En 2011 hubo 84 sentencias por delitos de lesa humanidad. Desde el regreso democrático se condenó a 270 personas, una cifra récord. El proceso de justicia se consolida en el país.
Por Raul Arcomano.
En un ex centro clandestino de detención y en un antiguo pozo de agua de tres metros de diámetro y unos cuarenta de profundidad, en Tucumán, hay restos de desaparecidos que esperan ser identificados. Uno de ellos ya fue reconocido por el paciente y complejo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se trata de Guillermo Vargas Aignasse. Un senador que había sido secuestrado por orden del dictador Antonio Domingo Bussi la misma noche del golpe del 24 de marzo de 1976. Trece días después fue desaparecido. Los muertos demandan a los vivos. Y los vivos demandan justicia. No importa si pasó un día, un mes, un año o 35 años. Los vivos demandan justicia, y cerrar una historia familiar. Llama la atención entonces que todavía sigan alzándose voces que plantean –con mayor o menor énfasis– que los crímenes del terrorismo de Estado son cosa del pasado. Que hay que dar vuelta una página de la historia. No es posible. No mientras, por ejemplo, siga habiendo desaparecidos y jóvenes apropiados. Estos crímenes no son cosa del pasado. Son materia del presente. De hoy, de mañana. Porque pertenecen a la clase de delitos llamados “continuos” o “permanentes”. Son los que se siguen cometiendo en el tiempo: los desaparecidos siguen sin aparecer y unos 400 chicos apropiados siguen sin saber su verdadera identidad.El cronista destaca este punto en materia de derechos humanos de este año que expirará mañana. Es basal para entender la política de memoria, verdad y justicia. Hay víctimas, hay delitos, hay acusados y hay un Estado y un Poder Judicial haciendo su trabajo: impartir justicia. Esa política se estructura en las decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que se desarrollan a lo largo del país. Con dificultades y desafíos por delante. Por ejemplo, cómo acelerarlos, cómo maximizar el rendimiento de las pruebas y cómo evitar la sobreexposición de los testigos. Pese a estas fallas, perfectibles, se nota una consolidación del proceso de juzgamiento. Que se verifica con los datos del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. Es el área que dirige el fiscal general Jorge Eduardo Auat.¿Qué señala el informe? Que los condenados e imputados en delitos de lesa humanidad son récord: 843 procesados y 270 condenados, si se suman las recientes condenas por los crímenes en el hospital Posadas. Es la mayor cantidad que se registra desde la recuperación democrática. El año que termina hoy dejó un saldo positivo: concluyeron veintiún juicios en que se juzgó a 92 personas. Ocho fueron absueltas y 84 condenadas, 68 por primera vez. Empezaron juicios en jurisdicciones esquivas, como Bahía Blanca o Mar del Plata. Otro cambio paradigmático es sobre el lugar de detención. Este año no se registraron casos de detenciones en unidades militares. El 50 por ciento de las 593 personas detenidas está alojado en unidades penitenciarias. El 43 por ciento tiene detención domiciliaria. El resto se reparte entre sedes de las fuerzas de seguridad y hospitales.Desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en 1983, hasta el presente, se juzgó a 296 personas, con juicios concluidos. 270 fueron condenadas y el resto resultó absuelto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. Al finalizar el año 2009, ese número aumentó a 98. Durante 2010, la cantidad de personas condenadas era de 199 y 2011 cierra con 270 condenados. Se registra un total de 843 personas procesadas. De esa cifra, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del 70 por ciento ya tiene alguna causa en etapa de juicio. Ex militares, policías y civiles son juzgados por la Justicia por delitos en perjuicio de más de 800 víctimas. Procesos orales y públicos, con defensores y garantías del debido proceso. Se encuentran en curso doce juicios donde se juzga a 118 acusados. Y tienen fecha programada otros ocho juicios para 2012.Los acusados sometidos a juicio oral suman 193: 84 represores condenados, 8 absueltos y 101 que continúan en el banquillo. Ya se dijo desde estas páginas: desde que se anularon las leyes del perdón, los juzgamientos a represores se desarrollan sin pausa. Pero tomaron verdadero impulso en los últimos dos años. Lo explica el informe de la unidad fiscal, que plantea una queja: “Si bien el número de condenados ha venido incrementándose en los últimos años (en particular durante 2010), de los condenados, sólo 43 cuentan con condena firme. De ese total, solamente tres imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante 2011”. El documento plantea, en ese sentido, una preocupación por las “demoras que se registran en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales.” Durante 2011 ese máximo tribunal penal revisó seis sentencias en relación con trece imputados.Quedan cosas pendientes, claro. Seguir poniendo el foco en los resabios procesistas de la Justicia. La destitución de los ex camaristas mendocinos Luis Miret y Otilio Romano va en ese sentido. Seguir profundizando el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante la dictadura. Para que no sean tomados por los jueces como “tormentos”, sino como delitos de lesa humanidad. La unidad fiscal se plantea, además, dos desafíos atinados. Uno: mejorar el abordaje de las causas por la apropiación de bebés, para lo cual creó un grupo de trabajo a atender esa problemática. Dos: meterse en los archivos militares para recolectar pruebas de los distintos procedimientos represivos. El camino está marcado. Hay tiempo. Y hay voluntad política para avanzar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario