lunes, 22 de marzo de 2010

UNA POLÍTICA DE VIVIENDA MUY PRO


Muchos proyectos de construcción de viviendas en la ciudad no se iniciaron y algunos se dieron de baja. La oposición denuncia que al macrismo no le interesa el tema y que crece la cantidad de gente que vive en las calles.

Por Gustavo Veiga

La deshumanización de la política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires es un hecho que ni sus propios ejecutores se esfuerzan en rebatir. El gobierno porteño acumula una infinidad de estadísticas negativas, aunque se escuda en que el Estado nacional tampoco hace lo que debería para paliar la situación de unas 500 mil personas. La percepción extendida entre los distintos sectores de la oposición es que Mauricio Macri invirtió en calles y veredas en lugar de hacerlo en un techo para las 85 mil familias que, según el IVC, se encuentran en “situación habitacional deficitaria”. La subejecución presupuestaria de partidas es algo tangible, se expresa en los programas federales de vivienda no cumplidos o realizados a medias y Página/12 accedió a planillas del Ministerio de Planificación que así lo demuestran.

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que depende del ministro Julio De Vido mantiene vigentes varios convenios para la concreción de obras en la ciudad. Por uno que contempla la construcción de 1088 viviendas en distintos barrios y que se remonta a 2005, la Nación le transfirió a la administración porteña 50.933.423,51 pesos, sobre un total de 63.699.849,95. Hasta fines del 2009 sólo se habían terminado por completo siete viviendas en Chacarita y a 987 les faltaban apenas detalles. En cambio, 94 destinadas a Nueva Pompeya ni siquiera se iniciaron. Asimismo, 186 que iban a levantarse en Villa Lugano fueron dadas de baja.

Otro convenio por 976 viviendas en Parque Avellaneda le permitió a la ciudad recibir 34.917.661,14 pesos sobre un monto total de 58.231.527,02. Pese a que el anticipo financiero para las obras se abonó el 12 de enero de 2006, el avance físico de las mismas no llega al 50 por ciento y una de las constructoras, Performar SA, no había empezado una sola de las 244 viviendas que se le asignaron hasta fines del año pasado.

En acuerdos más recientes entre el Ministerio de Planificación Federal y el gobierno porteño, ya se abonaron unos cuantos adelantos del 15 por ciento para viviendas. Algunas empezaron a levantarse y a otras ni siquiera se les puso un ladrillo. La compañía Ajimez no registra avances de obra en 48 casas que se comprometió a construir en Ciudad Oculta o Villa 15. El anticipo financiero se pagó el 29 de agosto de 2005 y el gobierno nacional le transfirió al porteño 2.137.113,19 pesos de un total de 3.642.600 mediante el convenio 879 de aquel año.

Aunque las arcas de la ciudad ya recibieron el 14 de enero pasado 9.264.273 pesos en transferencias para 493 viviendas, y todo ese dinero se girará a cooperativas que las construirán mayoritariamente en barrios del sur de Buenos Aires (Barracas, Villa Lugano, Parque Patricios, San Cristóbal, San Telmo), según las planillas del Ministerio de Planificación Federal no hubo avances en las obras.

Facundo Di Filippo, ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura y diputado del ARI hasta el 10 de diciembre pasado, sostiene que “la única organización que construye y termina las viviendas en la ciudad es la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El gobierno de Macri no puede arrogarse ninguna obra porque el IVC, durante la actual gestión, nunca hizo una sola vivienda nueva”.

A fines de 2009 compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, uno de los directores del IVC, el cuestionado Eduardo Petrini. Los diputados que lo escucharon coinciden en que “fue la peor de todas las presentaciones que realizó un área del gobierno”. “No pudo justificar nada. Su informe tenía errores técnicos groseros, como partidas mal asignadas”, recuerda Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires. En la ciudad, además del Instituto –que ahora preside Omar Abboud en lugar de Roberto Apelbaum, quien renunció en febrero– se ocupan del tema vivienda la Corporación del Sur y los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Espacio Público que realiza obras en las villas 31 y 31 bis de Retiro. Todos, de diferentes maneras, tienen relación con esta problemática.

La presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura pasó de manos de Di Filippo a Rocío Sánchez Andía (“al macrismo no le interesa en absoluto tratar de revertir el grave déficit habitacional de la ciudad”, afirmó en una conferencia de prensa la semana pasada), quien también milita en el ARI. Una de las integrantes de esa comisión, Laura García Tuñón, de Proyecto Sur, les atribuye por igual los problemas habitacionales al gobierno nacional y al de Macri. “En la subsecretaría de Tierra y Hábitat Social nos dijeron que no estaban dispuestos a poner un peso en la ciudad. Hay corresponsabilidad política”, señala como elemento de juicio.

No piensa lo mismo el diputado Juan Cabandié, del bloque Encuentro Popular para la Victoria: “Desde el 2007, los gobiernos nacional y porteño tienen firmados varios convenios de financiamiento para la construcción de viviendas que no se ejecutaron nunca por problemas de organización de la gestión Macri”. El legislador también la emprendió contra la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, quien había cuestionado la falta de apoyo de la Nación en programas sociales. “Vidal no tiene vergüenza al decir eso. Es una caradura que en lugar de estar comunicándose por Twitter debería atender a los que menos tienen personalmente”, sostuvo.

En lo que todos coinciden es en atribuirle al gobierno del Pro el vaciamiento del IVC. “Macri ha decidido que las políticas de viviendas pasen por muchos lugares para que al final no pasen por ninguno o nadie pueda decidir nada”, agregó Sánchez Andía. El presupuesto del Instituto aprobado por la Legislatura en 2009 ascendía a 519.635.601 pesos de los que se utilizaron 238.567.839. Este año, es sensiblemente menor: bajó a 409.488.393 pesos. La suma debería aplicarse a distintos programas de vivienda, a dar créditos, a la regularización de dominios, a la transformación de villas, a la rehabilitación de barrios como La Boca, a viviendas colectivas bajo el sistema de ahorro previo y a las cooperativas.

El IVC tergiversa esas funciones y sobre sus funcionarios y ex funcionarios pesan varias sospechas de corrupción. Una nota publicada por Eduardo Videla en este diario el 14 de diciembre pasado, ilustra sobre la cuestión. “Acá en la villa hay que construir, no destruir”, dijo hace poco más de un año Héctor “Chacho” Mendoza, uno de los delegados de las villas 31 y 31 bis ubicadas en Retiro cuando se discutía un plan oficial para demoler viviendas. En la ciudad, parece que deshacerse de ellas es más sencillo que construirlas.

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