miércoles, 24 de marzo de 2010

EL MISTERIO DE MENDOZA, EL VERDUGO DEL ARZOBISPO ROMERO


El 24 de marzo se cumplen 30 años del asesinato del arzobispo de El Salvador, cuya figura y compromiso con los pobres y desheredados se agiganta con el paso del tiempo. Se sabe que lo mató un mercenario argentino, y el Gobierno cree que se trata de un ex policía federal, cuyo nombre es Roberto Alfieri González.
Por Juan José Salinas
lesahumanidad@miradasalsur.com

El 24 de marzo se cumplen 30 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, cuya figura y compromiso con los pobres y desheredados se agiganta con el paso del tiempo. Se sabe que lo mató un mercenario argentino, y el Gobierno cree que se trata de un ex policía federal, cuyo nombre es Roberto Alfieri González. El mismo que en 1988 asesinó a un policía hondureño que, al parecer, se disponía a arrestarlo por extorsionar a médicos.

El primer gobierno del ahora moderado Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y en especial el presidente Carlos M. Funes Cartagena, un carismático ex periodista, se propusieron establecer quiénes, cómo y por qué mataron a Romero. Por lo pronto, y teniendo en cuenta que es el salvadoreño más conocido y respetado, lo entronizaron como prócer nacional. Hasta el punto de que hace un mes el presidente brasileño Lula visitó El Salvador y depositó una ofrenda floral y pronunció un sentido discurso ante su tumba.

Prácticamente ya se sabe todo acerca de quiénes y por qué encargaron el asesinato del arzobispo, que en su última homilía, la víspera de su muerte, se atrevió a ordenarle en nombre de Dios a la junta cívico-militar que cesara una represión que en 1980 fue mucho más cruenta que la desatada en la Argentina en 1976.

Alcanza con señalar que durante los funerales del obispo, para disolver la multitud de más de 50 mil personas en torno de la Catedral, los escuadrones de la muerte hicieron explotar una bomba mientras desde el segundo piso del Palacio Nacional francotiradores disparaban sus fusiles a discreción. Unas 40 personas murieron en el acto y hubo más de doscientos heridos.

El instigador del asesinato de Romero fue el Grupo Miami, integrado por oligarcas como Enrique Altamirano Madriz, ayer y hoy dueño del sensacionalista El Diario de Hoy, virulento opositor al gobierno. Su intermediario fue el mayor Roberto D’Abuisson, promotor de los primeros escuadrones de la muerte, ex jefe de Inteligencia de la Guardia Nacional, virtual jefe de inteligencia del ejército y futuro fundador del partido de extrema derecha Alianza Republica Nacionalista (Arena), que llegaría al poder en 1989, en medio de la misma ola neoliberal que depositó a Carlos Menem en la Casa Rosada. Y en medio también del clímax de una guerra civil que duró 12 años, con un saldo de más de 80 mil muertos y desaparecidos.

Uno de los lugartenientes de D’Abuisson, el capitán Alvaro Saravia, perdió una agenda cuyo hallazgo permitió establecer, incluso, cuánto habían aportado las catorce familias que controlan el país al hacer la vaquita que financió la ejecución de Romero, reconoció ya en los ’80 el embajador de los Estados Unidos, Robert White, que asumió el cargo poco después de consumados aquellos crímenes.

Hasta la asunción de Funes, la impunidad de los asesinos fue tan grande que el ministro de Defensa fue el coronel Mario Molina (hijo de otro coronel, Arturo, que, fraude mediante, fue presidente salvadoreño entre 1972 y 1977) de quien se sabe que fue el nexo entre D’Aubuisson y el sicario. Hasta se sabe quién fue el chofer del Volkswagen rojo que condujo al killer desde un hotel hasta la capilla del Hospital de la Divina Providencia, dónde Romero oficiaba misa. Lo único que no se sabe es el nombre del barbudo que desde el vano de la puerta de la capilla disparó una sola bala explosiva que destrozó el corazón del obispo.

La identidad del sicario. “El mercenario que aceptó el contrato del magnicidio fue un argentino, Emilio Antonio Mendoza (… ), que se encontraba como asesor de los torturadores de la sección de inteligencia (G-II) de la fatídica y desaparecida Guardia Nacional” de El Salvador, afirmó hace un año una asociación de veteranos de la guerra civil salvadoreña en la web de los socialistas centroamericanos.

Hace dos semanas, el periodista Santiago O’Donnell, volvió sobre el tema en Página/12. Recordó que un cable del jefe de la estación de la CIA en Tegucigalpa a sus jefes en Langley, Virginia, afirmó taxativamente que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general (Roberto Eduardo) Viola” y que tras llegar “admitió haberle disparado a Romero”.

Dicho télex fue desclasificado con numerosas tachaduras en medio de un lote de 12 mil documentos oficiales de los Estados Unidos sobre El Salvador. Tanto quien era entonces el jefe de la CIA para Centroamérica, Duane Claridge (a) Dewey, como el embajador White, recordaron aquella impactante información, pero señalaron que el remitido era material crudo, en bruto, sin procesar. Lo que acaso pueda explicar imprecisiones en los nombres de pila del asesino argentino que utilizaba como cobertura el apellido Mendoza. Según confirmó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el gobierno argentino cree que Mendoza y el ex oficial de la Federal que se llama o se hacía llamar Roberto Alfieri González (RAG), son la misma persona.

La existencia de RAG salió a la luz el 18 de marzo de 1988, cuando quien dijo ser su esposa, Aura Lilian Martell, denunció en Tegucigalpa que había desaparecido misteriosamente del Departamento Nacional de Investigaciones, donde estaba detenido. Al dar la noticia, el diario El Heraldo señaló que RAG había sido herido de bala el 23 de febrero a eso de las 17 luego de asesinar a “un agente de inteligencia” y que era “un extorsionador de médicos y supuesto subversivo”.

RAG había salido de las Clínicas Viera luego de haber obligado al médico José Ramón Vásquez a extenderle un cheque por 2.467 lempiras. Vásquez, que ya le había dado una tarjeta de débito y su clave, se había armado de valor y lo había denunciado a la policía. Que tuvo así el modo de atrapar a quien se identificaba alternativamente como José Francisco Díaz Mendoza, Carlos Chacón, Carlos Godoy o el doctor Héctor Manuel Murcia Pinto (un médico al que había asaltado a punta de pistola), dedicándose a la extorsión de prósperos galenos, amenazándolos con matarlos a ellos o a sus familias, preferentemente a sus hijos.

El ex policía argentino entró y salió de Clínicas Viera llevando sobre sus ropas un guardapolvo blanco a fin de mimetizarse entre médicos y enfermeros. A la salida, primero se dijo que tres y luego que cuatro policías de civil comenzaron a seguirlo, supuestamente para verificar si tenía cómplices.

Una de cowboys. La versión policial fue confusa y experimentó variaciones con el paso del tiempo. Por fin, se fijó en una escena digna de un film del Far West: que alguien saludó a uno de los polizontes con un estentóreo “¿Qué tal, sargento?”, ante lo cual, el seguido se habría vuelto con un arma en la mano y disparado contra el subteniente Jorge Moya Maldonado, en momentos en que éste también desenfundaba y disparaba. Moya Maldonado recibió sendos disparos en la cabeza y el pecho y murió casi de inmediato. El seguido resultó herido en el costado derecho.

Raro que los compañeros del occiso no le dispararan en su defensa. El herido fue trasladado en medio de un importante despliegue policial al Hospital Escuela, donde fue registrado como “José Francisco Díaz Mendoza”. Esa noche, tras verificar que no estaba herido de gravedad, los policías lo sacaron del hospital. En el ínterin, personal del hospital lo reconoció como el extorsionador serial de médicos.

Unos días después del tiroteo y captura, el vocero de la Fuerza de Seguridad Pública, mayor Manuel Antonio Urbina, dijo que “tenemos en nuestro poder a un individuo que se dedicaba a extorsionar a médicos en la capital, pero como no quiere hablar, no sabemos cuál de los nombres que utiliza es el verdadero. Es un subversivo (sic) de altos quilates y tiene acento chileno o argentino”, puntualizó, subrayando que debía tratarse de “un guerrillero”. Aunque no lo pareciera, lo estaba protegiendo.

Cuando Aura Lilian Martell denunció la desaparición de RAG, quedó claro que el preso era argentino, y no precisamente un discípulo del Che. En cumplimiento del primero de los tres recursos de hábeas corpus que presentó, un oficial de justicia que recorrió el Departamento Nacional de Investigaciones no encontró argentino alguno en sus bartolinas, como llaman en Centroamérica a los calabozos. La mujer insistió en que sabía que su esposo estaba detenido allí por una confidencia de un agente y exigió que al oficial de justicia se le exhibieran todos los detenidos.

“Yo estoy segura de que Francisco Díaz Mendoza y Roberto Alfieri son la misma persona”, dijo. Y explicó que la descripción física del herido que había hecho El Heraldo coincidía con la de su marido desaparecido, que, afirmó, era “capitán de policía en la Argentina y fue nombrado agregado militar de ese país en El Salvador hace algunos años”.

Por orden de la dictadura. Si bien el grado de capitán no existía ni en la Federal ni en las diversas policías provinciales, Martell puntualizó que RAG había alcanzado dicho rango “en el Ejército argentino, y que por orden del gobierno de su país ingresó al servicio de inteligencia de El Salvador”. Que RAG no era “un subversivo”, sino un agente de la dictadura de argentina quedó acreditado el 22 de marzo, cuando el consulado argentino abogó ante las autoridades por su pronta reaparición.

Así, después de que su mujer presentara un tercer hábeas corpus, esta vez ante la Corte Suprema, luego de 53 días de estar en paradero desconocido, el miércoles santo, cuando ya los tribunales habían entrado en receso y no había periodistas que hicieran preguntas molestas, el “ingeniero eléctrico Roberto Alfieri González” (sic) fue entregado a la justicia. En el ínterin, el juez Francisco Morazán había dispuesto la remisión del detenido a la Penitenciaría Central.

Cuando los periodistas fueron a entrevistarlo, Alfieri les dio una versión inverosímil de los hechos: negó haber estado en las Clínicas con Vásquez y dijo que le habían acertado tres tiros cuando iba a la peluquería que está en la planta baja del Hotel Las Rondas. Que habían sido los mismos policías hondureños quienes habían matado a Moya al hacer fuego cruzado, en un tiroteo con un tercero al que venían siguiendo. Y que, como el muerto, él había quedado en medio de la balacera. Alfieri confirmó que la mayor parte del tiempo lo habían tenido escondido en el Departamento Nacional de Investigaciones, pero aseguró que lo habían sacado para torturarlo, muy posiblemente en batallones alejados de Tegucigalpa, ya que sólo se oía “el ruido del viento entre los pinos”.

Dos meses después, en declaraciones al diario La Tribuna, fue más preciso: “Me sacaron y llevaron a unas celdas que yo pienso que están ubicadas en la colonia 21 de octubre. Estoy seguro de que esas cárceles pertenecen al Batallón 3-16 porque algo así escuchaba en las pláticas que entablaban algunos de los que me interrogaban y golpeaban”, dijo.

A imagen y semejanza. El tenebroso Batallón 3-16, responsable de centenares de asesinatos y desapariciones, se había constituido a comienzos de 1982 “a imagen y semejanza del Batallón 601” de Argentina, en el cual debía revistar Alfieri (aunque no aparezca en la lista recientemente publicada por Veintitrés), puntualizó hace un año el dossier elaborado por el Movimiento de Veteranos de Guerra del Ejército Nacional para la Democracia.

El batallón se conformó a principios de 1982. Contó en sus inicios con instructores argentinos, chilenos, de la CIA y del FBI, siendo acaso el más dedicado “el mayor Mariano Santamaría”, es decir el argentino Juan Martín Ciga Correa, que ya había estado involucrado en el asesinato del general chileno Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en 1974. Pero el represor más famoso surgido de las filas del batallón era el filoargentino (mantenía un vínculo personal con el general Carlos Suárez Mason) Fernando Billy Joya Amendola, alias “el licenciado Arrazola”, promotor de los escuadrones de la muerte llamados Lince y Cobra, a quien el año pasado el torvo dictador Roberto Micheletti nombró ministro asesor en temas de seguridad. Billy Joya y Alfieri están sospechados de haber sido cómplices en 1983 del asesinato de dos periodistas norteamericanos.

RAG le dijo a La Tribuna que a comienzos de los ’80 fue asesor de la policía de Guatemala: luego, en 1982, asesor de la Guardia Nacional de El Salvador, y que por fin se radicó en Honduras, casándose con Aura Lilian y dedicándose al comercio y la agricultura. Sin embargo, al dar la noticia de su desaparición y en base a los dichos de Aura Lilian Martell, Tiempo Nacional había revelado que Alfieri había ingresado a Honduras en 1980. Y ante La Tribuna, luego de aseverar que Alfieri no era “ingeniero eléctrico” sino, además de militar, “ingeniero agrónomo”, la mujer ratificó que había sido por orden del Ejército argentino, que RAG “ingresó a El Salvador en 1980”.

En 1988 este periodista inició la publicación de una serie de tres extensas notas sobre Los mercenarios argentinos en Centroamérica en el mensuario El Porteño. En la segunda nota (Operación Bananas) se identificó a varios expedicionarios. Entre ellos estaba “Alfieri, Roberto”. Sin embargo, en aquellos tiempos sin internet, la noticia de la reaparición de RAG todavía no había llegado. A un distinguido colega, el periodista y escritor uruguayo Fernando Butazzoni, le pasó lo mismo 17 años después, en 2005, cuando luego de un viaje a Cuba expresó su firme convicción de que Alfieri había participado en Honduras del asesinato de dos periodistas norteamericanos, Dial Torgesson y Richard Cross.

Butazzoni consignó que Alfieri había desaparecido “misteriosamente en 1988”; que “su esposa hizo la denuncia correspondiente, en Tegucigalpa primero y ante el relator especial de la OEA para los Derechos Humanos, en Buenos Aires” después. Y concluyó: “Que yo sepa, el caso nunca se aclaró”.

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