TOLERANCIA CERO

Inspirado en la "mano dura" del republicano Giuliani, se basa en contratar a ex policías como empleados municipales para patrullar. En esa función, Pelozo asesinó a Bárzola, un pibe de 16 años, y fue condenado a 13 años de prisión. Sin embargo, el proyecto sigue en marcha.

Por Tomás Eliaschev

Sentado en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha y los hombros caídos, parecía un hombre inofensivo, incapaz de lastimar a nadie. Cuando escuchó la sentencia del tribunal que lo condenó a 13 años de prisión por homicidio simple, apenas se inmutó. Sin embargo, José Ramón Pelozo, más allá de su apariencia actual, era más que temido en la zona sur del conurbano bonaerense. Su paso por la comisaría 5ª de Villa Fiorito, donde llegó a ser jefe de calle, le dio fama de duro ante los jóvenes del barrio, quienes todavía muestran terror ante la mención de su nombre o alguno de los apodos con que se lo conocía: “El Oso”, “Rompehuesos” o “Mataguachos”. El 3 de junio del 2003 asesinó a sangre fría a Matías Bárzola, un pibe de 16 años al que se le tenía jurada. En el momento del crimen, Pelozo ya se había retirado de las fuerzas de seguridad, pero seguía patrullando las calles: era chofer de uno de los vehículos de la Municipalidad de Ezeiza asignados a la tarea de patrullaje en el marco de la “Tolerancia Cero”, un plan que podría extenderse a toda la provincia. Es que el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad Carlos Stornelli, en la búsqueda por terminar con la “sensación de inseguridad”, tomaron el ejemplo de Ezeiza y están firmando convenios con varios intendentes para que los municipios se hagan cargo de financiar el patrullaje complementario de las calles, cámaras de vigilancia y una “sala de situación” donde se realizará seguimiento satelital de los móviles. En la provincia más poblada del país, el Estado acude a la “municipalización” de las tareas de vigilancia, algo que seguramente afectará las tasas impositivas. Pero lo más grave –por lo menos desde la óptica del respeto a las garantías individuales– es que como choferes de las patrullas municipales contratarán nada más y nada menos que a personal retirado de las fuerzas de seguridad. En teoría los ex policías no portarían armas, aunque no se especificó cómo se controlará el cumplimiento. Tampoco se sabe cómo harán las autoridades para evaluar los antecedentes de los ex policías que serían empleados como municipales pero que patrullarán las calles. Según el proyecto en ciernes, al lado del chofer iría un policía en actividad, que realizaría tareas extras, algo que a su vez no aumenta precisamente el rendimiento profesional. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora sentenció a Pelozo, al demostrar que fue él quien disparó desde un vehículo contra Bárzola. Durante el juicio, quedó claro que el hombre trabajaba en el vecino municipio de Ezeiza, en el marco del plan Tolerancia Cero. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y abogada de la familia de Bárzola, se mostró “totalmente en contra” del reingreso de personal de las fuerzas de seguridad retirado en las tareas de patrullar los municipios. “Esta es una de las tantas formas que tiene el Estado de decir que crea puestos de trabajo, pero lo hace específicamente para policías retirados.

Lo notable del caso es que ya hay experiencias nefastas, como la que llevó adelante Alfredo Granados en Ezeiza, donde revistaban personajes como Pelozo, quien ejecutaba tareas de limpieza social en el barrio de Fiorito, formando parte de un verdadero escuadrón de la muerte”, dijo Verdú a Veintitrés minutos antes de escuchar la sentencia, el miércoles último por la mañana. “Quieren aplicar el mismo plan en toda la provincia, exactamente con el mismo diseño, que tal como quedó demostrado en este juicio, carece de todo control. La funcionaria municipal que supuestamente controlaba las salidas y egresos del personal en funciones tuvo que reconocer que esos controles eran inexistentes, que los libros se perdieron en una de las tantas inundaciones y ni siquiera pueden asegurar si tal o cual día uno de los contratados estaba trabajando o no”, puntualizó Verdú. La abogada reflexionó que “en definitiva se trata de reciclar a los que han cumplido con su deber para con el aparato represivo, dándoles la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que han hecho toda su vida”.

Estela Velásquez, la mamá de Matías Bárzola, criticó la posibilidad de que personal retirado se involucre en vigilar las calles de los municipios. “Más que Tolerancia Cero, necesitamos educación para nuestros chicos”, señaló esta madre de cinco chicos que se animó a denunciar al asesino de su hijo, pese al miedo que todavía se apodera del barrio donde sucedió esta muerte y tantas otras. “Muchas madres no se animaron a denunciar a Pelozo, no era la primera vez que mataba a un chico. Aprendí que luchando y caminando la calle se puede detener a los asesinos de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. No hay que tener miedo, hay que luchar para que esto no siga pasando”, convocó Estela, megáfono en mano, ante un grupo de familiares de víctimas de gatillo fácil que se hicieron presentes para escuchar el veredicto.

No por nada le decían “Mataguachos” a Pelozo en Villa Fiorito. Según numerosos testimonios –que por el momento se mantienen en el anonimato por temor a represalias–, el hombre cometió más de un asesinato tanto en actividad como una vez retirado, siempre teniendo como víctimas a “guachos” de la zona, es decir, adolescentes pobres. Pelozo no era el único integrante de la comisaría 5ª de Fiorito con actitudes diametralmente opuestas al respeto a la ley. Por ejemplo, el año pasado los suboficiales Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo fueron condenados por torturar y asesinar a Jorge “Chaco” González, otro pibe de la zona.

Precisamente fue Concha, cuando todavía estaba en actividad, el primero en llegar a la escena del crimen de Bárzola. El policía quiso cubrir a su colega indicando que Matías había querido robar un automóvil, una teoría que perdió sustento durante el juicio. Es que la historia que relató Pelozo indicaba que el joven había sido abatido por un remisero que se habría resistido a un asalto. Según denunció Verdú, en Villa Fiorito la policía tiene una “tradición nefasta de hacer que los pibes roben para ellos”. Una denuncia girada por la auditoría de Asuntos Internos de la Bonaerense en la UFI 10 de Lomas de Zamora indicó que “la patrulla de calle suele detenerlos y armarles causas si no aceptan robar para ellos”, recordó la abogada defensora de derechos humanos. En el Ministerio de Seguridad bonaerense prefieren, por el momento, no formular declaraciones sobre la implementación de este plan. La “Tolerancia Cero”, aunque sin ser llamada de esa manera, ya marcha viento en popa en municipios como Ituzaingó y Campana, mientras se espera que más distritos se sumen, entre ellos San Fernando, Luján, Tigre, San Miguel, Lanús, Almirante Brown, Tres de Febrero, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, San Miguel, Cañuelas y La Plata. El plan fue ideado por Néstor Franco, actual director provincial de Seguridad Pública, cuando era funcionario del municipio de Ezeiza. Su inspiración fue la mano dura dispuesta por el republicano Rudolph Giuliani en la ciudad de Nueva York bajo el rótulo de “Tolerancia Cero”. Hasta ahora pocos jefes comunales mostraron su desacuerdo con la iniciativa. Es que la mayoría valoró la “eficiencia” mediante la cual el plan de Franco habría logrado hacer descender el índice de robo de vehículos. En Morón –un territorio donde Juan Carlos Rousselot supo llevar adelante una política similar– la actual administración de Martín Sabbatella se mostró en desacuerdo. Diego Spina, mano derecha y secretario privado del intendente, señaló a este medio que están “obviamente en contra”. “Es un plan que de plan no tiene mucho, nunca nos mostraron bien de qué se trataba.

Lo que sabemos, lo sabemos por la discusión que se dio en Ituzaingó, donde muchos concejales se opusieron al convenio”, indicó el funcionario sabbatellista. “Lo que queremos es profesionalizar las fuerzas de seguridad actuales. La potestad de las armas la tiene que tener el Estado provincial. Tiene que haber control político de las policías existentes. No estamos de acuerdo con generar ni ingresar jubilados de las fuerzas de seguridad a realizar tareas de patrullaje”, explicó Spina. En Ituzaingó, donde el intendente Alberto Descalzo ya firmó el convenio con el gobierno provincial, se generó una polémica alrededor de las llamadas patrullas comunitarias. “Es ilegal”, manifestaron los concejales opositores. La preocupación de muchos es que, mediante esta vía, muchos efectivos que fueron exonerados o que se retiraron antes de que les abrieran un legajo, vuelvan a ejercer tareas de policía. De no tomarse los recaudos necesarios, muchos más efectivos con comportamientos similares a los del “Mataguachos” podrían volver a trabajar desempeñándose en tareas de vigilancia.