"LA MATANZA DE CURUGUATY FUE UNA CONSPIRACIÓN"

Anibal Carrillo Iramain fue el candidato del Frente Guasú, la alianza formada para tratar de reconquistar el gobierno del desplazado Fernando Lugo en Paraguay. Aquí, explica cómo se rearma la base política de los sectores progresistas y qué proponen al electorado paraguayo. También da cuenta de la investigación sobre la masacre de campesinos y policías que derivó en el golpe al ex presidente.

 Por Andrew Graham-Yooll

–La gestión de gobierno de Fernando Lugo, ex obispo y ex presidente, terminó en un juicio político que pareció una abreviada obra teatral. Ahora, ¿cómo se preparan para el inicio de la próxima etapa en la joven democracia paraguaya–Dos elementos son los fundamentales. Uno tiene que ver con la defensa de un gobierno de cambio que, en su primera etapa, avanzó en muchos frentes en sus casi cuatro años (del período de cinco) de gestión. Nosotros pensamos que los cuatro años de Fernando Lugo trajeron planteos reformistas con los que se inició un período de gestión que se caracterizó por varios aspectos positivos. En primer lugar, desaparecieron las persecuciones a los empleados, que era una práctica habitual cuando se daba un cambio de gobierno, incluso dentro de un mismo partido. Existía una suerte de persecución, una inestabilidad laboral en el sector público. Fue un acto de respeto hacia una enorme masa de trabajadores del Estado. En segundo lugar, se establece una política de derechos, contraria a una política prebendaria. A través de la universalización de la salud, la gratuidad del servicio de salud, se abre al país. Se amplían los servicios. Se establecen concursos para acceder a la función pública, prácticamente el 50 por ciento de la gente que entra a la función pública durante el gobierno de Fernando Lugo lo hace por concursos. Ese fue un hecho absolutamente inédito en el Paraguay. El antecedente era de cero por ciento en los gobiernos del Partido Colorado. Ni siquiera había concursos entre colorados. Se desarrollaron políticas sociales que empezaron a tener impacto en la sociedad. Se atienden las zonas más pobres, se van dotando de servicios de salud básica, se crea un sistema de transferencias condicionadas, entendiendo que son políticas sociales de emergencia en un país marcado por el 45 por ciento de pobreza rural.

–Una de las críticas más escuchadas era que los insumos no llegaban a destino, a los pobres que los necesitaban. Las mafias enquistadas en toda burocracia las hacían robar, o las vendían a terceros, o las hacían desaparecer.

–En un comienzo puede ser, pero eso era un proceso de perfeccionamiento continuo. Es decir, el pasar de dos millones de consultas anuales a ocho millones de consultas establece un ejemplo y una demanda enorme, nueva.

–Es razonable preguntar si los ocho millones de consultas están documentadas...

–Por cierto que sí. Hay que suponer que en algunas situaciones especiales un centro puede no haber tenido todos los insumos necesarios, pero no era habitual. Las setecientas unidades de atención a la familia que se abrieron en un período de casi cuatro años contaban con los elementos básicos para la atención primaria. Hay que recordar que esta red fue de cero a setecientos en cuatro años. Eran setecientos en las comunidades más pobres y más alejadas en el país.

–Es importante retomar el hilo de la explicación de la base sobre la cual usted y el Frente Guasú se relanzan ahora a intentar volver al poder.

–Sí, hay que retomar... Un primer eje es la defensa del gobierno, entendiendo que con sus dificultades y deficiencias había dado pasos iniciales en reformas que tuvieran como objetivo gobernar con un sentido de derechos y para todos los paraguayos, sin exclusión. Por otro lado, el proceso paraguayo tiene una democracia herida, una democracia institucional en la que el respeto a las normas, el respeto a la convivencia, ha sido reemplazado mediante un acto de fuerza que ha destituido al presidente Lugo y que esa democracia herida requiere ser restaurada.

–En ese sentido, ¿es razonable programar, cuando han sido derrocados como lo fueron, que puedan llegar a la Presidencia de la Nación?

–Sí, podemos, confiados principalmente en la voluntad ciudadana, entendemos que hay una ciudadanía que crece en sus convicciones democráticas. Mediante esas convicciones se empieza a ver qué actores políticos tienen coherencia democrática. Por otra parte hay amplios sectores de la sociedad paraguaya que reconocen los avances que se lograron durante el gobierno de Fernando Lugo. Avances reales. En tercer lugar, podemos estar confiados porque hoy contamos con un instrumento político mucho más desarrollado que es el Frente Guasú, con el que no contábamos anteriormente, ahora sí. Es una herramienta política que se está construyendo, que se consolida, y que se está proyectando con capacidad para disputar el poder. Hay capacidad de gestión y capacidad de definir objetivos. También hay que recordar, en este tercer lugar, que tenemos un contexto internacional favorable a un gobierno de carácter progresista que logró reintegrar al Paraguay a la comunidad internacional y la integración continental. Confiamos en avanzar con la presentación de una lista única, unida, de parlamentarios encabezada por Fernando Lugo como senador. Yo tengo mucha confianza en que la voluntad ciudadana creciente es por la democracia y por desprenderse del viejo modelo de Estado. Los compatriotas reconocen las enormes falencias que tiene el viejo sistema. Estamos en condiciones de repetir un triunfo electoral de las características de 2008, cuando llegamos al gobierno. Las condiciones ahora son más favorables que cuando llegamos hace cinco años. Tenemos el beneficio de la experiencia de gestión y una mayor conciencia democrática en la ciudadanía.

–¿Cómo se puede encarar una reforma agraria en un país que tiene una de las mayores concentraciones de propiedad de la tierra en América y buena parte del resto del mundo?

–Una reforma agraria, que tiene entre sus componentes fundamentales la tenencia de la tierra, solamente será posible con una base de una mayoría transformadora y un nuevo consenso social. No es posible encarar una reforma agraria si no se tiene un parlamento que pueda facilitar la elaboración de leyes que permitan llevar adelante la transformación como programa.

–¿Cómo ve la exclusión de Paraguay por Unasur y Mercosur? Puede ser visto como ventajoso para el Frente Guasú en una contienda electoral, aun cuando no es bueno para el país.

–Las sanciones son políticas, fundamentalmente, y no económicas. Pero el efecto es de exclusiva responsabilidad del gobierno golpista. Nosotros no somos responsables de esta circunstancia. Un segundo concepto es que la solución del problema paraguayo corresponde a la ciudadanía. Nosotros nos oponemos a todo tipo de repercusión económica que surja de las sanciones políticas. Este gobierno sufre el desconocimiento casi mundial (salvo quizás Honduras o Guatemala, que son de la peor reputación democrática). Pero el país tiene que superar este problema. El gobierno (de Federico Franco) está asilado, es de facto.

–¿Qué hacen ustedes como grupo y cómo van a proyectarse a futuro?

–Quizás primero el diálogo tenga que recorrer un poco del pasado. Participamos primero dentro del gobierno y más recientemente en el campo político en términos de ir asegurando la base política y social que pudiera sostener al gobierno de Fernando Lugo...

–Pero fracasaron...

–Llegó al gobierno con muchas dificultades, con un congreso adverso, que desde el inicio se convierte en un parlamento obstruccionista con una prensa hostil que, inmediatamente después de la elección de Lugo, empieza un proceso sostenido de hostigamiento, de desgaste, con el objetivo de derribar el gobierno. Por otro lado, también sufríamos una debilidad en el sentido de que habíamos llegado a las elecciones del 2008 con la centro izquierda fragmentada. Nos llevó a tener una muy pequeña presencia parlamentaria. Escasa. Era un gobierno con gran apoyo ciudadano, había un amplio consenso social acerca de la necesidad de una alternancia, de arrancar un proceso de cambio, había mucha confianza en la figura de Fernando Lugo como elemento positivo. El elemento negativo era una gran fragilidad institucional donde el poder legislativo, como el poder judicial, respondían al viejo Estado y el viejo sistema, y, por otro lado, una prensa que formó un cerco mediático inmediatamente después de asumir Fernando Lugo.

–¿Cómo se cambia eso en estas próximas elecciones...?

–En primer lugar, ya superamos la etapa de gran debilidad debido al desconocimiento de la gestión de gobierno, además de la debilidad parlamentaria...

–¿No podía ser que lo que se proponía en materia de cambio para la ciudadanía no estaba suficientemente explicitado en la campaña?

–Se llega con una posición bastante clara, se llega con una alianza política que, entre paréntesis, incluía a un partido Liberal Radical que resultó ser otro factor de debilidad. Constituimos una alianza patriótica para el cambio, una alianza que tenía esbozados seis grandes ejes de sus compromisos con la ciudadanía. Era un programa bastante claro que incluía saneamiento del Estado, ampliación del espectro de las políticas sociales, integración latinoamericana, reafirmación democrática, modificaciones de carácter fiscal, es decir había un esbozo claro que planteaba no solamente una alternancia, no sólo un cambio de color en términos de banderas, no sólo un desplazamiento del Partido Colorado del poder, sino que también interpretaba las demandas sociales principales que hay en el Paraguay. Esa es una transformación o más bien una reforma de carácter político y social que era un compromiso asumido ante la gente.

–Usted piensa que eso estaba bastante claro...

–Sí. El conflicto empieza a darse con el sistema dominante, con el “establishment”, empieza a darse cuando un gobierno va ampliando sus políticas sociales, que busca participar en un proceso de integración latinoamericana que busca el ingreso de Venezuela al Mercosur, que integra a Paraguay al Unasur, que se compromete con intenciones de democratización y avance en términos de integración. Cuando se inicia levemente un esfuerzo por aclarar la tenencia legal de la tierra en Paraguay, que es un capítulo oscuro de la legalidad paraguaya en el sentido en que gran parte de la propiedad de las tierras en el Paraguay tiene un origen oscuro, entonces, cuando se empiezan a tocar los grandes intereses, fundamentalmente en cuanto a la tierra, entonces sí ya tenemos un nivel de conflictividad mucho mayor. Otro elemento de fricción también se da cuando desde el gobierno se empieza a plantear la democracia participativa, entendiendo que, si bien las instituciones constituyen un avance democrático, estas mismas tienen que perfeccionarse; sin embargo, cuando el gobierno habla de democracia participativa genera una reacción de los sectores conservadores que entienden que esto puede llevarlos a situaciones incontrolables para ellos.

–Usted mencionó el plan de actuar dentro de lo que es Unasur... Como parte de la campaña electoral de ahora, ¿cómo quedará esa idea luego de una elección bien llevada? Para “afuera”, ¿puede quedar superada la controversia, olvidarse como un incidente en el Congreso? ¿Enterrarse el conflicto político teórico además de práctico? ¿Cómo se transmite, dentro y fuera del Paraguay, el concepto, la idea duradera, de que esto fue un golpe de estado parlamentario? ¿O quedará para muchos la idea de que no fue un golpe, y listo?

–En primer lugar, tomemos lo político. Hubo un golpe. En nuestra lectura, y sin lugar a dudas, el golpe resultó producto de una conspiración que se inicia con la matanza de Curuguaty. (En el norte del país, en junio 2012, cuando fueron muertos a balazos seis policías y once campesinos. El 15 de enero se mostró en Asunción por primera vez un video documental de la matanza.) Entre la matanza y el golpe hubo una semana nada más.

–Pero no vamos a pensar que la conspiración se genera y ejecuta en una semana...

–Eso ya lo dijimos. La conspiración estaba instalada desde el comienzo del gobierno de Fernando Lugo. Involucraba con mucha fuerza al Partido Colorado y el Partido Unace (del general Lino Oviedo, muerto en un accidente en Hayes, el 2 de febrero). A comienzos del gobierno de Lugo ya hubo una denuncia de una reunión en donde se habla del juicio político. El gobierno de Lugo fue amenazado en 23 oportunidades con el juicio político. Ocurre en el intento número 24, un primer shock social que conmociona al país porque no había sucedido nunca, culmina en Curuguaty donde una oscura situación recibe una lectura comunicacional que la presente como una suerte de matanza entre campesinos y policías. Los grandes intereses empiezan a hablar de juicio político. Los primeros que hablan así son la unión de gremios de la producción y la asociación rural del Paraguay, las dos entidades más grandes del país. La primera representa a los grandes sojeros –que se han beneficiado en enormes niveles de exportación– y los latifundistas en general, y, por el otro lado, son los ganaderos. El tema lo toma el Partido Colorado en la persona del empresario y dirigente deportivo Horacio (Manuel) Cartes (Jara), que en enero acusó al gobierno de Federico Franco de irregularidades. Cartes es el que arrastra el Partido Colorado y luego el Liberal en el juicio político. Se suma luego a la conspiración un partido de centro conservador, Patria Querida. Nuestra lectura política muestra que Curuguaty no fue un enfrentamiento sino una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar una orden de desalojo de un juez. Había una gran fuerza policial y unos cuarenta campesinos, con sus hijos y sus esposas. El objetivo del gobierno de Lugo en esta situación siempre fue mantener la paz.

–¿Han identificado a los atacantes? Usted dice que eran muy buenos tiradores...

–Han desaparecido, pero los policías pudieron describir la situación. Es territorio controlado por el narcotráfico, muy marcado por el crimen. Incluso pocos días después de la masacre, a poca distancia del lugar, se encuentran enormes plantaciones de marihuana. Hay pistas de despegue y aterrizaje, una infraestructura de apoyo para este tipo de gente. Eso es nuestra lectura política de la situación que une Curuguaty con el golpe parlamentario. Otro elemento que se ha sumado fue el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, a comienzos de diciembre pasado. Era un importante referente en la investigación de la masacre. Fue asesinado por dos sicarios, en su casa.

–Mi pregunta inicial viene a ser puntual ahora, ¿qué van a hacer ustedes, los que han sido desplazados por esta conspiración?

–Tenemos que seguir en la legalidad. Sabemos que la Constitución atribuye al parlamento la posibilidad de hacer un juicio político. Este no es cualquier juicio político. El presidente de la república no fue puesto por el parlamento, que si fuera así se le retira el apoyo parlamentario para destituirlo. En esto hablamos de un juicio político con causas bien fundamentadas, donde tiene que haber una acusación con pruebas capaces de respaldar acusaciones específicas. Y, por otro lado, tiene que haber un derecho a la defensa razonable, constitucional, garantizado. Acá las acusaciones están basadas en recortes periodísticos, en vaguedades, sin sustento legal. La defensa ha tenido menos de 24 horas para prepararse, y tuvo dos horas en el recinto. Fue una comedia.

–Bueno, ¿qué se hace ahora para superar esta situación?

–Hay que esclarecer... Hay que sentar el precedente de una investigación documentada que se constituya en un testimonio histórico. Desde el punto de vista político estamos llevando el mensaje a la ciudadanía. En cuanto a las investigaciones existen varios equipos que están trabajando para ofrecer un testimonio fuerte, el más conocido de los equipos se llama Plataforma de Investigación. Ha atraído técnicos extranjeros y ha aportado importantísimos datos en cuanto a la interpretación de los videos, la característica de las balas y de las vainas que se han encontrado. Hay filmaciones, algunas tomadas en el lugar, otras de la policía... Hubo muchas dificultades para lograr este material por las obstrucciones de la fiscalía. Esta fiscalía paraguaya sostiene la tesis de un enfrentamiento campesino-policial. Es una tesis que cada día se deshace más por la envergadura de las heridas de las personas fallecidas. Hay que imaginar que de ese grupo de treinta campesinos con siete escopetas precarias, sólo dos de ellas presentan evidencia de haber sido usadas, no pudieron herir de muerte a seis policías que estaban con chalecos antibalas y a cada uno muerto con tanta puntería para recibir balas en la cabeza o en el cuello. Además fueron heridos 24 policías. Hay gran desmesura entre la capacidad de fuego denunciada y el daño real causado. Es tan grave la investigación de la fiscalía, y tan tendenciosa y tan irregular y tan falta de garantías para la sociedad, que están sólo imputados los campesinos. No hay investigación oficial y formal. Tampoco hay ninguna información de cómo murieron los campesinos. Parece que hubiesen sido muertos entre ellos o de la nada.

Bueno, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista político, difundimos nuestra interpretación. Sigue la investigación a fin de lograr cada vez más claridad. Y desde el punto de vista jurídico, hemos reunido juristas nacionales e internacionales que han hecho diferentes interpretaciones. En enero, presentamos un libro de Emilio Camacho que registra todo lo que se ha hecho. Vinieron juristas chilenos, argentinos, también paraguayos, colorados y liberales, quienes dieron su lectura jurídica del juicio político.

–¿Qué efecto puede tener ese documento?

–Hay una convicción generalizada en la sociedad paraguaya de que Curuguaty y el golpe estaban vinculados, de que fue una arbitrariedad, un abuso del derecho que tiene y tendrá repercusión internacional y un abuso de la Constitución. El juicio político quedará como una acción sin sustento mínimo al no respetarse derechos básicos, como es el derecho a la defensa.

Fuente: Pagina/12