El jefe de Gobierno Maurico Macri, anunció un proyecto de reforma al Código Contravencional que incluye castigo a los trapitos y cudacoches y manifestantes que lleven palos y capuchas. Las medidas apuntan a “que tengamos más seguridad”. Amplio rechazo opositor.
“Hay que desterrar las mafias que se han enquistado en la sociedad”, argumentó el jefe de Gobierno porteño, flanqueado por los integrantes más renombrados de su gabinete, en la mañana de ayer, al informar que envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Contravencional. Porque “hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad”, Mauricio Macri explicó que la prioridad será instaurar la “prohibición absoluta” de la actividad de los cuidacoches popularmente conocidos como “trapitos”, así como el uso de capuchas y palos en manifestaciones, y la habilitación para detener a un sospechoso “antes de que cometa un delito”, además de establecer penalizaciones para quienes ensucien monumentos históricos y edificios públicos. El anuncio desató de inmediato una catarata de repudios de todos los partidos políticos opositores representados en la Legislatura, que el presidente del bloque porteño del PRO, Cristian Ritondo, procuró neutralizar explicando que “se está con la mafia o se está con el vecino”.
La apuesta mayor del proyecto, cuyo contenido exacto no trascendió más que por palabras de los funcionarios macristas, es ganar el control de los cuidacoches para el Estado. De acuerdo con el deseo de Macri, sólo podrían trabajar quienes “estén regulados por el gobierno porteño”, mientras que los infractores recibirían una sanción de uno a cinco días de arresto.
El jefe de Gobierno estuvo escoltado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; la diputada y ex vicejefa Gabriela Michetti; el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, y el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. Este último precisó que el proyecto prevé penas para los trapitos mayores de 18 años que cobren a los automovilistas que estacionan sus autos en la vía pública, y también a quienes “lideren” esas organizaciones.
“En el caso de trapitos y limpiavidrios queremos que la gente no se sienta amedrentada e invadida”, explicó Macri, antes de encomendar a los legisladores que su intento de reforma “sea tratado con urgencia y que no sea politizado, ya que hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad”. “He comprobado de cerca cómo ha aumentado la angustia de la gente a raíz del incremento del delito”, aseguró el jefe de Gobierno, antes de explicar que las mafias enquistadas trabajan “manipulando y abusando de nuestros jóvenes, haciéndolos extorsionar y delinquir diariamente”, por lo que su gestión intenta reprimirlas “con toda la dureza que podamos”.
El jefe de Gobierno explicó que las medidas “buscan contribuir a que tengamos más seguridad”. En aras del mismo objetivo, explicó Montenegro, se pedirá a la Legislatura “una ley específica” para permitir el uso de las pistolas eléctricas Taser, que el comunicado oficial llama “disuasivas”, cuya compra por parte de la Policía Metropolitana desató un escándalo más para la flamante fuerza. Fue Montenegro también el encargado de detallar las propuestas de modificación del Código de Contravenciones: “la prohibición absoluta de todo lo que tiene que ver con los cuidacoches y trapitos; también a la utilización de palos y de estar con las máscaras cubiertas en las protestas (callejeras) y pasa a ser contravención el solo hecho de portar ganzúas o cualquier otro elemento que hace presumir la comisión de un delito”. También “endurecer la pena cuando se ensucien los bienes públicos y monumentos históricos”. De aprobarse, todas esas reformas, aseguró Macri, “no solamente ayudan a la Policía Metropolitana sino a todas las policías y fuerzas de seguridad que lleven adelante su accionar en la Capital Federal”.
Aun cuando no formó parte del paquete de reformas propuestas al Código, Montenegro agregó que el gobierno, que tiene por “prioridad” la construcción “de precintos o comisarías en cualquier lugar de la ciudad para brindar seguridad a los vecinos”, procurará habilitar “un registro de ADN para violadores u otros delitos”.
A pesar del alto impacto que tuvo la presentación en sociedad de la propuesta de reforma, legisladores porteños de distintos bloques pusieron en duda su existencia. “El Poder Ejecutivo nunca presentó el proyecto en la Legislatura”, aseguraron en un comunicado conjunto Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Martín Hourest (Igualdad Social). Además, indicaron, “no hay estadística seria que indique que hay un aumento del delito por presencia en las calles de la ciudad de ‘trapitos’ y ‘gente encapuchada’”.
El vicepresidente tercero del cuerpo, Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), tildó de “llamativo” que Macri “anuncie este proyecto, que aún no escribe ni envía a la Legislatura, en momentos en que debe revisar la foja de al menos 14 oficiales de alto rango de la Policía Metropolitana, y cuando el titular de esa fuerza está por ser citado para informar a esta Legislatura sobre el caso Colombo”, el oficial desplazado por tener una causa judicial por protección de prostíbulos. Claudio Presman, presidente del bloque de la UCR, explicó que sobre “el fondo de las propuestas opinaré una vez que el proyecto ingrese y pueda estudiarlo”, mientras que coincidió en vincular los anuncios con “los reiterados fracasos en la política de seguridad de la Ciudad y de la implementación de la Policía Metropolitana”. El legislador macrista Ritondo, de todas maneras, insistió en que “para nosotros se hace necesario modificar una ley que quedó obsoleta”.
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