En España, la política de rechazo a los latinoamericanos y africanos comenzó a notarse en las calles, en los puestos fronterizos y en los aeropuertos. Además, existen denuncias sobre maltratos a los extranjeros internados. El gobierno socialista se dispone a ampliar el plazo de detención de los “sin papeles”.
Con los resultados de las elecciones generales frescos aún, José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista descubrieron hasta qué punto había calado entre sus propias bases electorales, en la periferia pobre de las grandes ciudades españolas, el discurso contra los inmigrantes que sacó a relucir en la campaña electoral el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. La primera reacción del reelecto primer ministro fue nombrar a Celestino Corbacho, alcalde de la ciudad catalana de L’ Hospitalet durante trece años, y famoso por su línea dura en la materia, ministro de Trabajo e Inmigración. Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informaba que, cumpliendo con un casi desconocido punto de la plataforma electoral socialista, el gobierno se disponía a ampliar el plazo de detención de los sin papeles y endurecía su política inmigratoria. El repentino cambio de guión, que acerca a la socialdemocracia española al discurso de la derecha populista europea, cuyos máximos exponentes son en estos momentos Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, comienza a notarse en las calles, en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, donde cada día son más los latinoamericanos y africanos rechazados y en los Centros de Internación de Extranjeros, auténticas agujeros negros del estado de derecho español al que no pueden ingresar ONG, periodistas ni diputados del propio congreso nacional.
Al mismo tiempo, las empresas de capital español continúan extrayendo materias primas y recursos energéticos de los mismos países de donde proceden la mayoría de estas personas, mientras el discurso cada vez más cínico de la clase política y de algunos medios de comunicación prefiere no establecer ningún tipo de relación entre ambos acontecimientos. Los inmigrantes son el nuevo chivo expiatorio a la hora de descargar la angustia y el miedo que provoca entre la población la irrupción violenta de la crisis económica procedente de Estados Unidos y que ha dejado en estado convaleciente a la sobredimensionada industria de la construcción local, principal fuente de empleo de los extranjeros.
“Esto alguien lo tiene que parar”, dice María Jesús, una encuestadora que vive en un barrio periférico de Valencia, una de las ciudades del Mediterráneo con mayor presencia de inmigrantes. Como tantos españoles, María Jesús está convencida de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo, colapsan la sanidad pública y ocupan los puestos en las guarderías estatales. De nada ha servido que el Ministerio de Salud haya hecho públicas las estadísticas que demuestran que los inmigrantes, el 10 por ciento de la población española, no sólo aportan más del 15 por ciento del presupuesto total de la seguridad social, sino que utilizan en promedio el 50 por ciento menos los servicios de salud que los propios españoles, sobre todo porque casi no hay ancianos extranjeros. Es verdad que hay que esperar varios meses para ser atendidos por los médicos especialistas en las grandes ciudades, pero eso se debe a las deficiencias de una política de salud que no ha realizado las necesarias inversiones para cubrir como corresponde el servicio, un modo sutil que han tenido tanto socialistas como conservadores para dejar caer la salud pública en beneficio de los servicios privados durante la última década. Los inmigrantes poco tienen que ver con el asunto.
A todo esto se suma una persistente campaña de algunos medios de comunicación vinculados con la derecha que cada vez que la Policía reporta un robo realizado por africanos, latinoamericanos o ciudadanos de la Europa del Este, lo destacan a grandes titulares. Los delincuentes locales no gozan de tanta prensa. Así las cosas, y con las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas estatal que le dicen que la inmigración está considerada uno de los tres temas más preocupantes para la población, junto con el terrorismo y el desempleo, a Zapatero no le queda otra que endurecer la mano. O hacer de cuenta que la endurece aún más, porque en este aspecto blanda nunca la ha tenido.
Fronteras
Acosado por el discurso de Rajoy en la campaña electoral, Rodríguez Zapatero no dudó en jactarse de que durante su primer gobierno fueron repatriados 330.000 inmigrantes, el 50 por ciento más que durante los cuatro años del último gobierno del Partido Popular. Este gran logro, si así se puede llamar, se consiguió apretando a los países africanos para que reciban a los rechazados, cosa que la mayoría de ellos nunca han querido hacer de buen grado, a cambio de promesas de inversiones económicas y mejores tratos comerciales que nadie sabe precisar si alguna vez se concretaron. En América latina, la irrupción en la escena política de gobiernos como el del boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo Chávez o el ecuatoriano Rafael Correa, que ponen en cuestión el rol que juegan las empresas de capital español en sus economías domésticas, propietarias de gran parte de las empresas de servicios públicos y de extracción de recursos naturales y energéticos, la cuestión se ha resuelto con un endurecimiento de la política de visas y un aumento del control de los ciudadanos que proceden de estos países en los aeropuertos de llegada. Países como Argentina, Chile o Uruguay, cuyos ciudadanos no están obligados a obtener una visa previa para ingresar en el país, deben sin embargo cumplir con una lista de requisitos difíciles de llenar si no quieren ser rechazados en los aeropuertos.
Una alta autoridad consular argentina intentó meses atrás obtener datos comparativos sobre la denegación del acceso a los ciudadanos de los diferentes países latinoamericanos y las autoridades españolas los negaron aduciendo “razones de seguridad nacional”. “Estoy seguro de que si sólo les pedía los datos de Argentina me los daban”, afirmó esta fuente a este periódico, prefiriendo el anonimato para no enemistarse con Extranjería y poder así seguir asistiendo a los que se encuentran en dificultades para entrar. Los requisitos, para los viajeros procedentes de países que no requieren visado, son leoninos. Para una estadía de nueve días se exigen 514 euros y 57 euros por cada día adicional que, según su pasaje aéreo, permanecerá en Europa. Es decir, unos 2600 euros al mes por persona. Esos medios económicos “pueden ser en efectivo, cheques de viajero o tarjetas de crédito acompañados de extractos bancarios que justifiquen esos fondos”, además de un seguro médico no inferior a 30.000 euros, una reserva de hotel confirmada o una carta invitación realizada por un europeo o residente legal en España. No hace falta, en teoría, cumplirlos todos, pero cualquiera de ellos puede ser exigible. Aunque el factor más importante a la hora de justificar un rechazo suele ser la apariencia física de la persona. “La casa se reserva el derecho de admisión” dice con ironía una fuente de la embajada colombiana que sabe muy bien de lo que habla.
Marche preso
A pesar de todos estos controles, la mayor parte de los sin papeles logra colarse por las fronteras a través de los aeropuertos, según admite el propio Ministerio del Interior. Si una vez dentro tienen la mala fortuna de ser detenidos, a los clandestinos les llega la hora de conocer el otro lado de lo que la prensa local más crítica comienza a denominar “los muros de la vergüenza”: los Centros de Internación de Inmigrantes, CIE. Estos auténticos agujeros negros del estado de derecho vienen siendo criticados desde hace años por las pésimas condiciones en las que mantienen encerrados a los sin papeles, sobre todo si se tiene en cuenta que son personas que sólo han cometido un delito administrativo al violar la Ley de Extranjería.
Según un informe encargado por el Parlamento Europeo a la consultora independiente Steps, llevado a cabo por la experta internacional Sara Prestianni sobre la situación en los CIE, la falta de atención psicológica a los detenidos “aumenta el riesgo de actos desesperados como suicidios o autolesiones”. Aunque cree que estas posibilidades son más altas en los países nórdicos, donde no existe un límite de días para permanecer detenido –en España el máximo era de 40 días y la pasada semana la administración Zapatero lo elevó a 60–, Prestianni sostiene que “toda internación tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas, incluso en los casos de un período más corto. Algunas condiciones de los CIE, como el hecho de estar encerrados en celdas sin poder salir y de no comprender muy bien lo que pasa” agravan la situación de los inmigrantes.
A pesar de que las autoridades afirman que la situación en los CIE no es para tanto, el hecho de que sean uno de los secretos mejor guardados del estado español hace presumir lo contrario. De hecho, nunca se ha permitido el ingreso de periodistas a los centros y las autoridades españolas se han negado persistentemente a argumentar por escrito esta medida. La excusa que dan es que se trata, una vez más, de un problema de “seguridad” y, demostrando que el cinismo no tiene límites, alegan el “respeto a la privacidad de los inmigrantes”.
Los que han tenido la mala fortuna de pasar por allí sin ser expulsados cuentan la experiencia aún con el miedo en la boca. Guillermo es un inmigrante boliviano al que la Policía encontró sin papeles a principios de este año. Fue encarcelado en un CIE de Madrid. Advirtió que sufría tuberculosis, por lo cual necesitaba continuar con la medicación, pero no le hicieron caso. I. es colombiana. Hace un mes su pareja de 61 años y su sobrino fueron detenidos sin papeles y a pesar de que ella es residente legal no pudo impedir que los deportaran. Antes de marcharse, protagonizaron una dura huelga de hambre que sacudió el CIE de Aluche, en Madrid, a principios de abril, y que terminó con el ingreso de los antidisturbios para poner orden. La organización Red Ferrocarril Clandestino, que ayudó a difundir la huelga de hambre en los medios, recogió testimonios telefónicos de algunos internos que se quejaban de que “no nos dan medicamentos, nos tratan como si fuéramos delincuentes” y afirmaron que los guardias habían golpeado “en sus partes bajas” a “un morenito que está muy mal”. Los huelguistas denunciaban “maltrato psicológico” de los funcionarios policiales, “vejaciones e insultos”. Diputados de Izquierda Unida que en algún momento quisieron comprobar por sí mismos la situación descubrieron que, al igual que ocurre en la mayor parte de los países europeos, ni siquiera los parlamentarios pueden entrar a observar estos centros.
Intégrese, coño
“Un fantasma sobrevuela el planeta: el fantasma de la xenofobia” advierte parafraseando a Marx el sociólogo Zygmunt Bauman en su brillante ensayo Liquid loved (Amor líquido). Una advertencia que no tienen muy en cuenta los políticos españoles durante estos últimos tiempos. Si los socialistas han cambiado el guión y se vuelven cada día más duros, los dirigentes del derechista Partido Popular tratan de ir aún más lejos en esta alocada y peligrosa carrera. Una de las regiones más importantes gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana, ha anunciado hace unas semanas que pondrá en vigor el famoso “contrato de integración” propuesto por Mariano Rajoy durante la campaña electoral, un documento de dudosa validez jurídica por el cual los inmigrantes se tienen que comprometer a respetar “las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas”.
Nadie en el PP ha explicado a qué costumbres se están refiriendo. Algunos con humor negro se preguntan si el contrato incluirá la obligación de saber preparar la paella, típico plato de la región o si, por el contrario, exigirá que los recién llegados vayan a misa, lo que ayudaría a llenar las cada vez más vacías iglesias españolas. Más allá de las bromas, lo cierto es que la medida despertó la indignación de las organizaciones como la Red Sahel, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, que esta semana convocaron una conferencia de prensa, anunciando la recolección de firmas contra el proyecto y una serie de protestas urbanas para dejar claro que no toda la sociedad española participa de la vergüenza.
En diálogo con este periódico, Luis Poveda y Luis Cerrillo, integrantes de estas asociaciones, resaltan el cínico doble discurso que se esconde detrás de esta propuesta, que según ellos “sólo busca criminalizar al colectivo de inmigrantes sin darles ninguna opción a que se integren verdaderamente”. Para ello recurren a un ejemplo demoledor. “Cualquiera que se dé una vuelta por los pueblos marítimos de la provincia de Alicante (N. de la R.: uno de los sitios preferidos para fijar residencia de los jubilados de los países ricos, como Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia) sabe que si no hablas alemán no puedes pedirte ni una cerveza” afirman. Una reciente investigación del diario El País demostró que de los cuatro millones de inmigrantes que residen en España, un millón proviene de la propia Unión Europea y son los miembros de este último colectivo los que menos se integran, a pesar de que nadie habla de ellos cuando se sacan a la luz los discursos xenófobos. En muchos pueblos de la costa mediterránea, afirma el matutino, es habitual encontrar supermercados sólo para ingleses, comercios en los que ni siquiera se habla español, kioscos de prensa sin ningún tipo de material en español. “Sería bueno saber –-afirman Poveda y Cerrillo– si el gobierno regional valenciano está pensando en exigirles a ellos también que firmen el famoso contrato.”
A todo esto, la mayor parte de la población, a excepción de un grupo muy reducido de comunicadores e intelectuales, no parece darse cuenta de lo que está sucediendo, o es conscientemente cómplice del nuevo discurso público. En su edición del viernes 9 de mayo El País publicó un durísimo artículo de Soledad Gallego Díaz titulado “El toque de la izquierda”, en el que la prestigiosa columnista se mostraba indignada por el apoyo de España a la propuesta de una nueva directiva europea de inmigración que extiende a 18 meses el límite máximo de detención de los sin papeles en los CIE y permite que sea un funcionario y no un juez el que dicte la orden de detención. “Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo”, afirma después de lamentarse de que la izquierda haya comenzado a hacer suyo “uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea”, el que sostiene que “la mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros”. Según todas las evidencias, sus nobles argumentos han caído en un triste saco roto.
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