COSTUMBRES ARGENTINAS

El 20 de octubre de 2004, hace exactamente cinco años, la Comisaría 1ra. de Quilmes, al igual que decenas de otras dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires y de cada una de las provincias argentinas, estaba repleta de adolescentes presos. Como de costumbre, recibían golpes, malos tratos y amenazas. Algunos decidieron protestar, del modo desesperado en que acostumbran protestar los presos cuando nadie los escucha: quemando colchones. No solo no les abrieron las celdas, sino que los dejaron quemarse vivos, y después los sacaron a los palazos. Así, quemados y golpeados, murieron Miguel Aranda (17), Manuel Figueroa (17), Diego Maldonado (16) y Elías Jiménez (15). A sus nombres se suman los de otros cuatro chicos quemados y golpeados en la Comisaría 20 de Orán, Salta, en octubre de 2006; y los de otros seis quemados y golpeados en la misma Comisaría 20, en la Navidad de 2008. El último de la lista es un adolescente de 16 años, “demorado por generar disturbios en la vía pública” en un barrio de Posadas, Misiones, el 1 de octubre de este año. La policía lo llevó a una comisaría, de donde salió muerto. Se llamaba Esteban Leiva y apareció ahorcado en un calabozo donde nunca tendría que haber estado. Sólo después de las muertes en la Primera de Quilmes el entonces ministro de Seguridad, León Arslanián, prohibió el alojamiento de menores de edad en comisarías. En noviembre de ese mismo año el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas le ordenó a nuestro país que garantizara que esa orden se cumpliera. En 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en 2008 se creó el Fuero Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, impasible, la policía de la provincia de Buenos Aires, como las policías de todas las provincias argentinas, continuó con su costumbre de detener niños y adolescentes. El año pasado el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias ordenó que cesara de hacerlo, luego de la presentación de un Hábeas Corpus colectivo a favor de esos adolescentes, porque de la simple compulsa con tratados, leyes y resoluciones, se derivaba la inconstitucionalidad e ilegalidad de las detenciones. El Estado de la provincia de Buenos Aires, en lugar de acatar la decisión judicial -que, insistimos, caía de madura- la apeló, a través del ministro de Seguridad Carlos Stornelli. Y la Cámara de Apelaciones de La Plata le dio la razón hace pocos días al jefe político de los policías: dijo que es legal que la policía lleve detenidos a los pibes, con la excusa de “averiguar su identidad” o para cumplir un trámite denominado “entrega de menor”. Esa decisión de la Cámara platense fue apelada ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires por el defensor oficial Julián Axat, que había presentado el Hábeas Corpus. La Suprema Corte tiene una magnífica oportunidad para dictar una sentencia que diga, rápida y claramente, que estas costumbres policiales no son legales. Mientras tanto, y actuando más allá de resoluciones, sentencias, recomendaciones internacionales y apelaciones, la Bonaerense sigue deteniendo y golpeando pibes, según acaba de denunciar la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez de La Plata. Jueces como los de la Cámara de Apelaciones de La Plata deberían saber que cuando dictan este tipo de fallos, están diciendo que se puede violar la ley y que la mejor cosa que el Estado puede hacer con los pibes -sobre todo si son pobres y viven en la calle- es atemorizarlos, perseguirlos y encerrarlos. Como si fueran cosas y como de costumbre, los “menores” son levantados en la calle. Después, son llevados a los golpes a una comisaría. Allí, como hace cinco años en Quilmes, pueden morir quemados en un calabozo.

Otros, como Luciano Arruga, pueden desaparecer. Sencillamente, ninguno de ellos debería estar allí, en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, ni en ninguna comisaría de ninguna provincia de nuestro país. No es legal, debería dejar de ser costumbre.