En el estado de Guerrero, en el sur del país, pobladores de unos 15 municipios decidieron formar una fuerza paramilitar para enfrentar a los carteles de la droga. “El Estado nos dejó solos”, dicen.
POR AUGUSTO ASSÍA
“Cuando nos levantamos contra ellos (el “narco”) me dijeron “van a ir contra ti y contra tu familia” y yo dije pues que vengan. Y aquí los estoy esperando, todavía”, presume con el arma en la mano y la capucha puesta el comandante G1. “No hay derecho a que unos pocos nos tengan atemorizados. Son menos”, explica en el estacionamiento del Supermercado Aurrerá de Ayutla donde los alzados han instalado su improvisado cuartel general. Nada más terminar de hablar una señora trae una olla grande con arroz y otra con frijoles para alimentar a sus nuevos cuidadores.
Para llegar a Ayutla, en el corazón de la costa Chica del estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, hay que pasar al menos 12 retenes; unos del ejército, otros de la policía y otros más de los encapuchados, que piden identificaciones y revisan cada vehículo. Nadie protesta.
La región se ha levantado en armas.
Desde que hace un mes se hartaron de la violencia y decidieran tomar el control, brigadas de hombres armados con viejas escopetas de caza vigilan la seguridad en carreteras, caminos y calles. Primero fue uno, luego otro, otro más …. y así hasta 15 municipios se han organizado en una especie de fuerza paramilitar que no obedece ni a policía, ni a ejército ni autoridad alguna que no haya salido de sus comunidades.
Una pareja de adolescentes camina de la mano y pasa frente a los encapuchados. “¿Ves?”, me pregunta otro encapuchado “esto era imposible antes”, añade. “Nos tenían atemorizados y nadie salía de casa después de las diez de la noche. La población está con nosotros”.
“El Estado nos ha dejado solos y hemos tenido que reaccionar para defendernos. Hasta un alacrán, cuando lo vas a pisar, saca el aguijón para defenderse”, explica este campesino que cultivaba maíz, pero ahora dirige uno de los grupos de autodefensa.
La situación de Ayutla es un espejo de lo que sucede en el país, donde la guerra entre y contra los carteles de la droga ha dejado unos 90.000 muertos y 25.000 desaparecidos.
Pero desde hace un mes en Ayutla la delincuencia se ha reducido a cero y el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI que asumió en diciembre pasado, contempla con preocupación un levantamiento popular tan preocupante como lo fue el zapatista en los años 90.
Son las once de la mañana y bajo un sol abrasador acaba de comenzar en un pueblo cercano, El Mezón, un “macrojuicio” celebrado de acuerdo a los “usos y costumbres” de los indígenas contra 54 personas detenidas y acusadas de vínculos con el narco, robo, tráfico de droga o violación.
Magullados y en grupos de cinco, los detenidos, que llevan un mes encerrados en la escuela del pueblo, pasan frente a los indígenas mientras se leen en voz alta los cargos contra ellos. “Uriel Cipriano (36), secundaria, acusado de delincuencia organizada. Vicente Mayo (22), primaria, trabaja como halcón para los carteles; Román Navarrete (28) secundaria, acusado de violación de cuatro mujeres …” y así sucesivamente. “Cuello” gritan dos espontáneos desde la cuarta fila.
Poco antes de empezar, el joven “Benito”, da un paso al frente, se planta ante los miles de indígenas y, con el rostro cubierto, recuerda los meses que pasó trabajando para los narcos: “Primero le cortamos los dedos con un cuchillo. Luego con un machete, los pies, las manos, los brazos y finalmente la cabeza, que dejamos en una hielera delante de su casa”. Con la crudeza de quien lo ha vivido todo a los 12 años, “Benito” detalla cómo despedazó a un anciano que no quiso pagar por su secuestro.
Pantalón vaquero, guaraches con barro y camiseta raída sobre la piel morena, Benito es pobre de solemnidad y también su víctima, incapaz de pagar los 50 dólares de extorsión quincenal exigida. Estas son las tarifas en Guerrero, uno de los rincones más olvidados del continente americano.
Los miles de rudos campesinos, que bajaron de la montaña armados, enmudecen escuchando su relato. La justicia popular incluye escuchar el testimonio de las víctimas. Incluso de los pasamontañas sale alguna lágrima escuchando la historia de este chico que estuvo enrolado en el “narco”. “Vivo con mi abuelita porque no tengo madre. Bueno … sí tengo, pero se fue a Estados Unidos a trabajar hace cinco años y nunca más volví a saber de ella”, cuenta Benito. Su abuela acaba de entregar al joven a la policía comunitaria para que se una a ellos y enderece su camino.
Rompe el tenso relato una pareja de guacamayas que sobrevuelan la miseria de El Mezón. Los indígenas oyen en voz alta lo que llevan padeciendo desde hace años: extorsiones, robos, violaciones, secuestros, asesinatos … Hasta que gritaron ¡basta ya!
Fuente: Clarín.
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