CARCEL COMUN

A 28 años del fin de la dictadura, 482 responsables del terrorismo de Estado permanecen detenidos en unidades penitenciarias. Las maniobras para retener privilegios.

Por Luz Laici

Para muchos era una utopía. Otros, en cambio, pensaban que era algo que sucedería, pero no llegarían a ver. Lo cierto es que la transformación se hizo realidad. Genocidas como Jorge Rafael Videla, Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías o Luis Abelardo Patti permanecen en unidades carcelarias, sufriendo los avatares del encierro. El reclamo de memoria, verdad y justicia avanza hacia convertirse en una realidad contundente.En la actualidad, 482 represores se encuentran detenidos por orden de la Justicia. Según un relevamiento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el 55,07 por ciento de los represores está alojado en prisiones bajo la tutela del servicio penitenciario, el 39,95 por ciento goza de arresto domiciliario, el 3,52 por ciento permanece en cárceles que dependen de las fuerzas de seguridad, el 1 por ciento está en hospitales extra muros (como el Hospital Militar o el Naval, entre otros) y el 0,2 por ciento depende de algún trámite de extradición. Todo un adelanto: apenas cuatro años atrás, el 46 por ciento de los casi 250 genocidas detenidos estaba arrestado en unidades militares. Es decir, bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o de seguridad, donde hombres como Videla mantenían su rango militar y eran obedecidos como jefes por sus celadores.Hoy, en cambio, las maniobras por parte de los ex militares, marinos o policías persisten, pero encuentran resistencia. Por caso, quien fuera presidente de la primera junta militar ahora debe lavar los platos en su lugar de detención, en Campo de Mayo, el lugar de encierro más codiciado por los genocidas. Un esquema de condiciones que encuentra réplicas en las penitenciarías donde están encerrados los responsables de la última dictadura cívico-militar, como Marcos Paz, la cárcel de Ezeiza, el penal de Devoto o aquellas del interior del país, como la de Bower, en Córdoba.“La relación de los miembros del servicio penitenciario con los militares detenidos es una señal de que las cosas están cambiando. Hoy las generaciones nuevas no les rinden tanta pleitesía como uno veía tiempo atrás”, remarcó a Veintitrés un juez que visitó los lugares de detención. Sin embargo, el traspaso generacional aún no encontró su punto final. Al menos, eso quedó demostrado cuando este año los presos por delitos de lesa humanidad fueron sometidos a una requisa, por primera vez en la historia. El oficial que encabezaba el procedimiento golpeó la puerta de las habitaciones de Devoto –cinco en total, con dos camas y baño privado cada una–, como pidiendo permiso, en lugar de avanzar según los usos y costumbres carcelarios. En ese centro de detención, los genocidas ocupan el pabellón 51, que estaba originariamente destinado para el descanso de los oficiales de guardia. En la jerga penitenciaria, se sabe que la requisa es el procedimiento más duro que atraviesa un preso, con controles rigurosos y momentos más violentos. Los represores, en cambio, lo entendieron como “una intromisión”, a pesar de que la requisa se completó y dejó como saldo haber encontrado un puñal entre las pertenencias de los detenidos.A diferencia de Devoto, en el penal de Ezeiza hay más de 15 genocidas que están ubicados en el ala sur del Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal. Allí, encerrados en pequeñas habitaciones con baño incluido, pasan sus días los marinos Jorge “el Tigre” Acosta, Adolfo Donda, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías, Carlos Guillermo Suárez Mason – hijo del fallecido jefe del I Cuerpo del Ejército–, el ex militar de inteligencia Carlos Trucco y el ex comisario Luis Abelardo Patti, entre otros. Si bien ninguno presenta problemas de salud, con excepción del ex policía Patti –condenado por asesinar a Gastón Goncalves en la década del ’70–, el resto permanece en esa unidad sanitaria por decisión –o complicidad, según las conclusiones que cada cual quiera sacar– de la Justicia. Lo cierto es que la mayoría –que también comparte estampitas eclesiásticas y también lecturas, como 1982, del Tata Yofre; el Código Procesal Penal; La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós; o Evangelios y vida– utiliza el hospital como un lugar de detención un poco más “cómodo” que un pabellón común del complejo penitenciario. Las imágenes que retratan su forma de vida, y que Veintitrés revela de forma exclusiva, son elocuentes: las habitaciones son individuales, no suelen cerrarse con llave de noche, cuentan con computadoras, plantas, estufas, acondicionadores de aire y casi ningún objeto médico que demuestre condición de insalubridad.El Pabellón V del módulo IV del Complejo Penitenciario de Marcos Paz es conocido como el pabellón “de lesa”. Allí comparten la mesa Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1977; los ex marinos que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Jorge Radice y Juan Rolón, entre otros; además del sacerdote Christian Von Wernich, quien, para no perder el hábito, ofrece misa para sus compañeros de prisión, y un grupo de represores que actuó en el centro clandestino de detención El Vesubio, por mencionar algunos. El espacio no tiene lujos pero sus detenidos se las ingenian para burlar la ley. Por caso, algunos logran flexibilizar los horarios de visitas, otros ni siquiera los ingresan en los registros y algunos hasta encuentran complicidad médica para solicitar salir del penal y organizar reuniones extramuros, en supuestos consultorios.A contramano de los anteriores, el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo –conocido como Unidad 34– figura en la lista de lugares codiciados. Conformado por dos pabellones tipo “chalet”, insertos en la guarnición militar de Campo de Mayo y rodeado de extensos parques y jardines frondosos, su custodia pasó a manos del Servicio Penitenciario Federal a fines de 2007, luego de un acuerdo que firmaran el Ministerio de Defensa y la cartera de Justicia. Justamente, una señal del proceso de cambio en el modo de detención de los represores. De todos modos, en aquel entonces la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó que el espacio continuara siendo considerado como “cárcel común” –tomando como caso testigo el de Videla– y realizó una presentación judicial ante el magistrado Norberto Oyarbide. El juez, sin embargo, desechó el pedido argumentando que las querellas no tienen poder para decidir dónde quedan presos los procesados.En Campo de Mayo viven treinta y nueve represores, provenientes de distintas provincias, y es el único lugar de detención donde no hay presos comunes, a pesar de que nunca comparten los mismos espacios en otros centros. Por ese –y otros tantos motivos– es el lugar privilegiado al que todos los condenados “de lesa” desean ir. Una esperanza que, se rumorea, cuenta con lista de prioridades –al parecer, los genocidas se anotan por si llega a generarse una vacante– y hasta tuvo pedido expreso del marino Astiz, quien solicitó expresamente ser alojado en esa dependencia. Hasta ahora, no lo logró.Y, quizás, nunca lo logre. Los privilegios son cada vez más escasos, a pesar de los sueños que parecen enceguecer a los genocidas. El Servicio Penitenciario Federal avanza en obras de infraestructura en Marcos Paz y Devoto para concentrar en aquellas dependencias a los que cumplen condena por crímenes que nunca prescribirán.