lunes, 15 de marzo de 2010

ESCUELA CON BARRERAS


Más de 20 mil chicos quedan fuera del sistema por falta de rampas. El 85 por ciento de las instituciones porteñas es inaccesible para alumnos con discapacidad. Un fallo le dio al gobierno 240 días para adecuar la infraestructura. Pero ya apelaron.

Por Sabrina Díaz Rato

A veces la educación no es un derecho de todos. Para los niños con discapacidad o movilidad reducida la escuela puede convertirse en un mundo infranqueable sencillamente por falta de ascensores, rampas de acceso o baños adaptados. Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), son 21.000 los chicos que a causa de esta desidia quedan excluidos del sistema escolar en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, un fallo judicial obliga al gobierno porteño a adecuar la infraestructura en un plazo de 240 días.

A raíz de un amparo presentado por la Fundación Acceso Ya en 2006, la Justicia porteña acaba de dictaminar que el gobierno de Mauricio Macri debe garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad en las escuelas. Como según esa ONG el 85 por ciento de los establecimientos públicos y privados en la ciudad no cuenta con los requisitos básicos de accesibilidad, la orden judicial a cargo de la jueza Elena Liberatori otorgó 240 días para poner en marcha un plan de infraestructura que cumpla la ley de edificación vigente. La orden judicial fue apelada por el gobierno porteño con el fin de retrasar los tiempos procesales. El problema se derivaría a la siguiente gestión.

Mientras tanto, son numerosos los casos de padres que a la hora de buscar un colegio “accesible” para sus hijos chocan no sólo con las habituales “barreras arquitectónicas” (falta de ascensores, rampas y baños ampliados) sino que además tienen que lidiar con la desidia de las autoridades. La mamá de Paula –una nena de 13 años que tiene una neuropatía que le dificulta el movimiento de sus manos y piernas– debió recorrer una veintena de establecimientos para hallar un secundario de enseñanza común para su hija. “Nunca me imaginé que iba a ser tan dura y desesperante la experiencia. Llamé a todos los colegios pero en la mayoría me encontré con que no tenían ascensores ni rampas”, cuenta María Dorá. “Nuestra escuela busca la excelencia académica, hacemos excursiones, somos muy exigentes, acá mejor no, buscá otro”, le “sugerían” en cada uno de los establecimientos que visitó. La desilusión y la bronca acompañaron la indignación de Dorá hasta que por fin halló el instituto privado Del Carmen que no tiene una rampa en el ingreso pero sí un ascensor.

A los obstáculos edilicios o “barreras arquitectónicas” hay que agregar, como consecuencia, otro fenómeno menos visible, que es la exclusión o, directamente, la deserción escolar que desencadena la discriminación de chicos con discapacidad. “Muchas veces estos chicos terminan en escuelas especiales porque no los aceptan en la escuela común y luego tienen la dificultad de ir la universidad por haber transitado una educación distinta”, advierte Evangelina Gárrigo, directora de la Fundación Acceso Ya, la ONG que, junto a Fundación Rumbos, dio a conocer un relevamiento exhaustivo de la situación en cada uno de los colegios privados y de gestión estatal que no cumplen con la norma.

Debido a la inhabilitación de un montacargas que trasladaba personas, Valentina –quien debe movilizarse exclusivamente en sillas de ruedas– no pudo asistir a las clases de música y computación que se dictan en el segundo piso de la escuela municipal N° 16, DE 9, Capitán de Fragata Carlos Moyano. “Valentina ama la música y le resulta terrible perderse esas horas”, relata Laura Guinard, la mamá de esta chiquita de 9 años que desde junio del año pasado solicita que reparen el elevador. “En una oportunidad me sugirieron cambiarla de escuela, pero frente a un problema de accesibilidad, no pienso excluir a mi hija. Es el sistema educativo el que tiene que adaptarse”, dice Guinard, que no se cansa de reclamar que las autoridades del Ministerio de Educación tomen nota del asunto y lo resuelvan.

Gárrigo fundamenta que al incumplir con la Ley 962 de Accesibilidad que rige en la jurisdicción porteña, cuyo principio es garantizar otros derechos como la escolaridad, “hay que generar un nuevo paradigma de la discapacidad para que estos chicos sean sujetos de derecho en igualdad de condiciones. Y el Estado está obligado a trabajar para equiparar las oportunidades”.

Si esa situación se diera sin necesidad de fallos judiciales obligatorios, y si además las personas –sean directores, secretarios, docentes o simples ciudadanos– pudieran por un instante imaginarse en el lugar del otro, es probable que el mundo, y dentro de él la escuela, fuera más amigable para todos.

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