Nuestro país dejó de ser un país de consumo y tráfico para convertirse en productor de cocaína. Hace algunos años irrumpió en nuestro país el llamado “paco”, (PAsta de COcaína) y pudimos comprobar que esta sustancia psicoactiva se instaló en las clases bajas y hoy se desplaza hacia el resto de la sociedad.
Su capacidad adictiva y poder destructivo transformó a sus consumidores más vulnerables en “muertos vivos”, según la denominación acuñada para referirse a los adictos con mayor dependencia y compromiso fisiológico.
El “paco” surge, en la Argentina, a partir de la instalación de las cocinas, que son laboratorios en los que se transforma la pasta base de cocaína –proveniente de los países donde se cultiva la hoja de coca– en cocaína de máxima pureza. El residuo de este proceso es utilizado, junto con otras sustancias, para la elaboración del “paco”.
Rápida pérdida de peso, taquicardia, insomnio, agitación psicomotora, hipertensión arterial, fiebre, falta de coordinación, edema pulmonar y lesión cerebral son algunas de las patologías derivadas del consumo del “paco”. Después de cuadros de enfermedades agudas, signados por el gran deterioro físico e inmunológico, se llega a un desenlace mortal en un alto porcentaje de los consumidores habituales de “paco”.
La incidencia social de esta sustancia no es casual. Por el contrario. Responde a condiciones preexistentes, que favorecen el desarrollo del narcotráfico, con indicadores alarmantes: desigualdad social, expansión y surgimiento de bolsones de pobreza en los grandes centros urbanos, desarticulación operativa de las agencias estatales responsables de combatir el narcotráfico, carencia de tecnología adecuada para detectar el tráfico ilegal de drogas por vía aérea, fluvial o ultramarina, disponibilidad a bajo precio de precursores químicos y controles laxos. O, lo que lo resume todo, la naturalización de la corrupción.
En cuanto a la lucha contra el narcotrafico, no existe en la Argentina una agencia que centralice el comando operativo, lo que redunda en superposición de tareas, desarticulación de las acciones y subutilización de los recursos.
Es tan grave el descontrol estatal que ni siquiera existen radares para detectar los aviones clandestinos ni scanners para controlar los contenedores que salen de nuestro país, en los que muchas veces se despacha, entre otras cosas, cocaína.
Esta política de Estado se encuentra fragmentada entre las diversas fuerzas de seguridad: policías provinciales, Policía Federal, SIDE, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y sus correspondientes organismos de inteligencia.
Esta situación de dispersión se ve profundizada por la adhesión de las provincias a la ley de desfederalización, por medio de la cual se persigue a los consumidores, desviando la atención del narcotraficante.
Hoy, los jóvenes pobres adictos al “paco” son la mano de obra barata de las organizaciones delictivas y sus madres, mujeres desesperadas que no encuentran un lugar donde denunciar a los que venden droga y tampoco saben a quién revelar la ubicación de las cocinas que producen cocaína en los mismos barrios en los que ellas intentan forjar un futuro para sus familias.
El “paco” refleja el síntoma de una enfermedad social muy virulenta, con gran capacidad de mutación. Una enfermedad que requiere un abordaje conjunto, desde la prevención en sus distintas vertientes y desde la represión. Esto se puede conseguir a partir de una intervención conjunta y articulada, que tienda a terminar con las grandes redes del narcotrafico que actúan en nuestro territorio. No sirve dedicarse solamente a combatir al “trafiadicto”, que es aquel que trafica para consumir. A él debería tratárselo como a un enfermo y no como a un delincuente.
El consumo, tráfico, producción y distribución se han expandido de manera exponencial en los últimos años. Esto sólo fue posible gracias a la complicidad de sectores vinculados con el poder político, el judicial, el empresarial y el policial. Sin participación de ellos, la cadena tendría un eslabón cortado.
En la provincia de Buenos Aires se está desarrollando el epicentro de una muerte silenciosa. Pero hay más: además de los males que genera el consumo de “paco”, su aparición –el gobernador Daniel Scioli dice que se consumen 450.000 dosis diarias en la provincia que él gobierna– pone en evidencia que en la Argentina se está produciendo cocaína destinada a sectores de altos ingresos y también al mercado exterior.
El “paco” es sólo la punta del iceberg. El comienzo de una muerte silenciosa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario