Hay medio millón de adolescentes fuera del sistema educativo. Los programas de reinserción escolar no alcanzan a sacarlos de las calles y algunos cuentan con menos recursos para funcionar. Las críticas de los especialistas.
Por Sabrina Díaz Rato
De nada vale si hay un niño de la calle”, entonó la voz de la Negra Sosa en una de sus últimas interpretaciones antes de irse. Y tal vez, esa canción de Armando Tejada Gómez y Angel Ritro no encuentre mejor expresión para narrar el calvario que padecen niños y adolescentes que se “la rebuscan” a diario trocando estampillas por las avenidas o durmiendo bajo chapas y cartones. Si bien en los últimos años se implementaron diversos programas nacionales y provinciales de reinserción escolar que apuntan a sacar de las calles a esos niños y retenerlos en las escuelas, aún hay medio millón de chicos fuera del sistema.
Desde la cartera educativa nacional se vienen implementando programas de reinserción para los cuales se invierten 700 millones de pesos por año, más otros 250 millones para infraestructura escolar. Volver a la Escuela (para primaria) y Todos a Estudiar (para secundaria), son dos de los programas más importantes que se conjugan, además, con becas de ayuda para alumnos que se encuentran en situación de protección judicial, educación rural y educación especial. Este año el ministerio prevé crear 500 Centros de Actividades Juveniles, una estrategia más para reducir la deserción escolar y retener alumnos del secundario.
Con el mismo espíritu, un equipo de educadores, psicopedagogos y psicólogos de la Secretaría de Educación del gobierno porteño, intenta mantener en funcionamiento Puentes Escolares, creado en 2001 para integrar a chicos en situación de riesgo y pobreza. Mario Méndez, uno de los integrantes de ese equipo multidisciplinario, resalta la intención de “cubrir una necesidad a la que el sistema formal de educación aún no ha podido encontrar respuestas”. Méndez, que trabaja a diario con esos pibes “cuya niñez es negada y vilipendiada”, cree que el programa es una pequeña puerta, una oportunidad de recuperar el derecho a la educación. “No es poco, aunque no alcance”, apunta y lamenta contar “con recursos cada vez más limitados”.
Según un informe de UNICEF, en América latina hay 40 millones de niños en situación de calle y aproximadamente la mitad de ellos son víctimas de la adicción a las drogas. Una realidad dolorosa que encuentra la excepción en Cuba donde, según José Juan Ortiz, miembro de Unicef, “no hay ningún niño en la calle”. La afirmación del representante de ese organismo, vertida en una entrevista con BBC Mundo, se debe a que “en Cuba los niños son todavía una prioridad y por eso no sufren las carencias de millones de niños de América Latina”, en referencia a la problemática del “trabajo infantil, explotación y violencia sexual”. Además, precisó Ortiz, la isla cuenta con una escolarización del 100 por ciento de los niños hasta 9º grado, la desnutrición infantil es la de menor índice del Cono Sur y la salud está garantizada a los niños y niñas desde antes de nacer mediante el control de la salud materno infantil.
Esos datos son los que toma en cuenta Myriam Feldfeber, profesora investigadora de la UBA y especialista en temas de política educacional, al considerar que en la Argentina los niños en situación de calle están excluídos “de todo” y no sólo del sistema educativo. “Si las políticas públicas de reinserción se piensan como paliativos o formas de contención social de los jóvenes o, incluso, los ven como futuros delincuentes, se los aleja de cualquier concepción de ciudadanía –dice Feldfeber–. Esas políticas deben transformarse en inclusivas, que garanticen el derecho a la educación como derecho social, pero además deben integrarse en un universo más amplio que garantice la integralidad de todos los derechos.”
La asignación universal por hijo constituye hoy una de las apuestas más fuertes del gobierno nacional para resolver la situación. “Con la asignación esperamos que se reintegren al sistema educativo los chicos que hoy no están las escuelas”, expresó recientemente el ministro de Educación, Alberto Sileoni, en una entrevista radial. Sin estimar por ahora el alcance de la medida, Jaime Perczyk, jefe de Gabinete de Asesores del organismo, indicó a Veintitrés: “Queremos que los padres entiendan que se trata de una transferencia monetaria para que los chicos vayan a la escuela. Creemos que va a ser una de las medidas más importantes para resolver el problema educativo”. Y en lo que respecta a las metas para los próximos años, puntualizó: “Queremos llegar a 2011 con los 40.000 niños que hoy no están en salas de cinco integrados a las escuelas y que todos los menores de 15 años abandonen el trabajo infantil”. El funcionario considera necesario “romper con la representación mediática que se hace de los jóvenes cuando se los vincula con el exceso y el delito. Muchos de ellos fundan clubes de barrio, participan de orquestas y son muy solidarios. Tienen mucho para dar”.
Repasando algunos ejemplos de los conflictos suscitados tras el otorgamiento de becas escolares en la jurisdicción porteña, o el intento de cierre del centro educativo Isauro Arancibia –que atiende desde hace diez años a chicos que habitan en las estaciones de Constitución, Once y Retiro–, Feldfeber arriba a una conclusión similar: “La política educativa del actual gobierno porteño implementa medidas y designa funcionarios como el renunciado Abel Posse que evidencian una mirada estigmatizante, tanto hacia los jóvenes como hacia los docentes”.
Más allá de las diferencias de perspectivas, y cualquiera sea la medida que se impulse, habrá de considerar una mirada integral e inclusiva. Porque, como subraya Feldfeber, “es importante que las propuestas de reinserción escolar no sean tan pobres como sus destinatarios”.
De nada vale si hay un niño de la calle”, entonó la voz de la Negra Sosa en una de sus últimas interpretaciones antes de irse. Y tal vez, esa canción de Armando Tejada Gómez y Angel Ritro no encuentre mejor expresión para narrar el calvario que padecen niños y adolescentes que se “la rebuscan” a diario trocando estampillas por las avenidas o durmiendo bajo chapas y cartones. Si bien en los últimos años se implementaron diversos programas nacionales y provinciales de reinserción escolar que apuntan a sacar de las calles a esos niños y retenerlos en las escuelas, aún hay medio millón de chicos fuera del sistema.
Desde la cartera educativa nacional se vienen implementando programas de reinserción para los cuales se invierten 700 millones de pesos por año, más otros 250 millones para infraestructura escolar. Volver a la Escuela (para primaria) y Todos a Estudiar (para secundaria), son dos de los programas más importantes que se conjugan, además, con becas de ayuda para alumnos que se encuentran en situación de protección judicial, educación rural y educación especial. Este año el ministerio prevé crear 500 Centros de Actividades Juveniles, una estrategia más para reducir la deserción escolar y retener alumnos del secundario.
Con el mismo espíritu, un equipo de educadores, psicopedagogos y psicólogos de la Secretaría de Educación del gobierno porteño, intenta mantener en funcionamiento Puentes Escolares, creado en 2001 para integrar a chicos en situación de riesgo y pobreza. Mario Méndez, uno de los integrantes de ese equipo multidisciplinario, resalta la intención de “cubrir una necesidad a la que el sistema formal de educación aún no ha podido encontrar respuestas”. Méndez, que trabaja a diario con esos pibes “cuya niñez es negada y vilipendiada”, cree que el programa es una pequeña puerta, una oportunidad de recuperar el derecho a la educación. “No es poco, aunque no alcance”, apunta y lamenta contar “con recursos cada vez más limitados”.
Según un informe de UNICEF, en América latina hay 40 millones de niños en situación de calle y aproximadamente la mitad de ellos son víctimas de la adicción a las drogas. Una realidad dolorosa que encuentra la excepción en Cuba donde, según José Juan Ortiz, miembro de Unicef, “no hay ningún niño en la calle”. La afirmación del representante de ese organismo, vertida en una entrevista con BBC Mundo, se debe a que “en Cuba los niños son todavía una prioridad y por eso no sufren las carencias de millones de niños de América Latina”, en referencia a la problemática del “trabajo infantil, explotación y violencia sexual”. Además, precisó Ortiz, la isla cuenta con una escolarización del 100 por ciento de los niños hasta 9º grado, la desnutrición infantil es la de menor índice del Cono Sur y la salud está garantizada a los niños y niñas desde antes de nacer mediante el control de la salud materno infantil.
Esos datos son los que toma en cuenta Myriam Feldfeber, profesora investigadora de la UBA y especialista en temas de política educacional, al considerar que en la Argentina los niños en situación de calle están excluídos “de todo” y no sólo del sistema educativo. “Si las políticas públicas de reinserción se piensan como paliativos o formas de contención social de los jóvenes o, incluso, los ven como futuros delincuentes, se los aleja de cualquier concepción de ciudadanía –dice Feldfeber–. Esas políticas deben transformarse en inclusivas, que garanticen el derecho a la educación como derecho social, pero además deben integrarse en un universo más amplio que garantice la integralidad de todos los derechos.”
La asignación universal por hijo constituye hoy una de las apuestas más fuertes del gobierno nacional para resolver la situación. “Con la asignación esperamos que se reintegren al sistema educativo los chicos que hoy no están las escuelas”, expresó recientemente el ministro de Educación, Alberto Sileoni, en una entrevista radial. Sin estimar por ahora el alcance de la medida, Jaime Perczyk, jefe de Gabinete de Asesores del organismo, indicó a Veintitrés: “Queremos que los padres entiendan que se trata de una transferencia monetaria para que los chicos vayan a la escuela. Creemos que va a ser una de las medidas más importantes para resolver el problema educativo”. Y en lo que respecta a las metas para los próximos años, puntualizó: “Queremos llegar a 2011 con los 40.000 niños que hoy no están en salas de cinco integrados a las escuelas y que todos los menores de 15 años abandonen el trabajo infantil”. El funcionario considera necesario “romper con la representación mediática que se hace de los jóvenes cuando se los vincula con el exceso y el delito. Muchos de ellos fundan clubes de barrio, participan de orquestas y son muy solidarios. Tienen mucho para dar”.
Repasando algunos ejemplos de los conflictos suscitados tras el otorgamiento de becas escolares en la jurisdicción porteña, o el intento de cierre del centro educativo Isauro Arancibia –que atiende desde hace diez años a chicos que habitan en las estaciones de Constitución, Once y Retiro–, Feldfeber arriba a una conclusión similar: “La política educativa del actual gobierno porteño implementa medidas y designa funcionarios como el renunciado Abel Posse que evidencian una mirada estigmatizante, tanto hacia los jóvenes como hacia los docentes”.
Más allá de las diferencias de perspectivas, y cualquiera sea la medida que se impulse, habrá de considerar una mirada integral e inclusiva. Porque, como subraya Feldfeber, “es importante que las propuestas de reinserción escolar no sean tan pobres como sus destinatarios”.
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