miércoles, 4 de noviembre de 2009

HIJOS DE RUCKAUF


La muerte de un adolescente de 18 años en ocasión de un robo a su casa, donde vive con su madre y su hermana, es una tragedia. Un disparo en el ojo a un ex jugador de fútbol, aparentemente porque intentó evitar que le robaran su auto, es una tragedia. En el primer caso, el de Santiago Ubarri, apenas sucedió se hizo presente en el lugar el intendente de Tigre, Sergio Massa, y dijo: “Espero que detengan a los asesinos, y que se pudran en la cárcel”. En el segundo caso, el de Fernando Cáceres, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli instó a la policía a que “tenga la total determinación de enfrentarse con los delincuentes y abatirlos cuando las circunstancias sean de estas características”. Las declaraciones de Massa y de Scioli son resumen y herencia de aquellas célebres e inolvidables palabras con las que Carlos Ruckauf definió entre 1999 y 2001 su política de seguridad: a la policía le dijo que “meta bala a los delincuentes”. Y a los delincuentes, les deseó que “se pudran con sus manos agarradas a las rejas oxidadas de la cárcel.” Pueden cuestionarse estas palabras -que se traducen en decisiones políticas- por brutales y por violatorias de los derechos humanos. Pero además, es preciso recordarles a los Massa y los Scioli que no sirven.


La invitación a meter bala a diestra y siniestra conduce solo a más muertes de presuntos “delincuentes”, y también de policías, de eventuales rehenes, de gente que pasaba por ahí.


Cuando Scioli sentencia que los autores del disparo contra Cáceres son dos adolescentes de 15 y 16 años, que ambos son “inimputables”, y que en consecuencia, la gran solución para terminar con la inseguridad es aprobar rápidamente los proyectos de régimen penal juvenil que se están discutiendo en el Congreso, hace varias cosas. En primer lugar, viola el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio que tienen todas las personas, incluidas obviamente las posiblemente acusadas de este delito en particular.Luego, miente parcialmente, porque conforme la legislación vigente, los adolescentes de 16 años son punibles. Y en tercer lugar, confirma lo que venimos diciendo: que los proyectos de reforma penal juvenil que se debaten en el Congreso tienen como principal objetivo, no brindar más garantías, sino castigar a más adolescentes, introduciendo en el sistema penal a los de 14 y 15, haciéndole creer a “la gente” que allí, en el eslabón más débil de la cadena, reside el origen de la violencia y del delito. Mientras se mantienen intocados los negocios ilegales que conducen a matar para conseguir un auto que luego termina en un desarmadero; el manejo del circuito de drogas lícitas e ilícitas; la trata de personas, todo ello con complicidad policial y política; esos proyectos son parte de las políticas que traducen en prácticas y en normas jurídicas a discursos tan falsos como peligrosos.

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