Un grupo de diputados de diversos partidos presentó una iniciativa para convertir en delito el consumo de prostitución. El objetivo es combatir la trata de mujeres con ese fin. Las penas van de seis meses a tres años de prisión.
Por Mariana CarbajalPara combatir la explotación sexual y la trata de mujeres, diputadas de un amplio arco político proponen penalizar a los clientes-prostituyentes. El proyecto de ley, elaborado por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, fue presentado en los últimos días con las firmas de María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci (Peronismo Federal) y Graciela Caselles (Partido Bloquista). “Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata”, destacó a Página/12 la diputada Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace una década, donde los clientes-prostituyentes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas. La propuesta legislativa también penaliza el funcionamiento de locales que suelen estar habilitados por los municipios, como whiskerías y cabarets, y que en realidad son pantallas de burdeles.
El proyecto incorpora al Código Penal una figura que reprime con prisión de seis meses a tres años “al que entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero por el uso sexual de una persona” víctima de trata, en situación de vulnerabilidad o si mediara abuso de poder. Además, crea un programa de prevención y atención de las víctimas de trata para explotación sexual, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. “Hay dos aspectos para abordar: por un lado erradicar la explotación sexual y por el otro darles a las víctimas una salida que realmente les garantice un efectivo goce de sus derechos”, señaló Rodríguez a este diario (ver aparte).
La idea es que el proyecto se incluya en el debate abierto esta semana en las comisiones de Legislación Penal y Familia de la Cámara de Diputados para reformar la ley de trata.
–¿Se puede penalizar al cliente-prostituyente si la prostitución en la Argentina no es un delito? –le preguntó Página/12 a la autora del proyecto.
–Sí, porque lo que estaríamos creando es un tipo penal que reprime la explotación sexual. La ley de trata tiene problemas y por esa razón se está trabajando para mejorarla. Contempla del mismo modo distintos tipos de situaciones de trata, por ejemplo a una víctima de explotación laboral en un taller textil como a una niña de 11 años que es violada 42 veces por día en un burdel. La explotación sexual constituye una forma de violencia de género y como tal requiere una respuesta específica. La mayoría de las víctimas de trata para explotación sexual están siendo reclutadas a edades inferiores a los 15 años y cada vez son más chicas. La penalización de la conducta de “comprar a una persona para su uso sexual” no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas, sino que la acción de “comprar” implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima, así como para su libre determinación. Se trata sencillamente de una forma más de explotación sexual.
La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada y tratados internacionales de derechos humanos, e incluso en un reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda sostiene que “es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo”. Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata “deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados, preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual”.
Para la redacción del proyecto fue consultada la jurista norteamericana Catherine A. MacKinnon, asesora en cuestiones de género del fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional (CPI). Pionera en litigio estratégico en casos de violencia contra las mujeres, MacKinnon es una de las ideólogas del modelo sueco que logró que la trata de niños y mujeres “casi haya desaparecido en el país nórdico y la prostitución haya bajado casi en un 80 por ciento en algunas ciudades”, según reveló ella misma en una reciente entrevista de este diario.
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