domingo, 14 de octubre de 2012

FUERA DE LA LEY

Por Francisco Yofre

La represión en el pueblo catamarqueño de Tinogasta viola el protocolo de actuación de las fuerzas policiales ante casos de protesta social que firmaron las provincias en el Ministerio de Seguridad de la Nación. El año pasado, la ministra Nilda Garré creó el Consejo de Seguridad Interior, un ámbito al que asisten jefes policiales y funcionarios competentes en la materia de todo el país para unificar criterios sobre las conductas de las fuerzas del orden. Miradas al Sur pudo confirmar que durante la mañana del miércoles, en Tucumán, se reunió el grupo regional NOA del Consejo de Seguridad Interior y allí se les recordó a los jefes de la policía catamarqueña y al ministro de gobierno provincial, Francisco Gordillo, la vigencia de esos protocolos.
Los acuerdos fueron refrendados por una ley nacional y se espera que pronto sean aprobados por las legislaturas provinciales. Su incumplimiento no genera sanciones jurídicas, pero puede acarrear varios apercibimientos ya que se trata de un pacto federal.
Los Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas consignan: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes". En otro ítem señala: “Se agotarán todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”. En otro punto detalla: “El Poder Ejecutivo deberá designar e identificar al funcionario político responsable de la coordinación de las acciones vinculadas con el operativo de control y de hacer cumplir estrictamente las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial. La utilización de pistolas lanza gases queda prohibida. Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro. En ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación”.
El viernes, el resultado del accionar policial catamarqueño que atacó cruentamente a los pobladores que estaban reclamando contra la minería a cielo abierto fue en sentido opuesto al protocolo. Eso significó que haya 20 heridos, entre ellos varias mujeres y niños y 35 detenidos. En la ruta nacional 60, en la entrada al pueblo de Tinogasta, desde hacía dos semanas, decenas de manifestantes impedían de manera selectiva y pacífica el avance de los camiones que transportaban insumos a la mina Bajo La Alumbrera, ubicada en la ciudad catamarqueña de Andalgalá. Allí, la empresa estatal Ymad junto a un consorcio de capitales suizos y canadienses explota oro, cobre y molibdeno. Según denuncian los pobladores de la zona, insume enormes cantidades de agua y se utilizan materiales contaminantes. Los transportes con materiales para el emprendimiento provienen de la ciudad chilena de Antofagasta. En muchos de esos camiones habría material explosivo y su peligrosidad fue la razón esgrimida por Francisco Gordillo, el ministro de gobierno provincial, para justificar el ataque contra la gente.
“Era un corte informativo aunque en realidad ni siquiera hacíamos una selección de los camiones ya que ellos se quedaban estacionados a varios kilómetros de donde estábamos nosotros. La situación era muy tranquila. Estábamos sentados a la vera de la ruta hacía varios días. De repente llegaron 70 policías con sus perros, gases, balas de goma y empezaron a reprimir. En una camioneta vimos que había un orificio de bala de plomo. Adentro dormía un bebé que se salvó. Muchos de los heridos son mujeres. No es que somos barrabravas o cosas del estilo. Acá somos gente de pueblo, es la gente que vive acá”, señaló Juan Roger, docente y asambleísta víctima del ataque, a Miradas al Sur. El viernes a la noche como respuesta a la represión, cerca de mil personas realizaron una asamblea en la que repudiaron el accionar policial y volvieron a cortar la ruta. Un día antes, el jueves por la tarde, hubo otro desalojo en la ruta 40, a la altura de Belén, por donde también pasan camiones con insumos para Bajo La Alumbrera.
 
A quién le toca. Otro punto polémico de la represión del viernes es si la competencia desde dónde se debía emitir la orden de desalojo era la justicia provincial o la justicia federal. Abogados de los asambleístas analizan si en la decisión, firmada por la fiscal Liliana Carrizo, hubo alguna violación de la jurisdicción.
Una alta fuente de la gobernación catamarqueña señaló a Miradas al Sur que optaron por la justicia provincial por tres motivos: a) la potestad de la actividad minera, que es de jurisdicción provincial según la legislación vigente; b) todos los conflictos vinculados a estos temas fueron en rutas provinciales y entonces no pesó que esta vez fuera un corte en la Ruta Nacional 60; y c) la poca confianza en que los tribunales federales hubieran sido expeditivos para desalojar a los asambleístas.
Esa misma fuente admitió el escaso profesionalismo de la fuerza policial catamarqueña. “Eran tan pocos –apuntó– que se vieron desbordados y por eso empezaron a reprimir”.
Con respecto a los protocolos, continúa la fuente del gobierno provincial, “esos agentes desconocían el peso institucional que tienen tales acuerdos”.
Tanto funcionarios nacionales como víctimas de la represión coincidieron en esa falta de profesionalismo. “Cuando se les acabaron las balas empezaron a tirarnos piedras”, señaló Roger.
Fuentes consultadas que han tenido que decidir acerca de la competencia judicial de estos casos señalan que es difícil hacer una escala nítida en ese sentido. “Un choque automovilístico sería algo para la justicia provincial, un corte duro y extendido de ruta nacional sería para un juzgado federal. El caso de Tinogasta estaría en el límite”, explicó la fuente.
 
Protocolo y licencia social. Los comportamientos que deben seguir las fuerzas de seguridad ante protestas sociales estarían en la misma sintonía que la búsqueda de la “licencia social”, esto es, el consentimiento de parte de amplios sectores de la población del lugar donde se va a desarrollar el emprendimiento minero. Los protocolos van en sentido contrario al apaleo indiscriminado.
Hace una semana, el gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera retrocedió con el proyecto de emplazar una mina en Famatina ante el rechazo de buena parte de los habitantes de ese pueblo. En Tinogasta, la respuesta fue distinta. Una actitud abiertamente contrapuesta a cualquier instancia de diálogo. Actualmente, en varios pueblos próximos a la Cordillera los antagonismos entre los gobiernos provinciales y las poblaciones están muy marcados. Una forma de bajar las tensiones y que el conflicto no siga escalando es buscar instancias de consenso, así lleven un poco más de tiempo. En Esquel, durante 2003 se llamó a un plebiscito donde el pueblo decidió sobre su futuro. Ese puede ser un camino.
 
Fuente: Miradas al Sur

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