La violencia volvió a ser parte de la vida cotidiana en La Araucanía. En el histórico cerro Chiguaihue, la sangre mapuche, esta vez la del joven Rodrigo Melican Linao, fue una vez más derramada en una guerra sin fin que desde el Estado se mantiene contra un pueblo desarmado desde finales del siglo XIX.
Por
Nicolás Rojas Scherer.
Como recuerda el historiador Martín Correa, los faldeos del cerro Chiguaihue han sido desde tiempos ancestrales hogar y asentamiento de importantes poblaciones mapuches, dirigidas en el 1800 por el Lonko Pillan, con un territorio que se extendía desde el río Malleco hasta el Huequen. Territorio que fue la “puerta de entrada” del Ejército de Ocupación de La Araucanía al sur del río Malleco y que, después de 1865, fue subyugado por el teniente coronel Pedro Lagos, cuyos regimientos contaban más de ochocientos hombres bien armados y pertrechados. Las consecuencias quedaron registradas por la historia: La “chilenización” del pueblo mapuche no sólo trajo represión y colonización interna, sino también deportaciones, sometimiento y reducción de tierras para una población que había perdido definitivamente su independencia.
Ya en pleno siglo XXI, Alex Lemun fue asesinado el 7 de noviembre de 2002 por el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer en el marco de una ocupación de tierras en el fundo Santa Alicia. Como gran parte de estas tierras, su antigua pertenencia se inscribía dentro de los territorios del Chiguaihue. Sin embargo, la violencia no se detendría ahí. El 12 de agosto de 2009 fue ultimado el comunero Jaime Mendoza Collío, de 24 años de edad. El autor del disparo en la espalda del joven sería sindicado como perteneciente a las Fuerzas Especiales de Carabineros e individualizado como Patricio Jara Muñoz, de Santiago. La acción represiva se enmarcó en la dispersión de un grupo de familias de la comunidad Requen Pillán, quienes ocupaban el fundo San Sebastián, también parte alguna vez del territorio del Chiguaihue.
Este lunes 5 de agosto fue encontrado muerto el también comunero Rodrigo Melinao Lican, de 26 años de edad, esposo y padre de dos hijos pequeños. Su cadáver presentaba un balazo de escopeta en el tórax y fue hallado en pleno campo. Melinao Lican pertenecía a la comunidad Rayen Mapu, que hace parte del Chiguaihue. Este territorio es uno de los que registra más hechos de violencia policial, encontrándose en lo que la prensa hegemónica titula una y otra vez “la zona roja del conflicto mapuche”, en la comuna de Ercilla.
Las circunstancias del asesinato aún no fueron descifradas. Lo que es seguro es que para los familiares, amigos y comuneros de la zona el hecho de que la fiscalía se haga cargo del caso no es una muestra de que la justicia se impondrá, cualesquiera que sean las circunstancias del caso. Y es que como declaró el escritor mapuche Pedro Cayuqueo, “sabido es que para los fiscales, la ley Antiterrorista es el camino más expedito para ‘mostrar resultados’ y efectividad. Detener para investigar y no investigar para detener. Es la surrealista máxima tras la Ley Antiterrorista. ¿Qué otra ley permite mantener en prisión, sin juicio alguno, hasta dos años a los imputados? Si Chadwick tiene oídos, que escuche al Relator de la ONU, Ben Emmerson, de reciente visita en Chile”.
En concreto, a lo que se refiere Cayuqueo es a las declaraciones en tono de condena que el Relator Especial para la ONU de derechos humanos y libertades fundamentales Ben Emmerson realizó hace menos de un mes contra el Estado chileno respecto de la violencia contra el pueblo Mapuche. Tal como en el caso de Melinao Lican, las condenas por medio de la Ley Antiterrorista aplicada a actos que pueden ser procesados por la justicia común pueden llegar a generar un caso “extremadamente volátil”. Melinao Lican se encontraba prófugo de la justicia pues había sido condenado a cinco años y un día por quema de bosques y a 541 días de presidio por daños calificados. Lo cual quiere decir dos condenas extremadamente graves por daños a la propiedad.
Las palabras de Emmerson en conferencia de prensa fueron contundentes. Respecto de la aplicación de la ley antiterrorista contra Mapuches declaró que “debe cesar inmediatamente”, pues “se convirtió en parte del problema y no parte de la solución”. En Chile, los delitos contra la propiedad son considerados “actos terroristas”, por lo que ataques tipo incendiario contra empresas y latifundios en el sur del país fueron sistemáticamente procesados por medio de esta legislación. Sin embargo, estos ataques distan de poder catalogarse como terroristas, por lo que el propio Emmerson declaró que “hubo ataques en Nueva York y Washington, y muchos países enfrentaron la amenaza del terrorismo de Al-Qaeda y otras organizaciones asociadas. Afortunadamente Chile fue bendecido porque la amenaza del terrorismo no es parte de su historia”.
Contra la opinión dominante, el problema mapuche apenas si puede ser caracterizado como de “conflicto” y menos aún como de “terrorismo”. Esta es la conclusión a la que habría llegado nada menos que la embajada de Estados Unidos en Santiago, opinión filtrada en los cables de WikiLeaks de 2008-2009. Como recuerda Cayuqueo, “la legación diplomática informó a sus superiores que los mapuches eran ‘una comunidad abrumadoramente no violenta’, que el problema estaba siendo ‘magnificado por los medios’ y que quienes acusaban en Chile a los mapuches de tener lazos con organizaciones terroristas no habían proporcionado ninguna ‘prueba de ello’ en tribunales”. El pedido para realizar tareas de inteligencia al personal norteamericano fue realizado desde el ministerio del Interior, presidido en aquel entonces por Edmundo Pérez Yoma (DC). Pero, además, observaban aquel año los diplomáticos estadounidenses que “el candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, declaró que la Araucanía arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes del mismo tipo sobre el conflicto”, agregando con notoria ironía que “la destrucción de propiedades, que supone la mayoría de las acciones ilegales mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares, cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”. Estas declaraciones deberían dejar en claro que el origen del conflicto no reside en las organizaciones mapuches, sino en la creación de un clima de opinión pública propiciado tanto por el Estado como por los medios de comunicación.
En el caso puntual del asesinato de Melinao Lican, el cuerpo fue entregado por familiares y amigos al sacerdote de Temuco Francisco Millan, debido al miedo que sentían hacia las autoridades. En declaraciones a El Mostrador, el párroco comentó que “las relaciones están muy deterioradas. Carabineros no actuó muy bien, hay mucha represión, mucha prepotencia”, agregando respecto de los posibles culpables que “la familia más cercana dice que fue Carabineros. Pruebas no hay”. Como observó el consejero de la Alta Dirección Pública Rodrigo Egaña, el tema Mapuche debería dejar de ser abordado como un problema de subsidiaridad del Estado hacia un segmento de la población para ser afrontado como una reivindicación de derechos que necesita un tratamiento integral desde la autoridad estatal. Esto es, las demandas mapuches deben ser procesadas como un problema político a resolver.
Fuente: Miradas al Sur.
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