martes, 13 de agosto de 2013

DECRETOS A PEDIDO

Macri y De La Sota unidos para defender a Clarín  Una medida cautelar les puso freno a los insólitos DNU creados para trabar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

POR PABLO GALAND

En su afán por convertirse en referentes de una oposición que carece de liderazgos definidos y ganarse a la vez la protección mediática del Grupo Clarín, Mauricio Macri y José Manuel de la Sota han impulsado sendos decretos de necesidad y urgencia que, de llegar a aplicarse efectivamente, llevarían a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba a convertirse en distritos separatistas frente al Estado federal. Una situación que de tan insólita desnuda la inviabilidad jurídica de ambas iniciativas.

En el DNU de Macri, uno de los artículos establece la prohibición de “restringir las libertades de prensa”, por medio de “imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos”. El artículo 16 del DNU defiende inmuebles, instalaciones y licencias de medios, “que estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés y publicidad pública”, en obvia referencia a una supuesta expropiación al Grupo Clarín. También establece que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna ni designar interventores ni administradores coadyuvantes”, a fin de controlar los medios de comunicación con domicilio en Capital. Para que la Justicia porteña pueda intervenir, el DNU plantea la creación de un fuero especial con competencia para intervenir en casos de “atentados contra la libertad de las empresas o periodistas”.

El DNU de De la Sota señala que las decisiones que afectan a los medios con sede en la provincia de Córdoba sólo pueden ser materia de decisión de autoridades judiciales o administrativas de esa provincia. De esta manera, Macri y De la Sota no sólo coincidieron en recurrir al DNU para llevar adelante estas iniciativas sino que en ambos casos el objetivo principal es limitar la plena aplicación de la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, para regocijo del Grupo Clarín.

La opinión de algunos expertos es clara: “Estos DNU pretenden sustraerse de la autoridad federal creando una suerte de inmunidad de los medios de comunicación, cuando en realidad es la autoridad local la que debe sujetarse a los designios de la ley federal y no a la inversa. Por lo tanto, representan una versión patética de intentos separatistas que vivió hace muchos años la historia argentina”, le aseguró a Veintitrés el abogado constitucionalista Roberto Boico.

Por lo pronto, la arremetida de Macri ya tuvo su primer traspié. El martes pasado, el juez Osvaldo Otheguy dio lugar a la medida cautelar presentada por el bloque de Nuevo Encuentro que lidera la legisladora porteña Gabriela Cerruti y suspendió los artículos del DNU “en defensa de la libertad de prensa” que hacían referencia a cuestiones tributarias. A partir de esta resolución se abrió un nuevo frente de batalla entre el oficialismo y la oposición porteña, ya que la Legislatura tendría que debatir el próximo 30 de mayo la ratificación del DNU. “De acuerdo a lo que establece la Constitución porteña, la ratificación de un DNU por parte de la Legislatura es por el todo o por nada. Con que haya un solo artículo que la Justicia declare inconstitucional, hace caer todo el DNU”, sostiene Boico. Esta misma línea argumental es la que plantearon los referentes de los bloques opositores ligados al kirchnerismo, apenas se conoció la resolución judicial. Sin embargo, desde el macrismo insistirán con llevar el tema a la Legislatura. “El fallo solamente suspende parte de dos artículos donde el juez cree que nosotros hemos legislado en materia tributaria, por lo tanto el DNU va a ser debatido en la Legislatura como estaba previsto”, afirmó Macri. 

Lo cierto es que la resolución judicial obligó a rever la estrategia legislativa del Pro. Una de las alternativas que maneja el bloque amarillo que conduce Cristian Ritondo es presentar una “ley correctiva” que tenga en cuenta las observaciones señaladas por la Justicia. En ese sentido, les darían lugar a los proyectos que presentaron los legisladores Julio Raffo y Fernando Sánchez, de Proyecto Sur y Coalición Cívica, respectivamente. 

Esta instancia de alianza circunstancial entre el macrismo y una parte de la oposición no tomó por sorpresa a las fuerzas afines al kirchnerismo. “Los proyectos de Raffo y Sánchez tienen algunas diferencias con el DNU del Ejecutivo pero en los artículos que necesita Magnetto lo transcriben a rajatabla”, señaló a Veintitrés la legisladora Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21.

Lo cierto es que han aparecido más presentaciones judiciales para neutralizar estas iniciativas. El abogado especialista en Derecho a la Información Damián Loreti pidió a la Justicia Federal que declare la nulidad de los DNU firmados por Macri, ya que entiende que violan la jurisdicción federal y establecen restricciones a la libertad de expresión en contradicción con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. La presentación cayó en el juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, subrogado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal.

La suerte que pueda correr el DNU de Macri tanto en la Legislatura como en los estrados judiciales no sería la principal preocupación del mandatario porteño. Como lo señala la legisladora Neira, la iniciativa tiene un objetivo preciso. “Este DNU es un acto político del macrismo que busca liderar el lugar del caprilismo en la Argentina. Genera este hecho para primerear al resto de la oposición. Por eso no les preocupa si pierden en la instancia judicial. Lo convertirán en otro hecho político aduciendo que el gobierno nacional presiona sobre la Justicia independiente y así acrecentar la hipótesis de persecución”. Una estrategia combinada entre Macri y De la Sota y con el apoyo inestimable del monopolio

Fuente: Revista Veintitrés.

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