domingo, 6 de noviembre de 2011

UNA MARCA IMPUTADA POR TRABAJO ESCLAVO



El dueño de la firma Kosiuko está acusado de “reducción a la servidumbre”. Para el juez federal Julián Ercolini, habría pruebas de que la firma tercerizaba la producción de prendas en talleres clandestinos.


Por Emilio Ruchansky


Por primera vez, el dueño de una importante marca de ropa prestará declaración indagatoria ante la Justicia, en una causa en la que se lo investiga por “reducción a la servidumbre” en al menos un taller textil. Se trata de Federico Bonomi, titular de la firma Kosiuko, quien fue citado por el juez federal Julián Ercolini, al igual que dos directivos de la empresa: Aníbal Terra y Marcelo Gallardo. La indagatoria será el próximo 13 de octubre y los empresarios deberán explicar qué relación tenían con el taller en cuestión y otros, donde al parecer se tercerizaba la producción de prendas para esta marca. “El pedido para que declaren fue hecho por la Cámara Federal porteña”, informó una fuente judicial a este diario. La causa comenzó en octubre de 2005 y con los años se le fueron sumando nuevas denuncias.
En un principio, las denuncias contra la empresa Kowsef SA, propietaria de la marca Kosiuko, fueron formuladas por la cooperativa La Alameda y recayeron en el juzgado de Norberto Oyarbide. El magistrado se excusó de atenderla y la derivó a su colega Jorge Urso, quien tomó la misma determinación. Finalmente el expediente, que incluía acusaciones graves como la situación de semiesclavitud y trata de personas, llegó a manos de Ercolini. En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad reservada.
“Es una decisión afortunada que pedimos desde un principio, cuando denunciamos las condiciones a las que se sometía a los costureros. De todas formas, va a ser difícil avanzar si no se les da una protección a las personas que se animaron a denunciar”, dijo ayer Yanzón, quien junto a La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteño fueron sumando denuncias a esta causa. La más fuerte fue en 2009, luego de que el propio Bonomi le pidió a la ONG que hiciera un monitoreo de los talleres que le proveían ropa para detectar si había irregularidades.
En ese contexto, desde La Alameda le presentaron a Bonomi el caso de una pareja de costureros bolivianos que trabajaba en un taller que confeccionaba prendas para Kosiuko y denunciaba las condiciones de insalubridad y explotación en que trabajaban, así como un despido sin indemnización. En esa reunión, en la que también participó Marcelo Gallardo, gerente general de Kowsef SA, los costureros Oscar Mamani y Concepción Pajarita Marca demostraron, con etiquetas de la marca Kosiuko, que el taller trabajaba para la firma. Los empresarios se comprometieron a pagar una indemnización, que nunca se hizo efectiva.
Los costureros volvieron al taller a sacar sus pertenencias y con una cámara oculta lo filmaron. Ahora, ese video es parte probatoria del expediente. ¿Cómo eran las condiciones contractuales? Según los dos costureros, que durante un año trabajaron en el taller de Crisóstomo Alvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, les pagaban entre 600 y 900 pesos al mes; el horario era de 7 a 22 y sólo podían salir los sábados, después del mediodía, y los domingos.
De la declaración de ambos surgió el procesamiento, sin prisión preventiva, de Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa SA, que sería intermediaria entre Kosiuko y una serie de talleres. La mujer declaró en 2010 que sólo pasaba por el taller a dejar “retazos que le sobraban” y fue liberada. Un año después, tras la apelación del fiscal Jorge Di Lello y del abogado Yanzón, la Cámara Federal porteña dispuso su procesamiento. El encargado del taller de Parque Avellaneda, Walter Moya, también fue citado a declarar. “Pero no apareció más, está prófugo”, comentó una fuente judicial.
Con este panorama, al que debe agregarse un allanamiento a la sede central de Kosiuko en 2009, el próximo 13 de octubre deberán declarar los tres empresarios, a quienes se acusa de un delito que prevé de tres a quince años de prisión. Según informó Yanzón, hay fotos, documentos y también material impositivo del que podrían surgir las relaciones entre el taller y la empresa textil. “Es difícil que se les aplique la prisión efectiva, pero es importante que se reconozca la responsabilidad penal a este nivel de gente en el tema textil”, comentó anoche Yanzón.
Por otra parte, según afirmó el abogado, muchos de los posibles testigos se esfumaron a lo largo de los años. Conseguir que declaren será uno de los desafíos de la querella. “Tienen miedo de quedar fuera del mercado y son desconfiados porque no se los asiste como dice la Ley de Trata”, afirmó Yanzón. En un futuro fallo, agregó, sería importante que se les den a los costureros las máquinas secuestradas en los talleres clandestinos y se les brinde el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como ocurrió en otra sentencia judicial que apuntó a recomponer la situación laboral de los damnificados.
Pajarita Marca está en el país y sigue trabajando en el rubro textil. Su pareja volvió a Bolivia. La presencia de al menos uno de ellos será determinante, reconocieron ayer fuentes judiciales. Los tres empresarios serán indagados porque se considera, entre otras cosas, que la firma tenía la obligación de controlar la situación de trabajo de quienes eran contratados como mano de obra para confeccionar sus prendas en un taller, donde al parecer tercerizaba la producción. Como quedó claro tras las denuncias sobre trabajo semiesclavo en el ámbito rural, deslindar tareas no equivale a deslindar responsabilidades.

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