Por Arturo Trinelli*
Las secuelas políticas y sociales de la dictadura militar que recordamos hoy son evidentes. A más de treinta años del golpe, todavía hay jóvenes que buscan su identidad y desaparecidos cuyos familiares aún no han podido encontrar. Sobre ellos se ha escrito mucho y, afortunadamente, el consenso sobre el Nunca Más está bastante extendido en la sociedad. Esto es así más allá de algunos grupos de extrema derecha que siguen pidiendo por una amnistía para los genocidas, argumentando la famosa “teoría de los dos demonios” y la piedad sobre la edad de muchos de esos represores. Como consecuencia de la permanente invocación al “diálogo” y al “consenso”, términos demasiado politizados en los últimos años, muchos pretenden saldar las cuentas del pasado con el pretexto de mirar a futuro y avanzar a un horizonte “todos juntos”. Se equivocan. La construcción de conciencia colectiva es un ejercicio permanente del cual el pasado es parte, y el imperativo moral que nos obliga revisarlo es la única manera de honrar nuestros muertos y llorar por ellos con la frente alta.
Pero, más allá de las implicancias políticas y la masacre en términos de vidas humanas, las secuelas económicas del Golpe han sido también muy significativas y sus repercusiones aún las seguimos padeciendo hoy. Durante la dictadura y su contraparte democrática (el menemismo), el plan económico ejecutado en el país tuvo efectos tendientes a modificar el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a una economía que se diferenciaría notablemente de la antecesora por sustitución de importaciones.
La Argentina vivió desde fines de los ’60 y principios de los ’70 agudos conflictos sociales y políticos que desembocaron en grandes movilizaciones (“Cordobazo”) y la existencia de grupos radicalizados que fueron de a poco asumiendo gran protagonismo en la escena política nacional. Por eso, la principal convicción de los responsables de la dictadura militar de 1976 y de los sectores que lo apoyaron, fue que las proscripciones políticas ya no servían para eliminar alianzas populistas y sus presuntos peligros sobre el orden social establecido. Había que ir más a fondo, y dado que esas alianzas se asentaban sobre el aparato productivo industrial, era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica. Esto forjó cuanto menos tres principios que, afortunadamente, años de gestión K han puesto en cuestión hoy y constituyen la base de toda diferenciación que se pretenda hacer con el pasado más reciente: rol del Estado, modo de acumulación y distribución de la riqueza. En efecto, durante la dictadura y el neoliberalismo de los ’90, las políticas económicas fueron similares en torno a estos tres indicadores. El aparato estatal fue sometido a un brutal endeudamiento externo e interno, y su necesidad de achicarlo y despojarlo de cualquier poder de control hizo inverosímil la posibilidad de volver a la etapa donde el Estado era el garante de las relaciones económicas. Lo que se intentó es que interviniera lo menos posible en los mercados y se asoció todo lo estatal a lo corrupto, ineficiente y burocrático. Con ese pretexto, se avanzó en las privatizaciones, el endeudamiento por la falta de control, y la pérdida de soberanía sobre la explotación de los recursos naturales, entre otros ejes de política económica con consecuencias en el presente.
El terrorismo de Estado fue funcional a la drástica redistribución regresiva del ingreso y sirvió, sobre todo, para anular o impedir el accionar de instituciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales. Factores a los que se agregó, desde el punto de vista de su incidencia futura sobre el desarrollo político del país, la pérdida de varias posibles generaciones de líderes o cuadros políticos o sociales como consecuencia de ese terrorismo, del exilio político y económico de muchos argentinos (exilio formal e interno) y de la influencia profundamente negativa que tuvo la dictadura en el sistema educativo y cultural, así como en la transmisión de valores de pertenencia con la sociedad en que se vivía. Este tipo de política venía siendo reclamada hacía bastante tiempo por sectores concentrados de la industria, el agro, el comercio y las finanzas. Abrir la economía, reducir el Estado y privatizar empresas públicas, achicar el poder sindical, equiparar el capital extranjero al local, etc, eran demandas frecuentes de cámaras, lobbistas y publicistas del establishment. Lo demás es historia conocida y más reciente: la crisis del 2001 fue la consecuencia directa de la amplísima hegemonía del conjunto de intereses dominantes desde el Proceso de Reorganización Nacional, y demostró la inconsistencia estructural de las políticas derivadas de sus demandas, además de un carácter profundamente antinacional.
Por último, con una mirada en retrospectiva, no se puede dejar de reconocer que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han contribuido de manera fundamental a la reconstrucción de la memoria y la lucha por mantener viva esta conciencia crítica, que muchas veces se pretende atenuar desde parte de la dirigencia política y los medios de comunicación (algunos de los cuales han sido cómplices del Proceso). Hoy asistimos a juicios a represores que hubieran sido impensados si desde el poder político no se hubiera alentado a esclarecer la participación de muchos genocidas en el terrorismo de Estado. Me parece que, a futuro, independientemente de todas las limitaciones y contradicciones que el kirchnerismo manifieste en su gestión, habrá que reconocer el ímpetu con el que han levantado esta bandera por la memoria y la defensa de los derechos humanos como una de sus políticas más coherentes a lo largo de sus dos gobiernos. Quienes estamos comprometidos con ello lo tomamos como un reconocimiento a esas tragedias personales de las víctimas de la última dictadura, para que reciban de nuestra parte un cálido homenaje y la certeza de un recuerdo imborrable.
*Licenciado en Ciencia Política (UBA)
Las secuelas políticas y sociales de la dictadura militar que recordamos hoy son evidentes. A más de treinta años del golpe, todavía hay jóvenes que buscan su identidad y desaparecidos cuyos familiares aún no han podido encontrar. Sobre ellos se ha escrito mucho y, afortunadamente, el consenso sobre el Nunca Más está bastante extendido en la sociedad. Esto es así más allá de algunos grupos de extrema derecha que siguen pidiendo por una amnistía para los genocidas, argumentando la famosa “teoría de los dos demonios” y la piedad sobre la edad de muchos de esos represores. Como consecuencia de la permanente invocación al “diálogo” y al “consenso”, términos demasiado politizados en los últimos años, muchos pretenden saldar las cuentas del pasado con el pretexto de mirar a futuro y avanzar a un horizonte “todos juntos”. Se equivocan. La construcción de conciencia colectiva es un ejercicio permanente del cual el pasado es parte, y el imperativo moral que nos obliga revisarlo es la única manera de honrar nuestros muertos y llorar por ellos con la frente alta.
Pero, más allá de las implicancias políticas y la masacre en términos de vidas humanas, las secuelas económicas del Golpe han sido también muy significativas y sus repercusiones aún las seguimos padeciendo hoy. Durante la dictadura y su contraparte democrática (el menemismo), el plan económico ejecutado en el país tuvo efectos tendientes a modificar el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a una economía que se diferenciaría notablemente de la antecesora por sustitución de importaciones.
La Argentina vivió desde fines de los ’60 y principios de los ’70 agudos conflictos sociales y políticos que desembocaron en grandes movilizaciones (“Cordobazo”) y la existencia de grupos radicalizados que fueron de a poco asumiendo gran protagonismo en la escena política nacional. Por eso, la principal convicción de los responsables de la dictadura militar de 1976 y de los sectores que lo apoyaron, fue que las proscripciones políticas ya no servían para eliminar alianzas populistas y sus presuntos peligros sobre el orden social establecido. Había que ir más a fondo, y dado que esas alianzas se asentaban sobre el aparato productivo industrial, era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica. Esto forjó cuanto menos tres principios que, afortunadamente, años de gestión K han puesto en cuestión hoy y constituyen la base de toda diferenciación que se pretenda hacer con el pasado más reciente: rol del Estado, modo de acumulación y distribución de la riqueza. En efecto, durante la dictadura y el neoliberalismo de los ’90, las políticas económicas fueron similares en torno a estos tres indicadores. El aparato estatal fue sometido a un brutal endeudamiento externo e interno, y su necesidad de achicarlo y despojarlo de cualquier poder de control hizo inverosímil la posibilidad de volver a la etapa donde el Estado era el garante de las relaciones económicas. Lo que se intentó es que interviniera lo menos posible en los mercados y se asoció todo lo estatal a lo corrupto, ineficiente y burocrático. Con ese pretexto, se avanzó en las privatizaciones, el endeudamiento por la falta de control, y la pérdida de soberanía sobre la explotación de los recursos naturales, entre otros ejes de política económica con consecuencias en el presente.
El terrorismo de Estado fue funcional a la drástica redistribución regresiva del ingreso y sirvió, sobre todo, para anular o impedir el accionar de instituciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales. Factores a los que se agregó, desde el punto de vista de su incidencia futura sobre el desarrollo político del país, la pérdida de varias posibles generaciones de líderes o cuadros políticos o sociales como consecuencia de ese terrorismo, del exilio político y económico de muchos argentinos (exilio formal e interno) y de la influencia profundamente negativa que tuvo la dictadura en el sistema educativo y cultural, así como en la transmisión de valores de pertenencia con la sociedad en que se vivía. Este tipo de política venía siendo reclamada hacía bastante tiempo por sectores concentrados de la industria, el agro, el comercio y las finanzas. Abrir la economía, reducir el Estado y privatizar empresas públicas, achicar el poder sindical, equiparar el capital extranjero al local, etc, eran demandas frecuentes de cámaras, lobbistas y publicistas del establishment. Lo demás es historia conocida y más reciente: la crisis del 2001 fue la consecuencia directa de la amplísima hegemonía del conjunto de intereses dominantes desde el Proceso de Reorganización Nacional, y demostró la inconsistencia estructural de las políticas derivadas de sus demandas, además de un carácter profundamente antinacional.
Por último, con una mirada en retrospectiva, no se puede dejar de reconocer que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han contribuido de manera fundamental a la reconstrucción de la memoria y la lucha por mantener viva esta conciencia crítica, que muchas veces se pretende atenuar desde parte de la dirigencia política y los medios de comunicación (algunos de los cuales han sido cómplices del Proceso). Hoy asistimos a juicios a represores que hubieran sido impensados si desde el poder político no se hubiera alentado a esclarecer la participación de muchos genocidas en el terrorismo de Estado. Me parece que, a futuro, independientemente de todas las limitaciones y contradicciones que el kirchnerismo manifieste en su gestión, habrá que reconocer el ímpetu con el que han levantado esta bandera por la memoria y la defensa de los derechos humanos como una de sus políticas más coherentes a lo largo de sus dos gobiernos. Quienes estamos comprometidos con ello lo tomamos como un reconocimiento a esas tragedias personales de las víctimas de la última dictadura, para que reciban de nuestra parte un cálido homenaje y la certeza de un recuerdo imborrable.
*Licenciado en Ciencia Política (UBA)
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