La comisaría de Lomas del Mirador donde murieron cuatro detenidos, por dentro. Compartían un baño y se turnaban para dormir, rodeados de cucarachas. En los ’70 funcionó como el centro clandestino de detención “Sheraton”. La denuncia de un juez que nadie escuchó.
Por Tomas Eliaschev
Los ecos del terror no se apagaron. En la noche oscura de la dictadura militar fue la subcomisaría de Villa Insuperable, donde funcionó un centro clandestino de detención llamado con ironía macabra “Sheraton” y también conocido como “El Embudo”. En el presente democrático es la comisaría 8ª de La Matanza, donde el 14 de diciembre pasado se produjo un trágico incendio en el que murieron cuatro detenidos y los 14 restantes resultaron heridos: uno de ellos se debatía entre la vida y la muerte al cierre de esta edición. La comisaría sólo tiene lugar para 9 personas, pero había 18. Fue una verdadera tragedia anunciada: en los últimos dos años, la cantidad de detenidos en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires se duplicó, situación particularmente grave en el partido de La Matanza. La Defensoría General de ese partido denunció que hay una superpoblación de detenidos del 245 por ciento por arriba de los estándares internacionales.Según la policía, el fuego fue provocado por los mismos detenidos en protesta por una requisa originada por un intento de fuga. Sin embargo, hasta el momento, los peritos no constataron la existencia de ningún boquete en los calabozos.
Como quiera que sea, el resultado del incendio fue fatal.“En el lugar estaban apretados”, admitió frente a la seccional el comisario mayor Salvador Baratta, flamante superintendente de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense, que había presentado su renuncia como superintendente de la Regional Noroeste por el fracaso en la búsqueda de la familia Pomar.
Con el correr de las horas –gracias a la gestión de Pablo Pimentel, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza–, se supo que fallecidos son Jorge Luís Moya, 26 años; Pablo Sebastián Frías, de 20; Fernando Butaro, de 22, y David Moreyra, cuya edad no está precisada en el registro de la comisaría (ver facsímil), pero que, según trascendió, tenía 18 años. Gonzalo Néstor Kuril, de 28 años, permanece en terapia intensiva. Pese a que está inconsciente y que los médicos le daban pocas probabilidades de vida, estaba encadenado a la camilla, según constató Veintitrés en una recorrida por el Hospital Paroissien, donde estaban 11 de los 14 sobrevivientes del incendio. En el hospital, su hermano Claudio dijo: “Nadie se merece estar detenido de esa manera, los tenían en condiciones terribles”.El momento del incendio fue dramático: los detenidos pugnaban por llegar al baño, único lugar con agua, al tiempo que trataban de alcanzar la pequeña ventana para respirar algo de aire.Seis efectivos resultaron afectados por el humo; uno de ellos –el sargento Carlos Molina– se encontraba “muy grave”.La comisaría tiene su historia: por allí pasó el militante e historietista Héctor Germán Oesterheld, entre muchos otros que fueron brutalmente torturados y –varios de ellos– asesinados. El juez federal Daniel Rafecas investiga los hechos acontecidos en esa dependencia policial entre el ’76 y el ’78, en la causa 14.216/03. El 8 de abril del 2008 realizó una inspección ocular, junto a testigos como la ex diputada Delia Bisutti, miembros de organismos de derechos humanos, además de funcionarios de las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial. “Los detenidos estaban en una condición inhumana”, puntualizó Rafecas, en conversación con este medio. Después de visitar el lugar, Rafecas envió un informe a la Suprema Corte de Justicia de la provincia en el que describe las “las precarias y lamentables condiciones” de detención. “Se ha podido constatar que las celdas de alojamiento para detenidos poseen espacios de reducidas dimensiones, con escasa iluminación y nula ventilación (...) los colchones destinados al descanso de los detenidos se hallan tirados en el piso, rotos, y la única forma de pararse en dicha celda y no hacerlo sobre los mismos, implica doblar a estos en dos, lo cual demuestra el escaso espacio con el que cuentan (...) se trata de un ámbito que se encuentra completamente sucio, con cucarachas caminando por las paredes y en los pisos (...). Los baños se encuentran en muy precarias condiciones, sin las mínimas condiciones de higiene necesarias, con las canillas rotas y goteando”. En su informe, el juez hizo una advertencia que hoy cobra otra dimensión: “Los cables se encuentran precariamente conectados, y colgando de los techos y paredes, lo cual podría constituir un riesgo para la seguridad y vida de los detenidos”.El arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, estuvo presente en la inspección que encabezó Rafecas: “Había siete celdas, de distinto tamaño, un pasillo y un baño, además de un patio donde casi no entra luz. En total, es una superficie de 60 metros cuadrados. Cuando fuimos a inspeccionar el lugar, éramos 12 personas y apenas cabíamos. Que metan 18 detenidos es una aberración total”, dijo. Según relataron los familiares, los detenidos se turnaban para dormir, ya que no había suficientes colchones ni suficiente espacio para todos.El coordinador de Derechos Humanos de La Matanza, Miguel Rocha, explicó que desde la intendencia tienen “la intención de poner placas recordatorias” en la comisaría 8ª y en los demás lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. “Las urgencias de cada momento hicieron que nunca se concretara”, se excusó. El 26 de septiembre, las organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un escrache a la comisaría, de la cual depende el Destacamento de Lomas del Mirador, cuyos agentes están sospechados por el secuestro y desaparición del joven Luciano Arruga. Un mes después, los organismos de derechos humanos de La Matanza se hicieron presentes en la comisaría por las denuncias de malos tratos que sufrieron vecinos de la villa Santos Vega durante un operativo policial. “Los detenidos sufrieron malos tratos: muchos estaban golpeados y hasta había niños detenidos”, recordó Vanesa Orieta, hermana de Arruga, que recorrió el lugar.El titular de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García, recordó que “hay varias denuncias por las condiciones de los detenidos”. En los dos últimos años –desde que asumió Carlos Stornelli al frente del Ministerio de Seguridad–, la situación en las comisarías bonaerenses se agravó. “Se duplicó la población detenida. En diciembre del 2007 eran 2.700. Ahora hay 4.800. Ninguno tiene condena. Hemos pedido informes a Stornelli sobre cuántos detenidos hay en cada comisaría, hasta Adolfo Pérez Esquivel se lo solicitó en persona, pero no contesta”. Ante los dramáticos acontecimientos y la nueva actitud que tomó el ministro al denunciar las desestabilizaciones policiales (ver recuadro), es de esperar que la política de detenciones en comisarías cambie. En cualquier momento puede estallar otro “Cromañón” en una de las dependencias policiales superpobladas.
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