Buenos Aires, tanto de lugares del dominio público como privados. El problema lo que está evidenciando es que es estructural: hay un problema de vivienda en la ciudad. La Defensoría tiene que posicionar adecuadamente este problema y no dejar que, con la lógica de la fiscalía, se dedique a problemas puntuales. Hay que englobar lo que la fiscalía quiere atomizar. En segundo lugar, hacer reales los postulados internacionales exigidos para la legalidad de los procedimientos de desocupación o de desalojo forzado. A esto el gobierno porteño es bastante remiso y la fiscalía procede con carta blanca. Sobre esta cuestión voy a trabajar muy intensamente.
–¿Este cambio de cargo significa una suerte de adhesión suya a algún espacio político?
–No. Yo sigo dentro del Poder Judicial y no paso a ejercer un cargo político, sino un cargo dentro de la estructura judicial. Mi ideología, que yo jamás escondí, la conocen el macrismo y el defensor general que me nombró.
–¿El caso de la detención del Pollo Sobrero sería un caso de criminalización de la protesta?
–Con los representantes de los trabajadores, hay que ser muy cuidadoso al momento de atribuir otro tipo de responsabilidades que no sean las gremiales. Por supuesto que ser delegado gremial no otorga patente de corso para hacer cualquier cosa, pero se debe garantizar al sector obrero una investigación desprovista de cualquier sospecha de parcialidad.
–A principios del año, Macri firmó un documento en el que dice que el cumplimiento de los fallos es un pilar de la república. ¿Este compromiso lo pudo comprobar este año en su trabajo como magistrado?
–Le puedo poner como ejemplo el último caso que tuve en mi tarea de juez, que tuvo que ver con los conventillos de La Boca, un barrio que seguramente es muy caro a los sentimientos del jefe de Gobierno. En función de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, visité cinco hogares de tránsito oficiales. De los cinco, uno ya se había incendiado y murió un bebé. Los visité, los filmé y los clausuré. Y la respuesta del jefe de Gobierno fue recusarme, en vez de preocuparse por la salud y la integridad física de los vecinos, y de la higiene y el mantenimiento de los lugares que son públicos. Evidentemente, hay dos ramales en el ferrocarril del gobierno porteño, uno para el discurso y otro para la práctica.
–¿Cree que Macri va a cambiar en el segundo mandato?
–¿Por qué cambiar después de tanto apoyo?
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–¿Por qué decidió aceptar el cargo?
–Esto marca la continuidad de una línea que vengo sosteniendo en el juzgado desde hace más de diez años, vinculada con los sectores empobrecidos y marginados de la sociedad. La propuesta de Kestelboim como defensor general es que mi trabajo se dirija a ejercer la defensa en términos jurídicos de ciertos sectores que vienen siendo sometidos a una avanzada política que los estigmatiza y criminaliza en sus expresiones de protesta social, o incluso de mera subsistencia, como es el caso de los artesanos, los vendedores ambulantes, los limpiavidrios, los cuidacoches. Estas actividades no son sino la expresión de formas de pobreza y la solución evidentemente no es la persecución penal.
–¿Quiénes ejercen esta avanzada?
–Hay dos expresiones muy claras: la política, que tiene su versión tanto en las expresiones del jefe de Gobierno y del jefe de Gabinete, que regularmente salen a expresar esta tendencia criminalizante de la protesta y de la pobreza. Por otro lado, la versión del sector oficialista en la Legislatura. Y, dentro del Poder Judicial, la expresión más clara es la actividad de la Fiscalía General.
–¿El fiscal general Germán Garavano también impulsó esa política de criminalización de la protesta?
–La fiscalía debe velar por la vigencia del orden jurídico. Pero no se compone únicamente del derecho a la propiedad y la preservación del espacio público. También tiene que ver con los derechos sociales y, la verdad, yo en los últimos años no veo ninguna actividad de la fiscalía dirigida a esto. Hace hincapié en las usurpaciones, en la venta ambulante y éstas parecen ser las únicas preocupaciones que tienen. La idea que me transmite en la designación el defensor general es que salgamos a disputar en discurso y en términos judiciales esta política.
–Hubo un informe crítico de la Defensoría sobre la política de la fiscalía con los desalojos...
–Desde el fuero Contencioso tenemos una experiencia sobre ocupaciones en la ciudad de Buenos Aires, tanto de lugares del dominio público como privados. El problema lo que está evidenciando es que es estructural: hay un problema de vivienda en la ciudad. La Defensoría tiene que posicionar adecuadamente este problema y no dejar que, con la lógica de la fiscalía, se dedique a problemas puntuales. Hay que englobar lo que la fiscalía quiere atomizar. En segundo lugar, hacer reales los postulados internacionales exigidos para la legalidad de los procedimientos de desocupación o de desalojo forzado. A esto el gobierno porteño es bastante remiso y la fiscalía procede con carta blanca. Sobre esta cuestión voy a trabajar muy intensamente.
–¿Este cambio de cargo significa una suerte de adhesión suya a algún espacio político?
–No. Yo sigo dentro del Poder Judicial y no paso a ejercer un cargo político, sino un cargo dentro de la estructura judicial. Mi ideología, que yo jamás escondí, la conocen el macrismo y el defensor general que me nombró.
–¿El caso de la detención del Pollo Sobrero sería un caso de criminalización de la protesta?
–Con los representantes de los trabajadores, hay que ser muy cuidadoso al momento de atribuir otro tipo de responsabilidades que no sean las gremiales. Por supuesto que ser delegado gremial no otorga patente de corso para hacer cualquier cosa, pero se debe garantizar al sector obrero una investigación desprovista de cualquier sospecha de parcialidad.
–A principios del año, Macri firmó un documento en el que dice que el cumplimiento de los fallos es un pilar de la república. ¿Este compromiso lo pudo comprobar este año en su trabajo como magistrado?
–Le puedo poner como ejemplo el último caso que tuve en mi tarea de juez, que tuvo que ver con los conventillos de La Boca, un barrio que seguramente es muy caro a los sentimientos del jefe de Gobierno. En función de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, visité cinco hogares de tránsito oficiales. De los cinco, uno ya se había incendiado y murió un bebé. Los visité, los filmé y los clausuré. Y la respuesta del jefe de Gobierno fue recusarme, en vez de preocuparse por la salud y la integridad física de los vecinos, y de la higiene y el mantenimiento de los lugares que son públicos. Evidentemente, hay dos ramales en el ferrocarril del gobierno porteño, uno para el discurso y otro para la práctica.
–¿Cree que Macri va a cambiar en el segundo mandato?
–¿Por qué cambiar después de tanto apoyo?
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