lunes, 15 de marzo de 2010

CON LA METROPOLITANA EN LA CALLE NO BAJARON LOS DELITOS


Pese a los pronósticos del Gobierno porteño, el delito no bajó con la nueva fuerza.

Por R.Ragendorfer y W.Goobar


La emoción que envolvía al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue tal que no dudó en asentarlo en el twiter: “Estoy orgulloso de la nueva Policía Metropolitana. Hoy cumple un mes en la calle, cuidando a la gente”.


De hecho, durante la mañana del viernes, encabezó en el predio del Centro Único de Comando de dicha fuerza, situado entre la calle Guzmán y la avenida Jorge Newbery, del barrio de Chacarita, el acto celebratorio de semejante acontecimiento. Ello, más que un logro organizativo, era casi un milagro celestial. Y no sólo por el alud de contratiempos que atravesó la gestación de la criatura –la renuncia de su primer jefe, el encarcelamiento de éste y la eyección de su sucesor debido el affaire de las escuchas, sin soslayar las denuncias por supuestas irregularidades en la compra de equipos sino porque, además, la Mazorca de Macri pudo sobrevivir a su postergado debut sin por ahora cosechar víctimas fatales, escándalos por corrupción ni otras calamidades.


Tanto es así que el funcionario pasó revista a la tropa policial con el fervor de un general prusiano. Lo secundaba el jefe civil de dicha milicia, Eugenio Burzaco, y el ministro Guillermo Montenegro.


Ambos lucían exultantes. Al igual que los 18 efectivos condecorados en la ocasión por “su destacado desempeño en las inundaciones y los arrestos efectuados ante delitos flagrantes”, se informó. En estas cuatro semanas –según un vocero ministerial– los muchachos de la Metropolitana sumaron “30 detenciones por robos, asaltos a mano armada y sustracciones de vehículos”.


–¿Lo que ustedes denominan “robos” a secas son en realidad hurtos?– quiso saber Miradas al Sur.
–Sí. Pero también pueden ser arrebatos.


–¿Y cómo se discrimina el número exacto entre las tres modalidades señaladas?
–No tenemos ese dato. Pero todos los arrestos se efectuaron en coordinación con la Federal.
Lo cierto es que ni en la Federal ni en ningún juzgado capitalino hay datos sobre arrestos realizados en colaboración con personal de la Metropolitana. Al respecto, cabe destacar que en enero sí hubo un hecho delictivo en el cual intervino un agente de esa fuerza, pero en calidad de víctima: al pobre tipo le robaron su automóvil y el uniforme. Ambos bienes fueron finalmente recuperados por la Bonaerense.


En rigor, el ensayo piloto de la flamante agencia policial tuvo sus limitaciones: sólo se circunscribió a los barrios de Urquiza y Coghlan con 500 agentes en dos turnos, los cuales no incluían el patrullaje nocturno. Y a ello se añade otra imposibilidad: el carácter ambulatorio de la Metropolitana, ya que fue lanzada a las calles antes de tener comisarías. La edificación de las dos primeras se encuentran paralizadas por orden judicial, debido a que estas, por haberse proyectado en espacios verdes, violan el Código de Planeamiento Urbano. Otro obstáculo judicial se refiere a la suspensión del uso de las pistolas Taser, que provocan descargas eléctricas.


Pero tales escollos son remediados con recursos alternativos no carentes de ingenio. Uno de ellos es la creación de la División Montada, que actuará donde los móviles convencionales tengan dificultades para circular. Otra idea es equipar a decenas de efectivos con cuatriciclos, los cuales les permitirán atravesar territorios hostiles a toda velocidad.


No obstante, nada fue más audaz que el anuncio de controles antidroga para conductores. Los mismos consistirán en verificar el tamaño de las pupilas, en base a la creencia de que todos los estupefacientes las dilatan. Alguien tendría que explicar a las autoridades municipales que sólo el ácido lisérgico y el éxtasis producen tal efecto, pero no la cocaína ni la marihuana. En ese sentido, los planificadores de la policía porteña deberían considerar seriamente otras estrategias, como rinoscopías compulsivas o análisis callejeros de orina.


Al concluir el acto en la Chacarita, Burzaco señaló: “Nuestro principal objetivo es construir una fuerza de proximidad hacia la gente”. Junto a él, Montenegro lucía más ancho que nunca. Y, por cierto, no se advertía tensión alguna entre ellos. Pero eso sólo era una ilusión óptica.

Asuntos internos. En el parto de la Metropolitana subyace un estado de beligerancia interna, ya que en la primera semana de febrero el Ministerio de Seguridad –con la aprobación del propio Macri– confirmó en la cúpula de la flamante policía a los oficiales que ingresaron de la mano de Jorge Fino Palacios. A su vez, Burzaco designaba a dos uniformados de su confianza: el ex comisario Carlos Roncatti –célebre por la brutal represión que ordenó en Brukman– y Alejandro Parodi, un ex oficial de Inteligencia de la Federal, como el espía Ciro James. El primero de ellos, en razón a sus difíciles antecedentes, no tardó en ser apartado de sus funciones. El otro, en cambio, fue nombrado jefe de Análisis e Información Delictual. En ese marco, con el inocultable propósito de limitar los márgenes de maniobra de Burzaco, el ministro soñaba con poner en la subjefatura de la fuerza a un uniformado amigo: el comisario Héctor Barúa. No pudo ser. Sus acciones en varias empresas de seguridad y proveedoras de insumos para espías, abortaron su futuro en la Metropolitana. Sin embargo –según se rumorea en los pasillos del Gobierno de la Ciudad– este hombre fanático del poker y la buena mesa, oficiaría como asesor en la sombra de Montenegro, marcando el pedigree de los comisarios traídos por Burzaco; entre ellos, Parodi. Éste, olfateando la situación, tomó los debidos recaudos. Tanto es así que no demoró en solicitar la protección de un viejo conocido suyo: el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos porteños, Miguel Von Rosenberg, un hombre del riñón de Diego Santilli. Ello habría envalentonado al policía, al punto de proclamar una y otra vez en público –y no sin exageración– la siguiente frase: “Yo tengo la banca de Mauricio”. Ello habría agravado el añejo encono entre Burzaco y Montenegro.


Una dosis de leña a ese fuego fue aportado de modo involuntario por el secretario para Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, durante su visita al país en diciembre pasado. El enviado de Barack Obama, al entrevistarse con Macri, mostró sumo interés en policía porteña, y quedó en reunirse con Montenegro para celebrar acuerdos al respecto. Sin embargo, tal encuentro jamás se llevó a cabo. Grande sería su asombro al enterarse luego de la existencia de una serie de acuerdos para entrenar y ofrecer asistencia profesional desde Estados Unidos a la Metropolitana, que incluyen hasta viajes de efectivos al país del norte para capacitarse. Lo cierto es que Montenegro pasaría del asombro a la ira al saber, por boca de Rodríguez Larreta, que dicho logro bilateral fue fruto de una gestión efectuada silenciosamente –y, claro, a sus espaldas– por Burzaco. “Pasa que Valenzuela fue profesor de Eugenio en la Universidad de Georgetown”, fue la justificación esgrimida por el jefe de Gabinete. Pero la misma no llegó a atemperar el furibundo ánimo del ministro. Éste no tiene ninguna duda de que el jefe policial quiere escalar para así quedarse con su cargo.


Ello es un secreto a voces en los corrillos del PRO. Y a ese destino no es ajena la causa por el espionaje municipal, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Si bien éste fue apartado del expediente por la contratación de James en Educación –el cual pasó a un tribunal ordinario–, la indagatoria a Macri y Montenegro es inminente. Y el procesamiento del ministro se perfila como inexorable. Tanto es así que su triste regreso al mismo despacho en el cual él ejerció la magistratura lo convierte –desde el punto de vista fáctico– en una especie de funcionario terminal.



Montenegro, un ministro que no escatima en gastos

Al elegir el arsenal para la Metropolitana, Montenegro parece haberse inspirado en Jack Bauer, el agente de la serie televisiva 24. El ministro –como Bauer– tiene predilección por las pistolas paralizantes, patrulleros con GPS, motocicletas que pueden alcanzar los 187 kilómetros por hora antes de clavarse de punta en uno de los baches de Macri. Pero a Montenegro esos chiches le están saliendo caros: esta semana la Justicia prohibió el uso de las pistolas eléctricas Taser X-26 porque pueden ser empleadas para torturar, mientras que en la compra de pistolas Beretta PX 4 Storm se han pagado sobreprecios astronómicos: 1.156 dólares por unidad, cuando en el mercado valen 544 dólares. El sobreprecio escandalizaría al mismísimo Jack Bauer, quien, por cierto, no se fija en gastos. Y tiene una pistola de 750 dólares. La diputada Liliana Parada, denunció la compra directa, sin licitación previa, por parte del ministro de 850 armas por cuatro millones de pesos. La compra fue anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 27 de julio pasado a la empresa Trompia SRL, una firma cuyo titular es Juan Carlos Modestini, representante de Beretta en Argentina. Ahora se sabe que dicho negocio fue acordado por Modestini y el comisario Fino Palacios en la oficina que éste último posee en la calle Maipú. El 19 de junio de 2009, Montenegro autorizó la compra –sin licitación–, de 15 motos Honda y 15 patrulleros Chevrolet Meriva, que costaron 992.243 y 995.700 pesos respectivamente. Las motocicletas, que pueden alcanzar una velocidad de 187 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a cien kilómetros en 6 segundos, es ideal para perseguir vendedores ambulantes y trapitos. El abogado Ricardo Moner Sans realizó una denuncia penal por esas compras, que según él, se habrían desdoblado para eludir mecanismos de control previstos para contrataciones de más de un millón de pesos. La modalidad de compra directa también se detectó en la adquisición de uniformes –donde se cuestionó la compra a la empresa textil de Jacinto Kanoore Edul–, nombre por el cual el Fino Palacios fue procesado en la causa por las irregularidades en la investigación del atentado a la Amia. La otra operación se convirtió en un búmerang para el Gobierno porteño, fue la compra de las Taser X-26, una suerte de picanas legales que descargan 50.000 voltios sobre los potenciales blancos. “Puedo disparar el gatillo 128 veces antes de que muera la batería”, amenaza el policía, y ante la negativa del detenido a hablar, le aplica sucesivas descargas. Después eleva el voltaje del dispositivo y lo utiliza como una picana directamente sobre la pierna de su víctima. En su afán por hacerlo confesar el interrogador le dice al detenido: “La siguiente sacudida va a ser en la garganta. Corre el riesgo de un total cierre neuromuscular y eso significa el riesgo de quedarse paralizado”. La escena pertenece a la serie 24 en la que el agente Jack Bauer utiliza una pistola paralizante como arma de tortura. Esta semana, la jueza porteña Andrea Danas dictó una medida cautelar en la que ordena suspender el uso de las armas Taser por considerarlas un elemento de tortura. “Están prohibiendo el uso de armas que no están en nuestro poder, hubiera sido mejor que la jueza se hubiese interiorizado del caso antes de emitir un dictamen apresurado, ya que tenía tiempo para ir al fondo de la cuestión, de todos modos respetamos las deciciones de la Justicia, pero el fallo será apelado”, afirmó el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco argumentando que otras fuerzas usan la Taser en Argentina. Ese, por cierto, fue su mayor argumento al respecto.

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