martes, 12 de febrero de 2013

EL SEGUNDO DEMONIO: LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA

Las fechas, los aniversarios, cargan con la potencia de lo simbólico. Los 24 de marzo no son solo un aniversario más del golpe. Por muchas razones, que exceden a la cifra redonda de los 38 años transcurridos desde 1976. En estos tiempos, la dictadura dejó de ser exclusivamente militar para encontrar en el discurso y en los hechos que producen la memoria y la justicia su verdadera entidad, lo que realmente fue y sigue siendo: una dictadura cívico-militar que intentó aniquilar a parte de un grupo nacional, a un sector de la sociedad argentina.
 
Por Daniel Cecchini
 
Esta característica –encarnada en 30.000 desaparecidos, pero también en miles de presos políticos, en la destrucción de redes sociales, en la orfandad jurídica, en la persecución mortal de todo tipo de disidencia y en el aniquilamiento de las condiciones de vida de millones de argentinos– la define como lo que fue: la consumación de un plan genocida elaborado y perpetrado por civiles y militares.
La participación de un sector de la sociedad civil en la dictadura, no sólo como colaborador del poder militar sino como actor fundamental de la destrucción de la economía argentina y del terrorismo de Estado que la hizo posible, terminó de hacerse visible en los últimos meses. En 1976. El golpe civil, Vicente Muleiro revela con nombres y apellidos el entramado cívico-militar que primero preparó y consumó el golpe, y luego llevó al país al abismo más profundo de su historia. Silencio por sangre, la investigación realizada por Jorge Mancinelli y quien esto escribe sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón, utilizando las herramientas del terrorismo de Estado, puso en evidencia –con pruebas incontrastables– la participación de los propietarios de los tres diarios más importantes del país en el plan criminal de la dictadura. Otras investigaciones, menos difundidas, muestran cómo los directivos de Ford Motors Argentina, Mercedes Benz y del Ingenio Ledesma (de Carlos Pedro Blaquier) colaboraron con la represión ilegal en la desaparición de trabajadores de esas empresas. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, desde la derogación de las leyes de impunidad, en 2006, 1707 personas fueron involucradas en causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, de las cuales 167 ya fueron juzgadas y condenadas. Sin embargo, la proporción de civiles involucrados en estas causas es mínima. Las investigaciones judiciales sobre Ford, Mercedes Benz y Ledesma avanzan con llamativa lentitud o están congeladas. La querella del Estado en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa pidió la imputación de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y otros directivos de los tres diarios, pero la Unidad fiscal aún no le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que los cite a declarar.
Esta semana, la decisión del Consejo de la Magistratura de destituir al juez mendocino Luis Miret por rechazar denuncias de torturas y vejaciones marcó un hito en la investigación sobre la pata judicial de la dictadura, que incluyó a fiscales y magistrados que, incluso, visitaron centros clandestinos de detención y asistieron a sesiones de torturas.
Mientras tanto, también esta semana, en sus recordatorios sobre el golpe del 24 de marzo, los principales columnistas de Clarín y La Nación omitieron las referencias a la participación civil en la dictadura y prefirieron reflotar la vieja teoría de los dos demonios. La excepción fue Joaquín Morales Solá, quien luego de tener que declarar ante la Justicia sobre sus vínculos con el genocida Adel Vilas en Tucumán, tuvo el tino de dedicar su columna del 24 de marzo a su particular visión de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos. Porque está empezando a quedar claro que, si hubo un segundo demonio, no fue ése del que ellos hablan.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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