NO QUIEREN DEJAR DE CONTAMINAR

Las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento del Riachuelo cuestionaron a la central empresaria porque amenaza con iniciar acciones judiciales contra el Estado, en defensa de supuestos derechos adquiridos.

Por Pedro Lipcovich

El Cuerpo Colegiado que monitorea el plan de saneamiento del Riachuelo denunció “la falta de colaboración de la Unión Industrial Argentina (UIA)”, que representa “a responsables de la grave emergencia ambiental”. El organismo –designado por la Corte Suprema de Justicia– criticó en especial un anuncio de la UIA, que estudia iniciar acciones judiciales para voltear normas de saneamiento, con el argumento de que, como antes esas normas no existían, el nivel de contaminación que presentan las empresas es un derecho adquirido que debería respetarse. En los últimos meses se detectaron 118 industrias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo: de ellas, sólo cuatro cumplieron en presentar planes de reconversión y ninguna empezó a llevarlo a la práctica.

El Cuerpo Colegiado, coordinado por el defensor del Pueblo de la Nación, está conformado por cinco ONG: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de La Boca; la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo designó para controlar su orden de ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.

“Sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la Justicia, cuando ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que tuvo que intervenir para dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial”, advierte el Cuerpo Colegiado.

El comité ejecutivo de la UIA dispuso hace unos días “avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar)”. Fuentes de la UIA sostuvieron que “muchas empresas plantean un problema legal porque la Acumar saca resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas”, ya que “la jurisdicción les dio autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”. Además, la UIA anunció que pedirá audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que se comunicará con los jefes de bloque en el Congreso, para pedir modificaciones a la Ley del Ambiente.

Andrés Napoli, director del área Riachuelo de la FARN, recordó a este diario que “el sentido de la creación de la Acumar fue precisamente contar con un organismo que estuviera por encima de las jurisdicciones, las cuales históricamente no lograron resolver la contaminación en la cuenca. Las facultades de Acumar le fueron expresamente cedidas, no sólo por ley nacional, sino por las legislaturas bonaerense y porteña. En función de esas facultades, la entidad emitió una serie de resoluciones de unificación de vertidos”.

El representante de la FARN explicó que “a partir de medidas judiciales y por protestas del Cuerpo Colegiado, la Acumar aceleró la inspección de empresas y el análisis de efluentes industriales. Los inspectores toman muestras y, si están fuera de parámetros, se declara que la empresa es agente contaminante y se la intima a iniciar un proceso de reconversión industrial”.

El comunicado del Cuerpo Colegiado advierte que “ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes (ver recuadro) y sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.

En 2008, la Corte ordenó al Poder Ejecutivo implementar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con una serie de pautas. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, asistido por el Cuerpo Colegiado. El comunicado de este organismo señala también que “un reciente estudio en conjunto con organismos de las Naciones Unidas muestra que, de los 12 millones de niños y adolescentes de la Argentina, alrededor de cinco millones residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial; de éstos, cinco de los 15 municipios que presentan mayor riesgo están en la cuenca Matanza-Riachuelo”.