ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD: POR AQUÍ NO PASAN

Falta de rampas en la mayoría de las escuelas, estaciones de subte que carecen de ascensores y ómnibus sin pisos bajos son barreras infranqueables para miles de ciudadanos con discapacidad.

Las cifras oficiales son elo­cuentes: el 75% de las escuelas públicas porte­ñas son inaccesibles para personas con discapacidad; estima­ciones de entidades privadas suben esta cifra a un 95%, en el caso de colegios privados; de las 70 esta­ciones de subterráneos, sólo trece están adaptadas (cinco de ellas se concentran en la línea H), y el 41% de los colectivos carecen de ram­pas. La Ciudad no es ciertamen­te accesible para los alrededor de 21.000 ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad motriz.

Pueden pasar 30 minutos has­ta que alguna persona se acerque a ayudar a Fernando Maldonado, un joven de 27 años que está en una silla de ruedas y espera abordar la línea de subterráneo "B" para ir a la escuela. Sale de su casa en Villa Urquiza y la odisea comienza: llega a la estación Carlos Pellegrini, con sus 60 escalones, que debe sortear cuando la escalera mecánica del subte no funciona -lo que ocurre con frecuencia- o no pueden acti­varla en reversa para que sea más fácil para él. Tampoco hay ascen­sor. Lo único que le resta es espe­rar la solidaridad de los apurados transeúntes, que deben ser al me­nos dos hombres. "La gente siem­pre está apurada, no tiene tiempo para detenerse a ayudarme, ade­más la silla y mi peso no lo hacen fácil. En ocasiones no veo a las per­sonas de seguridad que son los que suelen colaborar y ahí se complica todo", dice Fernando.

En la Ciudad de Buenos Aires hay seis líneas de subterráneos y 70 estaciones, de las cuales sólo 13 es­tán adaptadas para personas con discapacidad, cinco de ellas, con­centradas en la línea H (última en realizarse). Existen 17 ascensores. Desde Metrovías, la empresa con­cesionaria de los servicios de sub­terráneo, informaron que se está trabajando para construir más as­censores, aunque existen dificulta­des edilicias que demoran el cum­plimiento de lo reglamentado. Según la empresa, se inauguraron seis salvaescaleras -mecanismo al­ternativo a los ascensores- en las estaciones José Hernández y Olle­ros, de la Línea Dy se están fina­lizando la instalación de ascenso­res en las estaciones Callao de la Línea B. Próximamente, se instala­rán otros en Catedral, Plaza Italia, Federico Lacroze, Florida y Lima. La empresa también afirmó que se re­emplazaron 64 de las 95 escaleras mecánicas existentes, y se incorpo­raron 100 más.

ESCUELAS

Hace 10 años que Fernando se traslada en una silla de ruedas por la ciudad. Un accidente cambió su vida. Intentó terminar sus estudios secundarios en el Centro Educati­vo Nivel Secundario (CENS) 69, de Av. Figueroa Alcorta 2977, uno de los 88 CENS que pertenecen al Go­bierno de la Ciudad, pero no reunía las condiciones básicas para perso­nas con discapacidad. "Sólo quiero estudiar y te sacan las ganas, estoy harto, de un día para el otro uno puede quedar discapacitado y todo se complica. Primero tengo que ver si el lugar está adaptado y des­pués anotarme para poder estudiar Al menos luché y el juicio al CENS 69 salió favorable, y en poco tiem­po comenzarán a reestructurarlo", explica. Mientras tanto, estudia en el CENS 62 (Bartolomé Mitre 970), que tiene ascensor y otras habilita­ciones para cualquier persona con discapacidad.

La ONG Acceso Ya, que desde 2004 trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad, recibe 30 denuncias por semana. "En vir­tud de llamados y denuncias detec­tamos que la principal problemática es el acceso a la educación, cientos de padres de niños que no encuen tran en dónde inscribir a sus hijos para que puedan estudiar, ni en es­cuelas públicas ni privadas", explica Evangelina Gálligo, directora y abo­gada de la ONG.

Según un relevamiento del Gobierno de la Ciudad sobre las escuelas públicas, el 75 % es in­accesible. Pero sobre las privadas no existe registro. "Como no en­contramos ninguna información, Acceso Ya decidió hacer una in­vestigación propia, y de 800 ins­tituciones privadas analizadas, siempre dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el resultado fue que el 95 % no tiene acceso para personas con discapacidad, ni si­quiera reúne las condiciones míni­mas", dice Gálligo. "Condiciones mínimas" significa poder ingresar, transitar y permanecer en el lu­gar, lo que implica que el edificio debe tener rampas de acceso, as­censores internos de 1,10 metros por 1,40 m, y un baño adaptado. El acceso a la educación se en­cuentra garantizado por el artícu­lo 14 de la Constitución Nacional. Es por eso que Acceso Ya inició en el 2006 una acción de ampa­ro contra el Ministerio de Educa­ción del Gobierno de la Ciudad, para garantizar la accesibilidad de más de 21 mil niños que estu­dian y que se encuentran afecta­dos por esta problemática. Se ela­boró un amparo colectivo junto al Colegio público de abogados de la Ciudad y la fundación Rumbos. A fines de 2009, la jueza del fuero en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori reconoció el dere­cho -basado en Leyes Nacionales, tratados internacionales, y princi­pios Constitucionales- a una ac­cesibilidad para todos. En su sen­tencia, intimó al Gobierno de la Ciudad a que en 120 días releve todas las escuelas públicas y pri­vadas, y en otros 120 presente un plan de obras de readecuación e intime a los pri­vados para que acondicionen los colegios. Pero en febrero de 2010, el Gobierno apeló esta sentencia, que se encuentra en la ins­tancia de revisión.

La legisladora del PRO Victoria Morales Gorleri, integrante de la comisión de Dere­chos Humanos, Garantías y Antidiscrimi­nación, afirmó que desde el ministerio de Educación, la Dirección General de Infraes­tructura y Equipamiento, está cumpliendo con lo exigido en el Código de Edificación y la ley 962, en todos los proyectos de obra nueva y en las refacciones. "Hay más de 90 escuelas en las que se está trabajando para lograr su óptima accesibilidad" afirmó.

Pero para María América González (Pro­yecto Sur), "nada es accesible, ni los cines, teatros, restaurantes; hay muy pocos baños adaptados, no hay rampas". La legisladora trabajó en el proyecto de Ley ª3449, apro­bado por unanimidad el 13 de mayo y en es­pera de reglamentación por parte del Eje­cutivo. "Obligamos a que en todo lugar se coloque una oblea en donde diga si está o no adaptado para personas con discapacidad".

Claudio Morgado, presidente del Institu­to Nacional Contra la Discriminación (INADI) afirma que se reciben muchas denuncias por día, en las que predominan los temas de dis­capacidad en el acceso público. "Nosotros somos el vehículo para llegar a los organis­mos pertinentes, como por ejemplo, CNRT (Comisión de Regulación del Trans­porte), y ahora hacemos un seguimiento para que se cumpla la Ley. Porque lo que ge­neralmente sucede es que no se aplican mul­tas, ahí es dónde se falla. Hay que sancionar al funcionario por mal desempeño".

El sistema que rige a los colectivos, tre­nes y subterráneos de la Ciudad depende de la Secretaría de Transporte de la Nación. Y el cumplimiento de la normativa está a cargo de la Comisión Nacional de Regula­ción del Transporte (CNRT). Desde esa de­pendencia señalaron que se está implemen­tando un cronograma de incorporación de colectivos espacialmente adaptados para personas con movilidad reducida. "en 1997 había un 0,2% de unidades accesibles; en 2009, el número ascendió al 59%", desta­caron. Se espera que en 2012, las unidades adaptadas lleguen al 92% del total.

Valeria Massimino