Santa Muerte” es venerada por unos cinco millones de mexicanos y recibe peticiones de amor, afectos, suerte, dinero y protección. Se la suele representar con un esqueleto cubierto con una túnica que cubre todo menos la cara y las manos, imagen bucólica y hasta simpática, si se quiere. Sin embargo, la espiral de violencia en que se encuentra envuelto México le ha quitado el candor popular a la parca y hoy la cosecha de vidas humanas pasó a ser una realidad cotidiana de este país.
La guerra sin cuartel al crimen organizado, en especial a los poderosos carteles del narcotráfico, convierte en campo de batalla las calles mexicanas, en particular la de los estados norteños, fronterizos con Estados Unidos, como Chihuahua y en especial su capital Ciudad Juárez. Allí, la situación es tal que siete personas mueren cada día en hechos violentos e incluso llevó a la policía federal a entrenar con simulacros de balaceras a docentes. “Es para que los maestros sepan qué hacer en caso de peligro”, explicó con resignación el alcalde local José Reyes.
El recuento de muertos, como saldo de la política contra los narcos encarada por el presidente Felipe Calderón, alcanza la cifra de 28 mil desde el 2006 a lo que va de este año en curso. Números que los organismos de derechos humanos, la oposición y los medios suponen mucho más abultados, desde que el procurador general de la Nación, Arturo Chávez, informó que al 16 de julio llegaban a 24.826 homicidios.
Calderón ha decidido continuar en su intención de erradicar a los narcotraficantes a sangre y fuego, pero él mismo debió conceder lo errática de esta determinación al reconocer no haber “sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor”. La gravedad de estos dichos, en los que el mandatario admite que las balas dejan más muertos que soluciones, fue ratificada por el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, quien convino que “no hemos logrado el propósito, tenemos una violencia creciente” y junto a sus declaraciones oficializó el cruento número de víctimas de los últimos cuatro años. Lo que resulta una obvia contradicción, según los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), porque aseguran que mientras por un lado el gobierno nacional sostiene que no encuentra un modo más efectivo de acabar con las bandas dedicadas al tráfico de drogas; por el otro no se sabe cómo se integran las estadísticas sobre muertes violentas. “Han muerto niños de cinco años en los enfrentamientos, y ellos no deberían entrar en la cuenta. Sin embargo, están considerados en la lista de bajas de esta guerra”, afirmó Martín Barrón, investigador del Inacipe.
Si bien el plan anticrimen denominado Iniciativa Mérida fue pautado juntamente con Washington en el 2007 y contempla la entrega de 1.400 millones de dólares en equipos y tecnologías, Calderón responsabiliza principalmente a la Casa Blanca, porque considera que la demanda de drogas desde Estados Unidos (con el mayor consumo de estupefacientes del mundo) es la causa del flagelo del narcotráfico en México. El jefe de Estado azteca apuntó también hacia la administración estadounidense por los magros resultados de la acción conjunta de ejército y las tropas federales, que está estancada, sólo recoge cadáveres y deserciones. De 250 mil efectivos, 150 mil abandonaron sus filas y los grupos armados narcos se retroalimentan con gran parte de ellos.
Como si los blancos de este conflicto fueran pocos entre los civiles que quedan atrapados entre los disparos cruzados, en lo que va de 2010 se contabilizan, al menos, 17 periodistas asesinados y dos desaparecidos. Ante lo cual los sindicatos de prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas han exigido al gobierno medidas de seguridad en el desempeño de su actividad. Mientras tanto, como en la más cruda contienda bélica, decidieron recurrir al uso de chalecos antibalas y en lo posible cascos, cuando deban cubrir estos hechos delictivos.
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