miércoles, 5 de diciembre de 2012

UNA HISTORIA DE FALSOS GUERRILLEROS EN COLOMBIA

Por Constanza Vieira
 
Un documental aborda el fraude consumado por el ejército colombiano, desde tiempos de la gestión Uribe, para pasar a civiles masacrados por combatientes de las Farc abatidos.
      
Una historia de amor adolescente es la excusa del filme Silencio en el Paraíso, que se estrena en Colombia, para contar el horror de los “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales para presentar víctimas civiles como guerrilleros caídos en combate.
Esta práctica de las fuerzas de seguridad para abultar los resultados operacionales y obtener honores y dinero se refleja en la ópera prima del documentalista y director de televisión Colbert García. El 19 de este mes se realizó un pre-estreno en una sala de Bogotá ante un auditorio de militares, a los que el filme no les cayó para nada en gracia.
El barrio El Paraíso es el escenario donde bandas armadas extorsionan a tenderos y transportadores a cambio de no atacarlos.
Es una zona llena de vida en las montañas al sur de Bogotá, en el enorme sector de Ciudad Bolívar, donde viven en la pobreza unos 400.000 desplazados de sus hogares por el conflicto armado y cuyo único lujo es la espectacular panorámica de la capital a sus pies.
Casualidad o cosas de documentalista es que Esmeralda Pinzón, la actriz que tiene a cargo el complejo y logrado papel de Susana, un eslabón en el negocio de los falsos positivos, vivió realmente en El Paraíso. Obligada a abandonar su hogar a los diez años, luego del asesinato de su padre, llegó con su mamá y se instaló como desplazada en ese lugar, según contó al portal ConfidencialColombia.com.
El filme se aproxima con delicadeza al mecanismo que recluta a los jóvenes para convertirlos en “falsos positivos”. Se les ofrece trabajo fuera de la ciudad por unos días, pero nunca regresarán. Una vez reclutados, son compelidos a ponerse prendas de camuflaje como las usadas por guerrilleros para ser fusilados por miembros de la fuerza pública. Silencio en el Paraíso llega hasta ahí.
No existe aún una película sobre lo que sigue después: el maquillaje de estos asesinatos en documentos legales que serán revisados por la Justicia Penal Militar y que hacen gala de un lenguaje adaptado a la perfección al Código de Procedimiento Penal y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La formalidad incluye fotos de los cadáveres, necropsias simuladas y hasta declaraciones de testigos que participaron en el supuesto combate.
Declaran soldados, suboficiales, oficiales, siguiendo el guión de órdenes de operaciones falsificadas que incorporan todas las normas del DIH para el combate y las disposiciones nacionales para el tratamiento de los cadáveres.
Es decir, “no las ignoran”, “y los propios suboficiales manejan todo ese lenguaje del DIH. Las órdenes de operaciones de los batallones son impecables. Los que las redactan conocen a fondo el DIH”, señaló el sacerdote jesuita Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
“Tal vez ese conocimiento les está sirviendo más para ver cómo se burlan esas normas en la práctica”, añadió.
Todo calculado para que la Justicia tenga que concluir que, efectivamente, las muertes han ocurrido en combate.
Esa escenificación fue la que halló el juez Alexander Cortés, capitán retirado del ejército y hoy en el exilio, quien ejerció entre 2007 y 2008 como magistrado penal militar en la Brigada 17 del ejército en la ciudad de Carepa, en la zona bananera de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia.
En cumplimiento de una norma que establece verificar si realmente los “muertos en combate” fallecieron en hechos de guerra, Cortés abordó un gran número de expedientes que estaban archivados como tales en la brigada.
Alcanzó a revisar unos 55 y, al encontrar numerosos fraudes procesales, remitió los casos de la justicia penal militar a la ordinaria. El costo fue verse perseguido por jefes de su propia institución.
Eso sí, Cortés tuvo el respaldo de Luz Marina Gil, por entonces directora de la Justicia Penal Militar y posteriormente destituida.
El caso del juez Cortés es uno de los anexos del informe “23 años de falsos positivos (1988-2011)”, del Banco de Datos del Cinep y el cual coincidentemente fue presentado en Bogotá la misma semana que el estreno de Silencio en el Paraíso.
El estudio es una muestra de 951 casos ocurridos en 28 de los 32 departamentos del país y que se refieren a 1.741 víctimas.
De ellos, 40% ocurrió en 2007, cuando el hoy presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
¿Qué responsabilidad le cabe al actual mandatario colombiano? “Habría una paradoja: cuando Santos era ministro de Defensa hubo el mayor número de casos y, al mismo tiempo, hubo el descenso”, contestó el director del Cinep, sacerdote Mauricio García. “Los datos lo muestran”, dijo.
El descenso es casi vertical entre 2007 y 2009, en concordancia con un conjunto de medidas que se tomaron tras el escándalo en 2008, cuando trascendió internacionalmente la práctica de los falsos positivos que las organizaciones de derechos humanas venían denunciando hace más de dos décadas.
La presión de los países donantes de Colombia rompió la tendencia creciente desde 2002, cuando asumió Uribe, en cuyo gobierno se establecieron oficialmente ascensos y condecoraciones por número de guerrilleros muertos.
Los falsos positivos continúan. En 2009, ocho casos generaron 10 víctimas, en 2010 otros ocho casos dejaron 12 muertos y en el primer semestre de 2011 el Cinep registró también ocho casos, con 17 víctimas.
“Todavía faltarían medidas adicionales, si realmente se le quiere poner fin a esa práctica que, ciertamente, atenta contra la legitimidad de las instituciones y pone en cuestión la credibilidad de un monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado”, apuntó García.
La investigación de la fiscalía abarca más casos, unos 2.500, e implica a unos 3.800 militares. Pero no proporciona nombres, da cifras. El Banco de Datos se resiste a reducir las víctimas a números. Por eso, 196 de las 327 páginas del informe contienen breves párrafos que cuentan fechas, nombres, lugares y cómo ocurrieron las cosas.
El estudio del Cinep no hace un recuento de los comandantes locales, regionales o nacionales bajo cuyo mando ocurrieron esos crímenes.
Más info sobre Colombia, falsos positivos, paramilitares.
Si no lo mueves, no lo sabrá nadie.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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