Una disputa por territorios aborígenes en Tucumán terminó el lunes pasado con un muerto y dos heridos. Los acusados son un terrateniente y dos policías echados de la fuerza. Los tres están presos. Repudios y reclamos de justicia.
La fecha fue por demás emblemática: justo el 12 de octubre. Ocurrió en la comunidad de Chuschagasta, perteneciente al pueblo diaguita, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital tucumana. Tres miembros de esa comunidad fueron atacados a balazos por dos ex policías armados y un lugarteniente de la zona. Javier Chocabar, de 68 años, murió a raíz de los impactos de bala, mientras que Andrés y Emilio Mamaní fueron trasladados a un centro de salud de San Miguel de Tucumán, en donde se encuentran fuera de peligro.
Según relataron los pobladores a Página/12, todo comenzó el lunes por la tarde, pasadas las 18. Llegaron tres hombres, el terrateniente Darío Amín, denunciado por usurpación de tierras indígenas, y dos policías exonerados, Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreyra. Según la versión “oficial” de lo ocurrido, estos personajes fueron a sacar fotografías para “llevar adelante un relevamiento catastral”. Sobre Chuschagasta se asienta una cantera de piedra laja, lugar apetecible como recurso natural para emprendimientos privados.
Los pobladores les pidieron a Amín y compañía que se retiraran del lugar y, según denuncian, la respuesta llegó a los tiros. Tanto Chocobar como los hermanos Mamaní recibieron los impactos de bala debajo de la cintura. Chocobar murió desangrado. Los tres presuntos agresores tenían armas de fuego, según la propia policía tucumana.
Casi de inmediato, las 300 familias que viven en el pueblo diaguita se congregaron y se trasladaron hacia la Plaza Independencia, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Más tarde fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Hace unos veinte días, en toda la zona de los Valles Calchaquíes tucumanos había comenzado un relevamiento por una norma que declara la emergencia para las comunidades indígenas en todo el país, suspende los desalojos y acciones judiciales en contra de los pueblos originarios y ordena un estudio detallado para todo el país. Cada comunidad estaba trabajando con la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto de Asuntos Indígenas y el gobierno de José Alperovich, a través de la Secretaría de Derechos Humanos.
Federico Casinelli, representante en Tucumán del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, avaló el trabajo comunitario. “Es una preocupación enorme lo que pasó, porque no es un hecho aislado, ya se viene arrastrando esta problemática desde hace mucho tiempo. El Poder Judicial está haciendo caso omiso de lo que ocurre. No está respetando las leyes vigentes. Las comunidades viven en un estado de precariedad muy grande y sólo quieren vivir con el medio ambiente en armonía. El crimen de ayer (por el lunes) es una acción en contra de los pueblos, para que dejen sus tierras a personas que las quieren explotar de manera privada. Esto es un desenlace que nadie quería. La gente que perpetró este hecho son personajes nefastos en la provincia”, aseveró a Página/12 el funcionario.
Delfín Gerónimo, de la comunidad de Quilmes, denunció presiones de personas que tratan de comprar sus tierras y sacarlos del lugar en donde viven. “Nunca pensamos llegar a este extremo. Sobre todo en una fecha como el 12 de octubre, donde se recuerda todo lo que atravesamos con la invasión española. Seguimos en una lucha constante por la titularización de nuestras tierras, a pesar de las presiones que existen para que nos vayamos.”
El secretario de Derechos Humanos provincial, Daniel Posse, pidió que se investigue lo ocurrido y que “se esclarezca el homicidio”. “Nosotros como Estado veníamos trabajando de una manera armónica con todos los caciques y miembros de las comunidades y es realmente grave lo ocurrido esta semana. Es por ello que pedimos la colaboración del Ministerio de Seguridad para resguardar a los pueblos originarios y para que los responsables de este delito sean condenados”, declaró Posse a este diario.
Tanto los dos ex policías como Amín se encuentran detenidos, en un sanatorio privado de la capital, ya que presentan “contusiones leves”, según los informes médicos.
Anoche, los pobladores de Chuschagasta preparaban el velatorio de Chocobar, en la zona de Chuscha, ubicada en el departamento de Trancas al norte de la capital tucumana.
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