Entrevista a Andrés Gallardo, el magistrado en el centro de la polémica. El jefe de gobierno Mauricio Macri lo considera su “enemigo público” y Coca-Cola pidió su juicio político. “Todos los jueces tenemos ideología”, sentencia.
Por Carlos Romero
Para el macrismo, su nombre significa problemas. Es sinónimo de intimaciones y multas a funcionarios, de medidas cautelares, de allanamientos a oficinas públicas y habilitaciones rechazadas. El propio jefe de gobierno porteño lo considera una suerte de “enemigo público Nº 1” y varias veces trató de ponerlo contra las cuerdas. Mauricio Macri y su entorno lo acusaron de arbitrario, de “hacer más política que justicia” y de generar “un conflicto de poderes”. La Procuración General de la Ciudad llegó a recusarlo masivamente y varias veces amagó con iniciar un proceso para pedir su destitución.
Sin embargo, nada de esto sorprende al juez porteño Andrés Gallardo, acostumbrado hace tiempo al “efecto” que sus fallos suelen tener en los altos mandos del gobierno porteño. Hoy, con un largo historial de medidas que generaron polémica y un estilo que no esquiva la confrontación, a Gallardo lo precede su fama de juez inflexible. También su compromiso con el reclamo de los porteños más postergados. “Este Poder Judicial no tiene ninguna duda en optar por la norma y no por el poder de turno”, le aseguró a Veintitrés, entre los cuadros de Ernesto “Che” Guevara y de Salvador Allende que decoran las paredes de su despacho.
Desde el año 2000 está a cargo del juzgado de primera instancia Nº 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, el fuero donde más claramente quedan en evidencia las deudas sociales del modelo macrista.
Para el magistrado –que también subroga en el juzgado Nº 6–, al Pro le cuesta “digerir” la normativa vigente en la ciudad, además de que muestra graves fallas en el día a día de la gestión. Como botón de muestra, Gallardo mencionó el enorme cartel luminoso que el macrismo le permitió colocar a Coca-Cola frente al Obelisco y que él ordenó desconectar. Por esa medida, la empresa acaba de pedir su juicio político ante el Consejo de la Magistratura y también trata de apartarlo del expediente. Incluso el propio Macri lo había presionado en forma directa, cuando a través de su cuenta en Twitter escribió: “Juez Gallardo, el cartel está en regla. Deje prenderlo!!!”.
–¿Por qué el gobierno porteño suele colisionar con usted y otros jueces del mismo fuero?
–Creo que el gobierno no terminó de asumir que su gestión se enmarca en un contexto de normas que le es previo. Desde el constitucionalismo clásico a la fecha, uno de los principios que gobierna la gestión pública es la autolimitación estatal. Ese parece ser el conflicto del gobierno. No es un problema conmigo o con otros jueces, sino que no acepta, yo diría, la ideología del constitucionalismo social que, de alguna manera, gobierna nuestra Constitución. No termina de digerirlo.
–¿Entonces el conflicto es con la propia Constitución?
–La Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, del año 1996, tuvo una matriz muy progresista y, mal que le pese al gobierno, es la que rige. Si el Ejecutivo local no está conforme, dispone de mecanismos dentro de la propia Constitución para modificar el esquema normativo en el que va a gobernar. Ahora, si no tiene la capacidad política para hacerlo, lo que tiene que hacer es obedecer las reglas vigentes. Pero el Pro, por un lado, crea un discurso político, y por el otro, encuentra que las normas que rigen no van de la mano con ese discurso. En el medio, se encontró con un Poder Judicial que no tiene ninguna duda en optar por la norma y no por el poder de turno. Ahí tiene un gran problema.
–Sin embargo, Macri y sus funcionarios hacen foco en la Justicia. Las peleas con usted son un clásico.
–Porque resulta mucho más fácil acusar a un juez de arbitrario que decir “a mí no me gusta la Constitución”. El jefe de gobierno no puede decir: “Yo estoy en contra del artículo décimo de la Constitución, que dice que todos los derechos son operativos”. Pero, claro, cómo va a estar a favor si permanentemente su discurso va en contra de ese artículo, por ejemplo, al hablar de vivienda.
–¿Cuál podría ser un ejemplo de esta situación?
–Voy a citar el caso de una colega, la doctora Elena Liberatori. Cuando ella dispuso la urbanización del asentamiento Rodrigo Bueno, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se preguntó: “¿Qué quieren, que urbanicemos toda la ciudad?”. Y bueno, ese es el mandato de la Constitución, que muy claramente nos está diciendo que superemos las asimetrías, lo que significa poner más energías en los sectores más pobres. Con su pregunta, Rodríguez Larreta se muestra en desacuerdo con la Constitución, pero es mucho más sencillo decir que la jueza está loca, que es arbitraria o que quiere darle a esta gente lo que no le corresponde.
–Varias veces, el Pro sostuvo que usted y sus colegas se inmiscuyen en asuntos políticos.
–Es un latiguillo que, debo reconocer, no es invención de este gobierno. Ya Aníbal Ibarra decía que los jueces porteños queríamos gobernar y pedía que nos presentáramos a elecciones. Pero transcurrieron casi once años, demostramos que no queríamos ningún cargo y mantuvimos una línea con los tres gobiernos que pasaron.
–En el fondo, lo que parece estar en cuestión es la relación de los jueces y las ideologías políticas...
–Claro. Pero hoy, socialmente, se ve con mucha más claridad que todos los jueces tenemos ideología. Algunos la decimos y otros no, algunos tienen en su despacho una foto de Josemaría Escrivá de Balaguer (N. del R.: fundador del Opus Dei) y nadie se horroriza, y otros tenemos imágenes de Allende o el Che Guevara y somos motivo de duras críticas. Pero, repito: hoy, esto de que los jueces son ciegos, sordos y mudos, y tienen conexión casi mágica con la ley, creo que no se lo traga nadie.
–Volviendo a las tensiones del gobierno con las normas, ¿el DNU de Macri sobre la circulación de diarios es otro ejemplo?
–Claramente. La decisión de decretar en materia penal es otra muestra de los conflictos que tiene el gobierno porteño con el marco legal. Por eso hice lugar a la medida cautelar hasta que el Superior Tribunal resuelva la cuestión de fondo. En una democracia participativa, como la que postula la Constitución de la Ciudad, no hay espacio para estas prácticas. En la Argentina, sólo los gobiernos de facto han establecido penas por decreto. Es muy peligroso que el Ejecutivo saltee los mecanismos previstos para sancionar nuevos tipos penales, máxime cuando la Legislatura está en sesión y no existe ninguna urgencia real.
–Hace un año, usted impidió el funcionamiento del cartel de Coca-Cola sobre la avenida 9 de Julio. Ahora, la firma pidió su juicio político. ¿Cuáles son los argumentos?
–La empresa hace este pedido como una forma de demostrar su disconformidad con lo resuelto e intentando, además, por un camino incorrecto, que la causa recaiga en otro juzgado. El trámite ha sido impecable. El cartel no encuadra en los parámetros de la ley. Según el dictamen de bomberos de la Policía Federal, es riesgoso para terceros. Por algo, la Cámara de Apelaciones sostuvo la guardia de bomberos, el cartel apagado y las medidas de peritaje de la Universidad de Buenos Aires.
–Cambiemos de tema. Después de que una ambulancia del SAME no quiso ingresar a la villa 31, usted ordenó la intervención del servicio. ¿Qué lectura hace de esta situación?
–Para mí no fue un tema nuevo. Hace mucho tiempo que está presente en el juzgado, con distintas causas, muchas vinculadas al tema del paco, que también lo venimos trabajando pero en otros barrios. Obviamente, lo de la 31 permitió que la cuestión se instalara con más profundidad en la opinión pública.
–Su juzgado también trabaja para normalizar las comisiones vecinales de villas y asentamientos. ¿Cómo está ese proceso?
–Se siguen realizando elecciones. En los últimos meses, normalizamos las villas 31 y 3, y estamos en proceso en la 1-11-14, que es muy complicada. Hubo una suspensión de un mes en la confección del padrón porque en dos manzanas no se pudo ingresar. La Universidad Tecnológica Nacional, que es la que realiza el censo, se había retirado porque, a su vez, hubo un retiro de la Policía Metropolitana, que tenía ordenada la cobertura del proceso. Ahora se diseñó un mecanismo para viabilizar la prosecución del censo. En unos 45 días podríamos estar hablando de una fecha para votar en la 1-11-14.
–¿Se van a sumar nuevos casos?
–Sí. Como intervención propiamente dicha, está el de Rodrigo Bueno, y también se avanzó en la determinación de lo que podríamos llamar veedurías judiciales, para acelerar el proceso en los barrios más chicos, que quizá no requieren una intervención.
–¿El tema habitacional es una de las grandes deudas pendientes de la ciudad?
–Sin dudas. Es un tema que va a requerir de los próximos gobiernos una atención muy especial, por todo lo que está sucediendo con las tomas y los asentamientos, y muchas otras situaciones que no se ven. Hay miles de familias que están sin vivienda, que están ocupando lugares públicos o privados. Es un cóctel explosivo que, si no se toma con la debida seriedad, va a provocar un problema social muy crítico y que nadie quiere ver. Lo mismo sucede con las drogas, en especial con el paco.
–¿Cuáles considera que son las otras grandes problemáticas porteñas?
–Las que se inscriben en lo que llamaría causas contra la “sociedad dual”, que es el modelo que se está consolidando y que implica acentuar cada vez más las diferencias entre barrios ricos y pobres, donde algunos tienen derechos y otros no tienen nada. Cuando comencé con el tema de la urbanización, empecé con las villas pero hoy ya estoy trabajando con barrios que antes eran de clase media baja y hoy son marginales, como Soldati, Lugano y Piedra Buena, y que nuclean a miles de personas que antes estaban más integradas a la sociedad.
–¿Tuvo casos vinculados al matrimonio igualitario?
–Sí y se están multiplicando las causas sobre cuestiones de género. Estamos trabajando mucho con esos temas. Son casos de matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas del mismo sexo, cambios de identidad, sobre todo en sectores pobres, que son los más castigados por la discriminación.
–Ahí de nuevo se pone en juego el modelo social.
–Es el común denominador. Pasa también con un caso como el del juego en la ciudad, porque si bien el 70 por ciento de las utilidades generadas por esta actividad se debe destinar a viviendas sociales, estamos investigando que ese no sería el destino de los fondos. De nuevo, llegamos a lo mismo, porque si ese dinero no se aplica a viviendas sociales, los sectores perjudicados son siempre los mismos.
Sin embargo, nada de esto sorprende al juez porteño Andrés Gallardo, acostumbrado hace tiempo al “efecto” que sus fallos suelen tener en los altos mandos del gobierno porteño. Hoy, con un largo historial de medidas que generaron polémica y un estilo que no esquiva la confrontación, a Gallardo lo precede su fama de juez inflexible. También su compromiso con el reclamo de los porteños más postergados. “Este Poder Judicial no tiene ninguna duda en optar por la norma y no por el poder de turno”, le aseguró a Veintitrés, entre los cuadros de Ernesto “Che” Guevara y de Salvador Allende que decoran las paredes de su despacho.
Desde el año 2000 está a cargo del juzgado de primera instancia Nº 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, el fuero donde más claramente quedan en evidencia las deudas sociales del modelo macrista.
Para el magistrado –que también subroga en el juzgado Nº 6–, al Pro le cuesta “digerir” la normativa vigente en la ciudad, además de que muestra graves fallas en el día a día de la gestión. Como botón de muestra, Gallardo mencionó el enorme cartel luminoso que el macrismo le permitió colocar a Coca-Cola frente al Obelisco y que él ordenó desconectar. Por esa medida, la empresa acaba de pedir su juicio político ante el Consejo de la Magistratura y también trata de apartarlo del expediente. Incluso el propio Macri lo había presionado en forma directa, cuando a través de su cuenta en Twitter escribió: “Juez Gallardo, el cartel está en regla. Deje prenderlo!!!”.
–¿Por qué el gobierno porteño suele colisionar con usted y otros jueces del mismo fuero?
–Creo que el gobierno no terminó de asumir que su gestión se enmarca en un contexto de normas que le es previo. Desde el constitucionalismo clásico a la fecha, uno de los principios que gobierna la gestión pública es la autolimitación estatal. Ese parece ser el conflicto del gobierno. No es un problema conmigo o con otros jueces, sino que no acepta, yo diría, la ideología del constitucionalismo social que, de alguna manera, gobierna nuestra Constitución. No termina de digerirlo.
–¿Entonces el conflicto es con la propia Constitución?
–La Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, del año 1996, tuvo una matriz muy progresista y, mal que le pese al gobierno, es la que rige. Si el Ejecutivo local no está conforme, dispone de mecanismos dentro de la propia Constitución para modificar el esquema normativo en el que va a gobernar. Ahora, si no tiene la capacidad política para hacerlo, lo que tiene que hacer es obedecer las reglas vigentes. Pero el Pro, por un lado, crea un discurso político, y por el otro, encuentra que las normas que rigen no van de la mano con ese discurso. En el medio, se encontró con un Poder Judicial que no tiene ninguna duda en optar por la norma y no por el poder de turno. Ahí tiene un gran problema.
–Sin embargo, Macri y sus funcionarios hacen foco en la Justicia. Las peleas con usted son un clásico.
–Porque resulta mucho más fácil acusar a un juez de arbitrario que decir “a mí no me gusta la Constitución”. El jefe de gobierno no puede decir: “Yo estoy en contra del artículo décimo de la Constitución, que dice que todos los derechos son operativos”. Pero, claro, cómo va a estar a favor si permanentemente su discurso va en contra de ese artículo, por ejemplo, al hablar de vivienda.
–¿Cuál podría ser un ejemplo de esta situación?
–Voy a citar el caso de una colega, la doctora Elena Liberatori. Cuando ella dispuso la urbanización del asentamiento Rodrigo Bueno, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se preguntó: “¿Qué quieren, que urbanicemos toda la ciudad?”. Y bueno, ese es el mandato de la Constitución, que muy claramente nos está diciendo que superemos las asimetrías, lo que significa poner más energías en los sectores más pobres. Con su pregunta, Rodríguez Larreta se muestra en desacuerdo con la Constitución, pero es mucho más sencillo decir que la jueza está loca, que es arbitraria o que quiere darle a esta gente lo que no le corresponde.
–Varias veces, el Pro sostuvo que usted y sus colegas se inmiscuyen en asuntos políticos.
–Es un latiguillo que, debo reconocer, no es invención de este gobierno. Ya Aníbal Ibarra decía que los jueces porteños queríamos gobernar y pedía que nos presentáramos a elecciones. Pero transcurrieron casi once años, demostramos que no queríamos ningún cargo y mantuvimos una línea con los tres gobiernos que pasaron.
–En el fondo, lo que parece estar en cuestión es la relación de los jueces y las ideologías políticas...
–Claro. Pero hoy, socialmente, se ve con mucha más claridad que todos los jueces tenemos ideología. Algunos la decimos y otros no, algunos tienen en su despacho una foto de Josemaría Escrivá de Balaguer (N. del R.: fundador del Opus Dei) y nadie se horroriza, y otros tenemos imágenes de Allende o el Che Guevara y somos motivo de duras críticas. Pero, repito: hoy, esto de que los jueces son ciegos, sordos y mudos, y tienen conexión casi mágica con la ley, creo que no se lo traga nadie.
–Volviendo a las tensiones del gobierno con las normas, ¿el DNU de Macri sobre la circulación de diarios es otro ejemplo?
–Claramente. La decisión de decretar en materia penal es otra muestra de los conflictos que tiene el gobierno porteño con el marco legal. Por eso hice lugar a la medida cautelar hasta que el Superior Tribunal resuelva la cuestión de fondo. En una democracia participativa, como la que postula la Constitución de la Ciudad, no hay espacio para estas prácticas. En la Argentina, sólo los gobiernos de facto han establecido penas por decreto. Es muy peligroso que el Ejecutivo saltee los mecanismos previstos para sancionar nuevos tipos penales, máxime cuando la Legislatura está en sesión y no existe ninguna urgencia real.
–Hace un año, usted impidió el funcionamiento del cartel de Coca-Cola sobre la avenida 9 de Julio. Ahora, la firma pidió su juicio político. ¿Cuáles son los argumentos?
–La empresa hace este pedido como una forma de demostrar su disconformidad con lo resuelto e intentando, además, por un camino incorrecto, que la causa recaiga en otro juzgado. El trámite ha sido impecable. El cartel no encuadra en los parámetros de la ley. Según el dictamen de bomberos de la Policía Federal, es riesgoso para terceros. Por algo, la Cámara de Apelaciones sostuvo la guardia de bomberos, el cartel apagado y las medidas de peritaje de la Universidad de Buenos Aires.
–Cambiemos de tema. Después de que una ambulancia del SAME no quiso ingresar a la villa 31, usted ordenó la intervención del servicio. ¿Qué lectura hace de esta situación?
–Para mí no fue un tema nuevo. Hace mucho tiempo que está presente en el juzgado, con distintas causas, muchas vinculadas al tema del paco, que también lo venimos trabajando pero en otros barrios. Obviamente, lo de la 31 permitió que la cuestión se instalara con más profundidad en la opinión pública.
–Su juzgado también trabaja para normalizar las comisiones vecinales de villas y asentamientos. ¿Cómo está ese proceso?
–Se siguen realizando elecciones. En los últimos meses, normalizamos las villas 31 y 3, y estamos en proceso en la 1-11-14, que es muy complicada. Hubo una suspensión de un mes en la confección del padrón porque en dos manzanas no se pudo ingresar. La Universidad Tecnológica Nacional, que es la que realiza el censo, se había retirado porque, a su vez, hubo un retiro de la Policía Metropolitana, que tenía ordenada la cobertura del proceso. Ahora se diseñó un mecanismo para viabilizar la prosecución del censo. En unos 45 días podríamos estar hablando de una fecha para votar en la 1-11-14.
–¿Se van a sumar nuevos casos?
–Sí. Como intervención propiamente dicha, está el de Rodrigo Bueno, y también se avanzó en la determinación de lo que podríamos llamar veedurías judiciales, para acelerar el proceso en los barrios más chicos, que quizá no requieren una intervención.
–¿El tema habitacional es una de las grandes deudas pendientes de la ciudad?
–Sin dudas. Es un tema que va a requerir de los próximos gobiernos una atención muy especial, por todo lo que está sucediendo con las tomas y los asentamientos, y muchas otras situaciones que no se ven. Hay miles de familias que están sin vivienda, que están ocupando lugares públicos o privados. Es un cóctel explosivo que, si no se toma con la debida seriedad, va a provocar un problema social muy crítico y que nadie quiere ver. Lo mismo sucede con las drogas, en especial con el paco.
–¿Cuáles considera que son las otras grandes problemáticas porteñas?
–Las que se inscriben en lo que llamaría causas contra la “sociedad dual”, que es el modelo que se está consolidando y que implica acentuar cada vez más las diferencias entre barrios ricos y pobres, donde algunos tienen derechos y otros no tienen nada. Cuando comencé con el tema de la urbanización, empecé con las villas pero hoy ya estoy trabajando con barrios que antes eran de clase media baja y hoy son marginales, como Soldati, Lugano y Piedra Buena, y que nuclean a miles de personas que antes estaban más integradas a la sociedad.
–¿Tuvo casos vinculados al matrimonio igualitario?
–Sí y se están multiplicando las causas sobre cuestiones de género. Estamos trabajando mucho con esos temas. Son casos de matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas del mismo sexo, cambios de identidad, sobre todo en sectores pobres, que son los más castigados por la discriminación.
–Ahí de nuevo se pone en juego el modelo social.
–Es el común denominador. Pasa también con un caso como el del juego en la ciudad, porque si bien el 70 por ciento de las utilidades generadas por esta actividad se debe destinar a viviendas sociales, estamos investigando que ese no sería el destino de los fondos. De nuevo, llegamos a lo mismo, porque si ese dinero no se aplica a viviendas sociales, los sectores perjudicados son siempre los mismos.
Fuente: Revista Veintitres
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